El Tribunal Supremo concluyó hoy que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer y la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera ocupan sus puestos “legalmente” porque opera una cláusula de continuidad, que le permite mantenerse en la jefatura del ente electoral hasta que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia nombre a sus sustitutos.
Los términos de Rosado Colomer y de Padilla Rivera vencieron el 30 de junio pasado, pero se mantienen en sus puestos debido a una cláusula de continuidad contenida en el Código Electoral. Pero al culminar la sesión ordinaria el mes pasado, el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez, impugnó su permanencia en la posición y reclamó que se anularan las decisiones que habían tomado desde el pasado 1 de julio. El Partido Popular Democrático (PPD) se unió al pleito como amigo de la corte.
“Por lo tanto, concluimos que el mandato legislativo dispuesto en el Código Electoral de 2020 permite que un funcionario -que ya pasó por un proceso de aprobación- permanezca de jure en el cargo al expirar su término fijo de nombramiento hasta que sea debidamente sustituido”, reza la sentencia emitida por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón y que dividió a la curia en líneas partidistas entre la mayoría estadista y la minoría estadolibrista.
El juez asociado Luis Estrella Martínez emitió una opinión de conformidad a la que se sumó el juez asociado Rafael Martínez Torres. La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y el juez Ángel Colón Pérez emitieron opiniones disidentes.
La pugna por los nombramientos comenzó cuando los comisionados electorales rechazaron las designaciones que sometió el gobernador Pierluisi Urrutia y presidente del Partido Nuevo Progresista para ocupar ambos puestos. Ante esta situación, el primer ejecutivo sometió a la Legislatura los nombramientos de Jorge Rafael Rivera Rueda para el cargo de presidente de la CEE y de Edgar Figueroa Vázquez para el puesto de presidente alterno.
Pero el Senado decidió no actuar sobre los nombramientos cuando Pierluisi Urrutia rechazó la propuesta del presidente del Senado y presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago para nombrar al juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, al cargo de presidente alterno. Ese tranque dejó en manos del Supremo la facultad para nombrar a los regentes de la CEE. Por eso, Dalmau Santiago demandó al Supremo, que declaró inconstitucional la cláusula que le confería la facultad de nombrar el presidente y presidente alterno de la CEE en caso de un tranque entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Esa decisión de la curia volvió a dejar las designaciones en manos de Pierluisi Urrutia, quien anticipó que realizaría los nombramientos el próximo año. Inicialmente el PPD planteó la posibilidad de demandar para impugnar la extensión de los nombramientos. Al final, el Proyecto Dignidad demandó y el PPD se unió como amigo de la corte.
