Investigamos si realmente la Iglesia no paga taxes con el licenciado y CPA, Kenneth Rivera Robles.
Melvin Camilo Mathews Medina, el hombre que ha sido identificado como el conductor del carro en el accidente en el que perdió la vida Lara Camila González Ortiz, al fin dio cara.
La Policía esperaba que el joven – quien fue identificado por cibernautas en las redes sociales tras el accidente, pero que las autoridades prefieren revelar su identidad “cuando lo tengamos de frente” – fuese entrevistado hoy por la Policía, como les prometió su abogado, “un licenciado de apellido Ojeda”, según destacó el director del Centro de Investigaciones Criminales (CIC), el coronel Roberto Rivera”, expresó el coronel Rivera.
Mathews Medina llegó al cuartel de Manatí, acompañado de su abogado Juan Ojeda, y se acogió a su derecho a permanecer callado, confirmó la portavoz de prensa de la Uniformada, Damarisse Martínez.
Publicaciones de cibernautas que buscan justicia para Lara, indican que el chofer que abandonó la escena dejándola en el pavimento muerta es un joven que vive en la frontera playera entre Vega Alta y Dorado, de familia adinerada e hijo de un afamado médico con oficina en Manatí. Ese médico, Melvin Mathews Bermúdez, también aparenta ser activista del Partido Nuevo Progresista, según se desprende del caudal de información que flota este fin de semana en las redes sociales. El joven también habría atropellado a una mujer embarazada en 2021, según afirma esa misma víctima en varias publicaciones de Facebook.
La Policía aún no quería revelar el nombre del chofer, y así lo ha pedido a la prensa, hasta que sea entrevistado esta tarde. Según el coronel Rivera, “el licenciado Ojeda nos prometió que esta tarde el conductor del accidente”, por quién este letrado parece interceder, “estaría a nuestra disposición en el cuartel del CIC de Vega Baja”. A pesar de que Rivera confirmó la información de Cuarto Poder sobre la identidad del individuo, pidió que no se revelara el nombre hasta que estuviera con ellos. “Nosotros tenemos ese caso desde que empezó, lo trabajamos rápido. Sabemos lo que hay, lo que pasó y por eso estamos tan adelantados. A pesar de que Rivera confirmó la información de Cuarto Poder sobre la identidad del individuo, pidió que no se revelara el nombre hasta que estuviera con ellos. “Nosotros tenemos ese caso desde que empezó, lo trabajamos rápido. Sabemos lo que hay, lo que pasó y por eso estamos tan adelantados. El nombre, para yo decírtelo, tengo que tenerlo a él de frente nuestro y por eso, oficialmente, no lo hemos dicho. En otros casos de ‘hit and run’ se hace exactamente lo mismo”, arguyó.
Mientras, el duelo y la contrariedad arropa la zona de la Barriada Sandín, los sectores Yeguada y Ocean Front, la urbanización San Demetrio y otros espacios aledaños a la playa de Vega Baja.
“Lo que queremos es que se haga justicia”, expresó el padre de la víctima, Omar González.
Tal y como subrayó hace unos meses en Cuarto Poder (WAPA-TV), el senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot confirmó esta mañana que la empresa Physician Correctional no actuó debidamente en el manejo del caso de la confinada Shannel Colon Ponce, según los resultados de la investigación de la Comisión de Salud Mental que dirige.
Mientras el Gobierno señala que Shannel se suicidó dentro de la Carcel de Mujeres de Bayamón, la familia de la joven reclama que murió como víctima de abuso institucional y han radicado una demanda en contra del Estado y su Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Y los resultados de la investigación parecen fortalecer su argumento.
De hecho, en conferencia de prensa celebrada esta mañana, Vargas Vidot expresó su rechazo a que el DCR renueve el contrato de servicios de salud a la población correccional con Physician Correctional ante la investigación que realizó la Comisión de Salud Mental en torno a los sucesos relacionados a la muerte de la confinada Shannel Colón Ponce.
Lo arrojado en la investigación coincide con la pieza ‘Entre el Limbo y el Luto’ presentado por Cuarto Poder en mayo pasado.
“Ha pasado un año desde la muerte de Shannel, al igual que el inicio de la investigación por esta Comisión, y en este tiempo se han levantado muchas preguntas con pocas respuestas, al igual que muchos problemas en búsqueda de soluciones de manera inmediata. La lamentable muerte de Colón Ponce y el pobre manejo en su caso ha arrojado luz a esta Comisión acerca de los servicios y protocolos de salud mental en las instituciones carcelarias, al igual que el poco personal para atender estos servicios apremiantes. Desde el inicio el caso de Shannel fue manejado de manera violenta e invalidante al no tomar en consideración desde un principio su diagnóstico de salud mental”, señaló Vargas Vidot en declaraciones escritas.
Según indicó el senador sobre la investigación, “a Shannel se le sumarió en un área de seguridad máxima, nunca se le hizo la evaluación de salud mental, se dejó desatendida a tal punto que su vida culminó a sus 23 años dejando a una niña y a una familia que desde el principio toda acción que tomó fue pensando en el beneficio de Shannel con la idea que el sistema la ayudaría, no que crearía las circunstancias injustas que desataron una cadena de sucesos que terminaron en esta trágica muerte”, sostuvo Vargas Vidot.
Como parte del trabajo de la Comisión de Salud Mental, el senador detalló que se realizaron varios requerimientos de información al DCR, a Physician Correctional, a Ciencias Forenses, al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y a LUMA Energy. Este último nunca respondió el requerimiento relacionado a si era cierto que el 2 de junio de 2022, día en que falleció Shannel, el Complejo Correccional de Mujeres de Bayamón no contaba con servicio eléctrico. Por su parte, Ciencias Forenses solo envió una carta diciendo que la información investigativa era confidencial y no se compartió. En cuanto al NIE, aún la Comisión sigue esperando que compartan sus hallazgos”.
Asimismo, se realizó una Audiencia Pública, donde el DCR se limitó en sus respuestas al ampararse en la confidencialidad del proceso investigativo, y de igual manera Physician Correctional al afirmar que el expediente médico de Shannel era confidencial. Durante esta Audiencia, el senador Vargas Vidot le preguntó al doctor Raúl Villalobos, presidente de Physician Correctional, si era cierto que a Shannel no fue atendida por un psiquiatra para que le revertieran los síntomas, lo cual Villalobos dijo que suministraría información confirmando que sí fue atendida, pero esa información nunca le llegó a la Comisión, denunció Vargas Vidot.
“Un obstáculo gigante para obtener esta salud emocional es precisamente Physician Correctional. El tiempo en el cual Shannel estuvo ingresada en el Centro de Rehabilitación para Mujeres este contaba con solo 0.5 psiquiatras y un psicólogo. Sí, 0.5 psiquiatras… ¿Qué querrá Physician Correctional decir con esto? ¿Cómo es posible que este número sea suficiente para atender la población correccional? Este número refleja cómo la falta de atención y de personal pudo haber sido un factor decisivo en el caso de Colón Ponce, y que pudiera estar viva de Physician Correctional haber intervenido de forma correcta y no haberla devuelto a la institución hasta no revertir síntomas. Esta negligencia es imputable tanto al DCR como a Physician Correctional”, reiteró el presidente de la Comisión de Salud Mental.
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Como conclusiones y recomendaciones puntuales el senador planteó lo siguiente:
El Departamento de Corrección y Rehabilitación incumplió con su deber de salvaguardar la seguridad de Shannel Colón Ponce.
Physician Correctional incumplió su deber contractual al no tener el personal adecuado para atender los problemas de salud mental de Shannel y de forma negligente darle una alta médica y devolverla a la institución correccional donde posteriormente se privó la vida a causa de no haber revertido síntomas.
Physician Correctional ha estado en incumplimiento material con el contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación al incumplir con las obligaciones del Artículo 12 sobre los informes mensuales.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación ha incumplido su deber fiscalizador frente a Physician Correctional tanto en la ausencia del cumplimiento de los informes mensuales, como con la pobre o ninguna fiscalización a las facturas que somete Physician Correctional, tratándolas como un trámite proforma.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe cancelar el contrato de Physician Correctional y no renovar el mismo. El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe asegurarse de que la compañía contratada garantice el bienestar físico y emocional de la población privada de libertad, hombres, mujeres y menores. Ha quedado evidenciado que Physician Correctional es incapaz de lograr esto.
Gestionar una colaboración entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Departamento de Salud a los fines de que la institución carcelaria tenga acceso a los expedientes médicos de personas privadas de su libertad, ya que esto ayudaría a manejar de manera eficaz el tratamiento de la persona desde un principio.
Que se elabore un protocolo que adiestre al personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación sobre el manejo de personas con salud mental, bien sean sumarios o privados de libertad posterior a una sentencia.
Colón Ponce falleció el 2 de junio de 2022, donde se planteó que fue un suicidio. En enero de 2022 ella comenzó a padecer de un diagnóstico de salud mental para el cual recibía tratamiento médico y que requirió un proceso de hospitalización involuntaria, a través de la Corte del Condado de York en Pensilvania. Fue hospitalizada en el York Hospital donde recibió tratamiento para su condición y finalmente dada de alta. Luego, en abril llega a Puerto Rico, mismo mes que su tía, Cheilian Rosario, se entera mediante noticias que su sobrina estaba siendo vinculada al hurto de un auto. Al comunicarse con ella, Colón Ponce le dice que la estaban persiguiendo, por lo que para escapar de sus perseguidores había tratado de utilizar dicho vehículo. Rosario se percató de que estaba descompensada mentalmente por lo que coordinó su entrega con el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
Posteriormente el 22 de abril el Negociado de la Policía presenta una denuncia en su contra y hubo una determinación de causa para arresto fijándosele una fianza de $10 mil, que no pudo prestar, ni fue diferida a través de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). Esa misma noche Shannel fue ingresada al Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.
El de mayo de 2022 se celebró la Vista Preliminar en el Tribunal de San Juan. Colón Ponce fue representada por la abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal Zamarys Benítez, y solicitó una Regla 240 para Evaluación Psiquiátrica, en vista de la condición en que se encontraba la imputada. En consideración a ello la vista fue suspendida y pautada para el 10 de junio de 2022, en espera de la evaluación psiquiátrica pautada para el 8 de junio. Sin embargo, esta se celebra el 10 de junio, tras la muerte de Shannel, , donde la familia se entera de que nunca se realizó la evaluación psiquiátrica que había sido ordenada por el Tribunal, a pesar de que desde el inicio la familia dejó saber que Shannel era una paciente de salud mental.
La controversia en la costa de Salinas continúa.
En un esfuerzo conjunto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Municipio Autónomo de Salinas presentaron en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama una demanda sobre sentencia declaratoria e injunction preliminar y permanente para solicitar la demolición de unas obras de construcción realizadas sin los permisos correspondientes en el Barrio Las Mareas, Sector los Indios, en el área sur del Camino del Indio, en Salinas, así como para la revocación de un permiso de uso que fue emitido sin jurisdicción, según estableció previamente la Junta de Planificación de Puerto Rico.
“La política pública de esta administración claramente ha sido de protección y conservación del ambiente y los recursos naturales de la isla, utilizando los foros pertinentes que dan certeza y permanencia legal a esa protección. Al avanzar en esta lucha contra las violaciones a las leyes y reglamentos ambientales mediante los procedimientos adecuados, estamos enviando un mensaje contundente de que no los toleraremos más”, afirmó la titular de las agencias ambientales, Anaís Rodríguez Vega.
La Ley Núm. 161-2009, según enmendada, permite a cualquier entidad gubernamental, así como a un municipio autónomo con jerarquía de la I a la V acudir al tribunal para presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.
Por su parte, la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, señaló que el compromiso del m
Municipio de Salinas se manifiesta en muchas iniciativas legales, de apoyo comunitario y de procesos de educación ciudadana, “pero sobre todo aplicando todas las disposiciones reglamentarias y legales. Lo que hoy estamos ejerciendo es prueba de eso. La conservación y defensa de los recursos naturales debe ser un compromiso de toda la ciudadanía”.
Ambas funcionarias adelantaron que continuarán proactivos en la radicación de casos en contra de todos aquellos que estén en violación de ley.
Los aspirantes que deseen ser candidatos a cargos públicos bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP) tendrán que someterse a pruebas de drogas de cabello.
Así lo informó mediante una carta la comisionada electoral de la Palma, Vanessa Santo Domingo Cruz a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), luego que el Directorio del PNP acordará someter a sus aspirantes a la prueba capilar de drogas.
La resolución del Directorio del PNP emitida el pasado 25 de agosto de 2023 establece además que la colectividad presentará seis candidatos a senadores por acumulación, seis candidatos a representantes por acumulación y dos candidatos a senadores de distrito por cada distrito senatorial.
Agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), arrestaron esta mañana a la madre de la menor que llegó sin vida al CDT de San Sebastián y al hombre que la llevó al lugar.
Melanie Cruz fue detenida por brindar declaraciones falsas y Brian Pérez, un hombre de 27 años que se identificó como pareja de la adolescente, por intento de producción de material de explotación infantil, posesión de sustancias controladas con la intención de distribuir y distribución de estas, conspiración para distribuir sustancias controladas, distribución de sustancias controladas a una menor.
Ambos estan detenidos en Mayagüez para ser interrogados, confirmó HSI a Cuarto Poder (Wapa-TV).
Gabriela Caban Cruz tenía 13 años. La menor, quien no tenía signos de violencia visibles, fue llevada el 4 de agosto por Pérez a la institución hospitalaria.