El Tribunal Supremo rechazó esta mañana la solicitud de reconsideración para que se publique la grabación de las vistas de Andrea Ruiz Costas y determinó que la vista de mañana en el Tribunal de Caguas para atender la solicitud de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) no se celebrará.
“Los procesos en las salas de violencia doméstica son de naturaleza sensible que requieren por ley de un acceso controlado y, por ello, no son compatibles con la posibilidad de que posteriormente la grabación se haga pública, aunque sea de manera suprimida o limitada, independientemente de quién lo solicite. Es un contrasentido que un proceso sea de acceso controlado, por mandato de ley, pero se pueda repartir el audio de ese mismo proceso, en todo o en parte, para acceso de todo el mundo”, concluyó el máximo foro judicial.
La jueza presidenta Maite Oronoz y los jueces asociados Luis Estrella y Ángel Colón disintieron de la mayoría.
“Reitero: hay que divulgar las grabaciones solicitadas y hay que hacerlo ya. Si bien nadie puede devolver la vida a Andrea Ruiz Costas, nuestra actuación a favor de la transparencia arrojaría luz sobre lo que aconteció cuando acudió a nuestros tribunales. Estoy convencida que ello es un primer paso indispensable para recobrar la fe y la confianza en los procedimientos judiciales para proteger las víctimas de violencia de género”, dijo la jueza presidenta en su opinión disidente.
Mientras, el juez asociado Estrella dijo que “hoy se está revictimizando a una familia que mediante ación jurada se hace eco del reclamo de transparencia accesibilidad que, como cuestión de derecho, debimos reconocer. Los familiares de los fallecidos por el crimen también son víctimas de los delitos. El silencio, la desinformación, la desconfianza y las cerradas de puertas insensibles también los revictimizan”.
Por su parte, el juez asociado Colón dijo en su opinión disidente: “Andrea, hoy te volvimos a fallar. Y, al fallarte a ti, le fallamos al País”.
“En la mañana de hoy, una mayoría de este Tribunal — de la forma más atropellada posible; removiendo motu proprio una petición que se encuentra ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia, y sin el beneficio de escuchar ciertos audios para determinar qué de lo contenido en ellos podía estar sujeto a diseminación pública y qué no –le ha cerrado las puertas al reclamo de tus padres”, sostuvo el juez asociado Colón.
“¿Para proteger a quién? ¿A ti? Lo dudo, pues tus padres comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia a informarnos que la mejor manera de proteger tu memoria era haciendo público lo sucedido en los referidos procesos judiciales. ¿Para proteger a las futuras víctimas de violencia de género? No lo creo, pues éstos y éstas se protegen brindándole un sistema de justicia transparente en el que puedan confiar. Un sistema de justicia que sepa rendir cuentas. Entonces, nos volvemos a preguntar: ¿Para proteger a quién? ¿A los jueces y las juezas? Los jueces y las juezas no tenemos ni más, ni menos, derechos constitucionales que los demás puertorriqueños y puertorriqueñas. Tenemos los mismos. Todos y todas somos iguales. Y, como iguales, en situaciones tan particulares como éstas, tanto nuestras actuaciones — como las actuaciones del resto de la sociedad que, día a día, desde nuestros estrados juzgamos — tienen que estar sujetas a ser escudriñadas y evaluadas por el resto del País”, agregó.
