La controversia en la costa de Salinas continúa.
En un esfuerzo conjunto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Municipio Autónomo de Salinas presentaron en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama una demanda sobre sentencia declaratoria e injunction preliminar y permanente para solicitar la demolición de unas obras de construcción realizadas sin los permisos correspondientes en el Barrio Las Mareas, Sector los Indios, en el área sur del Camino del Indio, en Salinas, así como para la revocación de un permiso de uso que fue emitido sin jurisdicción, según estableció previamente la Junta de Planificación de Puerto Rico.
“La política pública de esta administración claramente ha sido de protección y conservación del ambiente y los recursos naturales de la isla, utilizando los foros pertinentes que dan certeza y permanencia legal a esa protección. Al avanzar en esta lucha contra las violaciones a las leyes y reglamentos ambientales mediante los procedimientos adecuados, estamos enviando un mensaje contundente de que no los toleraremos más”, afirmó la titular de las agencias ambientales, Anaís Rodríguez Vega.
La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, permite a cualquier entidad gubernamental, así como a un municipio autónomo con jerarquía de la I a la V acudir al tribunal para presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.
Por su parte, la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, señaló que el compromiso del m
Municipio de Salinas se manifiesta en muchas iniciativas legales, de apoyo comunitario y de procesos de educación ciudadana, “pero sobre todo aplicando todas las disposiciones reglamentarias y legales. Lo que hoy estamos ejerciendo es prueba de eso. La conservación y defensa de los recursos naturales debe ser un compromiso de toda la ciudadanía”.
Ambas funcionarias adelantaron que continuarán proactivos en la radicación de casos en contra de todos aquellos que estén en violación de ley.
Los aspirantes que deseen ser candidatos a cargos públicos bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP) tendrán que someterse a pruebas de drogas de cabello.
Así lo informó mediante una carta la comisionada electoral de la Palma, Vanessa Santo Domingo Cruz a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), luego que el Directorio del PNP acordará someter a sus aspirantes a la prueba capilar de drogas.
La resolución del Directorio del PNP emitida el pasado 25 de agosto de 2023 establece además que la colectividad presentará seis candidatos a senadores por acumulación, seis candidatos a representantes por acumulación y dos candidatos a senadores de distrito por cada distrito senatorial.
Agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), arrestaron esta mañana a la madre de la menor que llegó sin vida al CDT de San Sebastián y al hombre que la llevó al lugar.
Melanie Cruz fue detenida por brindar declaraciones falsas y Brian Pérez, un hombre de 27 años que se identificó como pareja de la adolescente, por intento de producción de material de explotación infantil, posesión de sustancias controladas con la intención de distribuir y distribución de estas, conspiración para distribuir sustancias controladas, distribución de sustancias controladas a una menor.
Ambos estan detenidos en Mayagüez para ser interrogados, confirmó HSI a Cuarto Poder (Wapa-TV).
Gabriela Caban Cruz tenía 13 años. La menor, quien no tenía signos de violencia visibles, fue llevada el 4 de agosto por Pérez a la institución hospitalaria.
El expresidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que un generador de la unidad #4 de la planta de Palo Seco en Toa Baja sufrió serios daños tras reportarse una avería cuyos detalles Genera PR no había divulgado.
“Se derritieron las barras. Según dicen los que ‘desinforman’ la avería podría costar de $$5 a $$10 millones”, afirmó en un mensaje en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter.
Figueroa Jaramillo también publicó fotos del generador, que presuntamente sería decomisado, y adjudicó el accidente a Genera PR, el consorcio privado que administra las plantas generatrices que pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. El consorcio canadiense LUMA Energy administra el sistema de distribución y transmisión de la red eléctrica.
Pero el portavoz de Genera PR, Iván Báez negó que la avería en la unidad #4 fuera causada por personal de Genera PR e insistió en que se trató de una rotura por la fragilidad del sistema. Apuntó que el operador privado informó la situación el pasado 9 de agosto a través de su cuenta en X, pero reconoció que no informó los pormenores de la avería porque “hay suficiente generación de reserva y uno se siente en tranquilidad de que se pueda reparar” sin mayores consecuencias.
“No fue el generador sino que la rotura fue en el ‘stator'”, señaló Báez.
El “stator” es un sistema de rotación que tiene el generador. La reparación tomará unos seis meses, según Báez, quien no tenía a la mano un estimado del costo de dichos trabajos.
Ese 9 de agosto, Genera PR divulgó que reparaba las unidades #3 y #4 de Palo Seco.
Actualmente, la página web de Genera PR indica que en el sistema está consumiendo 2,761 megavatios, pero tiene una capacidad disponible de 3,275. Tiene una reserva operacional de 526 megavatios para un país que en su momento de mayor consumo usa entre 3,800 a 4,000 megavatios.
Ayer, LUMA Energy colgó un mensaje en su cuenta de X informando que “debido a problemas técnicos de instalaciones de generación, los clientes podrán experimentar interrupciones de servicio rotativas esta tarde”. Por tanto, exhortó a las personas a reducir el consumo energético.
Esa advertencia del operador privado de la red eléctrica se dio un día después de que Genera PR indicó que la unidad #3 de Palo Seco volvía a funcionar tras varios días fuera de servicio.
El 3 de septiembre, a las 8:29 p.m., Genera PR informó la “salida forzada en la unidad #3 de la Central Palo Seco. Nuestras brigadas se encuentran trabajando para retornar la unidad en servicio a la brevedad posible”.
En ese momento, aseguró que suplían la demanda requerida. El martes, a las 10:06 a.m. reportó que dicha unidad ya estaba en servicio. Dos días antes, reportó otra avería en la Central Costa Sur, que según los mensajes en su cuenta de X también reparó.
En medio de los mensajes y advertencias de los dos operadores del sistema eléctrico, decenas de personas denuncian en las redes sociales la falta de servicio sin saber a quién responsabilizar por su situación. Según la página web de LUMA, a la 04:20 p.m. solo había 2,211 clientes sin luz, a pesar de que hay sector grande de San Juan que permanece a oscuras desde esta mañana.
Todas las mañanas, Jay Fonseca te pone al día con las noticias más importantes para Puerto Rico y el mundo.
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Pese al aluvión de críticas, el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao, aseguró hoy que recomendó a Ilka Ríos Reyes para el cargo de rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) porque era la candidata mejor cualificada de los tres aspirantes evaluados por el Senado Académico, pero sin mencionar que hace justo un año destituyó a la funcionaria de dicho cargo.
“El Comité de Evaluación de Candidatos del Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas evaluó a tres candidatos que se hicieron disponibles, y la Dra. Ilka Ríos no fue descalificada”, afirmó en declaraciones escritas a Cuarto Poder (WAPA-TV).
“Yo analicé los méritos de los tres candidatos a base del informe que nos envió ese comité, los CV y las entrevistas hechas a cada uno, realicé mi recomendación a la Junta de Gobierno tras evaluar la preparación académica y experiencia profesional. La Dra. Ríos Reyes era la única entre los candidatos que ostenta el rango de catedrática y la que tiene más años de servicio en la alta gerencia en la institución”, agregó.
Tras la polémica designación, Ferrao no ha concedido entrevistas. Ni ha explicado a que se debió la virazón.
Ríos Reyes ocupa el cargo en propiedad desde el 1 de septiembre.
El pasado 9 de junio, el Senado Académico del RCM rindió su informe final sin una recomendación específica, pero concedió la puntuación más alta al entonces rector interino Carlos Ortiz Reyes, quien obtuvo 3.54 de una escala máxima de 4 puntos.
Ríos Reyes quedó en segundo lugar con 2.39 puntos, mientras que Natalio Izquierdo Encarnación logró 2.15 puntos.
“La Dra. Ríos mencionó durante la vista pública el señalamiento que tuvo durante su ejecutoria como Rectora del RCM del cual el Comité no cuenta con la evidencia de los resultados de la investigación”, reza el informe del Comité Evaluador.
El 4 de agosto de 2022, Ríos Reyes dimitió al cargo ante el “sorpresivo pedido de renuncia” de Ferrao. En ese momento, no había concluido la investigación interna ordenada por el propio presidente ante denuncias de dos decanos de que la entonces rectora había intervenido de forma irregular en el manejo del caso de una estudiante dotada de la Escuela de Medicina, que confrontaba problemas académicos.
Dos meses más tarde, la oficial investigadora Alondra Fraga Meléndez presentó un demoledor informe que determinó que Ríos Reyes violentó los procesos internos y actuó de manera unilateral al firmar un acuerdo de transacción extrajudicial con la estudiante porque no contaba con la facultad para tomar esa decisión. Esa facultad, según el informe, recaída sobre la presidencia de la UPR.
El informe también consignó que Ríos Reyes obstaculizó procesos internos y que quedaba pendiente de investigación por alegaciones de que había ordenado el cambio de notas de la estudiante. El cambio, de acuerdo a la denuncia, consistió en sustituir las calificaciones con “F” por una “W”, que equivale a una baja.
Pese a los hallazgos, la oficial investigadora no recomendó sanciones. Dejó esa determinación en manos de las autoridades universitarias.
En entrevista con este medio, Ríos Reyes negó las alegaciones y mostró evidencia de que nunca ordenó un cambio de notas. Indicó, sin embargo, que ese expediente académico había sufrido cambios que eventualmente debían ser investigados.
Los documentos examinados por Cuarto Poder -suplidos por diversas fuentes- revelaron un complejo proceso administrativo interno que tomó dos vías de acción de forma paralela y que desembocó en recomendaciones encontradas.
El Comité de Promociones de la Escuela de Medicina atendió un referido para realizar una evaluación académica de la estudiante y, en dos ocasiones, recomendó su expulsión. Además, los funcionarios involucrados en este proceso denunciaron que la rectora obstaculizó el trámite, que insistieron constituía el camino oficial establecido en los reglamentos de la institución.
La rectora, apoyada en una opinión del asesor legal del RCM, siguió otra ruta que garantizaba la permanencia de la estudiante en la Escuela de Medicina argumentando que atendía reclamos de la alumna de que había recibido un trato injusto y discriminatorio. Insistió en que firmó un segundo acuerdo transaccional confidencial el 7 de julio de 2022 acorde con las estipulaciones del acuerdo original firmado por su antecesor, Segundo Rodríguez, el 19 de febrero de 2021.
Después de recibir el informe, el 8 de noviembre de 2022, Ferrao envió una carta al rector interino Ortiz Reyes con la copia del documento para que tomara las medidas pertinentes. En la misiva de dos páginas, acogió los señalamientos del informe, que archivó en el expediente de la investigación en su oficina.
“Le he enviado una comunicación escrita a la doctora Ríos Reyes indicándole que como resultado de la investigación se halló incursa en irregularidades en el manejo del caso de la estudiante, mientras la doctora Ríos Reyes ocupó el cargo de Rectora”, apuntaló Ferrao.
Esta semana al dejar el interinato, Ortiz Reyes explicó al periódico El Vocero que la facultad para tomar acciones contra Ríos Reyes recaía sobre el presidente y tildó su inacción como acto de “cobardía”.
En medio de esta disputa, la estudiante no ha regresado a la Escuela de Medicina y diversos decanos y directores de programa del RCM han renunciado a sus puestos administrativos en repudio al nombramiento.