El congresista Ritchie Torres, con el apoyo de cuatro colegas, presentó legislación en la Cámara de Representantes federal para adelantar el cese de las funciones de la Junta de Control Fiscal.
El proyecto de ley reduciría de cuatro a dos años la exigencia de presupuestos consecutivos equilibrados certificados por la JCF como criterio para que el ente fiscal cese sus funciones.
Fuente: El Nuevo Día
LUMA Energy informó que “estamos esperando que (la unidad) San Juan 6 genere en el sistema alrededor de las 6 a.m., esto iniciará la restauración en el Área Metropolitana”.
En el parte de prensa, también indicó que tres unidades de generación ya están funcionando en Mayagüez, Palo Seco y Cambalache. Desde anoche, el gobierno y LUMA han anticipado que restablecer el servicio tomaría de 12 a 24 horas.
Fuente: El Nuevo Día
Debido a la falla en el sistema eléctrico registrada anoche, el gobernador interino, Domingo Emanuelli Hernández, y la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, informaron que activaron inmediatamente los planes de emergencia de las distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico.
Ante la situación y mientras se está trabajando con la reparación de la avería del servicio de energía eléctrica, hoy quedan suspendidas las clases en el sistema público. En cuanto a los empleados gubernamentales, solo aquellos con funciones esenciales y de emergencia tendrán que presentarse a trabajar.
Todavía no queda claro cuando se reestablecerá el sistema eléctrico. LUMA Energy informó que esperaba que la Estación San Juan 6 comenzara a operar alrededor de las 6 a.m. y de esta forma comenzaría a recibir energía en el área metropolitana.
El Negociado de la Policía de Puerto Rico implementó un plan para impartir el tránsito. No obstante, solicitamos cooperación de los conductores en las carreteras ante la situación.
El secretario de Salud, Carlos Mellado López, se mantiene monitoreando a las instituciones hospitalarias para asegurar que no se afecten los servicios y brindar cualquier apoyo. La presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, informó que unos 100 mil clientes estaban sin servicio, y que personal de la agencia continúa realizando ajustes operacionales y verificando los generadores de emergencia para continuar restableciendo el servicio a la brevedad posible.
Varios ciudadanos a través de las redes sociales han reportado haber perdido su servicio eléctrico en lo que aparenta ser un apagón general a través de todo Puerto Rico.
Según el líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo, una avería en la línea 230 en Costa Sur provocó un apagón general.
Figueroa Jaramilló explicó que la avería fue “en el ‘breaker’ de salida de la Unidad 5 de Costa Sur bajo la responsabilidad de LUMA activó, sin explicación, todo el sistema de protección de LUMA y apagó todas las unidades generatrices del País”.
Entre los municipios reportados en las redes se encuentra: Bayamón, San Juan, Guaynabo, Caguas, Toa Baja, Cayey, Cataño, Loíza, San Germán, entre otros.
Se estima que son sobre 193 mil abonados sin luz.
Pendientes a jayfonseca.com para actualización de esta noticia.
Un oficial del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales en Salinas se disparó en la cabeza en un intento de suicidio luego que trascendió que se investigaría si los vigilantes ignoraron la comisión de delitos ambientales en Bahía de Jobo en dicho ayuntamiento . El hombre se encuentra en estado grave.
Varias agencias y la Cámara de Representantes investigan el proceso que permitió que personas invadieran los terrenos de la reserva natural, ocasionado grave daño al mangle. Pese a que se trata de una reserva natural bajo la tutela del Departamento de Recursos Naturales, las personas que se han alojado en el lugar de forma ilegal cuentan con servicio de agua y luz.
En un informe preliminar, el Negociado de la Policía detalló que investiga el intento de suicidio ocurrido en la tarde de hoy, en la oficina Marítima de Recursos Naturales, del Barrio Playa Salinas.
El parte indica que el hombre fue transportado al Hospital Sur Med, donde recibió los primeros auxilios. Pero fuentes de Cuarto Poder señalaron que será transportado a Centro Médico.
El Departamento de Justicia presentó hoy 14 cargos criminales en contra del “youtuber” boricua Waldemar Santos Flores y de su esposa Arlene Jiménez Rodríguez por omitir $1.8 millones de ingresos en sus planillas para los años 2017 al 2020.
Debido a esta acción, la pareja dejó de pagar $900,000 en contribución de ingresos.
Santos Flores es conocido en las redes sociales como Waldy{s Off Road”. Tiene 167,000 suscriptores en la plataforma YouTube.
En rueda de prensa, el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó que la División de Inteligencia y Fraude Contributivo realizó la investigación que desembocó en la radicación de cargos. Justicia y Hacienda trabajan en colaboración en las investigaciones de delitos contributivos. Pero no ofreció detalles específicos del caso por razones “estratégicas”.
“Este es el primer caso producto de las campañas de auditoría e investigaciones, que inició el Departamento en torno a la tributación y consecuencias de premios, regalos o giveaways y la aplicación de las reglas contributivas a los influencers”, señaló Parés Alicea en rueda de prensa desde la sede de Hacienda en San Juan y en compañía del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Como parte de esa pesquisa, Hacienda descubrió que Santos Flores tiene un taller en Cidra que se dedica a la reparación y modificación de vehículos todoterreno (4×4), especializado en la marca Jeep. También tiene dos corporaciones activas: W-OR y Waldy’s Enterprises.
Parés Alicea también indicó que esta mañana la jueza Raiza Cajigas del Tribunal de San Juan encontró causa para el arresto de la pareja, que quedó libre bajo una fianza de $80,000.
La vista preliminar quedó pautada para el 22 de abril.
La Coalición Científica presentó hoy sus recomendaciones en medio del repunte de casos de COVID-19 y de cara al receso de la Semana Santa.
Hoy, el Departamento de Salud informó que la tasa de positividad se encuentra en 10.36% con una tendencia de alza en los casos de contagios.
“Aunque se detectó su presencia en Puerto Rico desde comienzos de enero 2022, no es hasta ahora (marzo 2022) que podemos indicar puntualmente que el sublinaje BA.2 de la variante Ómicron predomina en la isla”, explicó la doctora Kenira Thompson, copresidenta de la Coalición.
En un comunicado de prensa, este grupo de científicos explica que las vacunas protegen contra la variante Ómicron, pero enfatizan que las mutaciones en la variante Ómicron disminuyen la efectividad de estrategias biomédicas anteriores (como el uso de anticuerpos monoclonales) y requieren los refuerzos de la vacunación para la protección de infecciones.
Entre las recomendaciones en consenso de este grupo de científicos, está el uso de mascarillas. Utilizando el nuevo sistema de los CDC, Niveles Comunidad COVID-19, Puerto Rico se encuentra en nivel moderado para COVID-19 (nivel actual), por lo que se recomienda el uso universal de mascarillas en espacios cerrados que ofrecen servicio al público. En espacios abiertos, no se requerirá el uso de mascarillas con excepción a eventos multitudinarios. Será opción de las personas el utilizar la mascarilla o no en espacios abiertos.
El uso de mascarillas será recomendado bajo cualquiera de los tres niveles para Transporte Público tales como: Aeropuertos, Puertos Marítimos, Tren Urbano, Ómnibus (AMA), Guaguas (Pisicorre), Taxi, Carros Públicos y Uber. El uso de mascarillas debe continuar como requisito en las siguientes facilidades: facilidades de cuidado prolongado, facilidades de poblaciones que viven agrupados (Corrección, Albergues) y facilidades de salud y de educación pública y privada a todos los niveles.
Uso de mascarillas y evidencia de vacunación: en eventos de más de 1,000 personas en espacios cerrados se recomienda sea requerida evidencia de vacunación y uso de mascarillas. Para eventos en espacios abiertos en caso de que no se pueda asegurar el distanciamiento físico entre núcleos familiares se recomienda el uso de mascarillas durante el evento. Eventos al aire libre de más de 500 personas deben ser evaluados por el Departamento de Salud.
En cuando al aforo en restaurantes y locales para eventos; se recomienda permanecer como al corriente con flexibilizaciones en medidas de aforo y autorizar el 100% con uso de mascarillas.
En cuanto a los mandatos de vacunación la Coalición Científica entiende que deben mantenerse mediante Orden Ejecutiva u Orden Administrativa, al menos, para los siguientes grupos: todos los empleados que proveen servicios en facilidades de salud, todos los trabajadores esenciales, todos los trabajadores de facilidades con ambientes congregados (hogares, albergues, cárceles, etc.), empleados y contratistas gubernamentales, sector educativo, personas que trabajen en hoteles, hospederías, paradores, restaurantes, barras, chinchorros, cafetines, cafeterías, “sportbars”, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones y actividades y los estudiantes de 5 años en adelante.
“Los mandatos de vacunación escolar y universitaria a personal docente, no docente, contratistas y estudiantes son la herramienta más importante para mantener abierto el sistema educativo. Por lo tanto, se deben mantener de 5 años en adelante. Según las vacunas tengan autorización final deben incorporarse a la Ley 25 de 1983 de vacunación escolar. Recomendamos integrar en los requisitos de vacunación la vacuna contra COVID-19 para estudiantes mayores de 16 años según lo dispuesto en la Ley 25 de Inmunización de Puerto Rico,” expresó el pediatra Víctor Ramos, miembro de este grupo de científicos.
La Coalición apunta que se debe mantener la vigilancia genómica ya establecida e implementada por el Departamento de Salud de PR. Medidas de cuarentena y aislamiento, se establecerán de acuerdo con el estado de vacunación del contacto cercano. La Guía de Investigación y Rastreo de Contactos para COVID-19 del Departamento de Salud o cualquiera de sus guías para vigilancias especializadas de COVID-19, determinan el periodo de cuarentena.
Posteriormente y en parte por medidas de salud pública y énfasis en la vacunación con dosis de refuerzo, observamos como las tasas de casos, hospitalizaciones y muertes comenzaron a bajar. Las tasas de mortalidad claramente reflejan el impacto beneficioso de la vacunación con la 3ra dosis o “booster”.
Además, la infección por SARS-CoV-2 tanto en personas vacunadas como no vacunadas, induce un grado de inmunidad por un tiempo limitado en los no vacunados y un tiempo más prolongado en los vacunados.
Aunque los datos de Puerto Rico están en proceso de análisis, para este aspecto, la alta tasa de infecciones en el reciente repunte de Ómicron puede haber aportado a inmunidad adicional en la población, al menos por 3-4 meses.
La vacunación en Puerto Rico ha sido exitosa debido al compromiso de la población y a los mandatos de vacunación para grupos específicos (empleados de salud, empleados de industrias de servicio, estudiantes, personas en hogares de envejecientes contratistas y otros). La proporción de vacunación es 86.4% en personas aptas (5 años o más) con al menos una dosis y de 80.7% en personas aptas (5 años o más) con serie de vacunas completadas (https://rconnect.dfci.harvard.edu/vacunaspr/).
“Nos preocupa que aun 45% de la población apta no ha recibido su primer booster. Se discutió el que el CDC anunció disponibilidad de booster adicional para adultos mayores de 50 años, al igual que para mayores de 12 años que estén inmunosuprimidos”, añadió el doctor Ramos.
Utilizando la definición de los Centros para Control de Enfermedades (CDC) para transmisión a nivel de Comunidad, utilizando datos de hospitalizaciones y la incidencia por zonas geográficas (municipios), Puerto Rico está definido (a 4/4/2022) en el nivel moderado (color amarillo). Se han detectado el mayor número de casos e incidencia en ambientes escolares, lo cual refleja la importancia de retener el sistema integrado de vigilancia de las escuelas.
La Coalición Científica ha evaluado las recomendaciones de los CDC en el contexto de los datos de Puerto Rico, las tasas de positividad, casos, hospitalizaciones, defunciones, el por ciento de población con dosis parcial o completa de vacunas y el patrón descendente de tasa de positividad luego del reciente repunte.
“Al considerar todos esos indicadores, la Coalición respalda que se continúen las flexibilizaciones existentes en algunas de las medidas de salud pública establecidas tales como aforos y uso de mascarilla, pero también enfatiza que se deben mantener los mandatos de vacunación para grupos determinados y los requisitos de vacunación para actividades multitudinarias. Las recomendaciones pueden cambiar de observarse alzas en tasas de positividad y hospitalizaciones o de identificarse alguna variante de interés con riesgo alto de transmisibilidad”, finalizó la doctora Thompson.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó una querella que pesaba en contra del exalcalde de Corozal, Sergio Torres Torres, relacionada a la compra de una finca en el ayuntamiento, pero mantiene otras acciones bajo investigación.
En un parte de prensa, el Panel informó que acogió la recomendación del Departamento de Justicia. Detalló que el trámite inició cuando el entonces ayudante especial del Alcalde, Juan Díaz Rivera, presentó una querella ante la Oficina de Ayuda al Ciudadano de Justicia.
Aunque tras examinar el expediente sobre la investigación preliminar de Justicia, el Panel concluyó que no existe prueba que pudiera demostrar la comisión de delito, subrayó que no escapa a la atención que se utilizó más de $1 miIlón del pueblo de Corozal para comprar una finca con unos supuestos fines agrícolas que nunca se materializaron.
Ante ello, el Panel consideró que copia del expediente de este asunto debe ser remitido a la Oficina de Ética Gubernamental. Esto, a fin de que sea examinado bajo el derecho aplicable, a la luz de su ley habilitadora”, puntualiza la Resolución.
En su alegato ante Justicia, Díaz Rivera sostuvo que el exalcalde Torres Torres había adquirido, en representación del Municipio de Corozal, una finca por $790,000 a sobreprecio y sin que mediara fin público alguno. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) realizó la investigación preliminar, cuyos resultados y recomendaciones dieron base al referido de ese departamento al PFEI.
El informe de la DIPAC hace constar que, como parte de su pesquisa se tomaron declaraciones juradas, subpoenas y entrevista. También se realizó una inspección ocular del terreno en controversia. Entre los entrevistados figuraron funcionarios y legisladores municipales, tasadores privados y del CRIM, y oficiales de la corporación que vendió el terreno al municipio de Corozal.
Como resultado de esas entrevistas, junto a otras instancias investigativas, se precisó la información y documentación relacionada con aspectos legales y de tasación en el mercado sobre propiedades. Asimismo, las normas sobre la utilización de fondos federales y los trámites realizados en el municipio de Corozal, en cuanto a la compraventa del solar de referencia.
Al final de esa etapa investigativa —que identificó, por ejemplo, diversidad de opiniones sobre el uso del terreno—, no surgió evidencia sobre la comisión de delitos en la transacción de la aludida compraventa.
En su Resolución, el Panel expresó que el Secretario de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC de que no existe causa suficiente para creer que el exalcalde Torres Torres cometiera delito bajo las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. Por ello, recomendó al Panel que no se designara un FEI en este caso.
“La querella presentada contra el exalcalde Torres Torres está fundamentada en dos premisas. Primero, que la finca se compró a sobreprecio y, segundo, que la compra de la finca no persiguió un fin público. Estudiado el expediente, concluimos que no hay prueba en el mismo que pueda demostrar, más allá de duda razonable, Ia comisión de delito”, concluyó el Panel en su Resolución.
Agregó el documento que el Panel, al acoger la recomendación del Secretario de Justicia de no nombrar un FEI en este caso y por los fundamentos antes expuestos, ordena su archivo de la querella.