La epidemióloga, Yonaica Plaza, se convirtió en la nueva directora del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de Puerto Rico. Plaza es actualmente la epidemióloga del pueblo de Jayuya. La profesional de la salud fue recomendada por la pasada directora del programa, Fabiola Cruz.
Fuente: El Nuevo Dia
Hasta el momento son solo 115 los planteles escolares que fueron reabiertos de cara a un regreso a clases presenciales, sin embargo, al momento el Departamento de Educación no tiene una cifra de otros planteles que pudieran reabrir. Se espera que para agosto se tenga la mayor parte de escuelas incorporadas.
Fuente: El Vocero
Aunque el gobierno no ha precisado la cifra de empleados que continúan trabajando desde sus hogares, la secretaria a la Gobernación, Noelia García, aseguró que próximamente este sector se deberá reportar a sus lugares de trabajo. Al momento, no hay una fecha para este regreso a labores presenciales.
Fuente: El Vocero
Una resolución del gobernador, Pedro Pierluisi, propone que la Oficina del Contralor audite seis décadas de la deuda en seis meses. La contralora, Yesmin Valdivieso, levantó banderas ya que aseguró que no podría hacer este tipo de auditoría en un periodo de seis meses. La Comisión de Hacienda de la Cámara iniciará la próxima semana las vistas sobre la resolución.
Fuente: El Vocero
Tras la renuncia del representante, Antonio “Tony” Soto y en medio de una elección especial para elegir a quien reemplace al exsenador, Néstor Alonso en la Cámara, el senador, Carmelo Ríos, propuso que el sustituto de Soto se elija mediante una asamblea de delegados. Por cuestiones de tiempo el escaño que deja Soto no podrá ser incluido en la papeleta de la elección especial de marzo. Se alega que importantes alcaldes ya hicieron saber su respaldo a esta opción.
Fuente: Noticel
Como falsos tildó la exalcaldesa de Aguadilla, Yanitsia Irizarry, los señalamientos del actual alcalde, Julio Roldán, quien aseguró que el municipio había pagado por una ducha de lujo y hasta un gimnasio. Según Irizarry, la ducha ubicada en la alcaldía fue pagada con fondos privados. En cuanto al gimnasio, el exalcalde, Carlos Méndez, dijo que las facilidades eran para uso de todos los empleados municipales.
Fuente: Metro PR
Unos $123 millones en pérdidas de ingresos fue el saldo de la pandemia en los casinos durante el 2020. La cifra corresponde a los 16 casinos que ubican en la Isla. Al momento, un 15% a 20% de los empleados de este sector están sin trabajo porque no se puede trabajar 24 horas.
Fuente: El Nuevo Dia
El gobernador Pedro Pierluisi no quiere discutir el presupuesto con la Asamblea Legislativa hasta que la Junta de Control Fiscal lo apruebe.
Así consta en una carta enviada por el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco; el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar Marrero; y el secretario de Hacienda y principal oficial financiero del Gobierno, Francisco Parés.
La carta enviada el pasado viernes 26 de febrero de 2021 solicita al presidente de la Cámara, Rafael (Tatito) Hernández y al presidente del Senado, José Luis Dalmau, que permitan a los jefes de agencia comparecer en vistas públicas después del 10 de mayo de 2021 cuando se supone que la Junta de Control Fiscal presente un presupuesto de conformidad al Gobernador y a la Asamblea Legislativa.
Los funcionarios que suscriben la carta refieren a los líderes legislativos a visitar la página de Internet de la OGP si quieren conocer el presupuesto que presentó Pierluisi a la Junta de Control Fiscal.
Una fuente de este medio aseguró que la Asamblea Legislativa acudiría a los tribunales si Pierluisi insiste en no discutir el presupuesto con la Cámara y el Senado.
La fuente destacó la Asamblea Legislativa tiene el derecho constitucional del evaluar y discutir el presupuesto con el Ejecutivo. Además, esa discusión permite se celebren vistas públicas para que la ciudadanía conozca y entienda las partidas presupuestarias, aseguró.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó patente su intención de incumplir su promesa de otorgar el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico desde el pasado 25 de febrero de 2021, cuando radicó una moción en el caso Peña Martínez v. Departamento de Salud federal, que reclama que se le dé acceso a los residentes en Puerto Rico a los mismos programas federales a los que tendrían derecho si vivieran en un estado de Estados Unidos.
En el caso Peña Martínez v. Departamento de Salud federal se reclama que los departamentos federales de Salud y Agricultura, y la Administración del Seguro Social, den acceso a los programas del Seguro Social Suplementario (SSI), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el subsidio para personas de escasos recursos (LIS) de la parte D de Medicare para medicamentos recetados.
De acuerdo al Departamento de Justicia del presidente Biden, en su escrito del 25 de febrero de 2021, “la decisión del Congreso de excluir a los residentes de Puerto Rico de SSI, SNAP y Medicare Parte D para personas de bajos ingresos es constitucional”.
“La Corte Suprema (de Estados Unidos) estableció, hace más de cuarenta años, que el estatus tributario único de Puerto Rico, el costo de extender los beneficios, y el potencial impacto perjudicial en la economía constituye tres bases racionales independientes para el trato diferenciado de los residentes de los territorios con respecto a los beneficios federales”, reza la moción presentada por el fiscal general interino Bryan M. Boynton y el jefe de la fiscalía federal de Puerto Rico, Stephen Muldrow.
Hoy, la Administración Biden reiteró su desinterés en garantizar que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tengan acceso a los mismos programas federales que tendrían viviendo en un estado de la unión al no retirar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y permitir que el máximo foro judicial acogiera el recurso para decidir si es inconstitucional excluir a las personas que viven en Puerto Rico de este programa federal.
La Corte Suprema de Estados Unidos dio suficiente tiempo en su calendario para que la Administración de Joe Biden retirara su apelación y cumpliera la promesa de campaña.
El 15 de septiembre de 2020 Biden se comprometió a “proporcionar beneficios del SSI a los residentes de Puerto Rico” y criticó que la Administración Trump hubiese apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos el falló del Primer Circuito Apelativo de Boston que declaró inconstitucional que se le niegue estos beneficios a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico en una decisión sobre el caso United States v. Vaello-Madero.
José L. Vaello-Madero era un residente de Nueva York que recibió beneficios mensuales de SSI por discapacidad durante casi tres décadas. Se mudó a Puerto Rico en 2013 y continuó recibiendo pagos de SSI en su cuenta bancaria en Nueva York. Varios años después, la Administración del Seguro Social inició un proceso de cobro de los beneficios pagados a Vaello-Madero luego de su reubicación al territorio de los Estados Unidos.