La ex fiscal federal María Dominguez indicó que las autoridades federales no tienen jurisdicción en la fiscalización de las campañas políticas en Puerto Rico pero sí pueden identificar delitos federales como por ejemplo: “un quid pro quo”, una extorsión, o un soborno.

“Quid pro quo” es un término en latín que significa “dar algo algo a cambio de algo”.

Las expresiones de Dominguez en entrevista con Jay Fonseca en Día a Día surgieron luego que el programa televisivo Jugando Pelota Dura (Teleonce) y un diario de circulación general (El Nuevo Día) publicaran que el comité de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló contrató una firma de consultoría en comunicaciones que se alega es “fantasma”, a un costo de $180,000, durante el verano de 2019, justo cuando se alega en un pliego acusatorio federal que se intentó extorsionar al entonces gobernante para no publicar el chat de Telegram que desembocó en su renuncia al cargo.

Dominguez sostuvo que “si el dinero pagado no fue por servicios legítimos sino por un soborno, una extorsión o una malversación podría tipificar delitos federales”.

Las autoridades federales pueden fiscalizar la candidatura y campaña de los comisionados residentes porque son funcionarios electos para trabajar en el Congreso de Estados Unidos pero no de otros puestos electivos en el territorio de Puerto Rico.

La ex fiscal federal dijo que muchas de las investigaciones federales se han atrasado debido a la pandemia de COVID-19 porque no está sesionando con la misma frecuencia el Gran Jurado, y los fiscales y agentes trabajan desde la casa. Además, el Tribunal Federal se mantiene cerrado ante la pandemia.

Agregó que muchos fiscales federales son asignados a la jurisdicción de Puerto Rico, pero luego de tres años buscan ser trasladados a la jurisdicción de dónde provienen o otra ciudad en Estados Unidos continentales y no en los territorios.