Destituyen a la jefa de Adfan

La licenciada Yaitza Maldonado Rivera

Yaitza Maldonado Rivera, administradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan) del Departamento de la Familia, fue removida de su cargo hoy, aseguraron tres fuentes por separado.

Las fuentes de este portal de noticias aseguran que la abogada fue relevada del puesto que ocupó brevemente debido a que mostró sus reparos con los referidos al Departamento de Justicia de los empleados vinculados al caso del niño Jayden Santiago, que falleció en Aguas Buenas, por severo trauma corporal supuestamente provocado por su progenitor.

Al filo de las 7:00 p.m., la portavoz de prensa de la agencia, Lisdián Acevedo confirmó la salida de la funcionaria por una razón de confianza.

Negó que la razón para destitución de la funcionaria tuviera que ver con los referidos a Justicia y aseguró que la funcionaria no estuvo trabajando durante el período que se llevó a cabo la investigación interna.

“Los puestos de administradores de las administraciones adscritas al Departamento de la Familia son puestos de confianza, por lo tanto, en cualquier momento que el Secretariado entienda que un administrador o administradora no debe continuar con sus funciones, por la razón que sea, puede ser removido de su puesto”, agregó por su parte Ángel Torres, portavoz de la agencia.

Previo a ocupar el cargo de jefa de Adfan, Maldonado Rivera se desempeñó como secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública del Departamento de Educación.

Reclaman al Negociado de Energía que rechace alza en la luz y celebre vistas públicas

Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol radicaron ante el Negociado de Energía de Puerto Rico una solicitud para que el ente regulador deniegue de inmediato la petición de aumento en la tarifa presentada por LUMA Energy y para que lleve a cabo una investigación más amplia, incluyendo vistas públicas.

“Un aumento en la tarifa de 2.5 centavos por kWh va a tener un impacto grande en la gente que ya ha estado sufriendo este verano el embate de LUMA con apagones constantes, fluctuaciones de voltaje y un pésimo servicio al cliente”, dijo Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración y parte de Queremos Sol. 

“El Negociado debe llevar al cabo vistas públicas y prestar atención a las necesidades y el sentir del pueblo”, añadió en declaraciones escritas.

En la vista técnica del Negociado celebrada el 22 de septiembre, los representantes de LUMA plantearon que la causa más significativa del propuesto aumento tarifario era las averías de varias plantas de generación, lo que provocaron la utilización de unidades menos eficientes y más costosos. Mencionaron que la unidad 6 de Costa Sur, una de las más baratas del sistema, probablemente vaya a estar fuera del servicio hasta diciembre o enero. Lo que no se discutió en esta vista es si las acciones o la negligencia de LUMA han contribuido a algunas de estas averías.

“Entendemos que la salida de Costa Sur 6 fue a causa de vibraciones tras una avería en una línea de transmisión el 22 de agosto. La ausencia de esos 400 MW hasta diciembre o enero va a tener un impacto significativo en el costo total del sistema, lo que estimamos entre $15 y $20 millones de dólares”, dijo Agustin Irizarry, catedrático de ingeniería eléctrica del Recinto Universitario de Mayagüez y colaborador de Queremos Sol. 

Irizarry añadió que “la experiencia con LUMA en los pasados meses ha confirmado que no tienen la fuerza laboral capacitada y experimentada para operar bien el sistema de transmisión y distribución. Reclamamos al Negociado que investigue si la avería de Costa Sur 6, y cualquier otra unidad, fue a causa de negligencia o pobre manejo de LUMA. De ser así, LUMA debe ser responsable por esos costos. Esto se tiene que investigar y aclarar antes de considerar el aumento a los clientes”.

También surgió durante la vista de 22 de septiembre que LUMA pretende que los clientes paguen por el incumplimiento de contrato de New Fortress Energy, empresa que ha estado en la mirilla de la Federal Energy Regulatory Commission por construir y operar un terminal de gas en San Juan sin los debidos permisos, y que cuenta con un contrato multimillonario para suplido de combustible a las Unidades 5 y 6 de San Juan. Según trascendió en la vista, New Fortress enfrentó problemas con el suplido de combustible y tuvo que utilizar un combustible más costoso. Según la Sección 9.1 del contrato entre New Fortress y la AEE, es New Fortress la responsable de absorber estos costos. Las organizaciones de Queremos Sol estimaron que estos gastos representan aproximadamente 12% del propuesto aumento tarifario.

En el escrito radicado, las organizaciones de Queremos Sol expresaron sobre esto: “Urgimos al Negociado asegurar que no sea el pueblo el que pague por el incumplimiento de la empresa privada”.

Las organizaciones también enfatizaron el empeoramiento en el servicio desde que LUMA Energy asumió el control de la red eléctrica el 1ro de junio. “En el primer trimestre del contrato, hemos pagado casi $30 millones de dólares a LUMA Energy para brindarnos un servicio deficiente”, planteó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol. “Esta cantidad equivale a 30% del aumento propuesto, que muy bien pudo haberse utilizado para absorber un alza, si es que algún alza procediera”, añadió la ingeniera.

Vila Biaggi indicó, además, que “como enfatizamos desde el primer día: esta privatización no brinda ahorros. Anticipamos que la privatización de la generación – un proceso que se está dando de espaldas al pueblo y que es liderado por los mismos actores que nos trajeron el contrato de LUMA – va a resultar en aún más contratos leoninos y costosos.”

Las organizaciones que apoyan la propuesta Queremos Sol apuntan en sus comentarios al Negociado que el propuesto aumento en la tarifa destaca la necesidad de una transformación real del sistema de generación hacia la energía renovable, específicamente la energía solar en techos. “Fundamentalmente, nuestra tarifa va a seguir siendo muy inestable mientras el 97% de nuestra energía dependa de combustibles fósiles importados. Tenemos una gran oportunidad en este momento para impulsar la transformación necesaria a la energía renovable en techos y almacenamiento con los miles de millones de dólares en fondos federales asignados al sistema eléctrico”, planteó Ruth Santiago, representante del Comité Diálogo Ambiental y portavoz de Queremos Sol.

Queremos Sol es una coalición de organizaciones comunitarias, ambientales y sindicales agrupadas para la transformación del modelo energético de Puerto Rico hacia la energía renovable.

Rivera Schatz quiere echar para atrás unanimidad del jurado en veredictos absolutorios

El senador Thomas Rivera Schatz.

El senador Thomas Rivera Schatz presentó una medida para disponer que los veredictos absolutorios no requerirán la unanimidad del jurado, un día después de que el Tribunal Supremo resolvió lo contrario. Es decir, que de aprobarse el proyecto, un jurado podrá absolver a un acusado con una votación de al menos 9 votos.

El pasado 9 de septiembre, la mayoría estadista del Tribunal Supremo resolvió que las instrucciones al jurado deben consignar que para declarar a una persona culpable o no culpable ese cuerpo de juzgadores tendrá que rendir un veredicto unánime (12 votos). La controversia surgió cuando el Ministerio Público impugnó instrucciones a un jurado, que contemplaban la absolución por una mayoría de 9 o más votos.  

Los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron votos disidentes, mientras que la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez no intervino en la controversia porque su esposa, Gina Méndez Miró, fue la jueza ponente cuando el Tribunal de Apelaciones atendió el caso. 

Veinticuatro horas después de esa opinión del máximo foro judicial, el expresidente del Senado radicó el proyecto del Senado 585, que tiene como autora a la senadora Keren Riquelme Cabrera. La pieza legislativa se extiende 10 páginas y, en ocasiones, tiene sabor a opinión disidente.

“Con esta medida, esta Asamblea Legislativa busca dejar claro que su intención no es limitar derechos ya reconocidos por nuestra constitución. Ya que nuestra carta magna es de factura más ancha y en relación a los veredictos por jurado es clara en su mandato. Además, que tal disposición no fue revertida en forma alguna por la jurisprudencia federal”, reza el proyecto . 

La medida también señala que el caso federal Ramos v. Lousiana, que estableció la unanimidad de las convicciones en los casos penales, no extendió este requisito a los veredictos de no culpabilidad.  

“En relación al tema que nos ocupa, recientemente el Tribunal Supremo de Oregón estado que al igual que Puerto Rico no exigía la unanimidad para la culpabilidad de un acusado; determinó no extender el requisito de unanimidad en caso de un veredicto absolutorio. Dicho tribunal concluyo que “Ramos dos not imply that sixth amendment prohibits acquittals based on non unanimous verdicts or that any other constitutional provision bars Oregon courts from accepting such acquittals’”, según la medida referida a la Comisión de lo Jurídico.

Presentan medida para asignar $1.7 millones al Centro de Diabetes

Ante la precaria situación económica que atraviesa el Centro de Diabetes que lo pondría a cerrar sus puertas en pocos meses, el Senado aprobó una medida que ordena al Departamento de Hacienda y al Departamento de Salud identificar y asignar a la institución médica $1.7 millones para “poder continuar operando y brindando servicios de alta calidad a los pacientes diabéticos en Puerto Rico”.

La diabetes es la tercera causa de muerte en el país, según las estadísticas del Departamento de Salud.

La Resolución Conjunta del Senado 177, de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, bajó por descargue la semana pasada. Recibió 15 votos a favor de la delegación del Partido Popular Democrático, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. La delegación del Partido Nuevo Progresista se abstuvo y senador independiente José Vargas Vidot estuvo ausente de la votación celebrada el 15 de septiembre.

La medida pasó a la consideración de la Cámara de Representantes. Luego de la primera lectura, se encuentra en la Comisión de Hacienda del cuerpo.

La acción expedita ocurrió luego que una investigación de la reportera Milly Méndez del programa  “Cuarto Poder” reveló que el presupuesto del Centro de Diabetes se había reducido significativamente en medio de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal. Como resultado de esta situación, el Centro pasó de contar con una plantilla de seis endocrinólogos a tiempo completo a dos que laboran a tiempo parcial. Esto, a su vez, limitó la cantidad de pacientes que atiende la institución, que de 13,000 se redujo a alrededor de 2,000 a 2,500 pacientes. Sin presupuesto suficiente, el Centro de Diabetes se preparaba para cerrar sus puertas en marzo 2022.

Al reaccionar a la historia, la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales aseguró que el gobierno tomará medidas para identificar recursos adicionales particularmente de fondos federales para garantizar su operación. 

De forma simultánea, la Comisión de Salud del Senado iniciará una investigación para evaluar la operación del Centro de Diabetes e identificar fondos para su operación. El análisis responde a la Resolución del Senado 334 del senador Rubén Soto Rivera. 

Lee la medida aquí: Resolución Conjunta del Senado 177

Vea el reportaje aquí: Cuarto Poder

Se suman ocho muertes más por COVID-19

El Departamento de Salud reportó ocho muertes más por COVID-19. Según se indica, las muertes ocurrieron entre el pasado 7 de septiembre y ayer, jueves 23 de septiembre. Dos de los fallecidos tienen menos de 35 años.La agencia aún no ha informado si estaban vacunados contra el virus

Mientras, hay 226 hospitalizados, lo que representa un paciente menos en las últimas 24 horas. Se trata de 212 adultos —70 en intensivo y 47 conectados a ventilador— y 14 pacientes pediátricos.

Para Pierluisi que algunos digan que J-Go quiere aspirar a La Fortaleza es “cizaña”

Ante las conjeturas de que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, puede tener interés en aspirar a la gobernación en 2024 o que hay un acuerdo para que no busque la reelección, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que eso dicen los que quieren “sembrar cizaña”.

“Hay obra para más de cuatro años… Es obvio que aquí hay obra no solo por este cuatrienio, sino por años subsiguientes, y mi compromiso con el pueblo es llevar a cabo esa obra y adelantar la estadidad”, indicó el gobernador en entrevista con El Nuevo Día dejando entrever que aspirará a la reelección. “La comisionada está haciendo un excelente trabajo en Washington… La realidad es que la relación es muy buena”, dijo Pierluisi para minimizar las diferencias que tuvieron esta semana en torno a cómo marcha el proceso hacia la transformación del sistema eléctrico. La comisionada dijo que ya buscó documentos para aspirar nuevamente a su cargo. 

El Nuevo Día

Albert Torres dice querellas en su contra son en venganza por no subir sueldo a empleada

El senador popular Albert Torres dijo que las denuncias contenidas en la querella ética que enfrenta por presunto maltrato verbal y sicológico contra empleados de la oficina y por peticiones de dinero a empleados son por una venganza de una ex empleada que trabajó en destaque en su despacho por no haber recibido un pago diferencial al que alegadamente tenía derecho.

Torres entregó tres declaraciones juradas de empleados que aseguran que, en la oficina del legislador, se vive un ambiente de respeto y amabilidad, que ningún empleado participa en actividades políticas en horas laborales y que el senador nunca les ha solicitado dinero.



El Nuevo Día

Jefe de PRITS no fue confirmado por contrato pero vuelve y otorga otro a la misma compañía



Una vez recibida la propuesta, concedió un contrato a Code Dog con efectividad del 10 de agosto al 31 de diciembre de este año por $755,000.

La otorgación del primer contrato a esta firma provocó que no fuese confirmado por la Legislatura y que el gobernador tuviera que retirar su nombramiento como director del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés). Völckers Nin otorgó este segundo contrato a una persona que formó parte del equipo de trabajo de una compañía privada que fundó en 2006 llamada Tercer Piso, dedicada a ofrecer servicios de informática y tecnología.

En esa compañía, Juan Manuel Aguiar González era el ingeniero de programas (software), Nannette Martínez era directora digital y Michelle Cabiya fungía como directora de proyectos

El trío trabaja ahora con Völckers Nin en Prits. Martínez es subdirectora y principal oficial de tecnología. Mientras, Cabiya tiene un contrato por $48,000 como directora de proyectos, que estuvo vigente del 1 de febrero hasta el 30 de junio -es decir, a razón de $9,600 por mes-, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

El Nuevo Día