¿Se llevará el Año Viejo las escoltas de Ricky Rosselló y Wanda Vázquez?

Wanda Vázquez Garced, la vez aquella que no quiso hablar con Cu4rto Poder al salir con múltiples escoltas de dar una clase en la Inter de Cupey.


Pedro Pierluisi Urrutia tiene la oportunidad de asumir una progresista resolución de Año Nuevo que lo alejaría de las viejas políticas malgastadoras: firmar de una vez y por todas la ley que aclararía los beneficios que reciben los exgobernadores con el fin de controlar parte del expendio público de las escoltas.

Pero… ¿se atreverá o pichará para no afectar a dos figuras de su propio partido?

El Gobernador de Puerto Rico tiene hasta el mismo día de Año Nuevo – es decir, el próximo sábado, 1 de enero, primer día de 2022 – para firmar el ya aprobado Proyecto de la Cámara 19 (P. de la C. 19) que enmendaría el Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, conocida como Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores; y enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como Ley del Departamento del Seguridad Pública de Puerto Rico.

De no hacerlo, le estaría dando un veto de bolsillo a esta medida que redefine el término “exgobernador” y los beneficios que acarrea y lo reajusta a quienes completen sus términos y a quiénes entren a Fortaleza tras recibir el apoyo en las urnas de los constituyentes.   

El proyecto busca aclarar los derechos o beneficios que ostentaría un exgobernante, para establecer que no disfrutará de éstos si decide renunciar al cargo; y para eliminar la discreción del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico para proveer escoltas a un exfuncionario.

En otras palabras, se le estarían quitando los servicios de escolta a los exmandatarios Ricardo Rosselló Neváres y Wanda Vázquez Garced, figuras importantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el que milita Pierluisi Urrutia.

La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes el 9 de noviembre con 30 votos a favor, 20 en contra y una abstención, y el mismo día en el Senado, con 17 votos a favor y 10 en contra.

Un proyecto chavón pa’ la Palma

En la exposición de motivos del proyecto, se subraya que política pública contenida en aquella ley que ya tiene casi 60 años de fundada, “promueve y protege algunas actividades ulteriores de los gobernadores salientes”. No obstante, “dicha Ley no establece ni autoriza que se le provea o asigne escoltas a los exgobernadores pagadas con fondos públicos”.

“Esta Asamblea Legislativa reconoce la austeridad, la estrechez económica y crisis fiscal por la que ha atravesado el Gobierno de Puerto Rico, por lo que se establece expresamente como política pública el deber de reducir gastos no esenciales para redirigirlos a los servicios esenciales directamente a los ciudadanos. Por ello, entendemos necesario y prudente establecer las únicas circunstancias bajo las cuales un exgobernador puede ostentar escoltas pagadas con fondos públicos”, reza el Proyecto de la autoría del representante Orlando Aponte Rosario, del Distrito 26, que componen Aibonito, Barranquitas, Coamo y Villalba.

En cuanto a las particularidades de las enmiendas que realiza el P. de la C. 19, se enmendó el Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965 para que lea como sigue: “El término ‘exgobernador’, según se usa en esta o cualquier otra ley, significa cualquier persona que haya ocupado el cargo de gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido o renunciado al cargo, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término. Se prohíbe al Comisionado o Superintendente de la Policía de Puerto Rico asignar o proveer escoltas o proporcionar cualquier servicio relacionado a cualquier persona que haya ocupado el cargo de gobernador o gobernadora y que no cumpla con alguno de estos requisitos.”      

Asimismo, se enmienda el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017, para que lea como sigue:

“Artículo 2.16. — Protección al Gobernador, Secretario y Funcionarios.

  • El Negociado de la Policía de Puerto Rico tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección al Gobernador de Puerto Rico y a su familia durante el término de su incumbencia.
  • Además, tendrá la responsabilidad de proveer seguridad y protección al Secretario de Seguridad durante el término de su incumbencia.
  • Aquellos funcionarios a quienes el Negociado de la Policía les provea servicio de escolta, seguridad y protección, cuando por las funciones atribuibles a su cargo soliciten el servicio mediante una petición por escrito al Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, donde surja la necesidad y justificación para solicitar el mismo, sólo tendrán derecho a recibirlo en la jurisdicción o territorio de Puerto Rico, con excepción del Gobernador de Puerto Rico.
  • El Negociado de la Policía proveerá seguridad y protección a funcionarios públicos que así lo soliciten, cuando la naturaleza o circunstancias de su puesto le exponen a riesgos o amenazas a su vida o integridad física, en cuyo caso, no más de dos (2) agentes serán destacados para su protección personal, la cual se limitará a horas, días y actividades durante las cuales el funcionario esté realizando funciones oficiales.”

En conversación con este medio digital, el representante Aponte Rosario, proponente del proyecto, indicó que “Pierluisi debe firmar la ley” para “acabar con esa jauja de malgasto de recursos y fondos públicos”.

El programa Cu4rto Poder recientemente trató el tema de las escoltas:

Demasiada seguridad para los ex gobernadores

Mira también otras historias sobre el tema aquí:

Conozca el top 3 de exgobernadores que más fondos públicos gastan en chófer 24/7

Gobierno paga $9.6 millones en ‘overtime’ a escoltas de exgobernadores y funcionarios públicos

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