¿Sobrevivirá el programa de estudios para confinados en Departamento de Corrección?

Imágenes cortesía: DCR, Documental ‘El Día Menos Pensado’ y Periódico Diálogo UPR.

Es un día soleado de febrero. El año es 1990. Hay un cura sentado en la Institución Penal de Máxima Seguridad 292, en Bayamón, maxima seguridad, ayudando a pulir las destrezas académicas que muchos confinados ni sabía que tenían.

Fernando Guzmán, un prisionero convicto por asesinato en primer grado, se le acerca sin saber que es su tocayo. El sacerdote es Fernando Picó, una eminencia de la academia, que allí está en cuclillas asistiendo a los confinados en su educación gracias a que Mercedes Otero, entonces secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), acogió su propuesta para darle enseñanza directa a los presos que así les interese.

“Yo no sabía que era profesor de la Universidad. Para mí era otro capellán que venía a ayudarnos”, rdice Guzmán en entrevista con Cuarto Poder (Wapa-TV), como si se montara en una máquina del tiempo.

Previo a esto, Guzmán ya había recibido el llamado del conocimiento. Un día, en un televisor de algún area común de la prisión a la que entró casi dos años antes, había visto un programa en WIPR Canal Seis, en el que el comediante Sunshine Logroño participaba. Era un espacio televisivo que producía el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico de la mano de la estación del Estado, en el que se llevaba a la pantalla chica algunos fundamentos de la educación universitaria, en disciplinas como humanidades, ciencias sociales e historia.

Fernando Picó y Fernando Guzmán (Cortesía: El Día Menos Pensado)

“Ahí empezó a picarme la vena de ponernos a pensar. Pero ya con Picó fue otra cosa que yo ni imaginé. Es que allá adentro se viven tantas situaciones que uno no piensa que con la educación uno puede alcanzar rehabilitarse e incluso salir a ser alguien productivo en la sociedad”, recuerda Guzmán, ahora uno de los pilares de los proyectos de la Perla de Buen Precio, un hogar en Río Piedras que ayuda a personas de escasos recursos a vencer situaciones personales de alto riesgo mediante la educación y la sana conviencia.

Tras una vida brincando entre casas de parientes, Guzmán fue juzgado como adulto los 17 años de edad, acusado en un suceso en el que una persona perdió la vida tras un tiroteo, un incidente que al día de hoy lamenta muchísimo. Confiesa que su sendero cambió al llegar a la 292 de Bayamón cuando cumplió la mayoría de edad, y, tras recoger los sermones de prisioneros de mucha más experiencia, entendió que le quedaba toda una vida por delante. La educación fue esa puerta que lo ayudó a transformar su vida, primero en la prisión y luego cuando finalmente recibe la opción de libertad bajo palabra en 1996. 

“Oye, y esto no hubiese sido posible sin ese enlace entre lo que hacía Picó desde la Universidad en la cárcel”, apuntó, identificando ya categóricamente a Picó, quien falleciera en junio de 2017, su faro de esperanza.

Tras entrar en el proyecto de estudios que Picó llevó a Corrección, que en ese entonces no se había formalizado, Guzmán reconstruyó sus actitudes y filosofías de vida. En 1995, a Picó se le permite elaborar aún más en este proyecto con la antigua cárcel Las Malvinas, de Oso Blanco, como sede. Guzmán y otros de sus compañeros alumnos pasaron a esa institución. Ese mismo año, Picó y su rebaño académico correccional ganaron el premio Quintero Alfaro al mejor proyecto educativo por el desarrollo de la revista Nuestro Camino, un proyecto en conjunto entre la UPRRP y el DRC. Cuatro años después de ser elegible para libertad bajo palabra, Guzmán salió de prisión, en octubre del 2000, y ahora es visto por muchos como un bastión de dignidad, un hombre productivo que es padre de familia y un ejemplo para otros reclusos que buscan salir, literalmente, del boquete.

O sea, la educación rehabilita.

Pasamos ahora a algún raro día lluvioso de junio. El año es el 2011. En medio de una fría biblioteca que sirve de salón de estudios en la cárcel de Guayama está Aníbal Santana Merced, quien, sin tapujos, revela que era un gatillero de siete pares, que corría par de puntos en la zona este central del país y que, luego de desahogarse en una carta que le escribió en la prisión a su hija recién nacida, se dio cuenta que aún estaba a tiempo para enderezar su buque. Allí está, prisionero, pero con una sonrisa gigante le cuenta al periódico Diálogo, de la Universidad de Puerto Rico, en ese entonces una publicación de gran vigencia y mucha altura, sobre como buscaba enderezar su vida.

“Tan pronto empecé a escribir, tan pronto empecé a tomar en serio la lectura y, sobre todo, mi escritura, yo supe que había mucho más”, articuló Santana Merced en aquel entonces.

Para ese momento, Santana Merced aprovehaba los cursos de lectura y escritura creativa de la doctora Edna Benítez, quien, de alguna forma, mantenía vivo el proyecto de Picó.

Quizás a este muchacho lo conozcas, pues hasta en el podcast de Chente Ydrach salió… y es que Santana Merced ahora es un escritor consagrado, con media docena de libros a su haber. En algunos, Santana Merced narra sus vivencias, directo al hígado. En otros, Santana Merced busca encontrarse como escritor novelesco, con una ficción que, al salir de un bolígrafo de tanta experiencia de vida como el que el empuña, refleja ser más real hasta la muerte que cualquier eslogan de sobreestimado trapero.

“¿Tú sabes todo lo que me ayudó la educación desde la cárcel? ¿Tú sabes todo lo que ahora ayuda a la gente las cosas que estoy escribiendo desde un tiempo hacia acá?”, me pregunta fuera de cámara Santana Merced, a quien con Cu4rto Poder entrevisté de nuevo, luego de haberlo conocido inicialmente en aquella entrevista de Diálogo, una década y un año atrás. En aquel entonces, leyó varios poemas de su primer libro, Reflexiones tras las rejas, e indicaba que tanto la escritura como la artesanía japonesa del origami le daban paz durante la gesta de reenfocar su vida.

Aníbal Santana Merced, 2010 (Diálogo UPR)

A los 11 años de edad, Santana Merced entró a una institución penitenciaria juvenil, de la cual logró escaparse. Pasó su adolecencia brincando de barrio en barrio en la zona central-este del país. Su escuela intermedia y superior fue la calle, dónde aprendió a usar rifles y semi-automáticas en vez de álgebra o historia. Fue atrapado en 1998 y convicto por asesinatos en primer grado, robos domiciliarios y ley de armas en junio de 1999.

“Yo nunca usé drogas. Ni cigarrillos fumé. Ni cerveza bebí, ni marihuana. Lo mío era así, porque sí. Era lo que siempre vi a mi alrededor dónde me crié, que era la calle. Entonces, en la cárcel, con los libros, con las libretas y los lápices fue que me reencontré”, dispara, acentuando cuán de adentro hacia afuera ha sido su proceso.

Aníbal Santana Merced, foto reciente (Diálogo UPR)

En 2012, el comportamiento magistral y los logros académicos que Santana Merced alcanzaba mediante el proyecto de la profesora Benítez le otorgó la oportunidad de ir a vivir a un hogar intermedio de rehabilitación en lo que recibía la libertar bajo palabra en 2013. Ahí empezó a visitar la universidad, donde siguió pesiguiendo su sueño de ser escritor en la facultad de Estudios Generales.

No queremos sonar repetitivos, pero… la educación rehabilita.

A la profesora Edna Benítez no le interesa salir en cámara. De hecho, si uno no la conociera y supiese que es una persona bien difícil de amedrentarse ante cualquier reto de la vida, se pudiese hasta pensar que le huye al lente. Lo que pasa es que el trabajo que ha hecho durante los pasados años, en especial a la hora de mantener vivo el legado de Picó en las instituciones carcelarias habla solo.

“No fue fácil, pero en el año 2014 finalmente logramos que hubiese un acuerdo formal entre Corrección y la Universidad, en este caso el recinto de Río Piedras, que ahora mismo se conoce como el Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas, en la Facultad de Estudios Generales. Ese acuerdo tiene vigencia hasta el 2024, pero como pasa con muchas cosas en el Gobierno, tememos que después de eso desaparezca”, nos dice fuera de cámara la doctora Benítez, el mismo día en el mes de diciembre del año pasado, cuando entrevistamos a Guzmán.

Al momento, el programa cuenta con la participación de 10 confinados varones, en el anexo 292 de Bayamón, en lo que aún se conoce como el Instituto Educativo Correccional, el cual visitamos para nuestro reportaje de televisión. También participan 11 mujeres: 10 de ellas se encuentran en el Complejo para la Rehabilitación de la Mujer, en Bayamón, y una en el Hogar intermedio para Mujeres en Puerta de Tierra.

En febrero de este año, Benítez explicó con júbilo que, tras conversaciones con el rector Luis Ferrau, de la UPRRP, y con la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el programa va a graduar durante el próximo año académico a 12 de estos estudiantes, ocho hombres y cuatro mujeres.

“Es un gran alivio conocer esto. Entiendo que sería la primera vez que hombres y mujeres confinadas culminan estudios universitarios desde la cárcel”, dijo la profesora, indicando que en un momento dado se sintió en el limbo debido a todo lo que pasa con el sistema correccional del país, al igual que con la Universidad de Puerto Rico, dos instituciones que han sido abatidas por las medidas de austeridad que exige la Junta de Control Fiscal, cuerpo que muchos consideran como el verdadero ente gubernamental de Puerto Rico.

Lo que pasa es que tanto en Corrección como en la IUPI, el horno no está pa’ pastelillos, económicamente hablando. Las viscisitudes en la UPR a raíz de los recortes que ha impuesto la Junta de Control Fiscal con el aval del gobierno electo de Puerto Rico han sido hartamente documentadas. Mientras, el Departamento de Corrección y Rehabilitación enfrenta también el embate de las medidas de la JCF, que les exigió presentar un “Plan de Optimización”, en el que figura el cierre de 10 instituciones carcelarias para ahorrar dinero.

Un reportaje de la periodista Bárbara J. Figueroa Rosa, del diario Primera Hora, reveló que en este “Plan de Optimización” hay 10 cárceles que ya cerraron o cerrarán antes de diciembre. Se trata de cinco instituciones en el sur: la Ponce 304, la Ponce 246, la Ponce 224, el Centro con Libertad para Trabajar de Ponce y la Guayama 945. Mientras, en Arecibo cerrarán el Anexo 384 de Sabana Hoyos, además de las Facilidades del Centro Agrícola de la Montaña en Jayuya. Lo que más preocupa a la académica Benítez, sin embargo es que entre las instalaciones que ya han cerrado o cerrarán figuran dos que han sido vital para el desarrollo del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas: el Hogar Intermedio para Mujeres de Puerta de Tierra, en San Juan, y el Instituto Educativo Correccional, en la 292 de Bayamón.

Asimismo, en un reportaje de la periodista Tatiana Díaz Ramos que pasa revista sobre el cierre del Hogar Intermedio para Mujeres, publicado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la secretaria del DCR, Ana Escobar, afirmó que se trata de una mudanza del programa de mujeres de San Juan a Bayamón. El cierre del Hogar, donde se preparaban a las mujeres que están a punto de salir para enfrentar la vida en la libre comunidad, apenas representará un ahorro anual de solo $70 mil, aunque el DCR subrayó que no se les asigna dinero directamente y que las necesidades del mismo eran atendidas con recursos ya existentes de la agencia.

A la profesora Benítez, que ha visto cómo la gestión de la academia que ella y Picó han liderado ha ayudado a confinados y confinadas del Hogar Intermedio para Mujeres y del Centro Educativo Correccional, le preocupa el impacto que el cierre de estas instalaciones tengan en la población estudiantil confinada y en el futuro del programa luego del 2024. Se supone que los confinados del Instituto Educativo Correccional

“¿Por qué cerrar esta estructura, la cual estaba habilitada con equipo, salones y por un tiempo funcionó como un programa educativo exitoso? ¿Los/las estudiantes UPR podrían trasladarse allí  y servir de modelo para otros proyectos educativos?”, cuestionó Benítez, durante una plática con Cu4rto Poder. Es una pregunta curiosa, pues hace unos días apareció Cary Pierluisi adulando las bondades del Instituto Educativo Correccional en su cuenta oficial de Facebook.

En entrevista con Cu4rto Poder, la secretaria Escobar, una profesional de carrera del DCR con más de dos décadas y media lidiando con su sistema, indicó que el cierre del Instituto no significará que el Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas finalice. Su matrícula pasará al Centro de Tratamiento Residencial en Sabana Hoyos, Arecibo.

“Creo que esto es una confusión que se ha creado con relación al término de cierre. Yo cierro la planta física, pero el programa sigue funcionando, el programa no se elimina, no se cancela. No es el cierre del programa, es el cierre de las instalaciones”, aseguró Escobar al ser entrevistada por Cu4rto Poder en uno de los salones del mismo Instituto Educativo Correccional. 

Escobar reconoció que los estudiantes de este y otros programas, como los que mantienen con universidades privadas como las del Sistema Universitario Ana G. Méndez y Mech Tech, merecen mayor atención e incluso propuso una revisión de sus privilegios.

“Estas personas han salido un sinnumero de ocasiones a representar a la agencia pero aún permanecen saliendo de pases familiares cada 45 días. ¿Cómo es posible que tengan 50 salidas y que no puedan disfrutar de pases familiares continuamente?”, expresó Escobar, agregando que “vamos a enmendarlo para que puedan salir una vez al mes con un brazalete electronico”.

En conversación fuera de cámara con Cu4rto Poder, el rector de la UPRRP, Luis A. Ferrao, reconoció la importancia de este programa y alabó la gesta que ha realizado la doctora Benítez durante los pasados años, más cuando “ella ha continuado la gran labor que hizo Picó. Yo también soy discípulo de Picó y es un trabajo digno de admirar”.

Ferrao informó que en 2020 la UPRRP firmó un acuerdo con el DCR, en aquel entonces bajo la administración de Eduardo Rivera Juanatey, donde se revisa ese proyecto, para atemperarlo a las noveles condiciones de estudios que ha propiciado la pandemia del Covid-19. El mismo no afecta el acuerdo ya firmado en 2014 y reitera que mantiene vigencia hasta el 2024.

Sin embargo, al preguntarle a Escobar sobre el acuerdo que mantiene el DCR con la UPR, Escobar pareció desconocer que el mismo duraba hasta el 2024, según lo establecido durante la administración de Alejandro García Padilla, en 2014.

“¿Qué hacemos? ¿Renovamos, otro acuerdo colaborativo? Pues vamos a firmar otro acuerdo colaborativo, aquí no hay espacio para cancelar lo que es efectivo”, prometió.

Claro, que del 2022 al 2024 falta bastante y habrá que ver qué pasa en el camino.

En agosto del año pasado, el presidente Biden reinstaló el acceso a las becas Pell por parte de la población privada de libertad, lo cual se había suspendido desde 1994. Anque aún falta establecer protocolos por parte del Departamento de Educación Federal para el desembolso de los fondos, se vislumbra que para el 2023 estén accesibles. Esto seguramente estimulará a que muchas instituciones de educación superior se interesen en ofrecer programas educativos en las cárceles, donde incluso ha habido universidades privadas ofreciendo servicios antes de que se aprobara en 2014 el programa con la UPR. Escobar fue categórica al asegurar que no ve que esto propicie la competencia entre las instituciones privadas, que se especializan en servicios técnicos y vocacionales, y la Universidad de Puerto Rico, que lleva años sufiendo el embate de medidas de austeridad por parte del Gobierno y la Junta de Control Fiscal.

“No le veo competencia, todo lo contrario. Es un abanico de posibilidades. Recuerda que es el confinado el que elige qué cosa estudiar y dónde estudiar”, agregó, indicando que el Departamento de Educación también provee servicios de educación vocacional al DCR mediante instituciones privadas.

“Nosotros sabemos lo que tenemos. Esta es una de las principales instituciones educativas del país y también a nivel internacional. No nos preocupa eso”, dijo mientras tanto el rector Ferrao.

Así las cosas, el Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas graduará 12 estudiantes, como habíamos mencionado anteriormente. Ferrao puntualizó que espera que asistan a la graduación estos estudiantes, pero que le tocará al DCR cumplir con los protocolos de seguridad correspondientes.

“Hay dos estudiantes, por ejemplo, que quieren seguir estudiando y entrar a la Facultad de Leyes. Esto ha sido un logro, más con las condiciones de la pandemia, que agravan las condiciones que ya existen en las cárceles del país. Esperamos que cuando llegue el momento tomen todo esto en consideración y que, por el bien de esta población, esto siga luego del 2024”, finalizó Benítez.

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