El pliego acusatorio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald J. Trump establece que este falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar una conducta delictiva al omitir información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016.
Según la Fiscalía, desde agosto de 2015 hasta diciembre de 2017, el Acusado orquestó un plan junto a otras personas para influir en las elecciones presidenciales de 2016 mediante la identificación y compra de información negativa sobre él para suprimir su publicación y beneficiar las perspectivas electorales del Acusado.
Para ejecutar el esquema ilegal, establece el pliego, los participantes violaron las leyes electorales e hicieron y causaron entradas falsas en los registros comerciales de varias entidades en Nueva York. Los participantes también tomaron medidas que tergiversaron, a efectos fiscales, la verdadera naturaleza de los pagos realizados en apoyo del esquema.
La Fiscalía aduce que uno de los componentes del esquema se basaba en que, a petición del demandado, un abogado que entonces trabajaba para la Organización Trump como asesor especial del demandado (“Abogado A”), pagó de forma encubierta $130,000 a una actriz de cine para adultos poco antes de las elecciones para evitar que hiciera público un encuentro sexual con el demandado. El Abogado A realizó el pago de $130,000 a través de una sociedad instrumental que creó y financió en un banco de Manhattan. Este pago fue ilegal, y desde entonces el Abogado A se ha declarado culpable de realizar una contribución ilegal a la campaña.
La acusación añade que se hicieron anotaciones falsas en los registros mercantiles de Nueva York para efectuar este pago, aparte de los registros mercantiles de Nueva York utilizados para ocultar el pago.
El pliego acusatorio establece que después de las elecciones, el demandado reembolsó al abogado A el pago ilegal mediante una serie de cheques mensuales, primero del Donald J. Trump Revocable Trust (el “fideicomiso del demandado”) -un fideicomiso creado conforme a las leyes de Nueva York que poseía los activos de la entidad de la Organización Trump después de que el demandado fuera elegido presidente- y luego de la cuenta bancaria del demandado. Cada cheque fue procesado por la Organización Trump, y cada cheque fue disfrazado como un pago por servicios legales prestados en un mes determinado de 2017 en virtud de un acuerdo de retención. Los registros de pagos, guardados y mantenidos por la Organización Trump, eran registros comerciales falsos de Nueva York.
Según la Fiscalía, en realidad no existía ningún acuerdo de retención, y no se estaba pagando al Abogado A por los servicios jurídicos prestados en 2017. El Acusado hizo que los registros comerciales de sus entidades fueran falsificados para disfrazar su conducta delictiva y la de otros.
