Policía rechaza medida que legaliza uso del cannabis en adultos

El representante Héctor Ferrer Santiago (izquierda) y el representante Orlando Aponte Rosario (derecha).

El secretario de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos; y el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, se expresaron hoy en contra del proyecto de la Cámara 1191, que persigue permitir el uso adulto controlado del cannabis para personas mayores de 21 años de edad. 

En cambio, el dúo resaltó -en una ponencia escrita- la necesidad de continuar reforzando la política pública existente contra el uso de drogas, que incluye el encausamiento criminal, y programas con enfoque salubrista durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico que evalúa la medida.

“Nos pronunciamos en contra de las enmiendas presentadas a la Ley 42 (“Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación Normas Aplicables y Límite”). Esto, por cuanto pretende legalizar el consumo del cannabis, sin recomendación médica, por una persona mayor de 21 años de edad. Tampoco estamos a favor de la enmienda que dispone que, la Junta Reglamentadora establecerá un límite de dispensación diario para uso adulto controlado el cual nunca será mayor de 28 gramos de cannabis o su equivalente de ocho gramos de THC en los productos concentras o su equivalente de 800 miligramos de THc en productos comestibles”, señaló en su ponencia la licenciada Estrella Vega en representación del Departamento de Seguridad Pública (DSP). 

Vega también enumeró algunas de las complejidades de la puesta en vigor del proyecto presentado por el representante Héctor Ferrer Santiago y que legalizaría la posesión de hasta 28 gramos de marihuana en adultos de 21 años.

“Ello conllevaría, que, al momento de la intervención, nuestros agentes cuenten con pesas para verificar si se trata de los 28 gramos o menos de cannabis. Además, de que la Policía necesitará contar con el personal certificado para ello y calibrar tales pesas”, apuntó al leer la ponencia de los jefes de seguridad Torres Ríos y López Figuera.

“Para poder implantar esta legislación (PC1191), ello acarrearía la compra de balanzas en todas las áreas policíacas, la certificación de nuestros agentes a tales efectos lo que conlleva costos adicionales y reforzar o modificar los procedimientos de intervención. Desde luego, todo esto implicaría un costo adicional actualmente indeterminado, pero que de seguro aumentaría por mucho los gastos que tiene el presupuesto del Negociado de la Policía en la lucha contra el crimen”, recalcó la licenciada Estrella Vega. 

MÉDICOS APOYAN MEDIDA CON ENMIENDAS

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos Otero, presentó un memorial escrito que apoya la medida con enmiendas dirigidas a garantizar que toda dispensación y suministración de cannabis medicinal a pacientes pediátricos, debe ser delegada y realizada estrictamente por médicos pediatras. 

“El proyecto contempla algunas medidas para impedir que menores de edad tengan acceso personal a cannabis despenalizado para adultos, pero no resuelve el acceso irrestricto que tienen los menores de edad al cannabis bajo la reglamentación del Cannabis Medicinal”, expresó el galeno. 

Según Ramos Otero, los pacientes pediátricos, en muchas ocasiones, terminan recibiendo un cannabis que no rinde beneficios médicos para sus condiciones y en otras, reciben cannabis que podrían agravar sus condiciones de salud. 

A su vez, el médico pediátrico, explicó que la posición del Colegio es “atender las adicciones desde una perspectiva salubrista y médico sanitario, y no desde un modelo punitivo”.

“Por décadas, Puerto Rico ha seguido un modelo ético-jurídico o punitivo para atender el problema del consumo de drogas. Este modelo está centrado en la sustancia narcótica y enfatiza las medidas legales y penales dirigidas a los usuarios de drogas”, afirmó Ramos Otero. 

“La ley vigente busca que el usuario de drogas sea aislado del resto de la sociedad para castigarlo. Estas medidas implican que se destine un importante porcentaje de recursos públicos y privados a la penalización del usuario, no a su cura. La respuesta penal condiciona el contacto del usuario de drogas con las instituciones de salud, ya que representa la posibilidad de ser arrestado”, añadió.

Al mismo tiempo, el galeno destacó “que tratar a una persona enferma como criminal y, por ende, dejarlo desprovisto de oportunidad de salud, siempre nos ha parecido una grave violación a los derechos humanos”, sentenció el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

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