Cámara solicita a Pierluisi incluir reforma laboral en sesión extraordinaria

Luego de un análisis concienzudo sobre las medidas incluidas por el Gobernador en una convocatoria a sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reiteró el compromiso que tiene este cuerpo de atender medidas relevantes para el país de una forma responsable y con el tiempo que requieren cada una de ellas.

“La Cámara sesionará este próximo lunes y cumplirá con su deber constitucional. Sin embargo, hay que señalar que las piezas legislativas de esta convocatoria no son asuntos que quedaron pendientes de la segunda sesión ordinaria que culminó recientemente, y pueden verse detenidamente en el mes de enero”, expresó el líder cameral.

Hernández Montañez cuestionó que no se haya incluido el Proyecto de la Cámara 3 (Reforma Laboral), considerando que es uno de alto interés para la clase trabajadora, que ha cifrado todas sus esperanzas en una legislación que les haga justicia luego de tantos años de constantes atropellos a sus derechos laborales.

“En la Cámara atendimos diligentemente la Reforma Laboral y la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el compañero Domingo Torres García, realizó una excelente labor que incluyó la alta participación de diversos sectores y los gremios que representan a los trabajadores del país. No quisiéramos pensar que el Gobernador continúa posponiendo una verdadera justicia para la clase trabajadora”, añadió Tatito Hernández.

De otra parte, el Presidente cameral dijo que utilizará esta sesión para adelantar los asuntos administrativos pendientes en la Cámara tales como los informes de la Comisión de Ética respecto a los referidos de los representantes Mariana Nogales Molinelli del Movimiento Victoria Ciudadana, Er Yazzer Morales Díaz y Wanda del Valle Correa del Partido Nuevo Progresista.

Sobre la posibilidad de pérdida de fondos federales si no se atiende el Proyecto de la Cámara 911, Hernández Montañez sostuvo que “reconoce la atención que amerita esta medida y por esa misma razón la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores presidida por la compañera Lisie J. Burgos, ha estado trabajando mano a mano con el ejecutivo para refinar el proyecto sometido y aprobar una versión de consenso y que sea implementable, ya que durante vistas públicas y ejecutivas, se han identificado varias fallas y deficiencias estructurales en el Departamento de la Familia”.

“Para que este estatuto no sea letra muerta, hay que enmendar el presupuesto del Departamento de la Familia para asignarle los recursos necesarios para la contratación de personal en cumplimiento con las leyes federales. Por ende, estaremos atendiéndolo de forma integrada tan pronto inciemos la próxima sesión y culmine el proceso de quiebra que se está llevando en la sala de la jueza Taylor Swain”, manifestó Hernández Montañez.

Justicia recomienda designación de FEI contra exalcalde de Santa Isabel

El Departamento de Justicia recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para el exalcalde Enrique Questell Alvarado por existir causa suficiente para creer que infringió varias disposiciones del Código Penal de Puerto Rico y leyes especiales al nombrar a la Sra. Carmen Rivera Torres al puesto de directora interina de Finanzas del municipio de Santa Isabel, en incumplimiento con los requisitos establecidos por ley, y obstaculizar los procesos de auditoría llevados a cabo por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Así lo informó hoy el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien acogió un informe emitido por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de la agencia tras completar una investigación preliminar originada por un referido de la OCPR.

Conforme a la investigación de la DIPAC, el exalcalde pudo haber violado las disposiciones de los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico, sobre la omisión en el cumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, respectivamente. También pudo haber incumplido con las exigencias de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos y la Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

“Las acciones del exalcalde podrían constituir: (1) violación a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Núm. 37-2004, Ley para Tipificar como Delito Grave la Obstrucción a una Auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Dicha legislación tipifica como delito grave que una persona o funcionario retrasare, obstruya o impida una auditoría o investigación que lleve a cabo la OCPR, o cualquier funcionario designado por éste para llevar a cabo dicha gestión; y (2) al artículo 11.027 (a) de la entonces vigente Ley de Municipios Autónomos, que dispone, en lo pertinente,  que toda persona que intencionalmente viole cualesquiera de las disposiciones de esta ley, o que viole las ordenanzas, reglamentos o las normas aprobadas en virtud de esta, incurrirá en delito menos grave”, lee el informe.

“El 1 de junio de 2021, se recibió en el Departamento de Justicia el informe de auditoría M-21-43 de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, el cual contiene recomendaciones para investigar un hallazgo relacionado con el nombramiento y la remuneración de la exdirectora de Finanzas del municipio de Santa Isabel, Sra. Carmen Rivera Torres, realizado por el exalcalde de dicho municipio, Enrique Questell Alvarado, en contravención a las leyes aplicables. Inmediatamente, referimos el informe a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Ayer, remitimos a la OPFEI el resultado de la investigación preliminar que realizamos por disposición de ley”, explicó el secretario Emanuelli Hernández en un parte de prensa.

El informe de auditoría de la OCPR señala que el nombramiento de la exdirectora Rivera Torres fue ilegal debido a que no tuvo el aval de la Legislatura Municipal de Santa Isabel y la funcionaria no contaba con un bachillerato en un área relacionada con el puesto que ocupaba. Tampoco estaban presentes los elementos exigidos para que a la funcionaria se le concediese un interinato ni el pago de un diferencial, que constituye una compensación especial, adicional y separada al sueldo regular.

Además, el informe de auditoría contiene un comentario especial, señalando varias acciones y omisiones cometidas por el exalcalde Questell Alvarado que retrasaron y obstaculizaron los procesos de auditoría llevados a cabo por los auditores de la OCPR en el municipio de Santa Isabel.  En dicho informe se presenta en detalle las circunstancias que afectaron los procesos de auditoría, tales como, cancelación de las entrevistas, reuniones con el exalcalde en las cuales manifestaba que suspendía la auditoría y el retraso en la entrega de los documentos requeridos por los auditores, entre otras.

Debido a que la investigación continúa, ahora bajo la jurisdicción de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.

PNP convocará elección especial para escoger nuevo alcalde de Cataño

El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia, informó hoy que la colectividad celebrará una elección especial en los próximos 30 días para escoger al nuevo alcalde de Cataño, tras la abrupta renuncia ayer del ahora exalcalde Félix “El Cano” Delgado Montalvo en medio de rumores ante su posible arresto.

Anoche la Asamblea Municipal de Cataño nombró a Gabriel Sicardó como vicealcalde del ayuntamiento, quien quedará a cargo de la poltrona municipal hasta que se escoja al nuevo regente.

“Lo importante es que se proceda a sustituir el alcalde. El Código Electoral exige se lleve a cabo una elección de pueblo en el término de 30 días. Así que yo me voy a ocupar con el equipo de mi partido de que esa elección se lleve a cabo y todos los que quieran aspirar lo puedan hacer para que Cataño tenga un alcalde o una alcaldesa en funciones de forma permanente, en propiedad a la brevedad”, afirmó Pierluisi Urrutia en entrevista con Rubén Sánchez en WKAQ.

“En o antes de 30 días esa elección se tiene que dar y todos los que quieran aspirar van a tener la oportunidad. Yo no quiero que eso sea de dedo. Esto tiene que ser una cuestión democrática”, agregó.

Gobernador convoca extraordinario, no incluye la reforma laboral

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia convocó hoy a todos los senadores y representantes a una Sesión Extraordinaria que comenzará el próximo lunes 6 de diciembre para atender seis medidas puntuales y medulares. Entre estas, el proyecto de Administración que crearía la nueva “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar” y el que enmienda varias leyes vigentes para permitir que los retirados del gobierno puedan regresar a trabajar sin que se afecten sus pensiones.

También, se incluyó un proyecto legislativo que clarifica los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

“Como he indicado anteriormente, en las Sesiones Extraordinarias se deben atender asuntos puntuales y medulares que no deben esperar más tiempo. En el caso de la medida que crea la “Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar”, de no aprobarse la misma, se perderían millones en fondos federales necesarios para salvaguardar el bienestar de nuestra niñez. Convoqué a todos los legisladores para que den paso a proyectos sumamente importantes que inciden directamente en la vida y entorno social de nuestros menores de edad y pensionados del Gobierno, entre otros sectores de la sociedad.  Exhorto a la Asamblea Legislativa a atender con sentido de urgencia las medidas presentadas en esta Sesión Extraordinaria por el bien de Puerto Rico”, sostuvo el gobernador Pierluisi.

Con la aprobación del proyecto de Administración 28 (Proyecto de la Cámara 911) que establecería la “Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar” se garantiza el cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la ley del Seguro Social, según enmendada por la ley federal Family First Prevention Services. Es una exigencia de la ley federal que la legislación estatal sea consistente con las disposiciones federales.

Se desprende del proyecto que durante el 2019 en Puerto Rico se recibieron 17,474 (30.5 por ciento) referidos de maltrato o negligencia a menores, de los cuales 8,365 (47.9 por ciento) fueron fundamentados. Ante esto, y según investigaciones esbozadas en la Exposición de Motivos de que un entorno familiar estable y seguro es importante para la salud y bienestar de los niños, es que se propone, entre otras cosas, que el enfoque, como primera alternativa, sea la prevención del maltrato y negligencia, y la preservación de la unidad familiar por medio de una intervención temprana. Todo esto, siempre y cuando sea un ambiente seguro para los menores de edad. Al mismo tiempo, en el proyecto se establecen penalidades a todo padre, madre, persona responsable del menor o cualquier otra persona que por acción incurra en actos o conducta constitutiva de delito

De hecho, otra medida incluida en la convocatoria es el proyecto de Administración 51 (Proyecto del Senado 654)  que enmienda el Código Civil que entró en vigor hace un año.  El proyecto senatorial, que también incluye a las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación, establece con claridad cuál es la norma de suspensión de la prescripción en cuanto a la minoridad de una persona, y mientras dure un estado de incapacidad declarado siguiendo el debido proceso en los tribunales.

En temas de los pensionados, Pierluisi incluyó el proyecto de Administración 1 (Proyecto de la Cámara 533) para proveer los mecanismos a los trabajadores pensionados por retiro, por edad o por años de servicio, retirados mediante programas de retiro incentivado y empleados que renunciaron de manera incentivada para que puedan regresar a laborar en un empleo regular parcial que en tiempo y retribución no exceda la mitad de la jornada regular de trabajo. También, en un empleo en el cual perciba retribución no mayor de la mitad que le correspondería al mismo empleo si fuera jornada completa independientemente de la existencia de cualquier acuerdo suscrito que prohíba su regreso al servicio público.

“Al igual que todas las piezas legislativas sometidas, espero con ansias este proyecto de Administración porque todo servidor público retirado que desee aportar nuevamente a Puerto Rico lo puede hacer sin que se menoscabe su pensión, esto nos ayudará a reclutar personal capacitado para los sectores de educación, familia, seguridad, entre otros”, argumentó Pierluisi quien ha defendido a los pensionados ante las determinaciones de la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF).

Otra pieza legislativa que deberá ser evaluada en la Sesión Extraordinaria es el Proyecto del Senado 45 que enmienda la “Ley del Departamento de Seguridad Pública” de 2017 que expande los requisitos para ocupar el cargo de Comisionado del NMEAD, puesto que ocupa interinamente el rescatista Nino Correa.

Según propuesto, la persona que ocupe dicho puesto deberá tener conocimiento y destrezas en administración y evidenciará haber obtenido, como mínimo, un grado académico de maestría de una institución universitaria acreditada o contar con vasto conocimiento en la materia acreditando al menos seis años de experiencia y destrezas en las áreas que maneja el Negociado, así como en manejo de emergencias y administración de desastres.

De otra parte, ypara subsanar deficiencias legales de la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” en torno a los vehículos todo terreno, “off road’”, de baja velocidad, incluyendo ahora los Polaris/Can- Am, se insertó en la convocatoria a la Sesión Extraordinaria el proyecto de Administración 11 (Proyecto del Senado 255) que adopta una nueva definición de este tipo de vehículos.  Están exceptuados los vehículos que estén registrados y se les haya concedido un permiso y tablilla autorizándolos a transitar por las vías públicas-autopistas-caminos y carreteras pavimentadas. De igual forma, sucede con los vehículos que pertenecen al gobierno federal y estatal autorizados bajo las condiciones establecidas.

Por último, el gobernador, a través de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, presentó el Proyecto 1107 que realiza enmiendas técnicas a la “Ley Ashanti” para aclarar que el estatuto aplica a personas de 18 años o más.

El gobernador tiene el poder de convocar a la Asamblea Legislativa a Sesión Extraordinaria por disposición constitucional en la que se atenderán exclusivamente las piezas legislativas solicitadas por la Rama Ejecutiva.

Se extiende lockdown en cárceles hasta 7 de diciembre

Como medida preventiva de COViD-19 se extendió el lockdown en las cárceles hasta el 7 de diciembre y se suspenden las visitas familiares hasta el 15 de este mes, informó la secretaria de Corrección, Ana Escobar. La  funcionaria informó que se suspenden las actividades de los confinados fuera de las instituciones que incluyen las brigadas de ornato. Para las actividades internas se utilizará, como establece el protocolo, mascarillas quirúrgicas.

El Nuevo Día

Nuevo alcalde interino de Cataño ha ocupado puestos en el municipio desde el 2000

El licenciado Gabriel Sicardó Ocasio, alcalde interino de Cataño ha ocupado puestos en la Alcaldía desde el 2000 y parece ser bendecido por el hoy ex alcalde Félix Delgado debido a que le dedicó espacio en su carta de renuncia.
“Como es sabido, el licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio se ha destacado como un servidor público de primer orden por espacio de veinte años en nuestro municipio. Desde el año 2000 al presente, en cada una de las posiciones ocupadas en nuestro municipio tales como Director de Asuntos Culturales, Secretario Municipal, Secretario de la Junta de Subastas, Secretario de la Legislatura Municipal, Director de Asuntos Legales y Director de Asuntos Públicos, el licenciado Sicardó ha adquirido el pleno conocimiento de la administración pública municipal”, expresó el ahora excalcalde.

Casi $120 millones en contratos empresario involucrado es pesquisa federal de “El Cano” Delgado

Oscar Santamaría es el empresario involucrado en una serie de corporaciones que acumulan $117 millones en contratos con fondos públicos a pesar de ser convicto a nivel federal por delitos relacionados a mal uso de fondos públicos.

Desde 2018, el Código Anticorrupción establece que los contratos con el gobierno que tenga cualquier convicto por corrupción deben ser cancelados. En 2019, cuando surgieron los primeros indicios de la investigación federal en Cataño por los contratos de Waste Collection, fuentes de NotiCel indicaron que Santamaría Torres mantenía el control de las operaciones en el ayuntamiento.

“Él (Santamaría Torres) es el poder detrás del trono. En Cataño no pasa un contrato sin su aval”, aseguró una fuente.

Noticel