Representantes del interés público aseguran extensión del contrato de LUMA es inválida

Los representantes del interés público ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, aseguraron hoy que el acto de abstenerse durante el proceso de votación de la extensión indefinida del contrato suplementario de LUMA Energy constituyó un rechazo total al trámite adoptado por la entidad.

Esta tarde la AAPP informó que su Junta de Directores extendió el contrato al consorcio canadiense en una votación, que contó con los tres votos de los representantes del gobierno y la abstención de los dos representantes del interés público.

Pero en una videoconferencia luego de la reunión de la Junta de Directores de la AAPP, Ortiz Camacho y Ferrer Ríos aseguraron que esa votación es inválida porque se realizó siguiendo los parámetros de la ley equivocada y tacharon de irregular la acción de la Junta Control Fiscal (JCF) de avalar la extensión del contrato previo a que ese cuerpo tomara una decisión la tarde del martes.

Por tanto, evalúan acudir al tribunal para procurar la anulación de dicha votación.

“No es una decisión afirmativa. El hecho de que nos abstuvimos es que no avalamos esta votación, ni el método, ni el mecanismo, ni la Ley que se utilizó para emitir nuestro voto. Precisamente por eso fue que nos abstuvimos y tiene una explicación sobre la abstención. Si le hubiésemos votado en contra hubiésemos aceptado el mecanismo de voto de la Ley 29”, apuntó Ferrer Ríos.

“Nuestra posición es que la Ley que aplica para esta aprobación es la Ley 120 y la Ley 120 específicamente dice que si los miembros del interés público se abstienen se entiende como un voto negativo y por lo tanto no se aprobaría esa extensión”, agregó Ortiz Camacho.

La controversia por el mecanismo de votación que usaría la Junta de Directores de la AAPP inició desde que el director ejecutivo de la corporación pública, Fermín Fontanés Gómez, circuló la convocatoria para la aprobación de la extensión al contrato e impulsó una teoría legal bajo la Ley 29 de 2009 o Ley de Alianzas Públicos Privadas, que establecía que los votos de los representantes del interés público no eran necesarios para refrendar dicha extensión porque no se trataba de un contrato nuevo. Según su análisis, la extensión podía aprobarse solo con los tres votos de los representantes del gobierno.

Este análisis encontró resistencia en la Legislatura, que en dos ocasiones ha aprobado legislación exigiendo la cancelación del polémico contrato.

La Junta de la AAPP está compuesta por cinco integrantes: Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal; Francisco Parés Alicea, secretario de Hacienda; Julio Lassús Ruiz, presidente de la Junta de Planificación, y dos personas en representación del interés público Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.

Aunque el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nombró a los representantes del interés público, esas designaciones surgieron de una terna de candidatos sometida por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. La licenciada Ortiz Camacho representa al presidente cameral y el licenciado Ferrer Ríos representa al presidente del Senado.

Hoy votaron a favor de la extensión Parés Alicea, Marrero Díaz y Lassús Ruiz.

Más temprano el primer ejecutivo reconoció que el consorcio canadiense quería quedarse a cargo de la red eléctrica bajo las condiciones del contrato suplementario que paga más y le impone menos responsabilidades.

Desde el 1 de junio de 2021, LUMA administra el sistema de transmisión y distribución eléctrico bajo un contrato suplementario, que le paga una tarifa fija de $115 millones al año y que expiraba automáticamente mañana 30 de noviembre.

El contrato suplementario se otorgó mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está en proceso de quiebra, pero se supone que una vez se reestructure la deuda entre en vigor un contrato a 15 años con una paga de $105 millones anuales y viene acompañado de un proceso de bonificaciones y penalidades.

Minutos antes de la reunión de la AAPP, la JCF envió un comunicado de prensa información que la extensión propuesta por Fontanés Gómez cumplía con el Plan Fiscal aprobado de la AEE, una decisión que tomó por sorpresa a ambos representantes del interés público.

“Nos enteramos a través de la prensa que la Junta de Control Fiscal había validado la enmienda del contrato suplementario. Desde el punto de vista legal, para el licenciado Ferrer y para mí, esa aprobación es incorrecta porque para que la Junta de Control Fiscal pueda aprobar una extensión tiene que tener primero la aprobación de las entidades que son parte de ese contrato: la Junta de Directores de la AEE y  la Junta de Directores de la AAPP, más la validación de LUMA”, apuntó Ortiz Camacho.

“Eso la Junta de Control Fiscal no lo tenía en sus manos porque la reunión de nosotros no se había dado. Así que no entendemos cómo ellos pueden emitir una aprobación de una extensión cuando la misma las agencias pertinentes no la habían hecho todavía”, agregó.

La Junta de Directores de la AEE todavía no ha avalado la extensión. El asunto está en agenda para la reunión de mañana.

REACCIONES A LA VOTACIÓN

La decisión del dúo de abstenerse causó confusión y desconcierto entre sectores que reclaman la cancelación del contrato.

“Hoy el gobernador demostró una vez más que su compromiso está atado a los intereses de la Compañía LUMA Energy y que responde servilmente al mandato de la Junta de Supervisión Fiscal. La votación de abstención de los 2 Representantes del interés público que representan en esa Junta a la Cámara de Representantes y al Senado de Puerto Rico, amerita una explicación de inmediato ante el Pueblo de Puerto Rico, porque la expectativa creada por los Presidentes de la Cámara y el Senado era que no se daría paso a la extensión del Contrato de LUMA. Lo que sucedió con su votación parece una traición a los reclamos de la mayoría del Pueblo de Puerto Rico”, afirmó el representante Luis Raúl Torres Cruz, uno de las voces más fuertes en contra del contrato.

“Ojalá que haya una explicación lógica para justificar sus votos. Y que exista el ánimo de cumplir con lo que se le comunico al País de que se acudirá a los Tribunales para invalidar esa decisión”, agregó en expresiones escritas.

El presidente cameral agradeció el esfuerzo de Ortiz Camacho y de Ferrer Ríos y anticipó que apoyará los esfuerzo para anular la votación.

“Lamentablemente, el gobierno de Pedro Pierluisi optó por violentar nuestro estado de derecho e ignorar las disposiciones de Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de ambos integrantes del interés público de la Junta de Directores de la AAPP”, apuntaló.

“Para que conste en el récord de forma clara e inequívoca: de la única manera que respaldaríamos extender el contrato suplementario sería para sacar a LUMA de forma ordenada de Puerto Rico. Asimismo, ya agotando todos los procesos administrativos en la AAPP, la Cámara apoyará a los representantes del interés público, quienes tienen legitimidad, en la radicación de un reclamo judicial en la sala de la jueza Laura Taylor Swain en el Tribunal Federal, para anular esta votación y que se lleven los procesos de acuerdo a nuestro estado de derecho, según dispone la Ley 120-2018”, añadió.

Dalmau Santiago, por su parte, acusó al gobernador de darle la espalda al país al otorgarle un cheque en blanco a LUMA Energy.

El también presidente de la Pava advirtió que “ante esta decisión destemplada, de ahora en adelante, todas las consecuencias que genere dicha acción recaerá sobre el gobernador Pedro Pierluisi”.

“El gobernador Pedro Pierluisi demostró hoy donde están sus verdaderas lealtades, al otorgarle una extensión injustificada a la empresa LUMA. Peor aún, el gobernador ignoró a los representantes del interés público mientras favorece a los intereses privados. Llama la atención que, a través de la extensión del contrato, no se le requirieron nuevas métricas ni exigencias de cumplimiento a esta empresa, por lo que se actuó de forma contraria a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”, indicó.

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