El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez presentó hoy el Proyecto de la Cámara 1356 para “facilitar la implementación del trabajo a distancia en la empresa privada y convertir a Puerto Rico en el Centro Digital de las Américas”.
De acuerdo al proyecto legislativo los patronos de jurisdicciones extranjeras que no se dediquen a industrias o negocios en la jurisdicción de Puerto Rico, ni al negocio de ventas tributables en Puerto Rico; como tampoco posean un nexo ni contactos mínimos en Puerto Rico, estarán exentos de cumplir con las leyes laborales y tributarias locales.
Esta medida, presentada junto a los representantes Jesús Santa, Ángel Matos, Domingo Torres García y Jessie Cortés Ramos, busca provocar que puertorriqueños que viven en el extranjero consideren regresar a la isla y mantenerse trabajando de forma remota con sus patronos del extranjero.
La medida establece que en el caso de trabajadores a distancia por cuenta propia y cuya fuente de ingresos provienen sustancialmente de ingresos de trabajo a distancia, tendrán como opción pagar una tasa fija de contribución sobre ingresos de cuatro por ciento (4%) sobre el ingreso bruto.
Otro atractivo es que el trabajo desde el hogar rendido para patronos estará exento de patentes municipales.
Además, el proyecto de ley establece la política pública para incentivar el trabajo remoto o desde el hogar, “siempre que esto no represente una carga para ninguna de las partes”.
No obstante, el proyecto no impone la obligación a ningún patrono de implementar el trabajo desde el hogar,
La medida busca desalentar a los patronos que, teniendo la infraestructura necesaria, y cuyas operaciones son compatibles con el trabajo remoto, se niegan a acceder a solicitudes por parte de sus empleados para trabajar desde su hogar.
También de otro lado, se define, en términos generales, lo que representa una carga que justifique una negativa por parte del patrono para permitir el trabajo remoto de un empleado.
“Una carga indebida puede ser, por ejemplo, el incurrir en gastos para facilitar el uso de este mecanismo o un potencial riesgo a las operaciones del patrono, la seguridad”, reza el proyecto.
