Juez ordena demolición de estructuras en Bahía de Jobos

Un juez ordenó ayer miércoles la demolición de unas estructuras ilegales en el Camino del Indio, sector Las Mareas, en la Reserva Bahía de Jobos, en Salinas, que fueron realizadas sin permisos de construcción, anunciaron mediante comunicado de prensa conjunto la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales Anaís Rodríguez Vega y la alcaldesa Karylin Bonilla.

El juez Josian J. Rivera Torres, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, revocó también mediante sentencia el permiso de uso por haberse emitido sin jurisdicción y endosos, y en consecuencia es nulo ab initio.

“La reciente decisión del tribunal reafirma el compromiso inquebrantable de esta Administración con la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales de Puerto Rico. Es hora de que aquellos que piensen que están por encima de la ley entiendan que los bienes de dominio público son un patrimonio compartido, no una finca privada. Las acciones que atenten contra este legado no tienen cabida en nuestra Isla. Nuestra responsabilidad es garantizar su respeto y cuidado,” señaló la titular de las agencias ambientales.

Por su parte, la alcaldesa señaló que “la determinación del Tribunal era lo esperado y sirve para que la ciudadanía tenga presente la importancia del cumplimiento con las leyes y reglamentos. Nosotros en el Municipio de Salinas continuamos trabajando activamente en la protección de los recursos naturales que nos pertenecen a todos”.

El tribunal le dio un plazo de 30 días al codemandado Miguel A. Flores Torres para cumplir con la Orden de demolición, que estará bajo la supervisión y aprobación del DRNA. Si no cumpliera con la misma en el tiempo establecido, el Municipio de Salinas tiene la autoridad para llevar a cabo la demolición, con la condición de que Flores cubra los gastos en que se incurra.

El pasado 7 de septiembre de 2023, el DRNA y este municipio presentaron una sentencia declaratoria e injunction estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009 (Ley para la Reforma de los Procesos de Permisos en Puerto Rico) contra el ingeniero Ángel Rodríguez Sánchez y Flores Torres. Los demandantes sostuvieron que la Junta de Planificación concluyó en un procedimiento administrativo anterior, cuya determinación es final y firme, que el Permiso de Uso 2019-279203-PUS-06518 fue emitido sin jurisdicción por Rodríguez como Profesional Autorizado, cuya Certificación de Acreditación está expirada desde octubre de 2017, y en violación al Reglamento Conjunto de Permisos del año 2020. Rodríguez expidió el permiso en 2019.

El demandado tendrá que demoler -en un predio estimado de 507 metros cuadrados- una estructura en construcción en bloque y concreto; una pequeña estructura terminada; verjas; materiales de construcción en el área y escaleras y hasta un muelle. Además, un portón de acceso en acero galvanizado y verja de alambre eslabonado con zapata en concreto y una verja de concreto en el lado este y verja de alambre eslabonado en el lado oeste. El largo de las verjas identificadas es el siguiente: posterior, 16 metros; lado derecho, 33.5 metros, lado izquierdo, 33.5 metros; frontal, 16 metros.

La totalidad del predio de terreno donde enclava la construcción ilegal se encuentra ubicado en una zona delimitada como Barrera Costera (CBRS – Coastal Barrier Resource System). La Barrera Costera constituye una declaración del Gobierno Federal de no participar y desestimar el desarrollo de dichas áreas.

Además, el predio de terreno se encuentra en un 98% en el distrito PR. El Distrito PR (Preservación de Recursos), comprende propiedades o partes de estas cuyo orden natural existente debe mantenerse a un máximo. En dicho distrito no se permite construcción alguna, excepto las relacionadas con estudios científicos.

Asimismo, ese predio forma parte de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, bajo la administración y reglamentación federal y estatal.

Flores Torres también está demandado, junto a otra docena de personas, en otra acción judicial separada del DRNA, por invadir y apropiarse de esos terrenos públicos.

Jim Jordan se queda con ganas de presidir la Cámara federal

El ultraconservador Jim Jordan se quedó con las ganas de convertirse en presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Por segunda ocasión, el aliado de Donal Trump no logró los votos necesarios para dirigir este cuerpo. Recibió 199 votos. Necesitaba el apoyo de al menos 217 de los 221 conservadores. Los demócratas, en minoría, respaldaron a su propio candidato Hakeem Jeffries, quien recibió 212 votos o sea la totalidad de la delegación demócrata.

Esto significa que continúa la crisis interna en la delegación republicana y asoma nuevamente la amenaza de la falta de un presupuesto para el gobierno federal porque la Cámara está en un limbo.

Ayer, en la primera votación, el candidato trumpista logró 200 votos. La Cámara tiene 433 congresistas y hay dos vacantes.

En su mayoría, los 20 republicanos que no avalaron su candidatura son  representantes elegidos en distritos donde el presidente demócrata Joe Biden ganó las elecciones de 2020. Un apoyo a un presidente cameral extremista podría ahuyentarle votos y dejarlos sin trabajo en las elecciones del 2024.

Los republicanos del ala radical del Partido Republicano destituyeron  al pasado presidente Kevin McCarthy, en un acto inédito en el Congreso. Luego, en una votación interna del grupo parlamentario, surgió Steve Scalise como una opción derechista, pero menos radical. Esa postura menos extremista debió ganarle el puesto, pero se quitó cuando se percató que no contaba con el apoyo de sus compañeros de partido más radicales. Tras retirarse, Jordan se impuso en una nueva votación interna.

Metropistas se queda con toda la tolta de las autopistas

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, junto al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), Fermín Fontanés y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, anunciaron hoy la selección de Abertis (Metropistas) para las mejoras, financiamiento, operación y mantenimiento de las carreteras de peaje PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66, como anticipó Cuarto Poder (WAPA-TV).

Se trata de un Acuerdo de Alianza Público-Privada (APP) entre la ACT y Abertis por un término de 40 años. Esta concesión contempla un pago inicial de $2,850 millones a la ACT que le permitirá cubrir el pago de su deuda y una inversión de capital privado de sobre $2,370 millones para modernizar y mejorar la infraestructura, calidad y seguridad de las carreteras de peaje en la Isla. Esta concesión representará la creación de sobre 1,000 empleos directos e indirectos.

La selección de Abertis es el resultado de un riguroso proceso de licitación que comenzó en el 2022 con el objetivo de proporcionar a Puerto Rico un sistema de carreteras confiable, en buen estado y seguro para los conductores, que a la vez apoye el crecimiento y desarrollo económico de la Isla. Esto, mediante el mecanismo de una APP que también permitiera mejorar la certeza presupuestaria y fiscal de la ACT, de conformidad con el plan fiscal certificado de la corporación pública.

“Mi compromiso y el de mi administración con la reconstrucción y modernización de nuestra infraestructura son conocidos por todos. La renovación de nuestro entorno físico va viento en popa, la cual incluye el desarrollo, construcción, mantenimiento y expansión de proyectos de obra permanente de carreteras, de la red eléctrica, del sistema de acueductos y alcantarillados, y en nuestras escuelas, así como proyectos de vivienda digna para nuestra gente, sobre todo para quienes más lo necesitan. Es por eso que hoy anunciamos este importante paso de avance para el mejoramiento de nuestras autopistas de peaje a través de toda la Isla. Luego de un riguroso y competitivo proceso de estudio, licitación y análisis, el Gobierno de Puerto Rico ha seleccionado a la empresa Abertis para que lleve a cabo el financiamiento, reparación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de las autopistas de peaje PR-52, Autopista Luis A. Ferré; la PR-5, Autopista José Celso Barbosa; la PR-66, Autopista Roberto Sánchez Vilella y la PR-20, Expreso Rafael Martínez Nadal bajo un Acuerdo de Alianza Público-Privada con la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico al amparo de la Ley 29 de 2009”, informó el gobernador Pierluisi.

Por su parte, el director ejecutivo de la ACT, Edwin González, explicó que “en conjunto con la AAPP, nos dimos a la tarea de buscar soluciones para mejorar los estándares de seguridad, los niveles de servicio y la calidad de la infraestructura en las autopistas de peaje y para atender la deuda existente de la ACT. Luego de un estudio exhaustivo concluimos que la mejor solución era establecer una Alianza Público-Privada con un operador de experiencia probada con la capacidad financiera necesaria para alcanzar nuestros objetivos”.

Como parte del proceso que establece la Ley de Alianzas Publico-Privadas (Ley 29-2009), la AAPP llevó a cabo un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia. El mismo analizó diversas opciones para atender la situación de las carreteras de peaje con el objetivo de mejorar la situación presupuestaria y fiscal de la ACT, modernizar y mejorar la infraestructura existente, mejorar la movilidad, accesibilidad y seguridad de los usuarios, mejorar el desempeño operacional, aumentar las oportunidades de ingresos mediante la reducción de pérdidas, obtener un mejor alineamiento entre ingresos y gastos y acelerar las mejoras a las carreteras de peaje.

El Estudio de Deseabilidad y Conveniencia concluyó que una APP que abarque las cuatro carreteras de peaje, que actualmente están bajo la ACT, es el mecanismo más adecuado para el proyecto. La razón es porque viabiliza de la manera más rápida y eficiente la inversión de capital privado necesario para elevar dichas vías a estándares de clase mundial en beneficio de todos los usuarios.

Por su parte, el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, expresó que “la selección de Abertis es la culminación de un proceso extenso, competitivo y transparente de cerca de 19 meses que conllevó un riguroso estudio de varias opciones para lograr los objetivos del proyecto dentro de las limitaciones fiscales de la ACT. Hoy formalizamos una vía para ejecutar las mejoras que necesita nuestra infraestructura, a manos de un privado que tiene no solo un amplio peritaje en la operación de autopistas a nivel global, sino que tiene amplia experiencia proveyendo un producto y un servicio de excelencia aquí en Puerto Rico”.

Puerto Rico TollRoads, LLC, que es una subsidiaria de Abertis Infraestructuras S.A., será la entidad que firmará el contrato de APP y operará en la Isla bajo Metropistas. Abertis es una empresa multinacional dedicada a la gestión de infraestructuras de transportación vial alrededor del mundo. Actualmente, la empresa opera y administra las carreteras de peaje PR-22 y PR-5 y el puente de peaje Teodoro Moscoso.

Por años, la Autoridad de Carreteras ha enfrentado retos administrativos, operacionales y fiscales, incluyendo la deuda, restricciones de financiamiento y presupuestos reducidos, que le han dificultado llevar a cabo una planificación efectiva de las carreteras de peaje, mantenerlas en buen estado y proveer una red vial confiable. Esto ha resultado en infraestructuras viales viejas y en deterioro, que no están a la par con los estándares operacionales de la industria de carreteras y autopistas.

Esta nueva concesión, así como la ya existente para las carreteras PR-22 y la PR-5, serán supervisadas por la ACT, específicamente por la Oficina de Administración de Servicio y Concesión (Concession & Service Management Office) que surge bajo la nueva estructura organizacional de la ACT.

Abertis, compañía matriz de Metropistas, es líder mundial en la gestión de infraestructuras de transportación vial, incluyendo la operación y mantenimiento de unas 21,000 millas/carril de autopistas a través de 34 concesiones en 15 países, incluyendo destinos como Brasil, Chile, Francia, México, India, Italia y España. Por más de 20 años la empresa ha trabajado de la mano del Gobierno de Puerto Rico en el mejoramiento de las condiciones y la seguridad de la infraestructura vial de la Isla. Esta alianza ha redundado en una inversión de $425 millones de capital privado solamente en proyectos de mejoras capitales que, junto a otras contribuciones monetarias al Gobierno de Puerto Rico, ascienden a una inversión total en la Isla de aproximadamente $1,400 millones.

“Durante los últimos 20 años, hemos tenido una reconocida trayectoria de compromiso con Puerto Rico, hemos trabajado como un socio estable de la administración y así permanecerá en esta nueva etapa con la gestión del resto de las autopistas de la Isla. En Puerto Rico, continuaremos maximizando esfuerzos para prestar un servicio basado en la excelencia través de una gestión eficiente y de calidad que redunde en beneficio para todos los puertorriqueños. Bajo el marco de transparencia que provee la ley, hoy por hoy podemos decir que estamos preparados para, con el mismo afán y compromiso, poner en marcha este nuevo e ilusionante proyecto en Puerto Rico”, dijo el consejero delegado de Abertis, compañía de matriz de Metropistas, José Aljaro.

Por su parte, Julián Fernández Rodes, principal oficial ejecutivo de Metropistas, indicó que “el éxito de Metropistas en la gestión de las autopistas PR-22 y PR-5, al igual que el Puente Teodoro Moscoso, incluyen la reducción de 75 por ciento en la incidencia de accidentes fatales en nuestras autopistas. Esto gracias a toda nuestra fuerza laboral boricua que incluye excelentes recursos que anteriormente laboraban en la Autoridad de Carreteras y que se integraron a Metropistas, así como un sinnúmero de contratistas, suplidores, consultores, ingenieros y otros profesionales locales. Juntos hemos enfrentado grandes retos como han sido los huracanes, terremotos y pandemia, y hemos logrado sobrellevarlos excediendo todos los indicadores de cumplimiento contenidos en nuestro contrato de concesión. Estoy seguro de que ahora haremos lo propio en todas las autopistas de peaje de la Isla”.

Finalmente, el gobernador Pierluisi destacó que “con esta transacción seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de trabajar para un verdadero desarrollo económico y demostrar cambios reales y permanentes. Hoy, además de saldar la deuda de la Autoridad de Carreteras, damos otro paso hacia la transformación de infraestructura crítica de la Isla para dar a los puertorriqueños y las puertorriqueñas unas carreteras en condiciones óptimas, seguras y confiables, lo que es nuestra más alta prioridad”.

Secretario de Salud dice Jenniffer González tiene “un deseo de protagonismo falso”

Como en las relaciones donde el amor se acaba, desde que la comisionada residente Jenniffer González anunció que retaría al gobernador Pedro Pierluisi en primarias empezaron a salir a relucir las imperfecciones de la antigua compañera de faena política. 

A 15 días de que la vicepresidenta de la Palma se jactara de los millones largos federales que ha logrado para Puerto Rico y clamara que “Puerto Rico va por mal camino”, otro secretario del gabinete defiende la gestión del jefe.

Hoy, un día después de que Pierluisi presentara a su equipo de campaña, el secretario de Salud, Carlos Mellado, la emprendió contra González a quien acusó de figurear con el tema de los fondos y de adjudicarse logros que no le pertenecen.

Lanzó los cañones a través de una columna publicada en El Nuevo Día titulada Fondos federales: política sin politiquería.

 “Con mucho pesar escucho a la comisionada residente, Jenniffer González, agenciarse todo el crédito por la llegada de fondos federales. Esto demuestra desconocimiento y un deseo de protagonismo falso, que no ayuda a conseguir los objetivos públicos de Puerto Rico en la capital federal”, apuntaló al inicio del escrito.

Mellado, cuyo nombre ha sonado como un potencial candidato a la comisaría residente, explicó el calvario para conseguir fondos federales para financiar el plan de salud gubernamental luego de que la administración de Pedro Rosselló privatizó el sistema de salud.

“Por nuestra condición territorial, Puerto Rico no tiene una asignación suficiente y recurrente de fondos, como ocurre en los estados, para cubrir los gastos del plan médico de los pacientes de escasos recursos, que en la isla constituyen prácticamente la mitad de la población”, señaló.

“De ordinario, el Gobierno de Puerto Rico recibía de este programa federal solo el 55% de sus gastos de salud con un tope de $380 millones. Con esa asignación es imposible financiar nuestro sistema de salud, lo que nos obliga a solicitar asignaciones para cerrar la brecha de disparidad”, agregó.

Explicó que este gobierno creó grupos de trabajo para cabildear en el Congreso más fondos para el Plan Vital particularmente ante la actitud resignada de González.

“[L]a comisionada residente había informado que lo único que se podía conseguir eran $2,500 millones, de acuerdo a sus negociaciones previas. Dicha asignación hubiera sido nefasta para nuestro sistema y pudo provocar la eliminación de la tarjeta de salud a miles de pacientes. Por esto, el gobernador Pedro Pierluisi tuvo que meterse en silencio para ayudar en una tarea de la comisionada, mediante conversaciones directas con el liderato del Congreso y la Casa Blanca”, reveló Mellado.

Rápido aclaró que se trató de una misión colectiva y que finalmente se lograron asignaciones entre $3,275 y $3,825 millones para los próximos cinco años y 76% de cobertura federal de los gastos. Estos fondos, insistió, alivian la carga gubernamental y garantizan cubierta médica a miles de puertorriqueños y puertorriqueñas.

“En fin, en la medida que aprendamos a reconocer el trabajo en equipo seremos exitosos para echar a Puerto Rico hacia delante. Para esto hay que dejar las ambiciones personales desmedidas y trabajar en equipo”, concluyó.

Ya el secretario de Hacienda, Francisco Parés, le había salido al paso a González, quien propuso  saldar en un solo pago la deuda con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Parés advirtió que la polémica propuesta implicaría despidos y más aumentos.