Luego de un largo litigio, el Gobierno logró recuperar 80% del costo de la guagua blindada de Ricardo Rosselló que nunca llegó a la isla.
La empresa Texas Armoring Corporation (TAC), manufacturera de la guagua blindada tendrá que reembolsar al gobierno de Puerto Rico la suma de $175,000, luego que ambas partes alcanzaran un acuerdo para poner fin a la controversia.
Fuente: El Nuevo Día
La tasa de positividad de Covid-19 en Puerto Rico continúa en aumento, hoy en 24.43%, reportó el Departamento de Salud. Se registraron dos muertes adicionales a causa del virus, por lo que la cifra de decesos asciende a 4,190 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Ninguno estaba vacunado. Mientras, 179 personas se encuentran hospitalizadas, cuatro pacientes más que en las pasadas 24 horas. Se dividen en 135 adultos y 44 pacientes pediátricos.
Desde hoy el uso de la mascarilla será obligatorio en las escuelas públicas de la isla, así lo informó esta noche el Departamento de Educación (DE) a través de su cuenta oficial en Twitter. La medida será implementada en espacios cerrados y abiertos.
Fuente: Metro
El próximo 30 de abril de 2022 el Partido Popular Democrático (PPD) se reunirá para discutir qué hacer en Trujillo Alto debido a que el alcalde José Luis Cruz Cruz no contesta llamadas telefónicas del liderato popular ni de su Asamblea Municipal. Además, el presidente José Luis Dalmau dijo que la agenda incluye asuntos legislativos, la reorganización y la reforma electoral, entre otros temas.
Miembros del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales llegaron a multar a los presuntos invasores de Bahía de Jobos por $250,000.
No obstante, la División Legal de la propia agencia terminó negociando las multas por $3,000 con los abogados de los invasores del Camino del Indio.
El gobernador Pedro Pierluisi se expresó en contra de un proyecto de ley que establece una tasa fija de 1% sobre el precio de venta de autos y que sustituirá el impuesto al inventario de los vehículos de motor.
Primera Hora entrevista a la activista por los derechos de los animales que rescató a más de 100 perros y gatos enjaulados en Yauco y que ayer las autoridades acusaron al responsable, un hombre de 58 años que enfrenta ahora cargos por confinamiento de animales, uno por maltrato por negligencia y otro por negligencia agravada contra animales.
Para dar la mano en la labor de Evelyn Lizardi de PR Animal Cruelty Officer/Investigator, puede enviar donaciones monetarias a la cuenta de ATH Móvil 787-669-7520 o mediante la cuenta de PayPal a [email protected]. También, se puede comunicar para donar comida seca y mojada para perros adultos y cachorros.
Fuente: Primera Hora
Uno dice que sí hay dinero, otro dice que no.
La controversia sobre el plan médico CMC-Care Holdings pica y se extiende mientras siguen surgiendo versiones sobre qué ha ocurrido con las múltiples inversiones recogidas desde que CMC-Care fue incorporado en 2017 por el actual y saliente presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos.
El doctor Ramos aseguró en Cuarto Poder (Wapa TV) que sí hay dinero en las arcas de este plan. No obstante, no pudo precisar la cantidad exacta en las cuentas. Quedó en proveer evidencia sobre el estado de cuenta, pero al momento no ha sido entregada.
Mientras, el vicepresidente del Colegio y aspirante a la presidencia, Carlos Díaz, dijo en Los Datos son Los Datos que “no hay dinero” en la cuenta de ese plan.
“Ese dinero se consumió sin informarle a la Junta (del Colegio)”, indicó Díaz.
Agregó, también, que el Colegio de Médicos aportó al plan cerca de $600 mil, provenientes de las cuotas de los médicos colegiados. La doctora Sissy Barreto, miembro de la Junta de Directores del Colegio de Médicos, también habló en un reportaje para Cuarto Poder sobre la inversión de este ente a CMC Care.
Por otra parte, Díaz rechazó que se estén reuniendo a los inversionistas del plan médico “periódicamente”, como expresó Ramos.
CMC-Care Holdings cuenta con alrededor de 200 inversionistas. El doctor Ramos aseguró que para mayo estará listo este plan.
Vea la entrevista al Dr. Carlos Díaz completa aquí.
¿Oculta algo el Colegio de Médicos cirujanos? – WAPA.tv – Noticias – Videos
A horas de que la Cámara de Representantes aprobara una resolución exigiendo la cancelación del contrato de LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia despachó ese esfuerzo como un intento populista de “hablar para las gradas”.
“No he visto la resolución como tal. Es que aquí algunos lo que hacen es hablarle a las gradas. Tomar decisiones básicamente quizás que le caigan bien a un sector de la población pero eso no es una manera responsable de reaccionar a lo que ocurrió”, apuntó el primer ejecutivo tras participar en un evento en Las Piedras.
“Hace 3 semanas atrás nadie estaba hablando de LUMA, prácticamente nadie. Teníamos el servicio estable. Era ínfima la cantidad de abonados que no tenían el servicio y en gran parte de las métricas había mejoría. El tema ha resurgido por razones obvias. Tuvimos ese gran apagón y eso genera molestias. Entonces algunos que desde antes han estado ensañados con esta entidad tomaron esa agenda, pero aquí lo que hay que hacer es ocuparnos de que esto se investigue a profundidad. Hay múltiples investigaciones en curso y cuando tengamos los hallazgos de esas investigaciones, ahí lo importante es fijar responsabilidad. Las que sean y tomar las medidas correctivas que procedan para evitar que esto vuelva a ocurrir”, agregó.
Ayer la Cámara aprobó la resolución a dos semanas del apagón que dejó a todo Puerto Rico a oscuras y que ha levando dudas sobre la capacidad de operador privado de manejar el sistema eléctrico del archipiélago. Esta mañana también hubo apagones en diversos puntos del país que se debieron a una falla en una línea bajo la tutela de LUMA.
“Esto de estar hablando de cancelar un contrato de esta naturaleza no hace sentido alguno. Tendríamos entonces un descalabro por meses sino años. Esto no es como que puedes cancelar este contrato de un día para otro y cambiar toda la gerencia y cambiar el personal que está atendiendo el área de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico. Me llama la atención como la política se torna tan pequeña y tan hasta cierto punto irresponsable”, aseveró Pierluisi Urrutia.
Pero esta no es la primera vez que la Cámara intenta cancelar el contrato de LUMA.
En mayo del 2021, Pierluisi Urrutia vetó una resolución perseguía aplazar la fecha en que LUMA empezaría a administrar la red eléctrica. La Cámara trató sin éxito de ir por encima de este veto.
Además, la Cámara de Representantes colgó el nombramiento del secretario de Estado, Larry Seilhamer por su defensa del polémico contrato, en otras razones.
El secretario de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos; y el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, se expresaron hoy en contra del proyecto de la Cámara 1191, que persigue permitir el uso adulto controlado del cannabis para personas mayores de 21 años de edad.
En cambio, el dúo resaltó -en una ponencia escrita- la necesidad de continuar reforzando la política pública existente contra el uso de drogas, que incluye el encausamiento criminal, y programas con enfoque salubrista durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico que evalúa la medida.
“Nos pronunciamos en contra de las enmiendas presentadas a la Ley 42 (“Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación Normas Aplicables y Límite”). Esto, por cuanto pretende legalizar el consumo del cannabis, sin recomendación médica, por una persona mayor de 21 años de edad. Tampoco estamos a favor de la enmienda que dispone que, la Junta Reglamentadora establecerá un límite de dispensación diario para uso adulto controlado el cual nunca será mayor de 28 gramos de cannabis o su equivalente de ocho gramos de THC en los productos concentras o su equivalente de 800 miligramos de THc en productos comestibles”, señaló en su ponencia la licenciada Estrella Vega en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Vega también enumeró algunas de las complejidades de la puesta en vigor del proyecto presentado por el representante Héctor Ferrer Santiago y que legalizaría la posesión de hasta 28 gramos de marihuana en adultos de 21 años.
“Ello conllevaría, que, al momento de la intervención, nuestros agentes cuenten con pesas para verificar si se trata de los 28 gramos o menos de cannabis. Además, de que la Policía necesitará contar con el personal certificado para ello y calibrar tales pesas”, apuntó al leer la ponencia de los jefes de seguridad Torres Ríos y López Figuera.
“Para poder implantar esta legislación (PC1191), ello acarrearía la compra de balanzas en todas las áreas policíacas, la certificación de nuestros agentes a tales efectos lo que conlleva costos adicionales y reforzar o modificar los procedimientos de intervención. Desde luego, todo esto implicaría un costo adicional actualmente indeterminado, pero que de seguro aumentaría por mucho los gastos que tiene el presupuesto del Negociado de la Policía en la lucha contra el crimen”, recalcó la licenciada Estrella Vega.
MÉDICOS APOYAN MEDIDA CON ENMIENDAS
El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos Otero, presentó un memorial escrito que apoya la medida con enmiendas dirigidas a garantizar que toda dispensación y suministración de cannabis medicinal a pacientes pediátricos, debe ser delegada y realizada estrictamente por médicos pediatras.
“El proyecto contempla algunas medidas para impedir que menores de edad tengan acceso personal a cannabis despenalizado para adultos, pero no resuelve el acceso irrestricto que tienen los menores de edad al cannabis bajo la reglamentación del Cannabis Medicinal”, expresó el galeno.
Según Ramos Otero, los pacientes pediátricos, en muchas ocasiones, terminan recibiendo un cannabis que no rinde beneficios médicos para sus condiciones y en otras, reciben cannabis que podrían agravar sus condiciones de salud.
A su vez, el médico pediátrico, explicó que la posición del Colegio es “atender las adicciones desde una perspectiva salubrista y médico sanitario, y no desde un modelo punitivo”.
“Por décadas, Puerto Rico ha seguido un modelo ético-jurídico o punitivo para atender el problema del consumo de drogas. Este modelo está centrado en la sustancia narcótica y enfatiza las medidas legales y penales dirigidas a los usuarios de drogas”, afirmó Ramos Otero.
“La ley vigente busca que el usuario de drogas sea aislado del resto de la sociedad para castigarlo. Estas medidas implican que se destine un importante porcentaje de recursos públicos y privados a la penalización del usuario, no a su cura. La respuesta penal condiciona el contacto del usuario de drogas con las instituciones de salud, ya que representa la posibilidad de ser arrestado”, añadió.
Al mismo tiempo, el galeno destacó “que tratar a una persona enferma como criminal y, por ende, dejarlo desprovisto de oportunidad de salud, siempre nos ha parecido una grave violación a los derechos humanos”, sentenció el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.