Los ajustes operacionales por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de más psicólogos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) han impedido que cientos de confinados puedan tomar el curso Aprendiendo a Vivir sin Violencia, que es requisito para solicitar el beneficio de libertad bajo palabra.
Esto ha provocado que en el último año haya un cupo menor para tomar el curso y que se produzca un retraso de meses para cientos de reclusos que quieren iniciar el proceso de solicitar la salida de la cárcel.
