La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, ordenó la demolición de nueve estructuras y muelles construidos ilegalmente en la zona marítimo terrestre y terrenos aledaños a la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.
Los trabajos deben ser coordinados con la agencia y completarse en los próximos 30 días.
“Queremos ponerle fin al continuo daño ambiental que representan estas estructuras levantadas ilegalmente en la zona marítimo terrestre y terrenos aledaños a la Bahía de Jobos. Así que no vamos a posponer las acciones correctivas necesarias. La política pública de esta administración del gobernador Pedro R. Pierluisi es de protección y conservación del ambiente, y aún con los recursos limitados que durante décadas hemos tenido en el DRNA –y que empezamos a corregir cuando el primer mandatario otorgó los fondos para una nueva academia de Vigilantes– creemos que utilizados estratégicamente podemos avanzar en esta lucha contra las violaciones a las leyes y reglamentos ambientales”, sostuvo Rodríguez Vega en un parte de prensa.
Mediante Resolución y orden emitida a esos efectos, Rodríguez Vega concedió 30 días para llevar a cabo esas acciones, las cuales deberán ser coordinadas con el DRNA.
También ordenó a los que violaron las leyes ambientales causando daños a la flora y fauna a que restauren el área y la devuelvan a las condiciones naturales en que se encontraba antes de ser impactada por dichas actividades ilegales.
El DRNA determinó que dichas estructuras y muelles construidos en la protegida área de mangle no cuentan con los permisos y autorizaciones correspondientes y resultan en un aprovechamiento ilícito de los bienes de dominio público. Las construcciones habrían violado la Ley 23 de 1972 (Ley orgánica del DRNA), así como varios artículos del Reglamento 4860 (Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo éstas y la Zona Marítimo Terrestre) y la Ley de Puertos.
Los querellados tienen 10 días para mostrar causa ante el DRNA por la cual no se deban ejecutar las órdenes emitidas. Bajo la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, los querellados tienen el derecho a solicitar ante el DRNA la reconsideración de la Resolución y, de sostenerse la determinación de la agencia, acudir en revisión ante el Tribunal de Apelaciones.
