FEI presenta denuncias contra Juan Maldonado y Aaron Vick por fallida compra de pruebas rápidas de COVID-19

El licenciado Juan Maldonado acompañado de su abogada Mayra López Mulero.

La jueza Iradia Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan resolverá esta tarde si la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) tiene jurisdicción para presentar cargos criminales contra el licenciado Juan Maldonado y el empresario Aaron Vick por la fallida venta de pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno durante las primeras semanas de la pandemia.

Luego de escuchar las partes, la togada se retiró a evaluar la evidencia presentada por los fiscales especiales independientes Ramón M. Mendoza Rosario, Manuel Nuñez Corrada y Juan E. Catalá Suárez y los argumentos de la licenciada Mayra López Mulero y el licenciado Alberto Rivera Ramos, quienes representan a Maldonado.

Rodríguez Castro indicó que informará una decisión a las 4:30p.m.

Contra Maldonado, el ex director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo, se presentaron cinco denuncias por tentativa fraude, falsificación de documentos privados, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.

El ministerio público radicó cuatro denuncias en ausencia contra Vick por tentativa fraude, falsificación ideológica, traspaso de documentos falsificados e intervención ilegal o indebida en operaciones o procesos gubernamentales.

Previo al inicio de la audiencia, el fiscal Mendoza Rosario indicó que como parte de la pesquisa entrevistó a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien estuvo acompañada del licenciado Edgar Vega. Aseguró también que no encontró evidencia para presentar cargos contra los funcionarios públicos involucrados en la polémica transacción de $38 millones.

Tras la presentación de las denuncias, inició la vista de determinación de causa para arresto, conocida como Regla 6, ante la jueza Rodríguez Castro.

La vista arrancó con un planteamiento de López Mulero, quien cuestionó la presencia de periodistas en la vista de alto interés público. La Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) permitió la entrada de la prensa a sala como parte de su visión de apertura de los procesos judiciales.

Aunque tildó la presencia de la prensa en sala en esta del proceso como algo “sorpresivo e inusual”, la letrada finalmente se allanó a la determinación de la OAT.

Antes de que el ministerio público sometiera el expediente del caso para la evaluación de la togada, López Mulero cuestionó la jurisdicción y facultad de los fiscales especiales independientes para presentar cargos contra su representado por tratarse de una persona privada y no un funcionario público.

Planteó que la Ley que creó la oficina requiere que una acusación contra una persona privada esté acompañada de la presentación de cargos contra un funcionario público. En esa línea, esgrimió que las denuncias contra Maldonado alegaban un concierto y común acuerdo contra otra persona privada y que, por tanto, los fiscales especiales carecían de jurisdicción ante la falta de vínculo con un funcionario que faltaba a su deber en el ejercicio de la función pública.

Solicitó sin éxito presentar un memorando de derecho y la desestimación de las denuncias.

El fiscal especial Mendoza Rosario ripostó que la jurisdicción era clara puesto que la Ley que creó la Opfei puede actuar “sobre todos los asuntos que nacen y se generan de la encomienda del Panel”. Afirmó también que consultó al Departamento de Justicia y sometió a la jueza Rodríguez Castro documentos firmados por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en los que confirmaba que correspondía a los fiscales especiales continuar con el proceso de investigación y de presentación de cargos.

Aunque el referido inicial de investigación incluía a Vázquez Garced y otros funcionarios, el Opfei centró la investigación en Lilliam Sánchez, hoy ex subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, hoy ex funcionaria de La Fortaleza adscrita al Task Force Medico de COVID, General José Burgos, pasado comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias; y el licenciado Maldonado.

Pese a que la venta de las pruebas rápidas de COVID-19 no se completó, el gobierno desembolsó un depósito $19 millones, que fue tenido por el banco Oriental al activar protocolos de seguridad tras la transferencia del Departamento de Hacienda.

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