Gobernador enmienda Orden Ejecutiva sobre vacunación de menores

El gobernador Pedro Pierluisi enmendó la Orden Ejecutiva para ​ permitir que los estudiantes de 5 a 11 años de edad puedan asistir de forma presencial a los planteles escolares siempre y cuando hayan recibido su primera dosis, al igual que aquellos estudiantes de 12 años en adelante que hayan completado la serie inicial de vacunas. La orden ejecutiva anterior disponía que los estudiantes entre 5 y 11 años debían haber recibido ambas dosis para el 15 de febrero, al tiempo que los de 12 años o más, debieron haberse administrado el refuerzo para la misma fecha.

Primera Hora

Félix Verdejo alega no culpabilidad por asesinato de Keishla Rodríguez

Luego que se anunciara que su caso no será certificado para la pena de muerte, El boxeador Félix Verdejo hizo alegación de no culpabilidad en una moción radicada en el caso que se sigue en su contra en el Tribunal Federal en San Juan por hechos que culminaron en el asesinato de la joven Keishla Rodríguez, quien estaba embarazada del ahora acusado.


Metro

Tatito Hernández pide al Congreso que la Junta Fiscal se vaya en julio de 2023

Tras haber reestructurado la deuda del gobierno central, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández dijo al Congreso que no ve necesidad para que la junta continúe su intervención en la administración pública a raíz de interpretaciones legales contradictorias de las provisiones de la ley Promesa. Hernández envió una carta a los representantes Raúl Grijalva —presidente del Comité de Recursos Naturales— y Bruce Westerman, y a los senadores Joe Manchin y John Barrasso.


El Vocero

Queda fuera del presupuesto el barril de tocino

La Junta de Control Fiscal (JCF), certificó el presupuesto enmendado para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.

En la aprobación, el ente fiscal dejó fuera el “barril de tocino” de $50 millones que la Cámara de Representantes, propuso, pero no aprobó.

El Vocero

Ética investiga a Elizabeth Torres por posible conflicto de interés

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga si la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres Rodríguez incurrió en un conflicto de interés al solicitarle al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que concediera un indulto total a su pareja Edwin Domínguez Torres.

Pero al momento, la OEG no investiga imputaciones relacionadas al alegado incumplimiento del deber de Torres Rodríguez, quien ha estado inmersa en una controversia pública por pegarse tenedores al cuerpo alegando que está imantada por vacunarse contra el COVID-19. La cabildera devenga un salario de $90,000 al año y tiene derecho a reclamar $30,000 en gastos por abogar por la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos. La ley que creó la delegación congresional exige que trabaje a tiempo completo. Por esta última controversia, voces dentro del Partido Nuevo Progresista han comenzado a exigir su renuncia.

Hoy, en entrevista con Cuarto Poder (WAPA-TV), el director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, explicó que su agencia investiga una queja que recibió en septiembre pasado planteando un posible conflicto de interés por usar su posición para pedir una clemencia ejecutiva, pero no ofreció detalles adicionales para no afectar la investigación.

“Sí, la oficina tiene una investigación sobre ese asunto en particular”, señaló.

Domínguez Torres es el exesposo de  Alexandra Lúgaro y extinguía una pena de cinco años por violar una orden de protección a favor de la hija de la excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero antes de dejar el cargo, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced le extendió un indulto condicionado que requiere que permanezca bajo arresto domiciliario por un término de dos años, entre otras restricciones.

En septiembre pasado, Pierluisi Urrutia confirmó que evaluaba una petición de indulto que Torres Rodríguez realizó durante una visita a La Fortaleza tras ganar la elección especial y convertirse en cabildera por la estadidad.

Pérez Vargas también señaló que espera a que el Departamento de Justicia culmine la investigación que realiza tras recibir una carta del Consejo Ejecutivo de la Juventud Demócrata de Puerto Rico, que solicitó a la agencia que inicie el proceso de destitución de Torres Rodríguez puesto que en su primer informe de logros pidió al gobernador la disolución de la delegación congresional, que tildó de un “embeleco” cuyo gasto no se justificaba.

Apuntó que esto evitaba la duplicidad de esfuerzos y garantizaba que quedaran claras las líneas de jurisdicción de las posibles infracciones cometidas por la cabildera.

“Estamos mirando las redes y lo que acontece. En este asunto particular, la investigación está activa en Justicia y podemos colaborar de la misma manera en que hemos hecho referidos en otros casos, lo podemos hacer ahora. En este asunto particular, la oficina atiende otros aspectos de los delegados”, apuntaló.

La cabildera colgó un vídeo en sus redes sociales pegándose tenedores al cuerpo, mientras pedía a los padres y madres que no vacunaran a sus hijos contra el covid. También participó en un programa de entrevistas para mostrar el alegado magnetismo de su cuerpo debido a la vacunación, alegaciones que han sido descartadas por la comunidad científica.

“Si surgiera de ella o de algún otro delegado o cualquier servidor público un asunto cuando toquen los informes financieros en mayo, bueno eso es una jurisdicción de entrada de la oficina y se investiga y se hacen requerimientos de surgir alguna situación”, agregó.

Justicia divulga informe de investigación sobre la muerte de María Paola Hernández

El esposo de María Paola Hernández estaba en la habitación en el momento que la joven se quitó la vida con un disparo, y tras el incidente José Javier Bobonis, intentó corroborar si su esposa estaba respirando y por eso tenía manchas de sangre en sus manos.

Así concluyó un informe de las agencias investigativas emitido por el Departamento de Justicia en manos de Cuarto Poder (WAPA-TV).

El informe indica que en análisis de los patrones de sangre es compatible con la versión brindada por Bobonis, esposo de la occisa.

“El análisis de ADN refleja presencia de ADN de la occisa en el gatillo y la corredera de la pistola que indicó su esposo ésta utilizó para privarse de la vida”, reza el informe de 72 páginas.

“Luego de las entrevistas realizadas a los múltiples testigos en este caso: esposo, hijos, vecinos, y peritos, no existe prueba en poder del Ministerio Público que permita concluir la existencia o la comisión de algún delito, en cualquiera de las modalidades. Lamentablemente, en este caso María Paola murió de una herida de bala en la cabeza, que se auto infligió al utilizar su mano derecha y dispararse en la cabeza”, agrega el informe.

Multa de $10 mil para alcalde de Vega Baja tras lío por contratos

El alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina, incurrió en dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, por lo que tendrá pagar una suma de $10,000 por ambas infracciones.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) informó, mediante un comunicado, que Cruz Molina otorgó tres contratos a la esposa de un empleado municipal sin haber solicitado la debida autorización a la agencia.
El informe de Ética detalla que, en 2020, esta agencia presentó una querella contra el alcalde por el otorgamiento de estos contratos.

Se especifica que el alcalde ni solicitó ni obtuvo autorización de parte de dicha dependencia para esto y que estas actuaciones constituyeron una violación al inciso (d) del Artículo 4.3 a la ley de Ética.

“El 4 de febrero de 2021, el alcalde querellado, a través de su representante legal, contestó la querella aceptando unos hechos, negando otros y planteando varias defensas afirmativas”, se indica en el informe.

Se agrega que Cruz Molina supuestamente desconocía la relación sentimental y civil entre el empleado municipal y la contratista al conceder los contratos.

“En particular, el querellado sostuvo que desconocía de la relación de pareja y posterior matrimonio del empleado municipal y la contratista, en especial cuando ambos mintieron u omitieron información en cuanto a su estado civil”, se indica.

“En efecto, el alcalde querellado aceptó no haber requerido autorización de la OEG para la contratación, pues no tenía conocimiento de la información ni de los hechos necesarios para solicitarla. Negó su intención de, con ello, violar la Ley de Ética Gubernamental”, señala el reporte.

Ética le concedió 30 días para pagar la deuda.

Designan FEI contra exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, y exdirectora de finanzas

El exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, y la exdirectora de Finanzas del ayuntamiento, Noelia Meléndez, serán investigados por un Fiscal Especial Independiente (FEI), luego de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) acogiera una recomendación del Departamento do Justicia.

La investigación preliminar realizada por Justicia encontró posibles acciones y omisiones del exalcalde en contravención a las leyes aplicables. En el caso de la  exdirectora do Finanzas, el análisis concluyó que sus actuaciones podrían constituir infracciones de ley.

Al determinar acoger los señalamientos presentados por Justicia, el Panel designó a los fiscales Emilio Arill García y Manuel E. Núñez Corrada para realizar Ia investigación a fondo.

Los hallazgos preliminares que motivan la designación de fiscales especiales en contra de Questell se relacionan al nombramiento y remuneración de una exdirectora de Finanzas. También con supuestas acciones y omisiones dcl exfuncionario quo obstaculizaban los procesos de auditoria de Ia Oficina del Contralor.

Contra Meléndez se arguye que creó ilegalmente una orden de compra y comprobante de desembolso a favor do una empresa representada  por su señor padre fundamentado en una enmienda inexistente. Esta situación provocó que el municipio emitiera un pago ilegal a esa empresa.

Los fiscales tendrán un periodo do 90 días para realizar su pesquisa, contados a partir de la notificación de Ia resolución.

Muerte de María Paola Hernández fue un suicidio

El resultado de la autopsia, exámenes periciales, testimonios de 25 testigos y cerca de 30 piezas de evidencia, que incluyen videos y audios, confirman que la muerte de María Paola Hernández Agosto fue autoinfligida, por lo que el Ministerio Público se dispone al cierre y archivo del caso. 

“Tras realizar una investigación completa y exhaustiva, en la cual el Ministerio Público, el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de la Policía examinaron todos los posibles ángulos y coincidieron en los hallazgos, afirmamos con certeza que la muerte de María Paola no fue provocada por un tercero. Los resultados de la autopsia y el informe médico forense así lo confirman”, puntualizó la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, Jessika Correa González.   

La Fiscalía le comunicó a la familia de la joven los hallazgos de la investigación. Por respeto y consideración a una petición de la familia, estas son las declaraciones del Ministerio Público y el método establecido para divulgarlas.