El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde del Municipio Autónomo de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, por solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza en violación de distintas disposiciones legales.
La determinación es el resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales.
La prueba recopilada demostró que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política. Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.
“Finalizada la investigación, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar todo el derecho aplicable, la DIPAC determinó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado, artículos 191 y 251 del Código Penal, respectivamente. Igualmente, existe causa suficiente para creer que el alcalde Irizarry Pabón cometió los delitos graves, tipificados en el artículo 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas”, establece el informe emitido por la DIPAC al titular de Justicia.
Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la DIPAC, y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente. “En el Departamento de Justicia continuamos combatiendo la corrupción pública que afecta tanto las operaciones gubernamentales como a los ciudadanos. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor se encuentra muy activa investigando en todos los niveles. Todo aquel que le robe al pueblo o vulnere su confianza tendrá que rendir cuentas”, expresó el secretario de Justicia.
La investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició con una comunicación recibida en la Oficina de Contralor de Puerto Rico, que fue referida al secretario de Justicia. Por ser Irizarry Pabón un funcionario a quien le aplica la Ley Núm. 2-1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario de Justicia la refirió ala DIPAC para el desarrollo de la investigación correspondiente.
Debido a que la investigación continúa, ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.
