Supremo federal detiene vacunación obligatoria contra el COVID-19 en empresas grandes

La Corte Suprema de Estados Unidos frenó hoy la entrada en vigor de una orden del gobierno federal que obligaba a los empleados de grandes empresas  (con 100 o más trabajadores) a vacunarse contra el COVID-19 o presentar semanalmente pruebas negativas contra el virus.

De esta manera, el tribunal le dijo que no al intento del gobierno de Joe Biden de continuar con su política pública de inoculación obligatoria.

Esta decisión lo que hizo fue prohibirle a OSHA exigir a los negocios la vacunación, pero cada jurisdicción federal incluyendo a Puerto Rico sí puede aprobar esa exigencia si lo aprueba la Legislatura o el Congreso. Lo que no puede hacerse es aprobarse por Orden Ejecutiva del Presidente sin más.

Los jueces de la mayoría conservadora de la Corte Suprema concluyeron que el gobierno federal sobrepasó su autoridad al buscar imponer a través de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (OSHA, en inglés) un mandato de vacunación o exigir una prueba diagnóstica para detectar el peligroso virus a gran parte de la fuerza trabajadora. Esta medida, según la opinión de la Corte Suprema, aplicaba a unos 84 millones de trabajadores y trabajadoras.

Los jueces asociados Stephen Breyer, Elena Kagan y la boricua Sonia Sotomayor, disidentes a la decisión final del Supremo escribieron lo siguiente: “Al actuar fuera de su competencia y sin base legal, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios del gobierno que recibieron la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el lugar de trabajo”.

Sin embargo, hay un sector de la empleomanía estadounidense que sí deberá vacunarse. La orden de vacunación que la corte permitirá que sea establecida en todo el país abarca a todos los trabajadores de los centros sanitarios de Estados Unidos, que son financiados con fondos del gobierno federal.

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