Pierluisi, ¿cuándo vas atender el monopolio en los puertos?

Desde hace tres semanas, Puerto Rico se está viendo afectado por un conflicto obrero patronal.

Esto ha provocado que alrededor de una decena de barcos y miles de furgones no entren a nuestros puertos con mercancía y suministros claves de construcción, comestibles y productos en general que llegan del extranjero a Puerto Rico.

El reclamo de ILA es que hay una tarea que debe hacer personal unionado y no personal gerencial.

La empresa Luis Ayala Colón implementó un equipo tecnológico hace casi dos años y aseguró que el equipo gerencial solo hace una gestión de supervisión en el que solo oprime una tecla que dice: “Job Done”.

La unión dice que recientemente se han percatado que los gerenciales hacen más gestiones como coordinadores de la llegada de barcos o “checkers”.

La unión reclama que hace falta “checkers” y la empresa Luis Ayala Colón dice que es la compañía la que determina cuánto personal va a contratar.

El gobernador Pedro Pierluisi envió una carta al presidente Biden para que sea la Casa Blanca quien resuelva el asunto y no se ha recibido respuesta.

El Departamento del Trabajo ha mediado infructuosamente.

La Autoridad de los Puertos acudió en una gestión de cobro a pedir que le pagaran $400 mil que se supone recibiera por el impuesto al importe .

¿Cuál es la solución?

A juicio del licenciado Carlos Díaz Olivo, profesor de la clase de antimonopolio en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico “el muelle es del Estado y si el operador privado a quien se dio la concesión no lo puede operar y se crea una crisis, el contrato puede rescindirse y buscar otro operador”.

Díaz Olivo señaló que “bajo Ley de Monopolio puede procurarse segregar en operaciones separadas y más pequeñas la operación portuaria por hoy existir monopolio”.

“Los terceros afectados pueden llevar acciones por interferencia contractual o incumplimiento de contratos. Y por la crisis, bajo la ley laboral la disposición anti injunction no aplica y puede obtenerse uno”, agregó.

El estudioso de derecho antimonopolístico dijo que no comprende cómo “el Estado se declara incapaz”. Opinó que “el Estado tiene que hacer lo que se entienda mejor al interés público y el que no esté de acuerdo puede impugnar”.

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