El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que no tiene detalles sobre el allanamiento que realizan las autoridades federales esta mañana en las oficinas de su pariente.
El primer ejecutivo dijo que Eduardo y Walter Pierluisi son sus primos terceros.
“No tengo detalles, por lo que vi en los medios estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi. Somos primos terceros. Confirmo que somos parientes, pero no tengo detalle alguno sobre el motivo del allanamiento”, sostuvo.
Dijo que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) no se comunicó con él previo al allanamiento y dijo que no es la práctica de la agencia.
Agregó que no se ha comunicado con sus primos terceros y aseguró que nunca ha visitado la propiedad allanada.
Aseguró que no le preocupa la cercanía con las personas allanadas esta mañana.
Agentes del FBI, el Departamento de Vivienda federal y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos se presentaron esta mañana al apartamento de Eduardo Pierluisi en el complejo Paseo del Bosque, en San Juan.
Luego se trasladaron a la oficina Pierluisi Isern Law Office, también en San Juan, y cuyo presidente es Walter Pierluisi.
La portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio, confirmó a Cuarto Poder (WAPA-TV), que el grupo de trabajo interagencial cuenta con una orden de registro y allanamiento, que tiene un término de 24 horas y que le permite a los agentes incursionar en varios lugares en busca de evidencia relacionada a una investigación en curso.
Cruz Rubio no ofreció detalles de los lugares visitados, ni los nombres de las personas objeto del cateo.
“Hay agentes que están realizando labores investigativas en la calle. Esto es una actividad investigativa en curso. Los agentes están trabajando en conjunto con HUD-OIG (Departamento de Vivienda federal e Inspector General de Estados Unidos)”, explicó.
El abogado de defensa de los primos del gobernador, Osvaldo Carlo confirmó que todo apunta a que la investigación está relacionada al uso de fondos públicos de Vivienda asignados para la administración de complejos de vivienda pública. Sin embargo, indicó que se comunicará con la Fiscalía para conocer cuáles son los estatutos que pudieron haber sido violentados.
