Gobierno y Junta Fiscal buscarán cómo aumentar salario de maestros y mejores condiciones de retiro para policías

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia junta al miembro de la Junta de Control Fiscal, Andrew Biggs.

El gobernador Pedro Pierluisi anunció que dentro de un término de 120 días, el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) deberán explorar alternativas consistentes con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda, con el propósito de mejorar la compensación de los maestros del Departamento de Educación.

Además, anunciaron que se llegó a un acuerdo con la Junta dirigido a mejorar el retiro de los policías, implementar una ventana de retiro incentivado que produzca ahorros para el fisco y buscar alternativas que mejoren la compensación de los maestros.

“Hemos presentado el acuerdo ante la jueza Laura Taylor Swain, conscientes de que las leyes aprobadas en el 2020, pese a su loable propósito, no son consistentes en su totalidad con el Plan Fiscal. Siempre que los acuerdos beneficien la sostenibilidad de la deuda y el desarrollo económico de Puerto Rico, nuestro gobierno mantendrá diálogos de colaboración con la Junta. El norte y propósito final de estos acuerdos siempre será una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y, en este caso particular, para nuestros servidores públicos, policías y maestros”, puntualizó el gobernador.

Según establece al acuerdo, dentro de un término de 60 días, el Gobierno y la Junta deberán colaborar para desarrollar alternativas para mejorar el retiro de los policías, dentro de los parámetros del Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda.

Una vez se acuerden los detalles, la Junta proveerá las aprobaciones necesarias bajo el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado, a fin de que ese plan pueda ser implementado para beneficio de los policías retirados.

Finalmente, el Gobierno y la Junta trabajarán en conjunto para desarrollar un plan de retiro incentivado que genere ahorros netos en las respectivas entidades gubernamentales en que sea implementado. Para garantizar la responsabilidad fiscal, los puestos de los empleados que se acojan a esta ventana deberán ser eliminados y no podrán ser sustituidos en el futuro

El acuerdo —que fue presentado ante la jueza Laura Taylor Swain para su aval— delinea un plan alterno para adelantar los objetivos que perseguían las leyes 80, 81 y 82, las cuales fueron aprobadas en el año 2020.

Desde el jueves se reduce aforo en establecimientos de comida y bebida

Ante el alza en los casos positivos registrados de COVID-19, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia, firmó hoy, lunes, la Orden Ejecutiva 2021-085 que establece que a partir del 30 de diciembre los lugares en los que las personas se remuevan las mascarillas para consumir alimentos y bebidas reducirán su aforo un 50% si es en interior y un 75% si es en exterior.

Esto incluye restaurantes, food courts, cafeterías, barras, cafetines, chinchorros, sports bar, cines, centros comunales o de actividades, coliseos, teatros y cualquier otro lugar que sirva bebidas o comidas preparadas. En el caso de los establecimientos que operan en interior están obligados a limitar el aforo a un 50% de la capacidad del lugar. En torno a los que operen al aire libre les aplicará el 75%.

En lo que respecta a las actividades multitudinarias de modalidad cerrada en teatros, anfiteatros, estadios, coliseos y centros de convenciones las mismas se podrán realizar reduciendo el aforo a un 50% de la capacidad del lugar. Mientras, que las actividades que se realicen en estos mismos lugares que operen al aire libre se podrán llevar a cabo tras reducir el aforo a un 75%.

“Las medidas llevadas a cabo en esta Orden Ejecutiva son consistentes con las tomadas desde principio de este año. En todas se hizo un justo balance entre la salud y seguridad de toda la población y los efectos adversos en la economía. Asimismo, las medidas tomadas en esta Orden Ejecutiva son similares a las implementadas durante las distintas temporadas en las cuales hubo aumento en el contagio, las cuales ciertamente fueron efectivas. Este gobierno tiene la responsabilidad de continuar con los esfuerzos necesarios para prevenir y detener la propagación del COVID-19 y para salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de todos los residentes de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador en un comunicado de prensa

En la nueva Orden Ejecutiva, que estará en vigor hasta el 16 de enero de 2022, se reitera que el ciudadano tiene la responsabilidad individual de ser juicioso y crítico ante cualquier actividad personal, comercial o profesional a la que asista o esté involucrado.

“Si cada puertorriqueño sigue al pie de la letra todas las medidas cautelares ordenadas por los CDC, por el Departamento de Salud, por los demás componentes del Gobierno de Puerto Rico y por esta Orden Ejecutiva, es indudable que todos nos protegeremos. Cada uno de los ciudadanos tiene la responsabilidad de continuar tomando las medidas cautelares impuestas, evitar la aglomeración de personas y, además, ser juicioso y determinar no participar en cualquier actividad que entienda pueda poner en riesgo su salud o la de los demás”, puntualizó Pierluisi Urrutia en el mandato ejecutivo.

DIRECTRICES DE COVID-19 VIGENTES

La semana pasada, el gobernador firmó la OE 2021-080, la cual requiere la vacunación completa contra el COVID-19 para asistir a eventos multitudinarios, así como una prueba negativa realizada 48 horas o menos antes de asistir al evento.  

Este mandato incluye a todos los establecimientos cerrados o abiertos que lleven a cabo actividades multitudinarias —entiéndase, teatros, anfiteatros, estadios, coliseos, centros de convenciones y de actividades— y cualquier otro local en el que se celebren actividades que propicien la aglomeración de personas.

De otra parte, la OE 2021-081, efectiva a partir de hoy, estableció el requerimiento de la dosis completa de vacuna contra el COVID-19 o prueba negativa de 48 horas o menos para establecimientos de comida y bebida.

Sobre el requisito de vacunación en establecimientos de comida y bebida, Pierluisi Urrutia subrayó que, en el caso de las terrazas de restaurantes de comida conocidas como food courts, los administradores de las áreas deberán limitar la zona de manera que se pueda requerir evidencia de vacunación o prueba negativa para quienes vayan a comer en las mesas.

La OE 2021-081 también requirió que todo pasajero —vacunado o no vacunado— que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico deberá presentar una prueba negativa de COVID-19 realizada 48 horas o antes de llegar a la Isla. Las personas que no lleguen con prueba negativa tendrán 48 horas para realizársela en Puerto Rico o serán multadas.

Asimismo, las personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos también deberán hacer cuarentena de siete días, independientemente de que lleguen con o sin prueba negativa.

En el caso de los vuelos internacionales, se mantiene la disposición por mandato federal de que todo viajero deberá contar con una prueba negativa de COVID-19 realizada al menos 24 horas antes del vuelo.

Finalmente, la OE 2021-082 también efectiva a partir de hoy estableció como obligatoria la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para personal que labore en los sectores de salud y educación. Para el próximo 15 de enero de 2022, las personas mayores de 18 años que ya estén vacunadas contra el COVID-19 y que trabajen en estos sectores deberán tener administrada sus dosis de refuerzo.

Salud recomienda posponer Festival de Las Máscaras en Hatillo aunque evento sigue en pie

Pese a que el evento sigue en pie para mañana, el Departamento de Salud recomendó la posposición del Festival de Las Máscaras de Hatillo “por el riesgo de contagio que presenta”.

En una carta del 22 de diciembre dirigida al presidente del Centro Cultural José P.H. Hernández, Carmelo López, el secretario de Salud, Carlos López Mellado advirtió que de continuar con la celebración de la fiesta, que expertos temen que se convierta en un evento de transmisión masiva (super spreader), “debe asegurarse de ejercer el fiel cumplimiento con las medidas cautelares ordenadas para la prevención de COVID-19”.

Esas medidas, según detalló Mellado López, exigen que las personas que participen en el festival están completamente vacunadas y muestren una prueba negativa viral negativa realizada con 48 horas de antelación al mismo. Al festival, no podrán asistir menores de 0 a 4 años.

“Velar por el uso correcto de mascarilla, cubriendo nariz, boca y barbilla en todo momento para los participantes y los trabajadores”, apuntala la misiva de dos páginas.

El Festival de Las Máscaras de Hatillo es conocido por el ruido y el descontrol. Anualmente se reportan casos de personas involucradas en accidentes de vehículos o que han sufrido lesiones al caer ebrios de las carrozas.

Evento en el que cantaron Rosalía y Rauw Alejandro no tenía permiso para celebrarse 

Captura de pantalla

La fiesta que se llevó a cabo el domingo en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón no tenía la autorización de la Administración de Vivienda Pública, así consta en una carta enviada a productor del evento.

En una carta de dos páginas, el administrador Alejandro Salgado Colón, le notificó el 22 de diciembre al señor Rolando Santa, presidente de Chad Events LLC, que la solicitud para el evento familiar había sido denegada debido al repunte de casos de COVID-19.

Tanto el Departamento de Salud como Seguridad Pública tenían conocimiento sobre la determinación que tomó Vivienda Pública, según informó el Administrador en entrevista radial en Radio Isla 1320.

“Tanto el Departamento de Seguridad Publica como el Departamento de Salud están al tanto de que este evento se llevó a cabo y están evaluando la situación,” explicó Salgado Colón al enfatizar que le daría deferencia a ambas agencias a expresarse sobre por qué este evento se celebró a pesar de no contar con el permiso de Vivienda Pública e Inn Capital, empresa que administra este residencial.

Salgado Colón agregó que “sí hubo personal de la Policía de Puerto Rico esa noche del evento.”

Por su parte, el productor y empresario Rolando Santa, hijo dijo que ni él ni su empresa Chad Events tuvieron algo que ver con la organización de la fiesta navideña del residencial Virgilio Dávila.

La aclaración ocurrió luego que el Departamento de la Vivienda le cuestionó sobre la actividad para la que no se había expedido el permiso correspondiente.

“Yo sí había pedido el permiso para hacer la actividad, por una petición que me hicieron varios artistas. Ese permiso no prosperó y hasta ahí llegó mi intervención”, comentó. Santa hijo fue citado a comparecer ante la Policía de Puerto Rico.

Este portal digital solicitó una reacción al Departamento de Salud y al Negociado de la Policía de Puerto Rico y quedaron en emitir una declaración.

La cantante española Rosalía sorprendió anoche a los asistentes a la fiesta de Navidad del residencial Virgilio Dávila, en Bayamón, donde también se presentó su novio, el cantante de música urbana Rauw Alejandro.

La actividad trascendió al público mediante vídeos colgados en las redes sociales.

Salgado Colón agregó que “sí hubo personal de la Policía de Puerto Rico esa noche del evento.” 

Este portal digital solicitó una reacción al Departamento de Salud y quedaron en emitir una declaración. Mientras, el Negociado de la Policía de Puerto Rico dijo que continúa investigando “diferentes ángulos”.

La cantante española Rosalía sorprendió anoche a los asistentes a la fiesta de Navidad del residencial Virgilio Dávila, en Bayamón, donde también se presentó su novio, el cantante de música urbana Rauw Alejandro.  En el evento se presentaron también Farruko y Tempo.

La actividad trascendió al público mediante vídeos colgados en las redes sociales. 

Solo vacunados y con prueba negativa podrán desembarcar en la Isla

Desde hoy, los pasajeros y la tripulación que deseen desembarcar en Puerto Rico tendrán que mostrar evidencia de vacunación y un resultado negativo de una prueba de COVID-19 realizada no más de 48 horas antes.

El secretario de Salud, Carlos Mellado López, emitió la nueva directriz ayer ante el repunte de contagios impulsado por la variante Ómicron.

La carta a las líneas de cruceros apunta que los pasajeros y los miembros de la tripulación, que quieran bajarse de la embarcación, tendrán que estar inoculados con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y mostrar un resultado negativo de una prueba molecular o de antígeno.

Establece que las personas identificadas como contactos de alguna persona con el virus no podrán bajarse independientemente de su estatus de vacunación.

“Tienen que quedarse en el crucero”, enfatizó Mellado López en la directriz.

“Casos de contagios y contactos no están autorizados a desembarcar a menos que necesiten asistencia médica que la embarcación no puede proveer”, agregó.

El crucero también tendrá que informar a las autoridades puertorriqueñas con 24 horas de anticipación el listado de las personas que se mantienen en aislamiento o en cuarentena en la embarcación.

Ante la adopción de las nuevas medidas, el crucero Symphony of the Seas, optó por no atracar en el puerto de San Juan en el día de hoy, indicó una fuente de este medio que no tenía autorización para discutir el asunto públicamente, ante informes de prensa que señalaban que el gobierno negó su entrada al archipiélago.

Según la fuente, la línea de cruceros recibió la misiva ayer con las nuevas reglas, que requieren evidencia de vacunación y prueba negativa de COVID-19 para desembarcar en Puerto Rico. “No se le ha prohibido la entrada a nadie. Lo que se busca es tratar de detener la cadena de contagios”, indicó.

Las autoridades sanitarias han adoptados diversas medidas para tratar de cortar la cadena de transmisión del virus, que en las últimas semanas se ha disparado. Hoy, el archipiélago amaneció con una tasa de positividad de 21.89% y 183 personas hospitalizadas, entre ellos 44 menores.

Este medio procuró una reacción de la Autoridad de Puertos, pero la agencia refirió todas las preguntas al Departamento de Salud, que indicó emitirá una comunicación oficial más tarde

El lucrativo negocio de recoger basura en Puerto Rico

Pese a que se trata de un servicio rutinario, el costo del recogido y de la disposición de la basura varía entre los municipios, aun en ayuntamientos con características similares.

Una muestra de los contratos reportados a la Oficina de la Contralora y evaluada por este portal de noticias, encontró que el costo oscila entre los $6.51 por casa o unidad hasta $14.94 y que hay acuerdos contractuales que se extienden hasta el 2031.

La Ley de Municipios Autónomos permite discreción a los alcaldes y alcaldesas a la hora de contratar ese servicio esencial, una facultad que ha sido cuestionada a la luz de la pesquisa federal que destapó un esquema de corrupción en el otorgamiento de contratos para el recogido y disposición de desperdicios sólidos a la empresa Waste Collection, que amasó más de $121 millones en contratos gubernamentales.

A continuación, los detalles.

MUNICIPIO DE CAGUAS

El ayuntamiento, que regenta el alcalde popular William Miranda Torres, utiliza varias empresas para el recogido de basura y reciclaje de desperdicios sólidos. La empresa EC Waste recoge y dispone de la basura mediante un contrato, que inició en el 2010 y que sufrió una enmienda en el 2014. Con una vigencia de siete años y cinco meses, el contrato asciende a $68,522,564 y expira el 31 de diciembre de 2021. Pero ya el ayuntamiento firmó otra enmienda, que extenderá ese contrato hasta el 28 de febrero de 2022 por un monto de $1,480,000.

El contrato vigente estipula que EC Waste recogerá la basura de 28,561 unidades a un costo de $14.94 por unidad o $426,701.34 mensualmente. Esta cifra cambió desde el inicio del contrato. En el 2010, el ayuntamiento pagaba $11.50 por 10,000 unidades.

El contrato también establece otras tarifas. Por ejemplo, el ayuntamiento paga $12.00 por yarda cúbica de material vegetativo y $35.58 por tonelada de desperdicios sólidos que recoja el ayuntamiento.

Durante el año fiscal, que inició el 1 de julio y que acaba el 30 de junio de 2022, Caguas también contrató a la empresa Ecoreciclaje para que recoja la basura en nueve residenciales púbicos a un costo de $108,000 y Vivo Recycling tiene otro contrato para trabajos de reciclaje por $234,900.

MUNICIPIO DE CIDRA

Desde el 12 de noviembre, la empresa Platinium Waste Disposal está a cargo del recogido y acarreo de los desperdicios sólidos del ayuntamiento mediante un contrato de $700,000, que acaba el 30 de junio de 2022.

El alcalde popular Ángel David Concepción González, quien derrotó al ahora asesor en asuntos municipales de La Fortaleza, Javier Carrasquillo Cruz, canceló el contrato previo con Ecosystems Inc. por un costo de $1.4 millones y que se extendía hasta el 30 de junio de 2022. Según la página de la Contraloría ese contrato se canceló el 12 de noviembre, el mismo día que entró en vigor el acuerdo con Platinium.

Por los servicios de recogido de basura en 16,872 unidades, el municipio paga $110,000 al mes o $6.51 por unidad. El contrato exige que recoja la basura en las áreas residenciales semanalmente, dos veces al día en área de comercio del pueblo y tres veces a la semana en los residenciales públicos. Establece también que pagará $7.40 por unidad adicional de una nueva urbanización, que se añada luego de firmado contrato.

Este contrato supone una reducción de tarifa cuando se compara con el acuerdo con Ecosystems, que por las mismas condiciones recibía un pago mensual de $120,000 al mes por 16,872 unidades es decir $7.11 por unidad. También estipulaba un pago de $7.00 por unidad adicional de nueva urbanización nueva que se añadiera luego de firmado el contrato.

Pero todavía era más barato que el contrato con Waste Collection, cuya vigencia el exalcalde Javier Carrasquillo Cruz extendió 16 días después de perder las elecciones generales pasadas. El contrato de $14,764,500 terminaba el 15 de febrero de 2021, pero Carrasquillo Cruz extendió su vigencia hasta el 15 de febrero de 2031. Concepción González lo canceló el 1 de julio de 2021, según los registros de la Oficina de la Contralora.

El otrora presidente de Waste Collection, Oscar Santamaría Torres, se declaró culpable de pagar sobornos al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, a cambio de contratos para la compañía en el municipio. Delgado Montalvo renunció al cargo tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la fiscalía federal y declararse culpable de aceptar esos sobornos ilegales y de contratar a la empresa, que se cebó de contratos gubernamentales.

La fiscalía federal también acusó a Radamés Benítez Cardona, ayudante del acalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, por recibir $17,250 mensuales a lo largo de un periodo de más de cuatro años a cambio de garantizar que el municipio mantuviera a la empresa Waste Collection como contratista a cargo del recogido de la basura, según la acusación federal. Santamaría Torres salió de presidencia de la empresa el pasado 20 de octubre, un mes antes de alcanzar un acuerdo de cooperación con la fiscalía federal.

El contrato de Waste Collection en Cidra conllevaba un pago mensual de $176,000 por recoger la basura de 16,485 unidades equivalente al pago de $10.67 por unidad) y 1,300 yardas de escombros. También incluía aumentos de 3% anuales luego de los primeros 24 meses de vigencia del contrato y el pago de $15 por yarda cuando se excedían las 1,300 yardas iniciales.

MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS

El exalcalde popular Luis Arroyo Chiqués extendió un contrato a Waste Collection con vigencia del 1 de septiembre del 2016 al hasta el 30 de septiembre de 2026. El pasado 16 de diciembre, Arroyo Chiqués se declaró culpable por recibir sobornos de Santamaría Torres. Según el acuerdo de culpabilidad que suscribió, negoció cobrar mensualmente 50 centavos por cada una de las 10,000 residencias cobijadas en el contrato y por el término de vigencia del acuerdo contractual.

El actual alcalde penepé Javier García Pérez todavía mantiene el contrato, aunque anticipó que evaluaba cancelarlo. Ya el ayuntamiento canceló otros contratos con empresas vinculadas a la pesquisa federal por corrupción gubernamental.

Específicamente, el contrato dispone un pago de $95,000 al mes o $9.50 por un estimado de 10,000 unidades. También contempla aumentos escalonados de 2% a partir del 1 octubre 2019, de 2.5% a partir del 1 octubre 2022 y de 3% a partir del 1 octubre 2025. Con estos aumentos, el contrato se eleva de $1,140,000 al año a $1,227,626. Esto significa que el recogido de basura por unidad subirá a $10.23 por unidad.

Previamente, el ayuntamiento mantenía un contrato con V.A. Waste que inicialmente cobraba $9.00 por las 10,000 unidades o $90,000 mensuales, pero que contemplaba aumentos anuales de 2.5% que elevaban el costo por unidad a $9.93 durante la vigencia del contrato, que expiró el 30 de septiembre de 2016.

Pero esta contratación estuvo bajo el radar del Departamento de Justicia porque el representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge Navarro Suárez, presentó una querella ante la agencia acusando al entonces alcalde Arroyo Chiqués y a la empresa de violaciones al contrato porque V.A. Waste utilizaba camiones del ayuntamiento y mantenía un vertedero clandestino.

Según la resolución que emitió el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente el 13 de octubre de 2020, la investigación preliminar que realizó Justicia determinó que la empresa no utilizaba vehículos del ayuntamiento, sino que pertenecían a la empresa pero que el contrató exigía que tuvieran rotulación del municipio.

“No estaba bajo la supervisión del Municipio verificar donde era que se depositaban los desperdicios que según el contrato tenía que ser en un vertedero autorizado en ley. El Municipio nunca puso sus vehículos a disposición de la corporación ya que ésta tenía sus propios vehículos. Quien se beneficiaba de usar vertederos clandestinos era la corporación y no el Municipio ya que no tenía que pagar por dejar la basura en vertederos autorizados por el gobierno”, reza la resolución del Panel.

Ante este cuadro, el Panel acogió la petición de Justicia para archivar el caso.

La resolución consignó que la Junta de Calidad Ambiental impuso multas a la empresa por prácticas ilegales de contaminación y que V. A. Waste apeló la determinación y pidió tiempo para limpiar el terreno donde depositaba la basura sin autorización.

MUNICIPIO DE TRUJILLO ALTO

El municipio, que capitanea el alcalde popular José Luis Cruz Cruz, mantiene un contrato con Waste Collection para el recogido de basura y escombros, que se extiende del 1 de octubre de 2017 al 31 de julio de 2024 por un monto de $24,106,991. El contrato estipula un pago de $11.95 por unidad, que se traduce a un pago de $274,850 mensuales, pero luego de los primeros 36 meses de vigencia entra en vigor un aumento de 3%. El pago anual entonces incrementa de $3,298,200 a $3,712,153.

El acuerdo cobija a 450 unidades comerciales y 23,000 unidades residenciales y un máximo de 2,500 yardas de escombros. De excederse, el límite de los escombros, el ayuntamiento paga $7.50 por cada yarda hasta un tope de $20,833 mensual.

Cruz Cruz ha negado irregularidades en los contratos. Pero la fiscalía federal acusó a su ayudante Radamés Benítez Cardona por recibir $17,250 mensuales o 75 centavos por casa durante el periodo que duró la conspiración (junio de 2017 a julio de 2021) a cambio de garantizar el contrato de Waste Collection. La acusación federal también señaló que recibió un adelanto de $200,000 para asegurar el contrato.

MUNICIPIO DE SAN LORENZO

El alcalde penepé Javier Alveiro Ramos mantiene un contrato con Consolidated Waste, que se extiende del 1 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2031 por un monto de $13,755 millones. El contrato establece que la empresa recogerá la basura de 16,346 unidades por un costo de $7.25 para un pago mensual de $118,508.50.

Casi 600 mil pruebas de detección y 50 mil contagios en lo que va de diciembre

Ante la avalancha de personas que están acudiendo a hacerse las pruebas de COVID-19, la Primera Oficial de Epidemiología de Salud, Melissa Marzán, recordó que los análisis de detección deben estar dirigidos a personas con síntomas, y los contactos cercanos de  personas que arrojaron positivo. Los contactos cercanos deben acudir al quinto día a realizarse la prueba, no es inmediatamente. De otra parte, es importante que sepan que si están positivos deben estar en aislamiento por 10 días y no es necesario hacerse la prueba nuevamente. No tienen que repetir esa prueba”, dijo la epidemióloga.

Primera Hora

Difícil determinar en Puerto Rico si predomina Ómicron en contagios

En días recientes, el miembro de la Coalición Científica y bioestadístico de la Universidad de Harvard, Rafael Irizarry, en alusión al repunte en casos positivos, advirtió en redes sociales que “no sabemos de seguro cuántos de estos casos son ómicron ya que en Puerto Rico prácticamente no hay vigilancia genómica”. Sin embargo, la principal oficial de epidemiología de Salud, Melissa Marzán, planteó que sobre el 90% de los casos que han entrado la última semana son “ómicron probable”. Añadió que mañana, martes, deben estar llegando los resultados de las secuencias que se completaron.

El Vocero

Cinco aspiran a la Alcaldía de Guaynabo

Dana Miró, Edward O’Neill, Julio “Pipe” Abreu, Marigdalia Ramírez y Ricardo “Ricky” Aponte son los aspirantes a la vacante que dejó el hoy acusado federal ex alcalde de Guaynabo,Ángel Pérez. Mientras Samuel Almodovar tiene cinco días para ir al tribunal si quiere impugnar la decisión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) de no certificarlo como candidato. Almodóvar reconoció que hace tres años fue objeto de una investigación en Guaynabo por el uso de un vehículo oficial que, según él: “Quedó en nada y todo terminó a mi favor”. En cuanto a sus planillas, ha indicado que está cumpliendo con un plan de pago autorizado por Hacienda.

El Nuevo Día