Justicia evaluará referido para destituir a la delegada congresional Elizabeth Torres

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli atenderá el referido que hizo la organización Young Democrats para destituir a Elizabeth Torres como delegada congresional.

Así lo confirmó la licenciada Joan Hernández, portavoz de prensa del Departamento de Justicia, a este portal de noticias.

De acuerdo al Artículo 12 de la Ley 167 que habilita la delegación congresional, el incumplimiento de alguno de los deberes dará paso a un proceso, que podrá ser incoado por el Secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra el incumplimiento.

El estatuto no detalla la lista de deberes de un delegado congresional.

Sin embargo, en el documento presentado por la organización Young Democrats se señala que “el Departamento de Justicia debe examinar si la Sra. Torres ha incurrido o no en perjurio tras comprometerse bajo juramento a realizar acciones que, posteriormente, por sus propias expresiones, actos e insinuaciones ha minado y desacreditado”.

Torres dijo en una entrevista que la legislación que habilitó a los cabilderos de la estadidad es un “espejismo” y calificó al Partido Nuevo Progresista como “corrupto”.

Presidenta del FEI: “La mayor corrupción, la de todos los días es el favoritismo”

Presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives. Suministrada.

La jueza presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto Vives, discrepó de la decisión del juez Aldo González Quesada, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que exoneró ayer al ex presidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker Ramos y al ex rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino de haber usado fondos públicos para beneficiar a terceros en el caso de las becas presidenciales.

Cotto Vives indicó que Walker Ramos y Severino Valdez, utilizaron los deberes y las facultades de sus cargos para obtener, directa o indirectamente, beneficios a favor de una persona privada en contravención al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico.

“Lo importante que quiero llevar es que cuando es un ámbito ético y administrativo no deja de ser un delito, porque quien autorizó fue Walker (Ramos); si autorizas el desembolso contrario a la ley y al reglamento hay leyes que tipifican esto como delito”, sotuvo la ex jueza en entrevista con Jay Fonseca en WKAQ 580 AM.

“A fin de cuentas el resultado neto es que se beneficiaron unas personas con fondos públicos fuera de la reglamentación y eso quedó impune”, sentenció.

La pregunta es, cuestionó Cotto Vives, si cualquier persona tendría acceso para que se desembolsen cheques en cuestión de horas, fuera de lo que dice el reglamento. Agregó que eso es “favoritismo”.

Agregó que la corrupción más común es el favoritismo para “dar aumentos de salario, para otorgar subastas”.  “Esa es la mayor corrupción, esa es la corrupción de todos los días”, concluyó.

Pierluisi deja en manos del Supremo selección de nuevo presidente de la CEE

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia enviará una misiva mañana al Tribunal Supremo para informarle oficialmente que sobre ese cuerpo recaerá la selección del presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones.

Así lo confirmó a este portal de noticias el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo Ríos.

En la carta, no incluirá nominados, ni recomendaciones porque el nuevo Código Electoral, aprobado por la mayoría penepé a cuatro meses de las pasadas elecciones generales, no contempla esa posibilidad.

“No puede enviar nombres”, indicó Mundo Ríos.

A partir de esa comunicación, comienza a correr el término de 15 días que concede la ley electoral para escoger a los los sucesores del presidente Francisco Rosado Colomer y de la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera. Los términos de ambos jueces expiraron el 30 de junio. 

La polémica ley electoral, que se aprobó sin el consenso de los partidos de oposición, no ofrece un mapa de ruta para ese proceso de selección. Desde ayer, este medio digital espera por una respuesta del Poder Judicial sobre el trámite que seguirá para escoger a los nuevos regentes del ente electoral.

“Tendrán 380 alternativas porque esa es la cantidad de jueces superiores que hay”, indicó Mundo Ríos.

“Mi petición, mi súplica, es que escojan a dos jueces cuyos términos acaben después del 31 de diciembre de 2024 y de las elecciones generales”, agregó.

Este nuevo escenario, que algunos expertos aseguran viola la doctrina de separación de poderes, ocurre luego de que el Gobernador y presidente del PNP sometió una lista de cuatro candidatos, dos jueces y dos juezas, para la evaluación de los comisionados electorales.

Una jueza solicitó el retiro de su nombre, mientras que los comisionados electorales del Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no lograron unanimidad en torno a los restantes tres nominados.

El proceso entonces se mudó a la Asamblea Legislativa, que descartó evaluar el  nombramiento del juez Jorge Rivera Rueda para presidir el ente electoral y del juez Edgar Figueroa Vázquez para el cargo de presidente alterno.

El Código Electoral viejo y el nuevo contemplan la intervención de la Asamblea Legislativa en el proceso de selección de los regentes de la CEE. Pero en una movida, que algunos analistas políticos tildan de concentración de poder de parte del PNP, la nueva política electoral intercaló al Tribunal Supremo en ese proceso de selección. Actualmente una mayoría estadista domina la curia.

Fuentes de este medio ya habían adelantado que había iniciado un proceso de negociación para que la mayoría nombrara a un candidato de su confianza y un candidato de la lista de recomendados de Pierluisi Urrutia.

Mundo Ríos, ante preguntas de este medio, respondió que desconocía que hubiera algún tipo de negociación entre el Ejecutivo y los jueces de la mayoría.

Jefe interino de Bomberos enfrenta querella ética

De izquierda a derecha, Iván Moreno Cordero, jefe interino del Negociado de Bomberos; el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres. Suministrada.

El Comisionado Interino del Negociado de Bomberos, Iván Moreno Cordero, enfrenta una querella de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), por supuestamente utilizar su puesto para otorgar un beneficio a una empresa privada y por fallar en el cumplimiento del deber.

El funcionario público, habría autorizado a las compañías Super Asphalt Pavement, Corp. y JR Site Construction, Corp. utilizar el hidrante de agua que se encuentra en la Estación de Bomberos de Arecibo para llenar camiones cisterna para propósito no autorizado en el Reglamento Sobre Uso de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Puerto Rico. Los hidrantes de agua son regulados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

La querella, además, detalla que Moreno Cordero, autorizó que los empleados de Super Asphalt y JR Site Construction tomaran una llave de columna la cual utilizaban para abrir el hidrante de agua.

“Con esta acción, el Querellado benefició a Super Asphalt y JR Site, al éstas no tener que asumir el costo del consumo de agua utilizada para llenar los camiones cisterna”, se narra en la querella. Asimismo, permitió el uso de equipo del Negociado de Bomberos. 

Por su parte, el comisionado interino del Negociado del Cuerpo de Bomberos, dijo que esta semana recibió una querella por parte de la Oficina de Ética Gubernamental por supuestamente beneficiar a terceros, pero “nunca he actuado contrario a la ley, mas por tratarse de una investigación en curso, no haré comentarios adicionales. Continúo trabajando, velando por nuestros bomberos y el bienestar de nuestra isla”.

El Comisionado es señalado por violar dos incisos del Artículo 4.2 de la Ley de Ética por hechos que habrían ocurrido en el verano de 2019.

Por otro lado, se incluye en la querella que, para los meses de septiembre a octubre de 2019, el funcionario público autorizó a Super Asphalt y JR Site a estacionar los equipos de asfalto en el Área de Prevención de la Estación cuando sólo está permitido el uso de esta zona para el equipo del Negociado. 

Moreno Cordero, podría enfrentar multas de hasta $20 mil por cada infracción a la Ley de Ética 

Ahora estos señalamientos esbozados en la querella pasan a ser evaluados en un proceso adjudicativo en la Oficina de Secretaría de la OEG.

El Comisionado Interino de Bomberos tendrá 20 días para contestar las alegaciones de la querella que fue firmada el pasado 3 de septiembre de 2021. 

Defensa de Juanma López insiste en la rebaja de fianza

Al reconocer que su representado no cuenta con los medio para pagar su fianza, la defensa del excampeón Juan Manuel “Juanma” López Rivera volvió a presentar una petición para que el Tribunal de Caguas evalúe rebajar esa garantía de comparecencia de $175,000 a $10,500 para que pueda salir de la cárcel mientras se dilucida el proceso criminal en su contra.

El juez Jorge Díaz Reverón atenderá la petición mañana a las 9:30 a.m.

En la moción de cinco páginas, el licenciado Jaime Barceló Sosa planteó que la fianza impuesta a su representando vulneraba su derecho constitucional a la fianza por tratarse de monto que no podía prestar dada su situación económica.

“Que los recursos económicos del imputado son muy escasos, no cuenta con certificados de ahorros, inversiones en la bolsa de valores, cooperativa o asociaciones de ahorro y crédito, ni titularidad sobre bienes inmuebles, pues, como cuestión de hecho, su patrimonio es limitado y fundamentalmente está integrado de bienes de uso, los que no son apreciables. en el mercado y si apreciables no son de fácil realización monetaria”, argumentó el letrado.

“Que los familiares, amistades y personas con intereses a favor de nuestro cliente, se encuentran en la posición de poder recolectar la cuantía de $1,000 por lo cual se solicita de este Honorable Tribunal, modifique la cuantía de fianza establecida en la etapa re RegIa 6 a $1,500 por denuncia para poder prestar la fianza en el caso de epígrafe y este quedar en la libre comunidad mientras se ve el Proceso Judicial en su contra”, agregó.

Barceló Sosa apuntó que López Rivera tiene vínculos con la comunidad y que tiene una hija menor de edad que requiere de su presencia y manutención. También señaló que el imputado se allanó a la determinación de causa probable para arresto.

No mencionó de forma directa la violación a las condiciones de la fianza, que despachó como “situaciones procesales” y provocaron que el PSAJ revocara la fianza y solicitara su arresto.

Ayer, el juez José D’Anglada Raffucci del Tribunal de Caguas rechazó una moción de la defensa para que dejara sin efecto la revocación del privilegio de fianza diferida que gozaba el imputado hasta la semana pasada porque corresponde a otro juez o jueza atender ese tipo de petición.

López Rivera se encuentra sumariado en la cárcel de Bayamón desde el pasado miércoles cuando el Programa de Servicio con Antelación al Juicio (PSAJ) canceló la fianza diferida que le permitía estar bajo arresto domiciliario y con grillete electrónico luego que envió un mensaje a su expareja Andrea Ojeda Cruz durante una entrevista de televisión. Esta acción del expúgil violentó las condiciones de su fianza diferida.

Durante la entrevista concedida al programa televisivo “Día al Día”, el expúgil afirmó que quería hacer unas “declaraciones para el pueblo y para la misma Andrea” a pesar de la orden protectora que impide que se comunique con su expareja.

El propio López Rivera reconoció la existencia de esa veda en la entrevista al afirmar que no había hablado con la mujer porque “tenemos una orden de protección y estamos completamente distanciados. No podemos tener ningún tipo de comunicación”. 

También dijo que amaba a la mujer y dejó en manos de Dios que la relación continúe cuando culmine el proceso criminal, expresiones que los expertos en temas de violencia doméstica aseguran forman parte del ciclo de manipulación de los agresores.

El hombre enfrenta siete cargos criminales por maltrato físico, sicológico, mediante amenaza y daños a la propiedad, en violación a los artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54 o de Violencia Doméstica por someter a su expareja a un patrón de maltrato físico y psicológico. 

Aseguran aspirantes para presidir la CEE violaron el Código Electoral

Sede de la Comisión Estatal de Elecciones en Hato Rey.

Pese a que aspiraban a presidir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), los tres candidatos evaluados y descartados por los comisionados electorales para ocupar ese cargo violaron el Código Electoral -la ley rectora de la institución- al votar fuera de su precinto electoral.

Hasta el momento solo había trascendido que el juez Jorge Rivera Rueda votó en un precinto en Cidra a pesar de que reside en el municipio de Caguas en las pasadas elecciones generales.

Pero este portal de noticias confirmó a través de dos fuentes que la actual presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, y el juez Raúl Candelario López también emitieron su sufragio en un colegio de votación que no les correspondía.

Según las fuentes, el dato afloró durante las entrevistas realizadas por los comisionados electorales del Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. Como parte de las reglas del juego, el Partido Nuevo Progresista (PNP) solicitó que no se divulgaran los nombres de los candidatos entrevistados para evitar que se les marcara como militantes de la colectividad.

Previo a la evaluación de los comisionados electorales, los candidatos y candidatas atravesaron por un proceso de evaluación interno del PNP. Luego el gobernador y presidente de la Palma, Pedro Pierluisi Urrutia, escogió a sus favoritos y los sometió a la consideración de la oposición.

Ninguno de los tres candidatos logró el consenso de los comisionados electorales, quienes solicitaron a Pierluisi Urrutia que presentara nuevos candidatos o candidatas. Pero el Presidente de la Palma descartó esa ruta. En cambio, sometió a la Asamblea Legislativa la nominación del juez Rivera Rueda para presidir la CEE y del juez Edgar Figueroa Vázquez para el cargo de presidente alterno.

De inmediato, la designación de Rivera Rueda recibió la censura de la comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte Dones, quien aseguró que dicha infracción a ley electoral lo inhabilitaba para ocupar el cargo.

Ayer, el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago, informó que la Asamblea Legislativa no evaluará las designaciones porque objeta el proceso establecido de selección establecido en el Código Electoral, aprobada por la mayoría del penepé el cuatrienio pasado a cuatro meses de las elecciones generales, y que algunos expertos en derecho aseguran viola la doctrina de la separación de poderes.

La decisión ahora recaerá sobre el Tribunal Supremo, cuya mayoría estadista debate la posibilidad de nombrar a sus propios candidatos.

Pánico por Evergrande, la enorme empresa de China cerca del colapso

Hoy las portadas de los periódicos más importantes del mundo hablan de una burbuja inmobiliaria en China parecida a la que ocurrió en Estados Unidos en el 2008. Desde el 2010 se viene advirtiendo de que el mercado de propiedades en China está fuera de control al punto de que tiene las propiedades más caras por ingreso promedio en el mundo entero en diversas ciudades principales.


Hasta ahora el gobierno comunista no ha anunciado que esté dispuesto a rescatar a la firma Evergrande, pero hoy en la mañana la empresa dijo que consiguió un acuerdo para evitar el impago de este jueves.

La advertencia global era que mañana podría ser el día chino parecido a cuando Lehman Brothers en Estados Unidos colapsó y no pudo pagar su deuda causando un problema sistémico en todo el mundo financiero.

La empresa no ha dicho si pudo pagar en efectivo a sus acreedores o si va a pagar en propiedades como lleva haciendo hace meses. El acuerdo es temporal, por lo que se teme que ellos yo otras firmas estén simplemente posponiendo el problema. 

The Wall Street Journal