Las agencias y escuelas públicas no tendrán pruebas de COVID-19 disponibles para los empleados y empleadas que opten por no vacunarse contra el virus.
Corresponde a cada funcionario realizarse la prueba y presentarla cuando se reporte a trabajar cada lunes, aclaró hoy el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Actualmente, hay lugares que realizan las pruebas de detección del virus de forma gratuita o las costea el plan médico con la debida orden médica.
“La responsabilidad recae sobre el servidor público”, apuntó el Mandatario.
No descartó, sin embargo, que en el futuro el Gobierno sufrague ese costo.
El 95% de los maestros y el personal de apoyo de las escuelas públicas ya se inoculó contra el copie-19, mientras que 94,000 estudiantes entre las edades de 12 a 19 años también recibió el pinchazo.
Las nuevas directrices promulgadas en las pasadas semanas requieren que todos los empleados y estudiantes mayores de 12 años de las escuelas y universidades públicas y privadas se vacunen para regresar a las aulas. Los empleados públicos del gobierno central también tienen que presentar evidencia de la inoculación.
Quedan exentas del requerimiento las personas con condiciones médicas, quienes tendrán que presentar un certificado médico, y las personas cuyos dogmas religiosos rechacen este tipo de intervención en el cuerpo. En caso de una objeción por principios religiosos, esos empleados tendrán que presentar una declaración jurada con la firma del ministro o líder religioso.
En rueda de prensa junto al subsecretario de Educación, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, el Mandatario anunció que cerca de 42,000 empleados del Departamento de Salud recibirán un incentivo $5,000 por su “trabajo fundamental” durante la pandemia.
El pago de este incentivo especial, que se costeará con fondos federales, se realizará en dos pagos: $2,500 en diciembre de este año y $2,500 en mayo, cuando acabe el año escolar.
