Lo que es desastre para la mayoría puede ser banquete para otros, tal y como lo indicó abiertamente en el 2019 la inversionista Kira Golden, de las empresas de bienes raíces Puerto Rico Flips y Direct Wealth Inc., en el podcast A Canadian Investing in America. Allí, Golden destacó cuán beneficioso para su negocio fue el huracán María.
“Nos pegó un gran huracán en 2017 y eso fue grandioso para la isla. Muchas oportunidades llegando, muchos fondos, muchos contratistas, más turismo que en mucho tiempo, nuestras propiedades de alquiler vacacionales están en más demanda que nunca…”, indicó con entusiasmo en ese podcast que conduce el también inversionista de bienes raíces Glen Sutherland, con base en Ontario.
VIDEO: A Canadian Investing in the USA: Ep050 Investing in Warmer Places (Puerto Rico) with Kira Golden
Un mes después del huracán, el daño de María fue contabilizado en $95,000 millones por la agencia de calificación crediticia Moody’s Analytics, cifra que favoreció también la Junta de Control Fiscal y la Administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló en sus peticiones de ayuda al Congreso.
Sin embargo, hay estudios que arrojaron totales más discretos, según resumió entonces el portal del diario Caribbean Business en un artículo del 6 de octubre con la firma de Rosario Fajardo. El análisis agrupa los siguientes resultados de informes sobre los daños de María a tres semanas del desastre:
- “En un informe preliminar presentado el 1 de octubre a la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Estudios Técnicos indicó que el daño total de María ronda entre $15,900 millones y $19,900 millones. Los daños a la infraestructura fluctúan entre $14,900 millones y $18,600 millones, mientras la economía sufrió un golpe de entre $1,000 millones y $1,300 millones”.
- “Chuck Waston, analista para el grupo de investigación de desastres Enki Research, posicionó el daño total en $30,000 millones, incluyendo $20,000 millones en daños físicos y $10,000 millones en pérdidas de productividad económica, de acuerdo a cnn.money”.
- “Entretanto, AIR Worldwide, una firma de modelos de catástrofe “estima que las pérdidas aseguradas por la industria causadas por el huracán María en el Caribe serán de entre $40,000 millones y $85,000 millones. Puerto Rico solo representa más del 85% de las pérdidas”, indicó al enfatizar que los huracanes Irma y María han sido catástrofes mayores en el Caribe. Sin embargo, un análisis de las cifras de María muestra incongruencias en el área de daños económicos”.
Según el análisis de Caribbean Business, “la cifra de Estudios Técnicos sobre daños a la infraestructura y economía mide la relación entre ambos en una proporción de 14 a 1. Los números de Watson ubican la proporción en 2 a 1. Estos son semejantes a un informe de la Junta de Planificación (1999) sobre el huracán Georges, que azotó la isla en el 1998”.
En 2019, a dos años del embate de lo que el NOAA y el Centro Nacional de Huracanes ha categorizado como uno de los más costosos de la historia, otro asunto también sirvió para el beneficio de inversionistas que, como Golden y Morgan Reed Group, buscan este tipo de propiedades a precio de baratija.
En el podcast en el que habló de Puerto Rico, Golden, quien en 2019 se enfocaba en propiedades especializadas en alquileres vacacionales, aludió también a como el huracán y la debacle hipotecaria local que sucedió meses antes se combinaron para propiciar el escenario perfecto para adquirir propiedades a precio de pescao’ abombao’. Justo antes de María, más de 16,000 residentes ya enfrentaban una ejecución hipotecaria. Luego del huracán, los bancos ofrecieron varios meses de amnistía, dependiendo cada caso particular, pero obligaban a que el saldo de cada deuda hipotecaria se diera de cantazo tras concluir ese plazo. Para abonar a esto, Points2 Homes, un portal especializado en el análisis de bienes raíces, estimó que más de 470 mil propiedades fueron afectadas por el huracán María, de las cuales una quinta parte quedó en ruinas. El precio de las propiedades, en algunos casos, se desplomó a menos del 50 % de su valor.
Entonces, desde el Capitolio pareció oficializarse este pulguero de bienes raíces. La Ley 60, bautizada como el Código de Incentivos de Puerto Rico, fue aprobada el 1 de julio del 2019, dos semanas antes que comenzaran las protestas tras las revelaciones de aquel polémico chat de Telegram que descuartizó la carrera política del entonces gobernador Rosselló y acabó sacándolo de La Fortaleza. En esta ley se resumieron los incentivos que ya ofrecían otras leyes a los inversionistas extranjeros, ya beneficiados por la carencia de impuestos que le ofrecían las leyes 20 y 22. Las bondades de la Ley 60 son actualmente promulgadas a viva voz en YouTube por empresarios, como Peter Schiff y Jerry Norton, que urgen a más millonarios a participar de esta economía que para ellos es paradisiaca.
VIDEO: Flipping Mastery w/ Jerry Norton: Why entrepreneurs should move to Puerto Rico – Interview with Peter Schiff
Cabe destacar que esta ley también propone incentivos a locales, como la destinada a ayudar a jóvenes empresarios y como los incentivos que hay para los productores locales de la industria cinematográfica, que ha ayudado a mantener talleres puertorriqueños de trabajo en este campo.
Luis Gallardo, líder de la organización sin fines de lucro Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), entiende que, ante este panorama de venta a quemazón de bienes raíces, son los legisladores, alcaldes y el propio Gobernador, por los que el pueblo votó para defender sus intereses y derechos, los que tienen que actuar contundentemente.
La disparidad económica entre este sector inversionista que no aparenta tener mucho más interés en el desarrollo social y comunitario más allá de adquirir propiedades a tutiplén y desarrollar comercio no es una que nace de la ilegalidad y por eso el turno al bate legislativo debe ser oportuno y certero.
“La práctica de adquirir propiedades que están en ruinas o bajo el valor del mercado no es nada malo, porque inclusive podemos comprar una propiedad por debajo del valor del mercado para crear vivienda asequible, eso es una posibilidad. Pero esta practica de comprar propiedades baratas para luego venderlas caras, es un concepto que conocemos muy bien. Sin embargo, ahora existen incentivos económicos que les permiten hacerlo sin pagar impuestos. Es muy intenso el asunto”, acotó Gallardo.
“Además, si eso los combinamos con fondos federales, porque también estos empresarios tienen un incentivo de crear propiedades nuevas, ahora hay un incentivo directo económico, pues ellos están haciendo lo que se supone que hagan, son comerciantes. Están buscando donde invertir su dinero sin tener que pagar impuestos. Pero de nuevo, caemos en el asunto de la política pública. Si nosotros, tú, yo, quienes sean, decidimos que queremos comprar una propiedad pues nos van a espetar con el impuesto. No tenemos acceso a esos incentivos”, recordó Gallardo.
Vea el reportaje Inversionismo del desastre
En julio de este año, comenzaron las vistas en el Senado para empujar los Proyectos 40 y 284 del Senado, que proponen derogar la Ley 20-2012 y la Ley 22-2012. La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, atiende estos proyectos, que han recibido recomendaciones por parte de la industria privada de reducir a cinco años el término para que las personas que fueron residentes bonafides en Puerto Rico puedan regresar y sean elegibles a los beneficios de la Ley 22, así como establecer un mínimo de inversión y de empleos que deben crear.
En su ponencia durante una vista de mediados de julio, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Alfredo Martínez, propuso que en la Ley 22 se establezca un valor mínimo de inversión en vivienda y se acorte el término de un año, desde la concesión del decreto, para que el individuo adquiera la propiedad. A pesar de esta propuesta de limitaciones que parecen ser ínfimas ante el problema existente, la cúpula del sector privado nacional parece aborrecer en general estos dos noveles proyectos que intentan atajar esta aparente desigualdad a la hora de adquirir propiedades de bienes raíces.
Con Gallardo hablamos de esta disparidad socioeconómica que ha causado el propio sistema, mientras caminábamos por Río Piedras, que, a pesar del ya tradicional abandono gubernamental, se niega a dejar de ser la ciudad universitaria. Con edificios abandonados a tutiplén o adquiridos por empresas similares a Morgan Reed, Río Piedras es la nueva mina de oro metropolitana de la economía del desastre como hace unos añitos fue El Viejo San Juan.
Gallardo y el CRH no ven nada malo en que el capital privado invierta, solo que buscan que sea con motivación para vivienda asequible, como pasó en Toa Baja, donde crearon un Banco de Tierras Comunitarias.
“En Río Piedras, tal y como en Caguas y muchos centros urbanos, existe gran cantidad de propiedades vacantes y abandonadas. A pesar de tener casas vacías, hay personas que no tienen techo seguro, que viven en condiciones infrahumanas, con bajo ingreso y no tienen acceso a la vivienda. El costo va subiendo. Hay anuncios de propiedades en Río Piedras que están vendiendo, cuyo precio no es para los residentes de aquí, pues no hay esa capacidad económica. Pero, a diferencia de otros centros urbanos, aquí hay una buena organización comunitaria, hay diferentes entidades y cuerpos comunitarios y por ley especial del Municipio, existe un Fideicomiso Comunitario para el Desarrollo de Río Piedras”, exaltó el también profesor universitario.
“En el Centro para la Reconstrucción del Hábitat vemos a Río Piedras como un buen ejemplo para evidenciar que, frente a toda esa presión de desarrolladores e inversionistas y las propiedades abandonadas, hay buen espacio para impulsar un modelo desarrollo comunitario. Hay formas de rescatar estas propiedades sin desplazar personas”, resumió, mientras caminaba por las aceras del atribulado Paseo de Diego.
Tras reuniones con el alcalde Miguel Romero y con el beneficio de tener un fideicomiso comunitario, Gallardo y la organización que lidera tienen esperanzas de que propuestas que ya han presentado no caigan en oídos sordos. El director ejecutivo del CRH reconoce que con respaldo filantrópico, municipal y ayudas federales se han podido recuperar espacios, como sucedió, por ejemplo, con el Museo de la Memoria de Trastalleres, en Santurce. Ahora mismo, sin embargo, son empresas como Morgan Reed las que tienen la ventaja sobre las comunidades. Y eso, que ni siquiera hemos mirado a profundidad la situación con las escuelas que cerró el Departamento de Educación.
Un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo reseñó que Morgan Reed adquirió al menos tres escuelas, en fabulosos puntos del archipiélago. El artículo de la periodista Tatiana Díaz Ramos señala que la escuela Carmen Gómez Tejera de Aguadilla, con una hermosa vista al Atlántico y en medio de un yacimiento prehíspánico y colonial, le costó a Morgan Reed tan solo $780,000. Allí, donde una ocasión se forjó la juventud puertorriqueña, piensan hacer un hotel de 150 habitaciones.
Todo esto pasa a la vez que hay organizaciones comunitarias con necesidad de espacio, como la de Giovanni Roberto y Marisel Robles en Caguas que se encargan de dar alimentos a la gente sin recursos, o como el esfuerzo de la gloria nacional del béisbol Yadier Molina, que debido a la burocracia de las mismas autoridades, aún no completa la adquisición de una escuela en Vega Alta para desarrollar un programa de educación artística y deportiva.
Ante este escenario, sobran las interrogantes. ¿Por qué Puerto Rico mantiene un sistema que permite que inversionistas compren estructuras a bajo costo, y no se les obliga, como en otras jurisdicciones de Estados Unidos, a darles mantenimiento o habilitarlas para su uso? ¿Por qué se sigue permitiendo que los edificios sigan siendo un estorbo público y un problema de seguridad y salud pública para la comunidad cuando hay personas como Giovanni y Marisel, que los necesitan para ayudar a las personas de escasos recursos económicos? Falta ver si hay disposición para darle respuestas concretas a estas preguntas.
