El liderato del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunció un esquema de acaparamiento de una treintena de edificios por inversionistas extranjeros al amparo de los privilegios contributivos de las Leyes 20 y 22 en la histórica comunidad sanjuanera, considerada una de las más antiguas de la Capital.
Denunciaron que la compra venta de las propiedades ha provocado el desplazamiento de decenas de residentes, muchos de ellos nacidos en la zona.
