Proponen 8 años de cárcel por falsificar un certificado de vacunas

El representante Juan Oscar Morales presentó hoy una medida legislativa para sancionar con una pena fija de ocho años de cárcel a cualquier persona que se preste para falsificar un certificado de vacunas, sea en modalidad impresa o en digital. Se trata del Proyecto de la Cámara 963, que enmienda varios artículos del Código Penal para establecer esta nueva penalidad.

“He radicado este proyecto de ley con la esperanza de que sirva como disuasivo para este delito. Ya hemos visto en la prensa casos que se están atendiendo en los tribunales y nos parece que la pena actual, de sólo 3 años de cárcel, o diez mil dólares de multa es muy baja. Esta conducta no se puede permitir, pues es poner en peligro la sociedad entera. La persona que se atreve a falsificar un certificado de vacunas está jugando una “ruleta rusa social” muy peligrosa”, destacó el pasado presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

En términos técnicos, la medida enmienda los actuales artículos 215, 216 y 217 de la Ley 146- 2012, conocida como Código Penal, para que se imponga una pena mayor por esta falsificación específicamente.

“Incluso si se tratara de un servidor público, de un empleado de gobierno, la pena va a ser de ocho años. Estamos tratando de cerrar el círculo a estas fechorías. Se han perdido ya más de dos mil puertorriqueños en la batalla contra el Covid-19. No queremos que se pierda ni uno más. Si una persona no quiere vacunarse, aún sin una razón válida, eso yo lo respeto. Lo que no podemos tolerar es gente que, por querer comportarse como si estuvieran vacunados, estén dispuestos a recurrir al engaño y a la mentira. Nos parece que esta conducta es como quien guía borracho: sale a exponer a toda la sociedad las consecuencias de su insensatez y falta de temperamento.

Eso no lo debemos, ni podemos permitir”, añadió dijo el legislador del Precinto 3 de San Juan. Si este delito fuera cometido por una persona jurídica, como una corporación o una empresa de servicios de salud, la pena será de unos cincuenta mil dólares por cada evento de falsificación que se probara en el tribunal.

15 muertes adicionales por COVID-19

Según datos del Departamento de Salud se reportaron 15 muertes adicionales, una reducción al récord registrado ayer con 28 fallecimientos.

En agosto se registraron 273 muertes por COVID-19 en la isla, ocho veces más de las fatalidades reportadas el mes anterior. 

Al momento, 506 personas están hospitalizadas, de las cuales 88 están en ventilador. Mientras 477 personas hospitalizadas son adultas y 29 son menores.

Páginas que denuncian supuestos agresores bajan listas de Internet

YoTeCreo.8,  cuya identidad de las administradoras de las páginas se desconoce, anunció estará tomando una pausa en sus redes sociales tras el suicidio de José “Fofito” Morale Pérez, gestor cultural que se privó de la vida el domingo.

Las páginas se crearon para denunciar a  hombres que alegadamente han acosado, abusado o violentado sexualmente a otras personas, principalmente mujeres.

Desde su creación en mayo,  han publicado 16 listas con nombres de algunos de esos supuestos agresores. Anoche, publicaron un mensaje en el que reafirmaron su solidaridad con las sobrevivientes de violencia de género, a la vez que expresaron su respeto ante el proceso de duelo de las personas allegadas a Morales Pérez.

A punto de perderse fondos para contratar intercesoras

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​​Los fondos son parte de una asignación especial bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Cares, por sus siglas en inglés) vencen en diciembre y hay problemas para contratar intercesoras en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Se informó que tienen $2 millones adicionales para ofrecer servicios directos a las víctimas de violencia de género, ha confrontado problemas para reclutar personas que sirvan de intercesoras legales durante los procesos en los tribunales.

El Vocero

Cabilderos de la estadidad trabajan por separado y desde la computadora

Melinda Romero Donnelly mencionó que trabaja mayormente desde su computadora como cabildera de la estadidad, “porque todo ha sido correos electrónicos, llamadas telefónicas” con grupos y congresistas para acumular apoyo a los proyectos de estadidad radicados por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Desde hace días, la también delegada Elizabeth Torres Rodríguez ha criticado este modo individualista de trabajo.

El Vocero

Recuperación a cuatros años del huracán siguen lenta 


Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) en su tercer informe “Hacia una recuperación justa”, divulgado ayer, informó que a cuatro años del paso de los huracanes Irma y María, el principal programa de recuperación accesible sólo ha completado la reparación y reconstrucción de poco más de 1,000 viviendas, de un total de unas 27,000 solicitudes de ayuda.

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