El Senado aprobó esta tarde la medida que aumenta el salario mínimo a los empleados de la empresa privada de manera escalonada.
En una primera votación a voz, el cuerpo refrendó el 2do Informe del Comité de Conferencia sobre el PC388 que es el que establece la “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico.
Al final de la jornada, el proyecto quedó aprobado con 16 votos a favor y 9 abstenciones de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La versión aprobada recoge el consenso de las negociaciones entre el Ejecutivo, que presentó un proyecto de administración basado en las recomendaciones de un comité multisectorial, y la Asamblea Legislativa, que trabajó su propia propuesta.
El Proyecto de la Cámara 338 eleva el salario mínimo a $8.50 a partir del 1 enero de 2022, seguido de un segundo incremento a $9.50 el 1 de julio de 2023 y luego a $10.50 a partir del 1 de julio de 2024 “a menos que la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo emita un decreto variando el mismo”.
Pero no abarca a los empleados y empleadas municipales, del gobierno central, de la Rama Judicial y de la Rama Legislativa.
El salario mínimo actual asciende a $7.25 y no se revisa desde el 2009.
En el debate previo a la aprobación del informe, el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe Riefkohl, señaló que la delegación votaría a favor de la propuesta pese a que entendía que no era una medida justa.
“Vamos a votar a favor de la medida porque evidentemente presenta un avance para nuestra clase trabajadora”, apuntó.
“Esta medida ha sido descrita en los medios de comunicación por algunos colegas como una medida que hace justicia a nuestra clase trabajadora y a nosotros nos parece que eso no es correcto. Esta medida no hace justicia a nuestra clase trabajadora. Está muy lejos de hacerle justicia a nuestra clase trabajadora. Para empezar a hacerle justicia a nuestra clase trabajadora debía aumentar por lo menos a $10. Esto se queda muy corto de lo que debiera ser una medida adecuada”, afirmó.
Censuró también que la resistencia a conceder un aumento mayor cuando se anticipa que la administración del presidente Joe Biden impulsará un alza en el salario mínimo federal, que se extenderá al archipiélago borincano y que superará incremento legislado.
“Por qué no lo aceptan ahora”, insistió.
El senador del PNP, Carmelo Ríos Santiago, reconoció las bondades de la medida, pero criticó que no incluyera a los empleados y empleadas del sector público.
“El gobierno no debe exigirle a la industria privada lo que no está dispuesta a dar… Los empleados públicos también deben gozar de estos beneficios”, señaló.
En esa línea, Ríos Santiago anticipó que otra medida radicada hoy por el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, Juan Zaragoza Gómez, para elevar el salario a los empleados públicos encontrará resistencia en la Cámara de Representantes porque los alcaldes se movilizarán para reclamar la eliminación de medidas que afectan sus ingresos.
“No he visto ninguna vez en la historia que el asunto del alza salarial donde alguien no reclame que va quebrar o tener que cerrar las puertas pero la historia dice que es todo lo contrario. La economía sube. Se ajusta”, insistió el senador penepé.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, realizó un recuento del proceso de negociación y aprobación de la pieza legislativa, que no adoptó las métricas que proponía el proyecto del Ejecutivo.
“Hace 12 años que los empleados están con el mínimo de $7.25. Sube el agua. Sube la luz. Sube la ropa, pero el empleado sigue a $7.25”, apuntó.
“Logramos lo que con los votos y el consenso permite que se pueda lograr, aumentos escalonados, en fechas ciertas”, agregó en otro momento.
Zaragoza Gómez indicó que esta medida permitirá que los empleados gocen de un salario “un poco más digno” y reconoció el trabajo del cuerpo en la negociación.
Luego, a preguntas del senador Gregorio Matías Rosario, explicó que esta medida no incluyó a empleados públicos en un intento por evitar la interferencia de la Junta de Supervisión Fiscal, que en instancias previas ha rechazado alzas al salario de los empleados públicos.
Detalló que consultó a la Junta sobre la medida y que ente fiscal no mostró reparos al proyecto. Aclaró también que los aumentos a los empleados públicos se trabajarán en medidas separadas y que en el caso de los municipios existirá “flexibilidad” para que los ayuntamientos adopten el aumento conforme a su realidad fiscal.
El martes, la Cámara de Representantes aprobó la medida, que ahora pasa para la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
