¿SABES CUÁNTO Y CUÁNDO DEBEN PAGARTE EL BONO DE NAVIDAD?- Jessica Santiago de Recursos Humanos con Calle explica todo lo que debes saber sobre la tan esperada bonificación.
Los alcaldes de Añasco, Utuado y Camuy instalaron con fondos públicos pistas de patinaje sobre hielo, mientras los ejecutivos municipales de Bayamón y Aguas Buenas, entre otros municipios, utilizaron dinero del erario para celebrar encendidos de Navidad con luces y música en vivo, en momentos en que se quejan por problemas en las finanzas municipales.
Una investigación de Cuarto Poder reveló que el municipio de Añasco otorgó un contrato por $23,500 a Madera Events & Corp. para el alquiler de una pista de hielo artificial, capacitación del personal, personal de operación, luces, 20 patines, un banco y un tablillero.
Además, hubo un segundo acuerdo con Alex Pagán & Co. por servicios de diseño, desarrollo y confección de adornos navideños por una suma de hasta cien mil dólares.
Por otro lado, Utuado invirtió $53,000, según dos contratos publicados en la página web de la Oficina del Contralor. El portavoz de prensa del municipio aseguró a este medio que en ese monto están incluidos los gastos de las actividades de Navidad que duraron cuatro días y que también incluyeron una pista de patinaje.
En cuanto a otros municipios consultados por Cuarto Poder, Bayamón realizó seis actividades que se dividieron en cuatro para la zona rural y dos para la zona urbana. El costo ronda los $250,000 en fondos municipales según indicó la portavoz de prensa.
En Aguas Buenas se celebró un encendido el pasado sábado 27 de noviembre que contó con presentaciones musicales de Límite 21, La Secta, Christian Daniel, entre otros y en el que se otorgaron $4,000 en efectivo en premios de la Copa Alcalde Dominó. Según la portavoz de prensa, el monto invertido en este evento fue de $49,000, también de fondos municipales.
Esta semana trascendió en los medios que algunos municipios han hecho inversiones cuestionables para costear los gastos de actividades con motivo de la temporada de Navidad. El alcalde de Utuado, Jorge Pérez, admitió en entrevista radial (Red Informativa de Puerto Rico) haber utilizado fondos federales para la mitigación del COVID-19 en la instalación de la pista. Mientras tanto, en Camuy también se instaló una pista por un costo de $19,000, según reseñó El Vocero.
El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, señaló hoy que desconocía si el gobernador y presidente de la Palma se reunió con Noé Marcano Rivera, el exalcalde de Naguabo y actual director ejecutivo de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, y con el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz, actual secretario auxiliar de la Gobernación para indagar sus vínculos con la empresa Waste Collection Corp. y el licenciado Oscar Santamaría Torres.
Pero no descartó que esa conversación se hubiera dado al tiempo que adelantó que el Senado trabajará enmiendas para eliminar la discreción que gozan los ejecutivos municipales a la hora de otorgar contratos de recogido de basura, desperdicios y escombros.
“Esa parte no me consta. Obviamente yo no estuve en esa reunión si fue que se dio. No sería atípico que si sale un comentario como el que salió con nombre y apellido, que esos funcionarios le expresen al gobernador ‘mira nosotros no tenemos nada que ver con eso, eso es falso’”, apuntó a preguntas de Jay Fonseca en el programa Los datos son los datos, que transmite a diario WAPA TV.
Ayer, el alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo dimitió a su cargo ayer de forma precipitada en medio de rumores sobre su posible arresto esta semana tras la presentación de acusaciones federales vinculadas a irregularidades en el otorgamiento de contratos millonarios entre el ayuntamiento y la empresa Waste Collection Corp, propiedad Santamaría Torres.
Ante la sorpresa que causó la renuncia de Delgado Montalvo, Waste Collection informó que Santamaría Torres había renunciado al cargo de presidente de la empresa el mes pasado ante los continuos señalamientos de la prensa sobre alegadas investigaciones federales.
Según fuentes de este portal de noticias, también están en la mirilla de los federales Marcano Rivera y Carrasquillo Cruz.
“Yo no la tuve con ellos dos y tengo que decirte que no le he preguntado al gobernador sobre eso, pero tú y yo sabemos que sería razonable que en este caso el jefe, que es el gobernador ante (imputaciones a) dos de sus colabores claro que los llame, claro que les pregunte”, apuntó el senador.
Esta mañana en entrevista en WKAQ, el gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi Urrutia, reconoció que hubo algún tipo de conversación con Marcano Rivera y Carrasquillo Cruz.
“Entiendo que tanto Javier Carrasquillo lo que indica es que aquí no hay nada impropio. Por la información que tengo está muy tranquilo. No tiene por qué preocuparse. En el caso de Noé Marcano la información que me llega es similar”, indicó el mandatario.
Pierluisi Urrutia también reconoció el vínculo de Santamaría Torres con el PNP.
En la entrevista con Jay Fonseca, Ríos Santiago señaló que varios senadores trabajan en propuestas para eliminar la libertad que tiene los alcaldes y alcaldesas de otorgar el contrato de recogido de basura sin realizar subasta para procurar al mejor postor.
“Eso va a pasar en enero, en la sesión extraordinaria. Ya sé de tres compañeros que están trabajando en esa medida. Así que definitivamente va a sufrir cambios esa discreción que tienen los alcaldes”, apuntó.
Solo en el pago de horas extras, el gobierno de Puerto Rico desembolsó en los pasados seis años más de $9.6 millones a los agentes de la Policía que trabajan como escoltas de exgobernadores, funcionarios electos y servidores públicos.
También ha pagado $37,366 en gasolina hasta el 15 de octubre y $8,634 en el mantenimiento de esa flota de vehículos, que permite a los exgobernadores y funcionarios públicos esquivar el tráfico de camino a sus citas de negocios o de trabajo.
Pese a que la información que ofreció el Negociado de la Policía a Cuarto Poder está incompleta, consigna que durante el periodo del 2016 al 2021 las escoltas de los exgobernadores Pedro Rosselló Nevares, Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla, Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón cobraron ‘overtime’ consistentemente.
García Padilla se estrenó como exgobernador en el 2017. Hernández Colón falleció el 2 de mayo de 2019 y dos años más tarde, el 2 de mayo de 2021 murió Romero Barceló.
La escolta de Wanda Vázquez Garced también cobró tiempo extra mientras la exfiscal ocupó el cargo de secretaria de Justicia y los agentes que acompañan a la comisionada residente Jenniffer González Colón cuando está en la isla también han cobrado ‘overtime’ desde que juró como la funcionaria electa sin voto en el Congreso de Estados Unidos.
Pese a que Rosselló González y la comisionada residente pasan largas temporadas en Estados Unidos, sus escoltas reciben un holgado cheque de horas extras.
La información también refleja que la exsecretaria de Educación y ahora convicta federal, Julia Keleher, tenía escolta en el 2019 y que el secretario de la Gobernación William Villafañe, el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario y los directores de Puertos Anthony Maceira y Joel Pizá gozaron de ese privilegio.
Actualmente hay tres secretarios que tienen escoltas debido a amenazas. Por razones de seguridad, el Negociado de la Policía, no divulgó sus nombres.
La mayor tajada de horas extras se pagó en el 2017, año en el cual el huracán María devastó el archipiélago dejando el país a ciegas y muchas carreteras intransitables. Ese año, el gobierno desembolsó $2.5 millones en pago en exceso de la jornada ordinaria de ese ejército de escoltas. Los cinco funcionarios con el gasto más grande de escolta fueron el expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez ($333,992), el expresidente del Senado Thomas Rivera Schatz ($281,304), el secretario de Estado Luis Rivera Marín ($254,813), el exgobernador Carlos Romero Barceló ($245,501) y el exgobernador Alejandro García Padilla ($244,184). Las escoltas del expresidente de la Junta Control Fiscal (JCF), José Carrión III, también reclamaron otros $172,956 por trabajo fuera de su horario regular.
El año antes, que incluyó el periodo de las elecciones, el gobierno pagó $1,095,386 en horas extras. Los datos de la Policía indican que las escoltas que más facturaron ‘overtime’ en el 2016 fueron las del expresidente del Senado, Eduardo Bhatia Gautier, ($184,991), de Rosselló González ($153,518), del secretario de Estado y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, David Bernier ($139,416), de Romero Barceló ($138,272) y de la candidata a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago ($105,644).
La información oficial, sin embargo, no menciona si el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien ganó las elecciones generales tenía escolta y si incurrió en pago de ‘overtime’.
En el 2018, el gobierno pagó $2.3 millones y en el 2019 desembolsó $1.7 millones. Durante el 2020, año de la pandemia y del encerramiento para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno pagó $990,575 en tiempo extra y en lo que va de ese año ya ha pagado $965,780 en ese gasto que para muchos constituye un exceso en tiempos de la quiebra gubernamental.
Durante el cuatrienio del 2017 al 2020, las escoltas de Rivera Schatz, de Méndez Núñez y del Presidente de la JCF se mantuvieron entre los equipos de seguridad que más facturaron tiempo extra.
La funcionaria que más gasolina ha quemado este año -entre enero y octubre 15- es la exgobernadora Vázquez Garced, quien ocupó La Fortaleza durante 16 meses. El gobierno pagó $11,353 por el combustible que usan sus dos vehículos. Le siguen Fortuño Burset ($7,715), el presidente Senado José Luis Dalmau ($5,126), García Padilla ($3,935), la Comisionada Residente ($3,554), el Secretario de Estado ($3,070) y Rosselló González ($1,726).
Jenniffer González tiene tres vehículos
Todos tienen dos vehículos, menos González Colón, que tiene tres, según el listado que ofreció el Negociado de la Policía.
Sin ofrecer detalles de la contratación, el Negociado de la Policía indicó que la que el Departamento de Hacienda mantiene un contrato con la Policía, que cubre el servicio de escolta del Secretario de Hacienda. Además, la JCF tiene un contrato vigente del 15 de julio de 2021 hasta el 31 de mayo de 2022 para cubrir los gastos de escolta de sus miembros. La escolta de la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, está en manos de una empresa privada.
La Policía no explicó si previo a estos contratos la agencia pagaba por el gasto de escolta y ahora ese gasto cambia de bolsillo.
Luego de tres meses de espera, los datos que ofreció el Negociado de la Policía a Cuarto Poder no incluyen el salario regular que devengan esos oficiales convertidos en escoltas y que en el caso de la exgobernadora Vázquez Garced, esperan pacientemente en dos guaguas mientras la exsecretaria de Justicia dicta sus clases en la Universidad Interamericana en Cupey.
También omitió los datos relacionados a la escolta del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y de las escoltas que acompañaron a los exgobernadores Vázquez Garced y Ricardo Rosselló Nevares en su paso por la jefatura del país. Tampoco incluyó el listado completo de todos los candidatos que solicitaron escolta durante el periodo de las elecciones del 2016 y del 2020.
El primer caso estadounidense de la variante ómicron del Covid-19 ha sido detectado en el estado de California.
La Organización Mundial de la Salud a designado al ómicron como una variante preocupante y de alto riesgo a nivel global. Fue identificada por primera vez en Sudáfrica y desde entonces Estados Unidos a restringido los viajes provenientes del país africano.
Los científicos aún están estudiando al ómicron para determinar cómo se transmite, cuáles son sus efectos y si la vacuna de Covid-19 funciona ante esta nueva variante. Usar mascarillas, el lavado constante de manos y el distanciamiento físico siguen siendo métodos funcionales de prevención.
Fuente: CNN Health
Luego de un análisis concienzudo sobre las medidas incluidas por el Gobernador en una convocatoria a sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reiteró el compromiso que tiene este cuerpo de atender medidas relevantes para el país de una forma responsable y con el tiempo que requieren cada una de ellas.
“La Cámara sesionará este próximo lunes y cumplirá con su deber constitucional. Sin embargo, hay que señalar que las piezas legislativas de esta convocatoria no son asuntos que quedaron pendientes de la segunda sesión ordinaria que culminó recientemente, y pueden verse detenidamente en el mes de enero”, expresó el líder cameral.
Hernández Montañez cuestionó que no se haya incluido el Proyecto de la Cámara 3 (Reforma Laboral), considerando que es uno de alto interés para la clase trabajadora, que ha cifrado todas sus esperanzas en una legislación que les haga justicia luego de tantos años de constantes atropellos a sus derechos laborales.
“En la Cámara atendimos diligentemente la Reforma Laboral y la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el compañero Domingo Torres García, realizó una excelente labor que incluyó la alta participación de diversos sectores y los gremios que representan a los trabajadores del país. No quisiéramos pensar que el Gobernador continúa posponiendo una verdadera justicia para la clase trabajadora”, añadió Tatito Hernández.
De otra parte, el Presidente cameral dijo que utilizará esta sesión para adelantar los asuntos administrativos pendientes en la Cámara tales como los informes de la Comisión de Ética respecto a los referidos de los representantes Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana, Er Yazzer Morales Díaz y Wanda del Valle Correa del Partido Nuevo Progresista.
Sobre la posibilidad de pérdida de fondos federales si no se atiende el Proyecto de la Cámara 911, Hernández Montañez sostuvo que “reconoce la atención que amerita esta medida y por esa misma razón la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores presidida por la compañera Lisie J. Burgos, ha estado trabajando mano a mano con el ejecutivo para refinar el proyecto sometido y aprobar una versión de consenso y que sea implementable, ya que durante vistas públicas y ejecutivas, se han identificado varias fallas y deficiencias estructurales en el Departamento de la Familia”.
“Para que este estatuto no sea letra muerta, hay que enmendar el presupuesto del Departamento de la Familia para asignarle los recursos necesarios para la contratación de personal en cumplimiento con las leyes federales. Por ende, estaremos atendiéndolo de forma integrada tan pronto inciemos la próxima sesión y culmine el proceso de quiebra que se está llevando en la sala de la jueza Taylor Swain”, manifestó Hernández Montañez.
El Departamento de Justicia recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exalcalde Enrique Questell Alvarado por existir causa suficiente para creer que infringió varias disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y leyes especiales al nombrar a la Sra. Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel, en incumplimiento con los requisitos establecidos por ley, y obstaculizar los procesos de auditoría llevados a cabo por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Así lo informó hoy el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien acogió un informe emitido por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia tras completar una investigación preliminar originada por un referido de la OCPR.
Conforme a la investigación de la DIPAC, el exalcalde pudo haber violado las disposiciones de los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico, sobre la omisión en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, respectivamente. También pudo haber incumplido con las exigencias de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos y la Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
“Las acciones del exalcalde podrían constituir: (1) violación a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Núm. 37-2004, Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Dicha legislación tipifica como delito grave que una persona o funcionario retrasare, obstruya o impida una auditoría o investigación que lleve a cabo la OCPR, o cualquier funcionario designado por éste para llevar a cabo dicha gestión; y (2) al artículo 11.027 (a) de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos, que dispone, en lo pertinente, que toda persona que intencionalmente viole cualesquiera de las disposiciones de esta ley, o que viole las ordenanzas, reglamentos o las normas aprobadas en virtud de esta, incurrirá en delito menos grave”, lee el informe.
“El 1 de junio de 2021, se recibió en el Departamento de Justicia el informe de auditoría M-21-43 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el cual contiene recomendaciones para investigar un hallazgo relacionado con el nombramiento y la remuneración de la exdirectora de Finanzas del municipio de Santa Isabel, Sra. Carmen Rivera Torres, realizado por el exalcalde de dicho municipio, Enrique Questell Alvarado, en contravención a las leyes aplicables. Inmediatamente, referimos el informe a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Ayer, remitimos a la OPFEI el resultado de la investigación preliminar que realizamos por disposición de ley”, explicó el secretario Emanuelli Hernández en un parte de prensa.
El informe de auditoría de la OCPR señala que el nombramiento de la exdirectora Rivera Torres fue ilegal debido a que no tuvo el aval de la Legislatura Municipal de Santa Isabel y la funcionaria no contaba con un bachillerato en un área relacionada con el puesto que ocupaba. Tampoco estaban presentes los elementos exigidos para que a la funcionaria se le concediese un interinato ni el pago de un diferencial, que constituye una compensación especial, adicional y separada al sueldo regular.
Además, el informe de auditoría contiene un comentario especial, señalando varias acciones y omisiones cometidas por el exalcalde Questell Alvarado que retrasaron y obstaculizaron los procesos de auditoría llevados a cabo por los auditores de la OCPR en el municipio de Santa Isabel. En dicho informe se presenta en detalle las circunstancias que afectaron los procesos de auditoría, tales como, cancelación de las entrevistas, reuniones con el exalcalde en las cuales manifestaba que suspendía la auditoría y el retraso en la entrega de los documentos requeridos por los auditores, entre otras.
Debido a que la investigación continúa, ahora bajo la jurisdicción de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.
El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, informó hoy que la colectividad celebrará una elección especial en los próximos 30 días para escoger al nuevo alcalde de Cataño, tras la abrupta renuncia ayer del ahora exalcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo en medio de rumores ante su posible arresto.
Anoche la Asamblea Municipal de Cataño nombró a Gabriel Sicardó como vicealcalde del ayuntamiento, quien quedará a cargo de la poltrona municipal hasta que se escoja al nuevo regente.
“Lo importante es que se proceda a sustituir el alcalde. El Código Electoral exige se lleve a cabo una elección de pueblo en el término de 30 días. Así que yo me voy a ocupar con el equipo de mi partido de que esa elección se lleve a cabo y todos los que quieran aspirar lo puedan hacer para que Cataño tenga un alcalde o una alcaldesa en funciones de forma permanente, en propiedad a la brevedad”, afirmó Pierluisi Urrutia en entrevista con Rubén Sánchez en WKAQ.
“En o antes de 30 días esa elección se tiene que dar y todos los que quieran aspirar van a tener la oportunidad. Yo no quiero que eso sea de dedo. Esto tiene que ser una cuestión democrática”, agregó.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convocó hoy a todos los senadores y representantes a una Sesión Extraordinaria que comenzará el próximo lunes 6 de diciembre para atender seis medidas puntuales y medulares. Entre estas, el proyecto de Administración que crearía la nueva “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar” y el que enmienda varias leyes vigentes para permitir que los retirados del gobierno puedan regresar a trabajar sin que se afecten sus pensiones.
También, se incluyó un proyecto legislativo que clarifica los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).
“Como he indicado anteriormente, en las Sesiones Extraordinarias se deben atender asuntos puntuales y medulares que no deben esperar más tiempo. En el caso de la medida que crea la “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar”, de no aprobarse la misma, se perderían millones en fondos federales necesarios para salvaguardar el bienestar de nuestra niñez. Convoqué a todos los legisladores para que den paso a proyectos sumamente importantes que inciden directamente en la vida y entorno social de nuestros menores de edad y pensionados del Gobierno, entre otros sectores de la sociedad. Exhorto a la Asamblea Legislativa a atender con sentido de urgencia las medidas presentadas en esta Sesión Extraordinaria por el bien de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador Pierluisi.
Con la aprobación del proyecto de Administración 28 (Proyecto de la Cámara 911) que establecería la “Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar” se garantiza el cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la ley del Seguro Social, según enmendada por la ley federal Family First Prevention Services. Es una exigencia de la ley federal que la legislación estatal sea consistente con las disposiciones federales.
Se desprende del proyecto que durante el 2019 en Puerto Rico se recibieron 17,474 (30.5 por ciento) referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8,365 (47.9 por ciento) fueron fundamentados. Ante esto, y según investigaciones esbozadas en la Exposición de Motivos de que un entorno familiar estable y seguro es importante para la salud y bienestar de los niños, es que se propone, entre otras cosas, que el enfoque, como primera alternativa, sea la prevención del maltrato y negligencia, y la preservación de la unidad familiar por medio de una intervención temprana. Todo esto, siempre y cuando sea un ambiente seguro para los menores de edad. Al mismo tiempo, en el proyecto se establecen penalidades a todo padre, madre, persona responsable del menor o cualquier otra persona que por acción incurra en actos o conducta constitutiva de delito
De hecho, otra medida incluida en la convocatoria es el proyecto de Administración 51 (Proyecto del Senado 654) que enmienda el Código Civil que entró en vigor hace un año. El proyecto senatorial, que también incluye a las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación, establece con claridad cuál es la norma de suspensión de la prescripción en cuanto a la minoridad de una persona, y mientras dure un estado de incapacidad declarado siguiendo el debido proceso en los tribunales.
En temas de los pensionados, Pierluisi incluyó el proyecto de Administración 1 (Proyecto de la Cámara 533) para proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados por retiro, por edad o por años de servicio, retirados mediante programas de retiro incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada para que puedan regresar a laborar en un empleo regular parcial que en tiempo y retribución no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo. También, en un empleo en el cual perciba retribución no mayor de la mitad que le correspondería al mismo empleo si fuera jornada completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público.
“Al igual que todas las piezas legislativas sometidas, espero con ansias este proyecto de Administración porque todo servidor público retirado que desee aportar nuevamente a Puerto Rico lo puede hacer sin que se menoscabe su pensión, esto nos ayudará a reclutar personal capacitado para los sectores de educación, familia, seguridad, entre otros”, argumentó Pierluisi quien ha defendido a los pensionados ante las determinaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF).
Otra pieza legislativa que deberá ser evaluada en la Sesión Extraordinaria es el Proyecto del Senado 45 que enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” de 2017 que expande los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del NMEAD, puesto que ocupa interinamente el rescatista Nino Correa.
Según propuesto, la persona que ocupe dicho puesto deberá tener conocimiento y destrezas en administración y evidenciará haber obtenido, como mínimo, un grado académico de maestría de una institución universitaria acreditada o contar con vasto conocimiento en la materia acreditando al menos seis años de experiencia y destrezas en las áreas que maneja el Negociado, así como en manejo de emergencias y administración de desastres.
De otra parte, ypara subsanar deficiencias legales de la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” en torno a los vehículos todo terreno, “off road’”, de baja velocidad, incluyendo ahora los Polaris/Can- Am, se insertó en la convocatoria a la Sesión Extraordinaria el proyecto de Administración 11 (Proyecto del Senado 255) que adopta una nueva definición de este tipo de vehículos. Están exceptuados los vehículos que estén registrados y se les haya concedido un permiso y tablilla autorizándolos a transitar por las vías públicas-autopistas-caminos y carreteras pavimentadas. De igual forma, sucede con los vehículos que pertenecen al gobierno federal y estatal autorizados bajo las condiciones establecidas.
Por último, el gobernador, a través de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, presentó el Proyecto 1107 que realiza enmiendas técnicas a la “Ley Ashanti” para aclarar que el estatuto aplica a personas de 18 años o más.
El gobernador tiene el poder de convocar a la Asamblea Legislativa a Sesión Extraordinaria por disposición constitucional en la que se atenderán exclusivamente las piezas legislativas solicitadas por la Rama Ejecutiva.
Todas las mañanas hago este resumen de noticias para que empieces tu día informado. Aquí encontrarás las noticias más importantes en los medios locales, los medios internacionales y te comparto además mi análisis.