¿Pueden ser pruebas caseras o deben ser de laboratorio? Jessica Santiago de Recursos Humanos con Calle aclara algunas de estas dudas con el Dr. Agustín Vidal.
La empresa The Normandie Oz LLC adquirió el antiguo Hotel Normandie por $8.6 millones, según el portal comparablesonline.com.
La transacción se concretó el 13 de enero.
La propiedad pertenecía a Interra Sky Normandie LLC.
La icónica hospedería ubicada a la entrada de la isleta del Viejo San Juan permanecía cerrada desde el 2009.
En marzo del año pasado, el representante del Partido Popular Democrático, Ángel Matos García, presentó una resolución para que la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio expropiara y demoliera la propiedad plagada de grafitis.
Esa acción generó un debate intenso sobre la antigua hospedería, que llevó a un ciudadano molesto a pintar la estructura.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó suspender indefinidamente del ejercicio de la abogacía a Juan Maldonado.
Maldonado era notario y exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, y fue suspendido, del ejercicio de la notaría por transgredir la fe pública notarial y violar los Cánones de Ética Profesional de los abogados en un caso vinculado a la venta de pruebas rápidas de COVID-19 al Gobierno de Puerto Rico.
Maldonado reconoció que falsificó la firma de su socio Robert Rodríguez al presentar su defensa a una queja incoada por el representante independentista Denis Márquez en el Tribunal Supremo en el contexto de la investigación que realizara la Cámara de Representantes sobre la fallida compra de pruebas de COVID-19 por $38 millones a la empresa Apex General Contractors.
“Y es que nos encontramos ante un caso en que las actuaciones del referido letrado fueron de magnitud tal que, sin lugar a duda, ameritan la suspensión inmediata e indefinida de éste del ejercicio de la abogacía y la notaría. Ello, pues, somos del criterio de que sus actos constituyeron la violación más crasa y patente a la fe pública notarial”, reza la resolución del Tribunal Supremo.
Por su parte, la jueza asociada Mildred Pabón Charneco disiente de la decisión y hubiese recomendado suspenderlo por un término de tres meses del ejercicio de la abogacía y de forma indefinida del ejercicio de la notaría.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampó su firma hoy sobre el Proyecto del Senado 499 que crea la “Ley del Fondo de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal”, adscrito al Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que aplicará a los estudiantes con progreso académico satisfactorio que demuestren necesidad económica.
La pieza legislativa, endosada por la UPR, establece que el Programa de Becas para Mitigar el Alza en Matrículas del Plan Fiscal se financiará con los fondos réditos, ganados a través del Fideicomiso para el Fondo Dotal de la Universidad. Ante esto, la UPR deberá depositar en la cuenta del Fideicomiso una cantidad mínima de $125 millones y cualquier otra cantidad recibida por el Departamento de Hacienda, que sea o haya sido asignada para los años fiscales 2021-2022 y 2022-2023 en adelante.
Hoy, el programa Los datos son los datos, que transmite diariamente WAPA-TV había reportado que la propuesta para establecer un fondo de becas se articuló el cuatrienio pasado pero quedo en el aire y que, en esta vuelta, Pierluisi Urrutia tenía ante su consideración la firma de la medida.
El año pasado el mandatario asignó $94 millones al primer centro docente del país como parte de los fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) tras la reducción en el presupuesto que le hizo la Junta Fiscal.
Pierluisi Urrutia convirtió otros proyectos en ley.
Según el parte de prensa enviado por La Fortaleza, firmó el Proyecto del Senado 77 que crea la ‘Carta de Derechos de los Policías’ que añade y compila en un solo documento los derechos de los policías que laboran en el Negociado de la Policía, así como sus familiares.
La ‘Carta de Derechos de los Policías’ resume derechos en el área laboral, en la adquisición de propiedades, en la educación, en las contribuciones sobre ingresos y sobre la propiedad, así como aquellos relacionados a servicios médico-hospitalarios, entre otros. Además, los cónyuges y los hijos menores de edad o incapacitados también tendrán derecho a las exenciones concedidas en la ley en caso de muerte en el cumplimiento del deber.
Con la firma de esta legislación se eleva a rango de ley el que los miembros de la Policía puedan generar ingresos adicionales mediante trabajo extraoficial. También, los policías incapacitados quedarán exentos de la imposición y pago de contribuciones sobre la propiedad, permanentemente y de hasta $10 mil de su valor de tasación para fines contributivos. Igualmente, los policías incapacitados estarán exentos de contribuciones sobre la propiedad de toda casa construida, adquirida o remodelada.
De igual forma, y en cuanto a los servicios médico-hospitalarios, los municipios y el gobierno central, a través de sus instalaciones de salud, deberán brindarles, sin costo alguno, asistencia médica, tratamiento, hospitalización y los medicamentos necesarios con prescripción previa. Este derecho también aplica al cónyuge e hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. De hecho, la Administración de Seguros de Salud (ASES) le certificó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que la implantación de este proyecto senatorial no tendrá impacto fiscal alguno para la agencia.
“Reitero mi compromiso con la Policía de Puerto Rico, por eso la firma de esta ley se une a otras iniciativas que he trabajado, como la asignación de fondos para más recursos y compra de equipos para nuestra Uniformada, reducir la edad a 18 años para reclutamiento de más cadetes, proveer el Plan Vital del Gobierno para los policías retirados y me mantengo en conversaciones con la Junta de Supervisión para que por fin podamos darles un retiro digno a todos nuestros policías. Pueden contar con que continuaré trabajando por quienes tanto dan y han dado para proteger la vida y propiedad de todos en la Isla”, sostuvo el gobernador.
VIGILANCIA DIARIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Precisamente, relacionado a seguridad, Pierluisi también firmó el Proyecto del Senado 203 que crea la ‘Ley del Programa de Prevención y Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género’ integrando a la Policía estatal y a los municipios en donde haya Policía Municipal para que coordinen, según sea el caso, con las Salas Especializadas de Violencia Doméstica o Salas de Investigaciones de los Centros Judiciales para proteger a las víctimas de violencia de género.
Por tanto, y a tales efectos, se crea el Programa, que comenzará como uno piloto y será implementado en aquellos municipios que determine el Departamento de Seguridad Pública (DSP), en conjunto como el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) que el gobernador Pierluisi creó tras decretar un Estado de Emergencia.
El Plan que desarrollen en conjunto la Policía Estatal y las Policías Municipales deberá incluir que las víctimas con órdenes de protección expedidas a su favor reciban vigilancia diaria en su hogar o residencia, así como en su centro de trabajo.
NOMBRAMIENTOS EDUCACIÓN
En temas de educación, el primer ejecutivo también firmó el Proyecto del Senado 477 para extender por un periodo de tres años los nombramientos de los maestros con estatus transitorio provisional en categorías de difícil reclutamiento y que están adscritos a la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento de Educación (DE).
Como cuestión de hecho, en noviembre del año pasado el gobernador y el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, anunciaron el otorgamiento de cambio de estatus a 1,855 maestros. Del total de docentes, 821 maestros cambiaron de estatus transitorio a probatorio y 1,034 cambiaron de estatus probatorio a permanente.
Por último, el gobernador vetó la Resolución Conjunta del Senado 129, que ordenaba al Departamento de Salud, a emitir las licencias provisionales necesarias para los profesionales de la salud, eximiéndoles temporeramente del requisito de tomar el examen correspondiente y que se extiendan los términos de vigencia de todas las licencias expedidas a estos profesionales.
En una carta a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, el gobernador informó que hasta la fecha todas las Juntas adscritas a la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud han ofrecido una o más reválidas y por virtud de la Orden Administrativa 507 del Departamento, se extendieron todas las licencias profesionales.
Un impuesto ilegal al sol podría ser una realidad si se aprueba el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA), de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), impulsado por la Junta de Control Fiscal (JCF), en nombre de los tenedores de bonos de la corporación pública. El acuerdo propone una serie de cargos que impactarían gravemente al pueblo de Puerto Rico, particularmente aquellos clientes de la AEE que buscan autogenerar toda o parte de su energía mediante energía solar.
Así lo denunció hoy Javier Rúa-Jovet, principal oficial de Política Pública, de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés), durante las vistas públicas de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador, Javier Aponte Dalmau.
Esta comisión, según la Resolución del Senado 270, evalúa mecanismos para el repago de la deuda de la AEE “que no causen aumentos tarifarios al precio de energía al consumidor, que sean compatibles con los mandatos de reducir el costo de la energía y de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energía renovable y en resiliencia energética, de conformidad a la Ley 17-2019, conocida como Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.
La propuesta del RSA estructura los pagos de la deuda de la AEE a través de un aumento tarifario permanente llamado “cargo de transición” el cual inicia en $2.768 centavos por kWh, incrementando hasta $4.552 centavos por kWh en 2044. Este aumento es adicional al aumento reciente de 16.8% aprobado al inicio del presente año asociado al costo de combustible. Clientes que instalen un sistema solar tendrán que no solo pagar dicho “cargo de transición” en su consumo de la red, sino que adicionalmente serán castigados con un nuevo impuesto a su autogeneración solar.
“El fundamento ideológico de los impuestos solares incluidos en el RSA es el temor de los bonistas de que no queden abonados para facturarles por la luz y que por ende no puedan recobrar el repago de sus bonos. En primer lugar, tengamos en perspectiva que en Puerto Rico los sistemas solares distribuidos interconectados a la red suman alrededor de 1% de la energía total, un número muy muy pequeño”, dijo Rúa-Jovet.
“Sin embargo, las propias proyecciones certificadas de la JCF muestran que el aumento masivo en la demanda de energía debido al imparable crecimiento y penetración de los vehículos eléctricos superará con creces cualquier supuesta pérdida de facturación atribuible al aumento en penetración energía solar distribuida”, añadió.
Organizaciones ambientales y el Centro para la Nueva Economía habían alertado que el acuerdo de reestructuración de la AEE contenía un impuesto al sol que iba a contracorriente con la propia política pública del gobierno, de moverse a energía renovable y limpia.
Rúa-Jovet, quien participó en la audiencia en representación de las empresas locales, estadounidenses e internacionales que impulsan la energía solar y el almacenamiento energético en la isla, instó a los senadores a identificar mecanismos para el repago de la deuda de la AEE que no impliquen aumentos al precio de energía al consumidor, y que además, sean plenamente compatibles con el mandato de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energía renovable y en resiliencia energética.
Entre sus recomendaciones están; eliminar todo cargo o impuesto solar pues la propia JCF admite que es innecesario ante el aumento de vehículos eléctricos; y que se redoblen los esfuerzos de AEE/LUMA por cobrar cuentas pendientes públicas y privadas y se racionalicen todos los subsidios innecesarios que puedan reformarse.
“Es critico confiar en el trabajo del regulador independiente. El Negociado de Energía es la única entidad con autoridad legal regular las tarifas, conforme a las leyes de Puerto Rico. Idealmente, es bajo el manto del Negociado donde la JSF, los bonistas, el Gobierno de Puerto Rico, junto a las demás partes y entidades interesadas deben trabajar en soluciones tarifarias legalmente alcanzables y políticamente posibles”, concluyó Rúa-Jovet.
Las vistas públicas continuarán con la participación no solo al sector gubernamental, sino también a partes afectadas y voces expertas de la sociedad civil, en la búsqueda de soluciones legalmente viables para el repago de la deuda de la corporación pública, que no tengan como consecuencia el aumento de las tarifas energéticas.
Sobre SESA:
SESA-PR es una asociación comercial sin fines de lucro que representa a compañías en la industria de almacenamiento de energía solar y que hacen negocios en Puerto Rico. Las compañías miembros de SESA-PR provienen de todo el espectro de negocios involucrados en la industria, incluyendo fabricación, ventas, instalación, operación, mantenimiento y financiamiento de sistemas de almacenamiento de energía solar.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia presentó hoy a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de medidas de administración enfocado en diversas áreas del desarrollo social, económico y cultural de Puerto Rico. Las legislaciones propuestas se unen a las 59 medidas de administración que el mandatario ya ha presentado al cuerpo legislativo.
“El trabajo que tenemos para impulsar lo mejor de nuestra Isla continuará en este año 2022 y este nuevo paquete de medidas abonará a la labor que estamos encaminando con ese objetivo. Exhorto a los líderes legislativos a que den paso a estas medidas para que sean evaluadas justamente. De paso, que atiendan con premura medidas de envergadura como la que crearía la nueva Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar (Family First), necesaria para que el Departamento de la Familia no pierda millones en fondos federales para salvaguardar el bienestar de nuestra niñez, entre tantas otras que quedaron pendientes en la pasada Sesión Legislativa”, sostuvo Pierluisi Urrutia en un comunicado de prensa.
El primer ejecutivo presentó la Medida de Administración 60, la cual busca enmendar la Reforma Laboral para establecer un periodo probatorio uniforme de seis meses para empleados exentos y no exentos; uniformar en 700 horas trabajadas el requisito aplicable a los empleados de la empresa privada a fin de tener derecho al pago del bono de Navidad; así como fijar nuevamente en 115 horas de trabajo mensual el requisito para poder acumular licencia por vacaciones y que dicha acumulación sea a razón de 1.25 días por cada mes trabajado.
En temas de seguros, la Medida de Administración 68 de Pierluisi busca enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico para hacer cambios a las disposiciones sobre los reaseguros para todas las compañías aseguradoras en Puerto Rico, según los criterios que promulgó la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés) en su Ley de Modelo de Crédito por Reaseguro.
Además, la Medida de Administración 67 enmendaría el Código de Seguros de Puerto Rico para crear un Capítulo 32 sobre Gobernanza Corporativa. El propósito del nuevo capítulo es establecer los requisitos sobre el informe de Divulgación Anual de la Gobernanza Corporativa de los aseguradores y organizaciones domésticas de servicios de salud y que eso también “propenda en su funcionamiento eficaz y en un mercado confiable para las operaciones de negocios de seguros en la Isla, en protección de los consumidores de seguros y del interés público”, según explicó el gobernador.
Otra de las propuestas del Ejecutivo es la Medida de Administración 61, la cual busca atemperar la Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito para aclarar que la Comisión de Desarrollo Cooperativo (CDCOOP) será el ente regulador y fiscalizador de las cooperativas de tipo diverso.
El gobernador puntualizó sobre la medida que “esto también asegurará el cumplimiento con el Plan Fiscal para la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COSSEC), según requerido por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF)”. La medida dejaría a COSSEC con jurisdicción sobre las cooperativas de ahorro y crédito; mientras, las de tipo diverso quedarían en la jurisdicción de la CDCOOP.
Mientras, como herramienta para luchar contra la corrupción gubernamental, la Medida de Administración 64 propone establecer una prohibición general, aplicable a todo el Gobierno de Puerto Rico, que impida a todas las agencias gubernamentales, agencias instrumentales y corporaciones públicas la contratación de servicios profesionales por la cantidad de $250,000 o más, durante un año fiscal, sin realizar un proceso abierto, competitivo y público para dicha contratación. Esta medida también establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) reglamentará el proceso.
Otra de las propuestas que forman parte del paquete legislativo de la administración Pierluisi es la Medida de Administración 65, la cual enmendaría la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, con el propósito de proponer penalidades para personas que hayan cometido fraude contra el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos al cobrar ilegalmente el seguro por desempleo o la Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés). La medida también permite la incautación del reintegro por parte del Departamento de Hacienda, de haber alguno.
En tanto, como parte de su compromiso programático y a petición de varias juntas examinadoras, el gobernador sometió la Medida de Administración 71, mediante el cual se establecería un proceso más efectivo para que las personas que tengan antecedentes penales puedan solicitar a las distintas profesiones en Puerto Rico, sin que los antecedentes resulten en una denegatoria automática, sino que se evalúen las solicitudes caso a caso.
“Esta política pública busca continuar favoreciendo la rehabilitación y la reinserción de la población correccional a la sociedad, permitiéndoles contar con una fuente de ingresos que les permita llevar una vida digna e independiente, tal cual hemos establecido en las metas de nuestro plan programático”, subrayó el gobernador.
Mientras, por medio de la Medida de Administración 62 se facultaría a la Junta de Directores de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) para aumentar las primas a toda persona convicta por guiar en estado de embriaguez o bajo otras sustancias controladas. El estatuto también crearía esta pena especial en la Ley 22-2000. La prima se aumentaría exclusivamente por un lapso de cinco años, desde el momento en que la persona quede facultada a continuar conduciendo luego de la sentencia.
Como parte de las flexibilizaciones para agilizar la expedición de certificaciones de motociclistas, la Medida de Administración 72 de Pierluisi crearía un programa especial auspiciado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, a fin de liberar sobre 180,000 multas pendientes de pago, específicamente en el área de motoras. Quienes se beneficien del programa de descuento en el pago de multas deberán estar en proceso de obtener una certificación de motoras M1 o M2. El programa especial también permitiría regularizar miles de motoristas; además de crear campañas de orientación y promoción para incentivar el cumplimiento con las leyes de tránsito.
La Medida de Administración 66 busca presentar nuevas disposiciones sobre la gobernanza de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por medio de una enmienda a su ley orgánica: se aclararían los nombramientos del gobernador, se dispondría sobre las facultades de la Junta de Gobierno, se establecerían procesos de fiscalización en el Departamento de Asuntos del Consumidor —que actualmente están en el Ombudsman— y se modernizaría el estatuto.
Sobre propuestas dirigidas a la Comisión de Juegos, el primer ejecutivo presentó la Medida de Administración 69, mediante la cual se llevarían a cabo enmiendas técnicas a la ley orgánica de la Comisión para permitirle tener tesoro propio; mejorar su capacidad de poder pagar a los casinos y entidades fiscalizadas; así como mejorar la gobernanza institucional de la corporación pública.
Asimismo, la Medida de Administración 70, dirigida a fiscalizar y luchar contra el crimen organizado, facultaría específicamente a los inspectores de la Comisión de Juegos a actuar como agentes del orden público para facilitar su trabajo, evitar el lavado de dinero y el fraude y permitir que los casos radicados prosperen en los tribunales.
Sumado a estas medidas y en aras de preservar espacios imperativos de la cultura puertorriqueña, la Medida de Administración 63 se presenta como un nuevo estatuto que propone un fideicomiso privado y un trato contributivo especial sobre donativos para administrar los activos públicos del Museo Pablo Casals —similar al Museo de Puerto Rico— y así preservar su legado artístico y musical.
“Cuando todos trabajamos en colaboración y teniendo el desarrollo social y económico de nuestra Isla como norte, los resultados pueden discernirse indistintamente de líneas partidistas”, concluyó el primer ejecutivo.
Tal y como adelantó ayer Cuarto Poder en primicia, este viernes se radicarán cargos contra el exsecretario de Hacienda y de la Gobernación, Raúl Maldonado.
En un comunicado escrito la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente informó que la vista de presentación de cargos en lo que se conoce como “Regla 6″ será el viernes, a las 9:00 de la mañana de manera virtual ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.
La representación legal de Maldonado ha asegurado que la designación de un FEI “se trata de una persecución y represalia” y que “le están pasando factura” a Maldonado “por haber delatado y provocado que el país conociera quién es Ricardo Rosselló y los ‘brothers’”.
Según fuentes del programa Cuarto Poder, transmitido por Wapa TV, se alega que Maldonado violó la Ley de Ética con relación a la entrega de sus informes financieros sometidos ante la Oficina de Ética Gubernamental, las finanzas de un fideicomiso y de su corporación.
Durante el pasado mes de junio, tras recibir un nuevo informe de una auditoria forense sobre los informes financieros de Maldonado, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), ordenó consolidar las alegaciones de una investigación en curso.
Mediante Resolución, el Panel concedió 60 días adicionales a los fiscales especiales independientes, Juan E. Catalá Suárez y Manuel E. Núñez Corrada, para investigar un nuevo asunto contenido en un informe remitido por el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis A. Perez Vargas.
Del informe se desprende, según concluye Ética Gubernamental, que Maldonado pudo haber incurrido en violaciones a disposiciones legales contenidas en Ia Ley de Ética y el Código Penal de Puerto Rico.
La auditoría forense de la OEG arrojó que el exfuncionario pudo haber efectuado una presentación falsa y fraudulenta de los datos, para ocultar situaciones que podrían involucrar violaciones de ley y conflicto de intereses.
Mientras, en abril del año pasado, se designó un fiscal especial independiente contra Maldonado tras un informe emitido por la Oficina del Inspector General sobre el proceso para la formalización y otorgamiento del contrato 2007-000246 entre el Departamento de Hacienda y el productor de seguros Risco Insurance, Inc.
La presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, Ana Cristina García Cintrón, no ha recibido respuesta a los múltiples ofrecimientos que le ha hecho a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico para facilitar el reclutamiento de más personal en momentos en que los enfermeros enfrentan una la fatiga laboral y que el Departamento de Salud reveló un 25 por ciento de ausentismo en 65 hospitales de la isla.
García Cintrón enfatizó a este medio, que en varias ocasiones ha intentado comunicarse con el director de la Asociación, Jaime Pla, pues tiene información de miles de enfermeros disponibles para ser reclutados.
La doctora aseguró que cada año se gradúan alrededor de mil enfermeros, pero que muchas veces no son reclutados por no tener experiencia. Luego recordó que para inicios de la pandemia 250 enfermeros fueron despedidos, según ella misma denunció en aquel entonces
Varios enfermeros aseguraron en el programa Cuarto Poder, transmitido por Wapa TV, que las condiciones en las que laboran son insostenibles.
Cuarto Poder intentó conversar con el presidente de la Asociación de Hospitales pero no se ha obtenido respuesta.
Una ola de reclamos se levantó en las redes sociales por parte de estos profesionales luego que el licenciado Pla expresara que, aunque el personal está agotado, “las personas están muy bien motivadas”.
A raíz de esto, enfermeros han compartido que se encuentran trabajando hasta 16 horas diarias, sin días libres, sin periodo de almuerzo y atendiendo más pacientes de lo que deberían. Según una enfermera supervisora de piso, en el hospital para el que labora se ha dado el caso de que un solo enfermero esté a cargo de 20 pacientes. La profesional pidió no ser identificada, al igual que otros de sus colegas, por temor a represalias en su lugar de trabajo.
Una situación que también preocupa al personal de enfermería es la exigencia de sus jefes de que se presenten a trabajar aun estando contagiados con Covid-19. “El patrono lo que está exigiendo a los compañeros es que se pongan doble mascarilla y que vayan a laborar después que no tengan síntomas”, sostuvo otra enfermera en el programa televisivo. La mujer aseguró que todo el personal del piso que está habilitado para atender pacientes con Covid-19 en esa institución, arrojó positivo al virus.
Otra enfermera relató que, en la sala de emergencias de su hospital, la división de enfermería detuvo las labores ante la negativa de su patrono de declarar un desvío para las ambulancias que estaban llegando. Este protocolo se activa para que esas ambulancias sean dirigidas a otra institución médica cuando la sala de urgencias está al tope. “Enfermería dijo: no vamos a seguir trabajando porque no damos abasto. No hay camillas no podemos hacer más nada. ¿Dónde vamos a ubicar a esos pacientes?”, puntualizó.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias han insistido en que los hospitales están preparados con las camas y equipo necesario para atender pacientes. Pero la realidad es que médicos como la internista Mary Joahn Rodríguez, han señalado que el por ciento de ocupación debe ser analizado a partir del censo de personal y no de las camas que haya disponibles. “El propósito es evitar atrasos en cuidado, reducir mortalidad, reducir el largo de estadía en un hospital evitando complicaciones, explicó Rodríguez.
Por su parte, la enfermera Camary Planas concordó con la doctora Rodríguez. “Es enfermería y el técnico de terapia respiratoria los que estamos ahí mano a mano con ese paciente día a día, o sea si tú no tienes el personal, de qué te vale tener un ventilador si no tienes quien lo maneje”, urgió.
Desde el comienzo de la pandemia por el COVID-19 -cuyo origen exacto sigue siendo un misterio- son miles las variantes las que se han detectado, pero al menos son cinco las que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado como de “mayor preocupación”.
Estas son: Alfa, detectada por primera vez en el reino unido en septiembre del 2020; Beta, registrada en Sudáfrica en octubre de ese mismo año; Gamma, en Brasil en diciembre de 2020 y Delta, en India para mayo del 2021.
De estas, Delta era una que levantó un mayor grado de alerta pues con el tiempo expertos coincidieron que provocaba un virus con síntomas más graves y de mayor transmisibilidad.
Mientras, Ómicron fue la última variante detectada que terminó siendo la gran sorpresa para muchos pues su nivel de transmisibilidad es tan alto que distintos países alrededor del mundo comenzaron a retomar medidas restrictivas que revivieron el inicio de la pandemia.
“Cuando llega omicron, quizás empezamos a ver demasiado a África del sur y decir ‘bueno, se están infectando las personas, estamos viendo que hay un aumento, pero las personas no están llegando al hospital…bueno, no están llegando al hospital porque vemos que la población de sudáfrica es mucho más joven que la de Puerto Rico”, destacó el infectólogo Lemuel Martínez durante una entrevista para Cuarto Poder (Wapa TV).
Aunque se desconoce con exactitud en dónde o bajo qué circunstancias evolucionó el ómicron, se toma como punto de referencia el 24 de noviembre del pasado año, fecha en que sudáfrica informó a la organización mundial de la salud sobre su existencia.
Pero en el tiempo transcurrido entre la notificación de la nueva variante y las posteriores medidas tomadas por varios países, hubo un error: muchos minimizaron los efectos del ómicron y lo catalogaron como un “catarro más”.
A preguntas sobre qué hace a esta variante tan contagiosa, Martínez contestó: “Primero el engaño. Hay muchas personas que empiezan con síntomas leves y pensamos que no va a pasar nada. Y matemáticamente eso es lo que vemos: con delta llegaban 15 de cada 100 al hospital, quizá con omicron llegan dos. Pero cuando usted tiene tantas y tantas personas infectadas a la misma vez, esto es lo que vemos. Igual de igual manera veríamos si tuviéramos personas con 20 mil infartos cardiacos al día en una semana. Igual con un terremoto o una catástrofe. Todas las personas que lleguen de momento a cualquier sistema lo saturan. Con ómicron al ser un poco más leve al principio, muchas personas se engañan y piensan que no va a pasar nada…. No podemos confiarnos en este virus que es bien traicionero”.
Por otra parte, el epidemiólogo José Becerra explicó que una de las mayores preocupaciones recae en el agotamiento del personal médico y el colapso del sistema sanitario.
“Preocupa (esta variante) porque puede llevar al colapso al sistema sanitario a nivel primario, a nivel de hospitales, porque requiere mucha atención, primero en la gran cantidad de pruebas y luego pues, no solamente la capacidad hospitalaria en términos de camas, sino en los recursos”, dijo.
Los expertos consultados durante el reportaje para Cuarto Poder coincidieron en no tomar este virus como “un asunto ligero”, pues la población en Puerto Rico no se puede comparar con, por ejemplo, la de Sudáfrica-lugar donde se detectó por primera vez. Instaron a continuar con las dosis de refuerzo de vacunación y a continuar con las medidas de salubridad.
Vea el reportaje aquí: Ómicron, ¿variante endémica?
La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés), tiene que recuperar el dinero que pagó en exceso a la delegada por la estadidad Zoraida Buxó Santiago, quien juramentó tarde a dicha posición porque se encontraba de vacaciones con su familia.
Así lo consignó el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental Luis Pérez Vargas en una misiva que envió a la directora ejecutiva de Prfaa, Carmen Feliciano Márquez, el pasado 10 de enero.
“Ciertamente corresponde realizar un ajuste al salario recibido, porque el mismo debe ser en función de la fecha en que tomó juramento. Relacionado con el ajuste y el cómputo a realizarse, deberá dirigirse al Departamento de Hacienda, dado que es la agencia encargada de procesar y emitir los pagos correspondientes a los salarios de los delegados”, apuntó Pérez Vargas en la carta de una página.
Ya este portal de noticias había adelantado en octubre pasado que el descuento correspondía porque Buxó Santiago juramentó al cargo el 11 de julio a pesar de que la Ley que creó la delegación congresional estipuló que los seis miembros debían iniciar sus funciones de cabildeo en el Congreso de Estados Unidos el 1 de julio. Sin embargo, Prfaa pagó su salario completo como si hubiera iniciado labores el 1 de julio.
Los delegados congresionales cobran un salario anual de $90,000 y pueden reclamar hasta $30,000 en gastos reembolsables. Solo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares renunció a esa paga.
Desde octubre, este medio ha intentado que Feliciano Márquez responda cuándo realizaría el descuento de salario a la cabildera Buxó Santiago. Hasta ahora la funcionaria ha mantenido silencio.
Pero dos meses después de las preguntas de este portal de noticias, Feliciano Márquez finalmente consultó con la OEG, que reiteró las expresiones que ofreció a este medio en medio de la polémica que desató el pago de vacaciones a los cabilderos encargados de adelantar la estadidad para Puerto Rico.