El gobierno de Puerto Rico estima que la elegibilidad asciende a 1,200 personas. La cubierta comienza en enero de 2022. De acuerdo con el gobernador Pedro Pierluisi, la inclusión de este grupo tiene un impacto fiscal de $17 millones y ya se identificaron las fuentes de ingreso, por lo que no prevé que la Junta de Control Fiscal (JCF) levante objeciones o revierta la determinación.