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El secretario designado del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, anunció el alza en el precio del café.
La Orden Provisional Núm. 1, bajo el amparo del Reglamento 8578, la cual tendrá una duración de 12 meses, establece el precio mínimo al agricultor por café uva maduro de almud (22 almud es un quintal) a $18.00.
El café importado semi-tostado que se vende a través de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias se fijará a un precio de $375.00 por quintal de arábiga y $256.00 por quintal de robusta.
Por otra parte, la Orden, que entra en vigor inmediatamente, coloca el precio beneficiadores por Pergamino primera-base pilado en $488.00, el Collor segunda-base pilado en $347.00 y el Robusta Collor-base pilado en $294.00.
Mientras que el beneficiado seco Pilado primera en $500.00, de segunda en $359.00 y de Robusta pilado en $306.00.
“Es meritorio mencionar que la escala de precio mínimo por almud de café uva madura se ha mantenido igual desde el 2015, hace ocho años atrás. Esa estructura no se ajustó al impacto de los huracanes Irma y Maria en septiembre de 2017. Esta orden es de carácter provisional, no permanente. En el DACO vamos a estar monitoreando constantemente el mercado para evaluar, mes a mes, su comportamiento en caso de que se necesite un ajuste”, expresó el titular.
“Nuestro norte con esta acción, es la protección del consumidor, pues el rápido declive de la cosecha del café de Puerto Rico llevaría a un colapso del por ciento del mercado del producto local, lo que a su vez resultaría en aumentos sostenidos, en algunos casos, vertiginosos y amplios”, añadió el Secretario del DACO.
De acuerdo a data disponible, en estos momentos el café puertorriqueño representa 19.4 por ciento del total del café que se vende; el resto es importado.
El exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, admitió hoy que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz Rosselló, le pidieron que se reuniera con el productor Jorge Díaz Colón, conocido como Sixto George, para que ayudara con el caos que enfrentaba su administración tras las filtraciones del chat de Telegram, que desembocó en la renuncia del mandatario.
No solo eso.
El comité político del entonces líder de la Palma contrató a Díaz Colón y le pagó $100,000 por sus servicios de “damage control”.
La información afloró hoy en el cuarto día del juicio federal que se sigue contra el productor de radio y televisión por supuestamente tratar de extorsionar a Maceira. El acusado enfrenta tres cargos: intento de extorsión, extorsión y alteración o destrucción de prueba.
Hoy le tocó el turno a la defensa de contrainterrogar a Maceira Zayas, el testigo principal de la Fiscalía Federal.
Ante preguntas del licenciado Rafael Castro Lang, el exsecretario de Asuntos Públicos y jefe de la Autoridad de Puertos indicó que Rosselló Nevares y su esposa le hicieron la petición el 13 de julio de 2019 porque el acusado “tenía maneras de ayudar”.
Ese día el Centro de Periodismo Investigativo divulgó 889 páginas del polémico chat y ya Rosselló Nevares conocía que el acusado supuestamente intentaba extorsionarlos para evitar la divulgación de esas y otras conversaciones internas de su equipo cercano. Dos días después, el 15 de julio, Rosselló Nevares apareció en un programa radial que producía Díaz Colón. Esa era su primera aparición pública tras la divulgación del chat.
La solicitud del gobernador a Maceira Zayas también ocurrió después de que Maceira Zayas le hubiera informado sobre el mensaje de texto, que interpretó como una amenaza, y la reunión que sostuvo en el restaurante Musa en Santurce el 21 de junio de 2019 en la que Díaz Colón supuestamente le pidió $300,000 precisamente para evitar que Raúl “Raulie” Maldonado Nieves, hijo del entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, filtrara el chat de Telegram. Raulie estaba molesto porque el gobernador había despedido a su padre el 24 de junio poco después de que ofreció varias entrevistas en las que habló de una supuesta mafia institucional en Hacienda.
Aunque el acusado era un conocido productor en los círculos del Partido Nuevo Progresista (PNP), Maceira aseguró que el gobernador y su esposa no le comunicaron de qué manera Díaz Colón ayudaría. Tampoco sabía que el gobernador había contratado a Díaz Colón para hacer manejo de crisis y que ya le había pagado $100,000.
En su turno, el veterano abogado defensor siguió una línea de preguntas para tratar de establecer de que Díaz Colón no tenía una razón para tratar de extorsionar a Maceira Zayas porque tenía un contrato para ayudar a limpiar la imagen del gobernador y que el testigo tampoco realizó las gestiones que supuestamente se le pedían ante la amenaza.
Ante sus preguntas, Maceira Zayas respondió que no divulgó al Gran Jurado que el acusado le pidió $300,000 para detener filtraciones, aunque a su salida del juzgado indicó que el abogado defensor solo abordó parte de su testimonio ante dicho panel.
La extorsión, según Maceira Zayas consistía de puntos, $300,000 para Raulie y así evitar la divulgación de información dañina al gobierno, dinero para pagar a talentos o influencers para que cambiaran la narrativa negativa de Rosselló Nevares y dejarán de pedirle la renuncia, y la utilización de su influencia para lograr la renovación de los contratos de Collective Impact y Social Consulting, que le pagaban una iguala de $4,000 al acusado por su asesoría.
Pero a preguntas del abogado, Maciera Zayas admitió que no contaba con el poder para pagar facturas, ni renovar contratos en otras agencias fuera de su jurisdicción. Tampoco realizó pagos, ni procuró el dinero pagarle a Maldonado Nieves o las talentos que ayudarán en el trabajo de restauración de la imagen del gobernador.
El turno de preguntas del abogado se caracterizó por las interrupciones constantes de un molesto juez Besosa, quien en ocasiones respondía y realizaba las preguntas. Ni permitió una pregunta del abogado para saber si las autoridades investigaban al testigo al momento de realizar sus denuncias.
Fuera de sala, Díaz Colón aclaró que el contrato verbal de “damage control” ascendía a $300,000.
“Me contrató el comité”, respondió a preguntas de la prensa.
Detalló que recibió dos pagos y que solo quedó pendiente una partida de $100,000. El acuerdo se pactó entre el 11 y el 12 de julio. Cuatro días después Maceira Zayas alambrando con tecnología del FBI grabó al acusado hablando de la alegada extorsión de $300,000, una cifra similar al contrato verbal con Rosselló Nevares.
“Claro que se utilizó el dinero. Se hizo un esfuerzo de ‘control damage’. Había un esfuerzo de hacerlo (contratar figuras públicas). En ese momento todavía estábamos analizando quien podía ser valiente en ese momento histórico”, señaló el productor.
Explicó también que se reunió en La Fortaleza con Rosselló Nevares luego de que su esposa lo llamó pidiendo ayuda mientras estaba en un crucero el 10 de julio. Ese mismo día se reunió con el gobernador.
“Ellos me llaman para pedirme ayuda. Yo le dije que todo estaba mal manejado”, indicó el acusado durante un receso para el almuerzo.
Afirmó que esa petición de ayuda llegó porque el gobernador no confiaba en Maceira Zayas y que personas del círculo cercano de Rosselló Nevares se pelaban por ese contrato de comunicaciones, que según dijo el acusado, lo procuraba Carlos Mercader, el exjefe PRFAA y amigo de Maceira Zayas.
Más temprano y a preguntas del abogado, Maceira Zayas indicó que desconocía de un contrato de $300,000 para una firma de comunicaciones que impulsaba Mercader.
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Brannen McElmurray, presidente de Genera PR, la subsidiaria de New Fortress Energy, empresa que oficializó su contrato para manejar por los próximos 10 años los activos de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dijo que hay procesos para asegurar que no haya conflicto de intereses en cuanto a que New Fortress obtenga beneficios económicos en gestiones de compra de combustible o en el manejo de una nueva planta de gas natural que el negociado autorizó.
Además, afirmó estar “altamente confiado” de que resolverán el conflicto con la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC), que objetó la construcción de su gasoducto en San Juan.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) seguirá existiendo y continuará, también, operando los embalses, los canales de riego e instalaciones de hidroeléctrica en la Isla. El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, mantendrá su posición dentro de la agencia, informó el Primer Ejecutivo.
El exalcalde de Aguas Buenas, Javier García Pérez, llegó a un acuerdo con las autoridades federales para declararse culpable por el caso de corrupción pública que enfrenta en el foro federal.
Según la acusación de gran jurado, el exalcalde recibió dinero en tres ocasiones de parte de los contratistas Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos para pagarle facturas pendientes a sus empresas Waste Collection y J.R. Asphalt. Los sobornos imputados son $20,000 en agosto de 2020 de parte de Santamaría Torres, $10,000 en marzo de 2021 de parte de ambos contratistas y $2,000 en septiembre de 2021 de parte de Rodríguez Santos. A cambio, el oficial electo hizo que el municipio pagara facturas pendientes a Waste por $507,629.55 y a Asphalt por $350,000.
El secretario general del Partido Popular no ofreció detalles de lo que discutirá la Junta de Gobierno pero anticipó que el lunes se deberá decidir sobre cómo se harán dos elecciones y la reorganización. T
ras la Asamblea de Programa y/o Reglamento de noviembre, el PPD acordó efectuar, el 26 de febrero, una elección para que los populares escojan siete delegados por acumulación y 16 representantes por regiones a la Junta de Gobierno. L
as regiones se dividen a base de los distritos senatoriales, y se escogerán dos representantes por cada una. El 7 de mayo, corresponde que los populares escojan un nuevo presidente y dos vicepresidentes.
La transcripción de un audio que presentó la Fiscalía Federal detalla cómo al productor Sixto George aseguró al entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira que con el pago de $300,000 le garantizaría que el resto de los chats de Telegram no serían divulgados.
“Con eso puedo garantizar que (Raulie Maldonado) dejará de ser un dolor de cabeza (pain in the ass)”, sostuvo Sixto George.
“Si, si. Todo”, respondió Sixto George a la pregunta de Maceira sobre si el pago a los influencers garantizaría que no se “virarían” contra la Administración de Ricardo Rosselló Nevares.
Las declaraciones surgieron de una lectura de la transcripción de los audios por parte de la Fiscalía, audios que al menos para la prensa no se escuchan con claridad en ciertas partes.
Seis meses antes de que se filtrara el chat de Telegram, que precipitó la caída del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, Raúl “Raulie” Maldonado Nieves ya maquinaba la divulgación del contenido de aquellas conversaciones groseras que el mandatario sostenía con su equipo cercano.
Hoy, en el tercer día del juicio federal que se sigue contra el productor Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como “Sixto George”, el testigo cooperador del ministerio público, el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, aseguró que Raulie vio el chat por “primera vez” en enero del 2019 tras las diferencias que surgieron con la entonces secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, y su predecesor Raúl Maldonado Gautier, padre. Ese momento, Maldonado Gautier ocupaba el cargo de Chief Financial Officer (CFO), secretario de la Gobernación y jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Esa intromisión de Maldonado Gautier en los asuntos de Hacienda provocó la salida de Fuentes y ahí comenzó a hincharse un malestar que eventualmente desembocó en la publicación del chat y la renuncia en masa de los miembros del equipo de trabajo de Rosselló Nevares, quien finalmente dejó el cargo el 2 de agosto de 2019.
“Me dijo que Raulie estaba molesto. Hizo un download del chat y lo imprimió”, afirmó Maceira ante las seis mujeres y siete hombres del jurado.
El acusado y Maldonado Nieves, según el testimonio de Maceira y la propia acusación federal, comenzaron a conversar del chat e intercambiar mensajes desde inicios del 2019.
En medio de la tensión que existía en la administración que conocía del arresto inminente de varios jefes de agencias y contratistas gubernamentales, el hoy acusado federal jugaba un juego doble, aseguró Maceira desde el banquillo de los testigos, mientras explicaba los fragmentos de una conversación que sostuvo con Díaz Colón el 16 de julio del 2019.
Ese martes y a tres días de la publicación de las 889 páginas del chat, el testigo y el acusado se encontraron en el restaurante Il Postino en Miramar. Ya en ese momento, Maceira había presentado una querella contra el acusado ante el Negociado Federal de Investigacones (FBI, en inglés) y había aceptado en convertirse en testigo del gobierno.
Maceira estaba alambrado y grabó el diálogo con tres aparatos a pesar de eso, algunos de los fragmentos presentados en la sala 510, que preside el juez federal Francisco Besosa, no se escuchaban bien, ni se entendían con claridad.
“Él estaba jugando ambas bases: creando el fuego y luego se presentaba como bombero para apagarlo”, apuntó sobre la actitud del acusado.
Guiado por el fiscal Michael Lhang, Maceira ofreció contexto a los fragmentos de una conversación que se extendió más de dos horas y en cual intentó que Díaz Colón repitiera el contenido de otra conversación, que habían sostenido el 21 de junio. En ese encuentro en el restaurante Musa en Santurce, el acusado y el testigo hablaron -por primera vez- del mensaje de texto que Maceira interpretó como amenaza y la receta de Díaz Colón para detener la divulgación del chat.
Como ayer, Maceira indicó que el acusado le pidió $300,000 para callar a Maldonado Nieves, un presupuesto para contratar personalidades o influencers para cambiar la opinión pública negativa en contra del gobierno y la renovación de dos contratos gubernamentales. El acusado, según el testigo, era consultor esas dos empresas y recibía una paga de $4,000 mensuales.
El dinero a Maldonado Nieves debía pagarse en efectivo o a través de una corporación que no tuviera vínculos con él.
Según Maceira, el acusado le contó que existían otros chats con información dañina, que Maldonado Nieves recopiló en una carpeta. Esa carpeta contenía cinco asuntos: el chat donde Rosselló Nevares hacía comentarios sexistas y ofensivos, información sobre la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez y los referidos que no atendía; información sobre Maceira y su gestión en la Autoridad de Puertos, el referido a Justicia de María Palau, una asesora del gobernador; e información de un asesor del Ejecutivo que había logrado el despido de un reportero que publicó información negativa sobre un cliente suyo.
Al momento del encuentro en el restaurante Il Postino solo se había divulgado el contenido del chat con las expresiones ofensivas de Rosselló Nevares, pero todavía existía la amenaza de que el hijo del exsecretario de Hacienda, molesto por el despido fulminante de su padre, divulgara el contenido de las otras conversaciones internas, apuntaló el testigo, que ofreció su testimonio en inglés.
“La estrategia era mantener la amenaza de la divulgación de los otros chats para mantenernos atemorizados”, afirmó sobre la forma en que percibía el acercamiento del acusado.
Durante la jornada, el fiscal Lang presentó la información de forma algo fragmentada. Tocaba un tema, brincaba a otro y luego volvía el ese asunto previo para profundizar, como ocurrió con los contratos que Díaz Colón exigía que se renovarán y sus facturas pendientes por pagar.
Casi al final del día, presentó al jurado una imagen del mensaje que el acusado envió al testigo con el nombre de las dos empresas: Social Consulting LLC y Collective Impact LLC, ambas creadas en marzo de 2019.
Colletive Impact tenía un contrato con Hacienda y Social Consulting con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Ninguna estaba registrada a nombre de Díaz Colón. De acuerdo al registro de corporaciones Madeline López Pagán es la agente residente de Social Consulting y Lydmari Torres es la agente residente de Collective Impact.
Como en el día anterior, Maciera volvió a mencionar la lista de hacedores de opinión pública que, según el acusado, podrían ayudar a cambiar la narrativa negativa sobre la administración Rosselló. Identificó a la abogada Mayra López Mulero y los políticos Gary Rodríguez y Jorge De Castro Font, que en ese momento laboran en un programa que producía Díaz Colón. También se refirió a Jorge Pabón “El Molusco”, Tomás Ramos “Red Shadow”, Roque Gallart “Rocky the Kid”, Angelique Burgos “La Burbu” y Antulio “Kobbo” Santarrosa. Para Kobbo, el acusado pidió $50,000, pero indicó que otros talentos, como Rocky the Kid, cobraban unos $6,000.
De otro lado, la transcripción de un audio que presentó la Fiscalía Federal detalla cómo al productor Sixto George aseguró al entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira que con el pago de $300,000 le garantizaría que el resto de los chats de Telegram no serían divulgados.
“Con eso puedo garantizar que (Raulie Maldonado) dejará de ser un dolor de cabeza (pain in the ass)”, sostuvo Sixto George.
“Si, si. Todo”, respondió Sixto George a la pregunta de Maceira sobre si el pago a los influencers garantizaría que no se “virarían” contra la Administración de Ricardo Rosselló Nevares.
Las declaraciones surgieron de una lectura de la transcripción de los audios por parte de la Fiscalía, audios que al menos para la prensa no se escuchan con claridad en ciertas partes.
Maceira Zayas explicó que se reunió con agentes del FBI en tres ocasiones. En la tercera ocasión, le propusieron que volviera a encontrarse con Díaz Colón para entregarle personalmente una porción del dinero. Pero rechazó esa petición porque entendió que no funcionaría.
“Fui al FBI porque entendí que era la cosa correcta”, afirmó Maceira.
Según Maceira, el 26 de julio se dio cuenta que Díaz Colón había borrado los mensajes de Telegram con todas sus conversaciones. “Tome un screen shot y notifiqué al FBI”, sostuvo el ex secretario de Asuntos Públicos.
Aclaró que no tiene un acuerdo de inmunidad, ni recibió dinero para declarar en el juicio, que continúa mañana con las preguntas del abogado de la defensa Rafael Castro Lang.
Díaz Colón enfrenta cargos de extorsión, tentativa de extorsión y alteración o destrucción de evidencia.