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La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que tras revisar el Proyecto de la Cámara 1003 que da paso al Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) y que fue ya convertido en ley por el gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia, permitirá la emisión de bonos que establece la medida.
En un comunicado de prensa, el organismo fiscal expuso que está dispuesto a seguir adelante con el proceso de confirmación del PAD sin más mediación.
En un comunicado de prensa, el organismo fiscal expuso que está dispuesto a seguir adelante con el proceso de confirmación del PAD sin más mediación.
La Junta Fiscal dijo que está dispuesta a continuar con el proceso de confirmación del Plan de Ajuste con el fin de reducir la deuda del Gobierno en un 80% y hacer posible que Puerto Rico pase la página de la quiebra.
“La Junta de Supervisión llevó a cabo una revisión exhaustiva de la Ley 53-2021 (antiguo Proyecto 1003 de la Cámara de Representantes) aprobada por la Legislatura de Puerto Rico y firmada por el gobernador Pedro R. Pierluisi el 26 de octubre de 2021, y concluyó que los cambios que la Legislatura realizó a la legislación enmendada tras la audiencia del 25 de octubre de 2021 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico crea la base para la emisión de nuevos bonos de obligación general que forma parte del 7º Plan de Ajuste enmendado. Por lo tanto, la Junta de Supervisión está dispuesta a continuar con el proceso de confirmación sin mediación adicional y con los ajustes pertinentes a la orden de confirmación propuesta”, reza la declaración.
La Junta de Supervisión agradeció la vista ordenada por la jueza Laura Taylor Swain y los ajustes a la legislación que hicieron que la Ley 53 fuera aceptable para la Junta de Supervisión, y la oportunidad de mediación bajo la orientación del equipo dirigido por la jueza Barbara J. Houser.
“Estoy aliviado y satisfecho de que volvamos a estar encaminados y podamos seguir adelante con el Plan de Ajuste para poner fin a la dolorosa quiebra de Puerto Rico,” expresó el presidente de la Junta de Supervisión, David Skeel. “Este plan reduce la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles y su confirmación brindará una base para un crecimiento económico sostenible”, concluyó.
El gobernador también celebró la decisión de la Junta.
“Puerto Rico va camino a su recuperación. La sabia decisión de seguir adelante con la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda para viabilizar la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico es un gran paso hacia el futuro prometedor de Puerto Rico”, indicó en declaraciones escritas.
“Agradezco a la Junta de Supervisión y Administración Financiera su disponibilidad de llegar al consenso que Puerto Rico necesita para enfocarnos en todo el trabajo que nos queda por hacer para reconstruir a nuestra isla y darle a nuestra gente el gobierno que espera y merece”, agregó.
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Lejos del ojo público y en medio del debate contrato de LUMA Energy, la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) estrenó dos nuevos miembros como representantes del interés público: Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho.
Nadie informó las designaciones, pese a su relevancia. Sin los representantes del interés público, la AAPP no puede tomar acuerdos, según la Ley 29 de 2009 o Ley de Alianzas Público Privadas. Además, la Ley 20 de 2018 o Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico estipula “que cualquier transacción de AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) que no involucre la venta de activos de la AEE” requiere el voto afirmativo de ambos representantes del interés público.
Este medio digital se comunicó con Ortiz Camacho, pero la abogada indicó que no emitiría comentarios sobre sus funciones porque todavía se estaba familiarizando con sus nuevas obligaciones y los asuntos de la Junta. El licenciado Ferrer Ríos no respondió llamadas a su celular.
Los nuevos representantes del interés público son abogados y tienen vínculos estrechos con el Partido Popular Democrático (PPD), cuya mayoría desde la Cámara de Representantes procura fiscalizar el polémico contrato. Dicho cuerpo demandó al operador privado para que divulgue información relacionada a su plantilla y a las operaciones que administra desde el 1 de junio pasado. Mediante una alianza público privada, la AAE cedió a LUMA Energy el sistema de distribución y transmisión eléctrico y otras áreas administrativas de la corporación pública.
Pese a que la operación se financia con fondos públicos, el consorcio canadiense se resiste a entregar la información a la Cámara. La semana pasada entregó por escrito información al Congreso de Estado Unidos ante la amenaza de la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez de que retendría las asignaciones federales para la reconstrucción de la red eléctrica.
Ferrer Ríos, quien ocupó el cargo de representante por Acumulación brevemente en el 2013 y es hermano del fenecido expresidente de la Pava Héctor Ferrer Ríos, inició su término de cuatro años el 12 de abril de 2021, según información que ofreció la AAPP. Ortiz Camacho, quien ocupó el cargo de directora de campaña del entonces candidato a la gobernación David Bernier, arrancó su término el 27 de agosto.
Ambas designaciones se extienden por un término de cuatro años.
El Artículo 5 de la Ley 29 del 2009 o Ley de Alianzas Público Privadas establece que los presidentes o Presidentas del Senado y de la Cámara de Representantes presentarán una terna de candidatos al Gobernador o Gobernadora para escoja a los representantes del interés público de ese listado.
En ese caso, de acuerdo a la información que ofreció la AAPP, la designación de Ferrer Ríos surgió de la terna sometida al gobernador Pedro Piuerluisi Urrutia por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. El nombramiento de Ortiz Camacho salió de la terna sometida por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
La Junta de Directores de la AAPP cuenta con cinco miembros: el secretario de Estado y director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz, quien preside del cuerpo; el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el presidente de la Junta de Planificación, Manuel Hidalgo Rivera y dos miembros del interés público. El licenciado Fermín Fontanés Gómez ocupa el cargo de director ejecutivo de la AAPP.
“La Autoridad, con la asistencia de la Entidad Gubernamental Participante y la AAFAF, supervisará el desempeño y cumplimiento del Contratante bajo el Contrato de Alianza. A esos efectos, la Autoridad rendirá al Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, un informe anual sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento por los Contratantes con los Contratos de Alianza vigentes, así como un plan de trabajo para la supervisión del año subsiguiente”, reza la Ley.
La portavoz de prensa de la AAPP no respondió cuándo corresponde someter ese informe al Gobernador y a los líderes legislativos, que debería contener detalles del proceso de fiscalización del contrato de LUMA, entre otros acuerdos de privatización.
Un teniente de la policía llegó al lugar y no se le permitió la entrada a la iglesia, según afirma El Vocero. Presuntamente, de los cuatro feligreses que estaban en la vigilia en la madrugada, el que salió herido fue el único que dio su información quien se fue del lugar sin recibir atención médica. La persona herida se fue con su hija menor de edad.
El Departamento de Salud reportó hoy la muerte de un hombre de 58 años a causa del Covid-19, elevando el total de fallecidos a 3,228 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Por otro lado, el portal reflejó 69 hospitalizados, igual cifra a la informada ayer. Se dividen en 54 adultos —12 en intensivo y 11 conectados a ventilador— y 15 pacientes pediátricos.
Luego que ayer un panel médico de expertos convocado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) votó a favor de vacunar a menores de cinco a 11 años contra el COVID-19 con el producto de Pfizer- BioNTech, se estima que en Puerto Rico “más de 227,000″ niños de estas edades puedan ser inmunizados próximamente contra el virus. La Casa Blanca informó que ya ha asegurado dosis suficientes para los 28 millones de menores entre 5 y 11 años que podrán ser vacunados. Como parte de esta planificación, se informó que, en cuanto se dé la autorización, en solo la primera semana, el gobierno estadounidense distribuirá 15 millones de dosis de Pfizer/BioNTech, lo que servirá para administrar la primera dosis a la mitad de los menores aplicables.
Un antidepresivo de muy bajo costo redujo la necesidad de hospitalización entre adultos con COVID-19 que padecen otros problemas de salud, parte de un estudio sobre fármacos existentes que pudiesen ser utilizados contra el coronavirus.
El tratamiento completo contra el COVID-19 de la píldora, de nombre fluvoxamina, costaría unos $4.
En comparación, los tratamientos intravenosos de anticuerpos cuestan unos $2,000, y el fármaco antiviral experimental de Merck para el COVID-19 vale unos $700 por todo el tratamiento. Los resultados, publicados el miércoles en la revista Lancet Global Health, fueron tan sólidos que expertos independientes que monitorearon el estudio recomendaron que se detuviera antes de lo previsto debido a la contundencia de los resultados.
Tras escuchar por tres horas los argumentos de ambas partes, el juez Anthony Cuevas determinó que, “en los próximos días”, resolverá el caso “mediante una resolución” por escrito sobre el presunto desacato incurrido por el consorcio Luma Energy por negarse entregar documentos a la Cámara de Representantes como parte de una investigación legislativa. Este caso se remonta al pasado 25 de junio, cuando el juez Cuevas ordenó a LUMA entregar los requerimientos en 24 horas. Sin embargo, el consorcio ha retrasado el proceso llevando el caso, incluso, al foro federal.