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Mientras esta semana la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizará posiblemente el refuerzo de la vacuna Pfizer para personas con alto riesgo, existe una prueba de laboratorio que pudiera ayudar a discernir a quiénes se les debe administrar o no una tercera dosis.
Se trata de la prueba de anticuerpos cuantitativa (spike cuantitativa) para saber cuántos anticuerpos de tiene una persona ya sea porque contrajo el coronavirus o porque fue vacunado.
Laura Trujillo, presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos, dijo en entrevista con este portal de noticias que la prueba está disponible desde febrero y que puede realizarse con una orden médica.
A preguntas de este portal de noticias, la licenciada Trujillo admitió que la prueba no ha tenido mucha promoción entre los pacientes posiblemente para evitar que las personas se confíen debido a que los niveles de inmunidad pueden variar según pasa el tiempo desde que se contrajo el virus o desde que fue vacunado.
Ayer, precisamente, este portal de noticias público que un grupo de científicos integrado por el profesor de bioestadística de la Universidad de Harvard, Rafael Irizarry, estimó que tras cinco meses de administrada la vacuna contra COVID-19 comienza a bajar su efectividad.
De acuerdo a un modelo estadístico que se ajusta a las tasas de incidencia de variables en el tiempo, la edad, el sexo de datos obtenidos del Departamento de Salud se concluyó que en la cima de su protección la vacuna de Moderna tuvo 86% de efectividad, Pfizer 82% y Johnson & Johnson 61%.
No obstante, después de cinco meses de administradas la efectividad de la vacuna de Moderna disminuyó a aproximadamente 72%, la de Pfizer a 54% y la de Johnson & Johnson a solo 15%.
Todas las vacunas tuvieron menor efectividad para los mayores de 85 años, con la disminución de la eficacia particularmente baja para la vacuna de Johnson & Johnson.
A dos días para que expirara, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia extendió la vigencia de la Orden Ejecutiva, que impuso la Ley Seca y ordenó el cierre de negocios a la medianoche, como medidas para frenar el avance del COVID-19, hasta el 14 de octubre.
Esto significa que los negocios no podrán vender alcohol y las personas tampoco podrán consumir bebidas en espacios públicos de 12:00 a.m. a 5:00 a.m. Los comercios, que no ofrecen servicios esenciales, también permanecerán cerrados durante ese horario.
“La vacunación y las medidas que hemos tomado al día de hoy han contribuido a disminuir los números en varios de los renglones. Sin embargo, los números aún se encuentran en niveles altos, por lo que es necesario que el Gobierno continúe implementando acciones para controlar los contagios y proteger la vida de todos los ciudadanos; más aún, cuando es imprescindible que nuestros estudiantes continúen recibiendo sus clases de forma presencial y es necesario proteger nuestra economía”, explicó el primer ejecutivo en un parte de prensa.
Como el decreto vigente, la OE 2021-065 establece un “toque de queda” de 12:00 a. m. a 5:00 a. m. en toda operación privada que atiende público y que tenga fines comerciales o de ventas, servicios al consumidor, deportes, recreación o entretenimiento, entre otras. Las operaciones privadas que no atienden público y otros servicios esenciales quedan exentos de este horario. La Ley Seca continúa en vigencia en el horario del toque de queda e incluye eventos tanto públicos como privados.
El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios cerrados y en lugares abiertos donde haya aglomeración de 50 personas o más.
La orden mantiene la veda que impide pegar o amarrar varias embarcaciones en grupo. Prohíbe, además, el anclaje en playas, cayos e islotes a menos de 100 pies de la orilla, con excepción del uso de boyas de amarre.
La semana pasada, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, promovió una nueva orden administrativa que prohíbe que los menores de 12 años asistan a eventos multitudinarios que propicien la aglomeración de personas, aunque cuenten con una prueba viral calificada negativa. Las vacunas contra el COVID-19, principal estrategia para combatir el virus, todavía no están autorizadas para menores de 12 años.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia justificó hoy la petición de aumento en el servicio eléctrico presentada por LUMA Energy para paliar la pérdida de ingresos ocasionada por las averías en las plantas generatrices que han provocado apagones selectivos a través de la Isla.
La semana pasada, LUMA Energy presentó ante el Negociado de Energía una solicitud para adoptar un alza de más de 16% en la factura de la luz a partir del 1 de octubre. Esta es la segunda petición de aumento que hace el administrador privado de la red de transmisión y distribución eléctrica. El mes pasado, el Negociado rechazó la primera petición porque LUMA no presentó la información adecuada para apoyar sus planteamientos.
“Nadie quiere un aumento de luz. En Puerto Rico, tenemos un nuevo sistema regulatorio en el área de la energía, quien único puede imponer un aumento en el costo de la luz es el Negociado de Energía. Sé que se sometió una solicitud para un aumento. No tengo el detalle de la solicitud le corresponde al Negociado evaluarla”, apuntó el gobernador en rueda de prensa para anunciar una asignación de fondos para atender los hogares que todavía tienen un toldo azul a cuatro años del paso del huracán María.
“Pero obviamente se cae de la mata por qué se está dando esa solicitud y es que con las averías recientes, yo sé y todos los que han estado pendientes saben que, se recurrió a quemar diesel en vez del petróleo que se utiliza que es el búnker c para suplirle la energía al pueblo y ese diesel es mucho más costoso”, agregó.
Planteó que el costo de la compra de combustible, sujeto al vaivén de los precios del mercado, también se calcula y se pasa a los clientes de la utilidad pública.
“Aquí lo importante es que el Negociado verifique que el aumento, si se va a dar el aumento, es resultado de algo inevitable, de unos costos que ya se incurrieron por compra de combustible”, apuntaló.
La noticia de la petición de LUMA ha generado malestar en la ciudadanía, que en los pasados meses ha enfrentado apagones que redundan en pérdidas personales porque se dañan los enseres electrodomésticos y se afecta su capacidad de trabajar desde el hogar, que se ha convertido en la nueva oficia en tiempos pandémicos.
Se reportan dos muertes a causa del COVID-19 y 257 personas están hospitalizadas, de las cuales 79 están en cuidados intensivos y 60 adultos se encuentran en ventilador.
Mientras, hay 15 hospitalizados pediátricos. El promedio de casos positivos con pruebas moleculares es 154 y 91 en pruebas de antígeno.
Ayer domingo, una niña de seis años, residente de Fajardo, murió a consecuencia de complicaciones relacionadas al COVID-19, confirmaron varias fuentes a Primera Hora.
La menor -que falleció en un hospital del municipio- llevaba aproximadamente seis días con el diagnóstico.
La vacuna de Pfizer contra COVID-19 funciona en niños entre 5 y 11 años, anunció este lunes la compañía, que pedirá pronto la autorización en Estados Unidos para este grupo de edad, un paso clave para iniciar la inoculación de niños pequeños.
El secretario de Vivienda, William Rodríguez estimó la necesidad de entre 20 a 25,000 obreros y reconoció un aumento en el costo de materiales y procesos de construcción que se estima en 40%. Agregó además que el año 2026 es, a su vez, la fecha límite de vigencia que tienen las asignaciones federales a este momento, por lo que lo que no esté gastado en ese momento, se pierde.
El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez, indicó que en enero había solo 400 casas reparadas o reconstruidas y ahora son 1,640. Para fin de año esperan llegar a 3,000.
Según datos del Plan de Acción de los fondos de mitigación, entre 15,000 a 18,000 viviendas todavía requieren el uso de toldos azules.
“Cuando nosotros llegamos al departamento (en enero) nos dimos cuenta de que no había un estudio en Vivienda ni en ninguna otra agencia donde hubiese un análisis geoespacial o de otro tipo que identificara cuántos toldos azules había en Puerto Rico. El número (de 15,000 a 18,000) es producto de un estudio que se hizo”, agregó.
Señaló que la cifra contrastaba con las familias que habían solicitado ayuda del Programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3), que no llegaban ni a 2,000.
A cuatro años del paso del huracán María, las compañías de seguros en el sector de Propiedad y Contingencia (PyC) han comenzado a recuperarse, tras haber pagado $7,158 millones en reclamaciones por daños ocasionados por el evento atmosférico.
Las cifras más recientes en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) indican que al 30 de junio de 2021, las aseguradoras habían recibido 303,044 reclamaciones por el huracán María. De esas, un 69% se cerraron con pago, 30% se cerraron sin pago, y aún queda un 1% (2,997 casos aproximadamente) en litigios. De hecho, las primas suscritas han incrementado un 40% desde el azote de María en 2017 y alcanzaron los $2,476 millones al finalizar el 2020.
Un estudio de Fernando Tormos Aponte, investigador principal y catedrático auxiliar en la Universidad de Maryland-Baltimore County reveló que la electricidad llegó más rápido en municipios en los que el Partido Nuevo Progresista (PNP), ganó la gobernación en noviembre de 2016. El PNP y el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares dirigían el país cuando María tocó suelo boricua el 20 de septiembre de 2017.
Según Tormos Aponte, en comunidades vulnerables –económicamente desventajadas, de minorías raciales, de diferentes habilidades físicas o adultos mayores, entre otros aspectos sociales– una diferencia de 17 días en el envío de brigadas para el restablecimiento de la electricidad puede ser “cuestión de vida o muerte”.
Los datos fueron obtenidos al amparo de la decisión del Tribunal Supremo sobre la entrega de los certificados de defunción post-María al Centro de Periodismo Investigativo. Tormos Aponte solicitó a la AEE la información sobre el despliegue de brigadas de la corporación pública, así como de las compañías privadas que luego se unieron a los trabajos de restauración, entre estas, Cobra Acquisitions y Whitefish Energy.
La versión impresa del El Nuevo Día reporta que el magisterio votará del 23 al 27 de septiembre de forma electrónica para rechazar o ratificar la propuesta de la Asociación de Maestros (AMPR) y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para atender el sistema de retiro.
El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) pidió un voto de rechazo porque la propuesta elimina las pensiones vitalicias del 75% del salario, establece el modelo de cuentas de aportación definida a los educadores que ingresaron al sistema después del 2014, recorta “dramáticamente” lo que recibirán los maestros y maestras en su jubilación y eleva la edad de retiro de 55 a 63 años.