En agenda para este viernes el caso de las grabaciones de Andrea Ruiz ante el Supremo federal

La petición con la que se intenta impugnar la postura del Tribunal Supremo de Puerto Rico de declarar confidenciales los procesos de vistas judiciales de casos de violencia de género está en la agenda de discusión de la primera conferencia del pleno del Tribunal Supremo federal de 2022, a celebrarse este viernes, 7 de enero.Si la petición de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), en efecto, se considera en esa conferencia del 7 de enero, la determinación de los jueces se podría conocer en cualquier momento desde el lunes, 10 de enero.

Noticel

Baja en Junta de Gobierno UPR

Una de las profesoras que integra la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, la doctora Lourdes Soto de Laurido presentó ayer su renuncia luego de ser nombrada como decana interina de la Escuela de Profesiones de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.


Este medio digtial obtuvo copia de la carta de nombramiento de la doctora Soto Laurido.


La nueva rectora del Recinto de Ciencias Médicas, Ilka Ríos Reyes, en su carta destaca el compromiso de la Catedrática y le agradece por haber aceptado la designación “sobre todo en momentos que enfrentamos grandes retos fiscales”, dijo Ríos Reyes.

“Luego de una larga reflexión y luego de mi consulta por e-mail con la Presidenta (Mayda) Velasco, en donde me informa que una carta es suficiente y no hay por qué hablar, les adelanto mi intención de presentar mi renuncia a este prestigioso cuerpo con efectividad inmediata”, reza la comunicación escrita que hizo Soto de Laurido.

Agregó en su correo electrónico que “me retiro con el respeto que me caracteriza. Seguiré trabajando por la UPR un tiempo más desde otras trincheras.”

La carta oficial de su renuncia la estaría haciendo llegar a la Presidenta de la Junta.

Gobernador nombraría al juez del Apelativo Roberto Rodríguez Casillas al Supremo

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se apresta a nombrar al juez del Tribunal de Apelaciones Roberto Rodríguez Casillas a la vacante en el Tribunal Supremo, según dos fuentes de este portal de noticias.

Ese curul permanece vacío desde que la ex jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez se acogió al retiro obligatorio al cumplir los 70 años el 24 de diciembre de 2020. La selección del sustituto o sustituta de Rodríguez Rodríguez, vinculada al ala del Partido Popular Democrático (PPD) de la curia, desató una lucha interna entre la pasada gobernadora Wanda Vázquez Garced y el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien en algún momento consideró ocupar una silla en el Supremo.

Esa pelea interna en el Partido Nuevo Progresista y la posterior llegada al poder de un gobierno compartido, han causado que la novena silla del Supremo permanezca vacía por un año.

Ahora, al entrar en el segundo año de su término, Pierluisi Urrutia confirmó esta noche -a través de su portavoz de prensa- su intención de llenar la vacante “en este mes, por lo que no estaremos emitiendo ninguna reacción hasta ese momento”. Ayer, el mandatario indicó a El Vocero que antes de realizar el anuncio, discutiría la designación con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. La cámara alta tiene que ofrecer su consejo y consentimiento a dicho nombramiento.

No es la primera vez que el nombre de Rodríguez Casillas suena para el Supremo.

El gobernador Luis Fortuño Burset intentó nombrarlo a la curia, pero en aquel momento, el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, descarriló la designación porque impulsaba la designación de su asesor y ahora juez asociado Luis Estrella Martínez. Fortuño Burset entonces nombró a Rodríguez Casillas al Apelativo.

El juez nació en Mayagüez. Estudió administración comercial en la Universidad Interamericana y luego obtuvo un grado de juris doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. También tiene una maestría en justicia criminal de la Universidad Interamericana y otra en escritura creativa. Es sommelier y profesor universitario.

El exgobernador Pedro Rosselló González lo nombró juez municipal y después la exgobernadora Sila María Calderón Serra lo nombró juez superior.

Representante del consumidor asegura Gobierno pudo haber evitado alza en factura de luz

El ingeniero Tomás Torres Placa.

El Negociado de Energía actuó de forma “imprudente” al soltar el aumento en la tarifa eléctrica en la víspera de despedida de año, pero ue todavía el gobierno está a tiempo para identificar los fondos para mitigar su impacto, aseguró el ingeniero Tomás Torres Placa.

El jueves pasado, el Negociado anunció que la aprobación de un alza de 16.8% en la factura de la luz que entró en vigor el 1 de enero como parte del proceso trimestral de reconciliación del uso y compra de combustible.

Esta tarde, en el programa “Los datos son los datos”, el también representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aseguró que el gobierno debió tomar medidas porque ese golpetazo al bolsillo de los ciudadanos se anticipó en septiembre debido al aumento en el costo de combustible y a varias averías en las plantas de generación de la red eléctrica, que obligaron a la corporación pública a utilizar equipo que quema combustible más caro.

“¿Se pudo haber evitado? Sí. Hoy mismo la Autoridad de Energía Eléctrica puede presentar una moción urgente al Negociado de Energía diciendo: ‘Estamos buscando fondos para mitigar este aumento. Estamos trabajando eso con el gobierno central para obtener fondos’, como se hizo el trimestre pasado para mitigar ese aumento”, respondió a preguntas de Jay Fonseca.

“Se puedo haber mitigado. El gobierno central debió haber asignado los fondos. No lo hizo y el Negociado de Energía fue extremadamenteimprudente en aprobar un aumento el jueves 30 de diciembre a las 4:00 p.m. fue que salió (la resolución) en la página web, sin posponer esta cantidad que se tenía que recaudar como se hizo la vez pasada”, agregó.

En octubre pasado, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia asignó $76 millones del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) para paliar al alza en la factura de la luz del último trimestre del año. A mediados de diciembre, luego que LUMA Energy sometió su petición de aumento al Negociado de Energía, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, indicó en “Los datos son los datos” que el Ejecutivo evaluaba nuevamente la utilización de fondos federales de emergencia para mitigar el aumento de la luz, que según Torres Placa podría incidir en el espiral inflacionario que vive Puerto Rico en medio de la pandemia y la quiebra gubernamental.

“¿Por qué es esto importante? Porque estamos viendo el interés público de la economía de Puerto Rico. Esto no es un aumento de un centavo, ni de dos centavos. Es un aumento de 3.67 centavos, casi 4 centavos. Eso es cerca del 17% de la factura”, acentuó Torres Placa.

Este aumento se extiende de enero a marzo cuando el Negociado de Energía vuelve a reconciliar el gasto de combustible del sistema eléctrico.

“Usar el Negociado como chivo expiatorio y el gobierno central pasarle toda la responsabilidad al Negociado de Energía es un error. Es incorrecto y no se debe hacer. El gobierno central debió haber asignado esos fondos para mitigar el aumento y está a tiempo de hacerlo. En una cuestión de prudencia el jueves 30 de diciembre a las 4:00 de la tarde, eso no se hace. Eso se difiere para una mayor discusión pública”, insistió el ingeniero.

Torres Placa planteó que el Negociado de Energía debió reconocer que un incremento en el servicio de electricidad era contrario al interés público y por tanto crear las condiciones para mover al gobierno a identificar los fondos para compartir esa carga.

“Se están recuperando $135 millones (del cuadre de cuentas). Se pudieron haber diferido $70 millones y que el aumento hubiera sido de 2 centavos. Entonces se ponía presión sobre el gobierno central para como se hizo la vez pasada buscar $70 millones para mitigar el aumento. Esta vez no se hizo de esta manera. El Negociado buscó un recobro de $11 millones a New Fortress Energy. Se le restaron esos $11 millones al déficit de $145 millones y el resto, que son $134 millones, se le atribuyó a los consumidores. Eso es lo que no debió haber pasado”, concluyó.

Mira la entrevista aquí: Los datos son los datos

Pierluisi veta 40 medidas en su primer año en Fortaleza

Pierluisi Urrutia vetó 40 medidas, entre ellas una que eliminaba las escoltas a los exmandatarios que no hubieran servido un término de cuatro años.

En su primer año como gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia vetó 40 medidas legislativas, entre ellas el Proyecto de la Cámara 19 (P. de la C. 19), que hubiera eliminado la escolta del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su familia, y de la otrora gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Ese veto fue uno de 22 vetos “de bolsillo” que realizó el Gobernador de Puerto Rico hasta el 1 de enero del 2022. Además, realizó 18 vetos “expreso”, entre los que se encuentran el que habilitaría una ley para que la Rama Ejecutiva sea fiscalizada durante tiempos de emergencia, como, por ejemplo, luego de un huracán, o durante una pandemia.

Pierluisi Urrutia también estampó su rúbrica sobre 84 proyectos que se convirtieron en ley, 40 resoluciones conjuntas de ambos cuerpos legislativos para un total de 124 medidas firmadas en 2021.

VETO A MEDIDA QUE ELIMINABA ESCOLTAS

Al no firmar el Proyecto de la Cámara 19 (P. de la C. 19), Pierluisi Urrutia emitió un veto de bolsillo a un proyecto legislativo que tenía el efecto de eliminar la escolta de Rosselló Nevares y de Vázquez Garced. Ninguno cumplió el término de cuatro años. De haberlo vetado directamente, se hubiese emitido una comunicación oficial de su parte hacia la Asamblea Legislativa.

El proyecto 19, aprobado en Cámara y Senado buscaba enmendar la Ley 2-1965, conocida como la ‘Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores’ para lograr dos cosas: que no se pueda considerar como exgobernador a un primer ejecutivo que haya renunciado al cargo -como ocurrió con Rosselló Nevares- y que se prohíba “al Comisionado o Superintendente de la Policía de Puerto Rico asignar o proveer escoltas a cualquier exgobernador que no cumpla con alguno de estos requisitos”.

El presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, el representante Orlando Aponte Rosario, le indicó a este medio que sentía frustración tras meses de debatir el tema. El P. de la C. 19 buscaba primero redefinir el término “exgobernador” para renovar el manejo que se le da a los fondos públicos que tienen que ver con sus expendios y beneficios, específicamente con las escoltas. De haberse firmado, hubiese eliminado las escoltas de protección para Rosselló Nevares y para Vázquez Garced, ahorrándole millones de dólares al erario puertorriqueño en momentos de crisis fiscal.

“Estoy sumamente indignado. Lograr la aprobación de una medida legislativa, dándole el trámite adecuado en la Comisión que presido, tomó mucho tiempo, esfuerzo, vistas públicas. Y que sencillamente el gobernador decida no hacer nada, es frustrante”, manifestó Aponte Rosario.

“Yo buscaría ir por encima de ese veto, pero no hubo un solo legislador del PNP en la Cámara o el Senado que le votara a favor, por lo que sería un ejercicio fútil. Queda buscar un mejor momento para volverlo a radicar y aprobarlo, pues esos recursos hay que aprovecharlos”, agregó el legislador popular, que representa los municipios de Villalba, Aibonito, Barranquitas y Orocovis.

En un comunicado de prensa emitido más temprano, el legislador popular acusó a Pierluisi Urrutia de “cubrirle la espalda” a Rosselló Neveres, quien renunció al cargo en agosto de 2019 tras revelarse comentarios ofensivos durante su participación en un chat de Telegram.

VETO A MEDIDA RENDICIÓN DE CUENTAS

Pierluisi Urrutia emitió un voto expreso al Proyecto de la Cámara 515 que crearía la Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia. Este veto se dio el 30 de diciembre de 2021.

Esta Ley buscaba establecer los términos de un estado de emergencia, prohibir la suspensión de leyes con motivo de un estado de emergencia mientras la Asamblea Legislativa estuviese en sesión. También hubiera establecido el deber del Gobernador o Gobernadora de someter un informe cada 15 días a la Asamblea Legislativa si un estado de emergencia se extendía por más de 30 días. Además, la media establecía: el deber de divulgación de acciones de la Rama Ejecutiva realizadas al amparo de una declaración de estado de emergencia; el deber del gobernador o Gobernadora o su representante de comparecer a una vista pública ante la legislatura si un estado de emergencia se extiende por más de 30 días. De igual forma, establecería las obligaciones del gobernador o gobernadora cuando un estado de emergencia se extienda por más de 60 días; y los requisitos para extender un estado de emergencia.

Otro veto controvertible sucedió el 18 de abril de 2021, Pierluisi Urrutia emitió un voto expreso al P. de la C. 21 que derogaría la Ley 165-2020 y la Ley 167-2020, lo que hubiese dado fin a la polémica delegación estadista en el Congreso, creada el 30 de diciembre de 2020, luego de las elecciones generales, y durante los últimos días en los que el Partido Nuevo Progresista dominaba ambas cámaras capitolinas.

VETO DE BOLSILLO A TRASPASO DE ESCUELAS

El 1ro de enero Pierluisi Urrutia otorgó siete vetos de bolsillo, correspondientes a las firmas que no realizó de proyectos aprobados ante Cámara y Senado que llegaron a su escritorio. Entre ellos está el ya mencionado P. de la C. 19 que redefinía el término “exgobernador” y hubiese eliminado las escoltas de Vázquez Garced y de Rosselló Nevares.

A ese veto de bolsillo hay que agregarle el de la Resolución de la Cámara 28, sobre el traspaso de una escuela en Toa Baja; el de la Resolución de la Cámara 153, sobre un traspaso de una escuela en Guayama, el cual está siendo reconsiderado;  el veto al Proyecto de la Cámara 10, que crearía un Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria; el Proyecto de la Cámara 246, que crearía el “Programa de Empresarismo Master”, para personas de edad avanzada; el Proyecto de la Cámara 325, que crearía el “Registro de Servicios para Adultos Mayores”; y el Proyecto de la Cámara 797, que crearía el “Programa AMA en Tiempo Real”.

Mientras, el 30 de diciembre Pierluisi Urrutia otorgó un veto de bolsillo a las Resoluciones de la Cámara 155, 158, 159 y 161, correspondientes al traspaso de escuelas en Salinas; al Proyecto de la Cámara 487, que crearía “una Secretaría Auxiliar para la Diversidad Funcional en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD)”; y a la Resolución de la Cámara 169, que crearía la campaña educativa “Permiso Fácil”.

El 31 de diciembre de 2021, Pierluisi Urrutia también le dio un veto de bolsillo al Proyecto del Senado 361 que enmendaría la Ley de Detectives Privados y Guardias de Seguridad, a la Resolución de la Cámara y Senado para “ordenar el pago a proveedores de servicios de Educación Especial” y al Proyecto de la Cámara 574, que hubiese creado “el Fondo Especial para el Financiamiento de Estrategias de Prevención a la Violencia Doméstica”. 

Mira los vetos y las firmas de 2021 de Pierluisi Urrutia:

Mira también:

Gobernador firma ley para fiscalizar aseguradoras del Plan de Salud del Gobierno

Gobernador firma ley para fiscalizar aseguradoras del Plan de Salud del Gobierno

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia comenzó el año 2022 firmando 10 piezas legislativas, que incluyen el Proyecto de la Cámara 612, para fiscalizar a las aseguradoras del Plan de Salud del Gobierno.

La Oficina del Procurador del Paciente (OPP) tendrá la responsabilidad de proteger los derechos de aquellos pacientes bajo el Plan de Salud del Gobierno y, junto a la Administración de Seguros de Salud (ASES), deberá desarrollar un nuevo procedimiento que busque atender las quejas provenientes de pacientes, con relación a la conformidad de los servicios correspondientes.

El Proyecto de la Cámara 612 establece que cualquier persona, plan de cuidado de salud, administrador de farmacia, profesional de salud o proveedor de servicios de salud que no logre responder debidamente a las disposiciones de la ley sufriría una multa de hasta $20,000 por infracción. Además, enfrentarían delitos menos graves aquellas personas que pudieran, bajo algún esquema, impedir y/o obstruir los procesos establecidos por la OPP para hacer valer la nueva ley.

Del resto de las nuevas leyes aprobadas por el Gobernador se encuentra la “Ley de Política Pública para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social” (Proyecto del Senado 293). La misma establece bajo el Departamento de la Familia una comisión multisectorial de 17 miembros que tendrá la misión de desarrollar estrategias para reducir en un 50% la tasa de pobreza infantil y desigualdad social para el 2032.

Además, se convierte en ley la Resolución Conjunta de la Cámara 64, que permite al Departamento de la Familia la compraventa de inmuebles y el derecho real de usufructo para el Programa de Head Start.

Tras la firma del Gobernador queda enmendada la “Ley de Condominios de Puerto Rico” (Proyecto de la Cámara 670), que facilita a los Consejos de Titulares la adquisición de pólizas “full value” contra riesgos para asegurar propiedades.

En el renglón de salud, Pierluisi Urrutia también estampó su firma sobre el Proyecto del Senado 445 que incluye al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, y a su personal médico en el Código de Seguros y el Proyecto del Senado 157 que iguala la definición de “psicólogo” en varias leyes.

El gobernador también dio paso al Proyecto del Senado 292 para aclarar que corresponde al Negociado de la Policía regular las pruebas de campo estandarizadas de sobriedad, pero que recaerá sobre el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses aprobar un reglamento sobre las muestras de sangre requeridas como parte del proceso. 

Otra medida firmada por Pierluisi Urrutia es el Proyecto del Senado 314, que facilita la presentación del Recurso Especial de Acceso a Información Publica en las salas de los tribunales de primera instancia en la región donde reside la parte demandante.

Además, el gobernador convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 471 y 557, a través de los cuales se dispone una excepción de pago de inscripción a participantes de escasos recursos que quieran participar en actividades de organizaciones deportivas en instalaciones públicas gratuitas.

Finalmente, el primer ejecutivo convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 557, declarando el 10 de marzo como “Día de la Mujer con Diversidad Funcional”.

Vuelta a clases en la UPR será de forma virtual

Ante el repunte de casos positivos por COVID-19, la Universidad de Puerto Rico (UPR) retomará sus clases a modo virtual este semestre, según se informó mediante un comunicado.

La presidenta interina de la institución, Mayra Olavarría Cruz, anunció la determinación a la comunidad académica.

“Debemos ser cautelosos y tomar decisiones basadas en la evidencia científica para proteger a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria. Nos mantendremos evaluando el desarrollo de la situación y, conforme a las recomendaciones que nos provean los expertos en salud, las órdenes ejecutivas y administrativas que emita el gobierno, se informará cualquier cambio o actualización en las determinaciones”, explicó la presidenta interina, quien indicó que esta decisión se tomó con la asesoría del epidemiólogo doctor David Capó Ramos.

Dejó saber, además, que la aspiración es retomar la modalidad presencial tan pronto el “repunte comience a bajar y con la recomendación de los expertos”.

Como parte del plan de trabajo de cara al inicio del semestre la doctora Olavarría Cruz instruyó a los y las rectores a convocar los Comités de Diálogo para escuchar y manejar las preocupaciones y sugerencias de todos los sectores de la comunidad universitaria. De igual forma, se extendió la modalidad de teletrabajo en todo el sistema universitario hasta el 21 de enero. Por tanto, las labores presenciales se reanudarán el lunes 24 de enero.

Actor boricua denuncia se le da prioridad a extranjeros a la hora vender propiedades en la isla

El actor puertorriqueño destacado en Nueva York, Ismael Cruz Córdova, denunció que durante dos años ha estado tratando de adquirir una propiedad en Puerto Rico y no ha logrado recibir servicio de agentes de bienes raíces porque los realtors y vendedores puertorriqueños individuales no contestan sus llamadas, textos, ni emails pero sí las de personas con nombres en inglés. El actor dijo que en una sola ocasión le respondieron y se le informó que preferían inversores europeos o extranjeros. 

Metro

436 hospitalizados y cuatro muertes por COVID-19

El Departamento de Salud reportó cuatro muertes a causa del COVID-19, se supo que dos de estas personas no estaban vacunadas. Todos los fallecidos tenían condiciones preexistentes. Mientras se encuentran hospitalizadas 436 personas, 66 son pediátricos.