El presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau Santiago, impugnó hoy la constitucionalidad de la disposición del Código Electoral que deja en manos del Tribunal Supremo la selección del presidente y del presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
En la demanda presentada esta mañana ante el Tribunal de San Juan, los abogados Víctor Candelario Vega y Alejandra Arnaldy Figueroa argumentaron que el Código Electoral vigente delegó facultades al Tribunal Supremo propias de las Ramas Legislativa y Ejecutiva.
Por tanto, solicitaron a este foro que valide la autoridad de la Asamblea Legislativa para ratificar los nombramientos de la jefatura del ente electoral y declare inconstitucional la disposición de la ley electoral que otorga al Supremo la facultad para realizar esas designaciones. También piden que de consumarse los nombramientos los declare inconstitucional “al violentar la doctrina de separación de poderes”.
Como parte del recurso legal de 17 páginas, el Presidente del Senado demandó al Tribunal Supremo por conducto de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y al Gobierno de Puerto Rico, por conducto del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández. Reclama que el Tribunal emita un sentencia declaratoria y un injunction preliminar y permanente para frenar el proceso de selección que según el Código Electoral debe finiquitarse en o antes del 7 de octubre.
“A tenor con la doctrina constitucional de separación de poderes, ni la Rama Ejecutiva o la Judicial, en lo que respecta a nombramientos de funcionarios públicos, no pueden despojar a la Rama Legislativa del poder de confirmación que le confieren la Constitución y las leyes de Puerto Rico, como tampoco puede el Senado o la Rama Legislativa usurpar el poder de nominación del Gobernador, mediante afirmaciones indicativas de que confirmará únicamente a determinado candidato”, plantearon los letrados.
“Ciertamente, tanto la Constitución Federal como la Constitución de Puerto Rico no le confieren a la Rama Judicial el poder de hacer nombramientos de funcionarios ejecutivos pertenecientes a otra rama de gobierno y mucho menos usurpar el poder de confirmación que la Constitución solo le ha delegado a la Rama Legislativa”, agregaron.
Ya el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, había anticipado a este portal que la Asamblea Legislativa ponderaba esta alternativa tras negarse a evaluar los dos nombramientos sometidos por el gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia.
Ayer, venció el término para que el Senado y la Cámara evaluaran las designaciones del juez Jorge Rivera Rueda para presidir el ente electoral y del juez Edgar Figueroa Vázquez para el cargo de presidente alterno después de que los comisionados electorales no lograran consenso para escoger dos candidatos de la terna sometida por el PNP.
Así las cosas, la decisión recayó sobre el Tribunal Supremo por virtud de una disposición que contiene el nuevo Código Electoral aprobado por la mayoría penepé a cuatro meses de las pasadas elecciones generales.
Expertos en derecho constitucional como el catedrático Carlos Gorrín Peralta habían señalado que delegar la facultad de realizar esos nombramientos a la curia violaba la separación de poderes y concentraba el poder en el máximo foro judicial, que tendría la facultad de nombrar, supervisar y revisar las decisiones de la persona que ocupe la jefatura de la CEE.
Lee la demanda aquí: Senado v Tribunal Supremo y Gobierno de PR
