Genera PR responsabiliza a la Autoridad de Energía Eléctrica por el daño de siete turbinas que el gobierno de Puerto Rico compró. Pero la empresa que administra esas máquinas no informó del problema, no pidió reparaciones y ahora sostiene que la culpa no era suya. Mientras tanto, la decisión de mantener esas turbinas funcionando con diésel en lugar de cambiarlas a gas natural, como estaba planeado hace dos años, cuesta al país 300 millones de dólares adicionales y eleva el precio de cada kilovatio-hora a 33.8 centavos.

La explicación de Genera viola la lógica más elemental de administración. Es como si le dieras a alguien la responsabilidad de operar una flota de vehículos y cuando se dañan por falta de mantenimiento, culpara a otro por no avisarle. Pero lo grave no es solo la irresponsabilidad administrativa de Genera PR. Lo grave es que Puerto Rico puede romper ese contrato ahora, porque New Fortress se declaró en quiebra, y nadie lo ha hecho.

Lo importante

• Genera PR acusa a la Autoridad de Energía Eléctrica de no haber dado mantenimiento a las siete turbinas dañadas, cuando es Genera quien administra esas unidades operativamente.
• El plan original de Josué Colón era cambiar las turbinas a gas natural por 613 millones, pero Genera propuso otro plan que supuestamente ahorraría 30%, costando 911 millones: 300 millones más caro.
• Mantener las turbinas con diésel en lugar de gas natural cuesta cuatro veces más en combustible: 40 centavos por kilovatio-hora versus 10 a 12 centavos que habría costado el gas.
• New Fortress está en quiebra, lo que permite a Puerto Rico cancelar el contrato con Genera PR en cualquier momento, según el documento firmado.
• Negocios como panaderías y cafés ya están pagando entre 6,000 y 9,000 pesos mensuales en electricidad, con la factura de octubre aún por llegar.

Genera culpa a la Autoridad por turbinas sin mantenimiento

Genera PR presentó una excusa tan endeble que rayaba en lo insultante: las siete turbinas se dañaron porque la Autoridad de Energía Eléctrica no les dio mantenimiento. Lo curioso es que Genera es precisamente la empresa que administra operativamente esas máquinas. Es como contratar a un guardia de seguridad, encontrarlo robando y que luego diga que no sabía que tenía que activar el seguro.

La irresponsabilidad es aún más grave si entendemos que quien está a cargo de administrar un negocio debe, por definición, ocuparse del mantenimiento. Nadie contrata a una empresa de operaciones esperando que alguien más venga a cuidar las máquinas. Cuando Genera notó problemas, debió notificar. Cuando le pidieron garantía en las turbinas que compró a New Fortress, debió exigirla. Pero en lugar de eso, simplemente dejó que siete unidades se dañaran y culpó a otro.

El plan que costó 300 millones más

Hace dos años, Josué Colón, entonces Zar de Energía, había dejado listo un sistema para cambiar esas turbinas de diésel a gas natural. El proyecto costaba 613 millones y habría reducido el precio de la energía entre 40% y 60%. Pero Genera PR llegó y dijo que tenía un plan mejor. Aseguró que ahorraría 30%, pero la realidad fue el inverso: el precio subió a 911 millones, 300 millones por encima del presupuesto original.

Lo peor es que no solo ese cambio nunca ocurrió. Hoy, en 2026, las turbinas siguen quemando diésel todos los días porque se supone que estén funcionando en el corto plazo. Eso significa que cada vez que encienden esas máquinas, Puerto Rico está pagando cuatro veces más en combustible de lo que habría pagado con gas natural. No es una opinión. Son números, datos, hechos.

El precio de la factura que nadie pidió

El resultado está en tu recibo. Ese 33.8 centavos por kilovatio-hora que ves en la factura de luz viene de decisiones tomadas hace dos años. Con gas, esa tasa habría sido entre 10 y 12 centavos. La diferencia se compone cada día, cada mes, cada vez que Genera enciende esas máquinas dañadas.

Negocios pequeños ya sienten el impacto. Una panadería paga 7,000 pesos mensuales en electricidad. Un café paga 9,000. ¿Cuántos panes hay que vender para cubrir eso? ¿Cuántas tazas de café hay que servir cuando además vienen subidas de agua, de alimentos, de todo? La factura de octubre no ha llegado aún, pero cuando lo haga, será el momento en que gente que ya está pidiendo disculpas en redes sociales diga que está pensando en cerrar.

El contrato que Puerto Rico puede romper

Existe una cláusula en el contrato de Genera PR que permite al gobierno cancelarlo si New Fortress se declara en quiebra. New Fortress está en quiebra. Eso significa que Puerto Rico no está amarrado a este acuerdo, contrario a lo que la gobernadora ha comunicado en otros casos.

Pero nadie ha roto nada. Nadie ha siquiera amenazado con hacerlo. Genera sigue operando como si Puerto Rico fuera rehén. Los números prueban que cometer este acto de impunidad ha costado cientos de millones de dólares al país, y cada día sigue costando millones adicionales en combustible. La pregunta que nadie contesta es por qué.

La responsabilidad que Josué Colón conoce

Josué Colón fue quien denunció este contrato hace años. Fue quien advertía contra Genera PR. Fue quien diseñó el plan alternativo que hubiera ahorrado dinero. Ahora trabaja en la misma administración que permite que esto continúe. No como gestor de Genera, pero sí como alguien que sabe exactamente qué está pasando.

¿Cómo no le da vergüenza personal seguir en una posición donde ve que Puerto Rico está siendo saqueado y no da el puño en la mesa para exigir que esto termine? Si alguien en este país entiende el detalle de estos contratos, es él. Si alguien sabe exactamente cuánto dinero se está perdiendo, es él. La pregunta no es si puede hacer algo. La pregunta es por qué no lo hace.

Culpa de Luma, pero no es Luma

Cuando llegue la factura de octubre, mucha gente dirá que Luma es la culpable. Es comprensible: Luma es quien la envía. Pero Luma no decide ni los precios ni cómo se genera la energía. Eso es responsabilidad de Genera PR y New Fortress.

El problema real es mil veces más Genera que Luma. Pero el pueblo no se da cuenta porque el pueblo no se sienta a leer, o porque la información no llega clara, o porque es más fácil culpar a la empresa que envía el recibo. Lo que importa es que cuando las luces no se apaguen y se entienda de verdad dónde está el problema, sea demasiado tarde.

Morosidad y el incentivo que no existe

Genera PR no tiene ningún incentivo para hacer bien su trabajo. El contrato es de cuantía anual fija: cobran igual aunque Puerto Rico entera no pagara una factura. Aunque los negocios cierren. Aunque las casas se queden a oscuras.

La cuantía depende solo de lo que Genera calcula que puede vender, no del consumo real ni de la calidad del servicio. Y en este momento, cuando Puerto Rico no puede ni traer combustible completo, Genera está literalmente vendiendo al 100% de su inventario porque el país no tiene más opción. Literalmente estamos demandándolos porque no nos traen lo que pedimos. Entonces, ¿por qué cambiarían de estrategia? No perderían nada. Solo ganan.

Lo que debería haber pasado en 2025

El plan integrado de recursos preveía que en 2025 se decomisarían varias plantas: Aguirre, Costa Sur, Palo Seco. Que nos quedaríamos con las unidades 5 y 6 de San Juan y 5 y 6 de Costa Sur. Que el resto sería reemplazado por nuevas turbinas y baterías para almacenar energía.

Estamos en octubre de 2026. No se ha decomisado nada. No se han puesto las baterías. No se han instalado nuevas unidades peaker a gas. Nada de eso sucedió. Estamos pagando los precios más altos en la historia de Puerto Rico y la gente sigue sin entender por qué.

El puño en la mesa que nadie da

En un país normal, esto habría provocado disturbios. En otro lado del mundo, gente renunciaría por vergüenza. Pero aquí, funcionarios públicos que saben exactamente lo que pasa se quedan en sus puestos como si nada. Se toman fotos pasando papeles, sonriendo en conferencias de prensa, actuando como si estuvieran trabajando cuando lo que realmente hacen es tolerar un saqueo.

La gobernadora dice que Puerto Rico no está amarrado a ningún contrato. Entonces cancela este. Josué Colón sabe el problema mejor que nadie. Entonces renuncia y dilo públicamente. Iván Báez, quien trabaja para Genera PR, era una persona con prestigio cuando trabajaba en Walmart. ¿Cómo sale a la calle sabiendo lo que sabe? ¿Cómo duerme? Si realmente le importara Puerto Rico, renunciaría. Pero nadie lo hace. Y mientras no pase nada, mientras no haya consecuencias, esto seguirá igual.

Mira el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=gj9746vRovs

Fuentes

• Podcast: De quien tendrá fotos comprometedoras, que no cancela este contrato

Un hombre confesó públicamente haber asesinado a dos personas, y la reacción mayoritaria del pueblo de Puerto Rico fue llamarlo héroe nacional. En ese mismo momento, la clase política concentra toda su energía en una reforma judicial que solo busca cambiar quién controla los nombramientos en la judicatura: del Partido Popular al PNP. La ironía es demoledora. Mientras el sistema de justicia colapsa bajo el peso de su propia politización, los legisladores discuten únicamente cómo asegurar que la próxima ronda de nombramientos favorezca sus intereses partidistas.

El mensaje que envían es claro: la justicia no es un servicio al país, sino un instrumento de poder. Cuando 56% de los puertorriqueños encuestados apoyan que un vigilante tome la justicia en sus manos, no estamos ante un problema de seguridad. Estamos ante un fracaso institucional tan profundo que la gente ha perdido toda fe en los tribunales como alternativa.

Lo importante

• Según una encuesta de YouTube, el 56% de los participantes apoyan que William Rivera haya tomado la justicia en sus manos matando a dos personas; el 44% se opone.
• Cinco querellas contra el abogado asesinado permanecen sin prosperar ante el Tribunal Supremo, a pesar de alegar que defraudó a más de $500,000 a personas en varios municipios.
• La reforma judicial que propone Rivera Schatz solo cambia quién nombra a los jueces administradores de región: en vez de la jueza presidenta, lo haría un sistema que favorecería al PNP.
• Una exfiscal no renominada confirmó que los fiscales carecen de expertos contables forenses y otros recursos para investigar fraude, pero sí hay dinero para viajes y eventos de empleabilidad.

El héroe nacional que no debería existir

La reacción social fue tan clara como perturbadora. Un vigilante confesó, públicamente y sin ambigüedades, que había asesinado a dos personas. Su razón: los tribunales no le servían, lo cogieron de tonto, así que él se tomó la justicia en sus manos. Y la gente respondió: eres un héroe nacional.

Dos de esas personas eran Félix Plaud, un activista del Partido Nuevo Progresista cuya vida entera fue un performance de su lealtad a la estadidad, y un abogado con supuestos contactos con ese mismo partido. Lo que hace más absurdo el panorama es que contra ese abogado había cinco querellas ante el Tribunal Supremo. Ninguna prosperó. Algunas alegaban que lo había probado, lo había tumbado en más de $500,000 por unos supuestos negocios en Carolina, Ciales, Ponce, Peñuelas y Arroyo.

La reforma que ignora al país ardiendo

En el mismo momento en que un vigilante toma la justicia en sus manos, en el mismo momento en que el pueblo reconoce públicamente que el sistema de justicia es irrelevante, la clase política en el Capitolio está concentrada en una única pregunta: quién va a nombrar a los jueces.

El presidente del Senado, el presidente de la Cámara, los legisladores de tu distrito, los que tú elegiste: todos ellos están pensando en cómo evitar que gane el Partido Popular en cuatro años y devuelva el poder de nombramientos a la jueza presidenta. Es un juego de toma y daca. Ahora quieren que sea el PNP quien controle qué juez va a cada posición, quién es juez administrador de cada región, cuántos recursos se le da a cada sala.

Eso es politizar la rama judicial al máximo. La reforma no propone hacer los tribunales más eficientes ni más justos. Solo propone cambiar cuál partido controla la máquina de poder. Y eso, aunque algunos intenten negar que esa sea la intención, es exactamente la percepción que genera.

Cuando la encuesta cuenta la verdad

Se hizo una encuesta en el canal de YouTube. La pregunta fue sensible a propósito, porque no se quería parecer que estaba promoviendo la violencia. Pero la pregunta era directa: ¿apoyas lo que hizo William Rivera de tomar la justicia en sus manos?

El 56% respondió que sí. El 44% que no. Los comentarios en redes decían casi todos lo mismo: este hombre es un héroe. Es lo que dice la gente cuando confía cero en los tribunales. No es un problema de criminalidad. Es un problema de institución fallida.

El derecho, rehén del sentido común

Un amigo escribió un mensaje que decía: el derecho es rogado, no le toca al tribunal nada de lo que tú dices, está mal titulado el post. Para unir casos hay reglas, para resolver casos hay términos. Si no funcionan las leyes, el foro no es el poder judicial legislativo.

Suena a derecho de libro. Y tiene razón en lo técnico. Pero ahí está el problema: ¿para qué sirven las reglas si no es para la justicia? Yo conozco las reglas. Pasé la reválida igual que cualquiera. La pregunta es más elemental: ¿deben funcionar así las reglas?

Si el derecho no es una alternativa viable, solo queda la otra alternativa: el bichote del punto. En la calle nos matamos la raya. Eso es lo que hay. Y cuando los legisladores vienen a cambiar las reglas nuevamente para favorecer sus nombramientos, cuando los jueces actúan con selectividad según a quién se protege, cuando esa persona que es abogada usa la licencia para timar gente de $500,000, ese es el mensaje que manda la práctica.

La justicia de dos velocidades

Existe un patrón conocido en Puerto Rico. Cuando es la esposa de un juez, los jueces actúan. Cuando es el marido de un juez, también actúan. Pero cuando es el pueblo, dicen que no pueden tocarse porque no son su responsabilidad, porque están las reglas.

En el caso de Wanda Vázquez, un juez mandó a buscar un testigo para ayudar a su esposa. El Tribunal Supremo decidió nada. Le dieron una multa y punto. En el caso de la Masacre de Pájaros, un juez se convirtió en juez instructor. Ningún problema. Pero cuando es la gente, cuando es un vigilante que dice que no le quedan opciones, entonces sí aparecen las reglas como una pared infranqueable.

Eso es lo que hay. No es teoría. Es práctica. Y cualquier abogado que salga de la escuela de derecho sabe que la teoría en los libros no es lo que ocurre en los juzgados.

La guerra interna del Supremo

Mientras el país arde, mientras un vigilante acaba de confesar que mató a dos personas, mientras 99% de los comentarios en redes le llama héroe, el Tribunal Supremo de Puerto Rico está en guerra interna. El tema de la pelea: quién va a nombrar al juez administrador de la región de Caguas, quién va a nombrar al juez administrador de Arecibo, a qué pueblo van a asignar los jueces una vez confirmados.

Eso es todo. Eso es lo que está pasando en el momento histórico más crítico. La discusión en la legislatura es quién controla los nombramientos. La discusión en el Tribunal Supremo es quién administra el sistema. Nadie está hablando de cómo hacer que los tribunales funcionen, de cómo hacer que la gente confíe, de cómo evitar que la próxima muerte violenta sea el próximo doble homicidio cometido por alguien que perdió fe en el sistema.

El silencio de la jueza presidenta

Se solicitó una entrevista con la jueza presidenta del Tribunal Supremo. Su respuesta fue enviar declaraciones escritas. Eso fue todo. Ni una aparición pública, ni una conferencia de prensa, ni un intento de concienciar a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo, ni una llamada a los legisladores para que frenen la politización.

Ese silencio habla. Si ella realmente creyera que el tribunal es independiente, si realmente quisiera defender la institución, estaría en todas partes explicando qué está mal, pidiendo que se frene esa reforma, demostrando que la rama judicial no es un instrumento de poder. Pero no. Solo silencio. Y ese silencio sugiere exactamente lo que ella niega: que lo que le importa es quién tiene el poder de nombrar, no si el país confía en sus tribunales.

Las víctimas silenciosas del sistema: los fiscales

Hace poco, mientras caminaba cerca de Guaynabo, una exfiscal se detuvo y pidió que se transmitiera un mensaje. Había sido nombrada por el Partido Popular. No la renominaron. ¿La razón? El PNP no quiere populares en la fiscalía. Y eso está pasando sistemáticamente: casi no quedan fiscales ni jueces nombrados por gobiernos populares porque simplemente no los renominan.

Esa fiscal estuvo 40 minutos contando su historia. Había llegado a casos de delitos económicos, de fraude, de asuntos complejos. Pero no tenía un experto contable forense que le ayudara a leer las planillas. Estaba allí sola, con un montón de casos, sin herramientas. Y así recomendaba transacciones: si te robaron $50,000, transa por $5,000, porque no tenemos recursos.

Pero hay dinero para viajar a Nueva Orleans, hay dinero para ir a San Diego, hay dinero para ferias de empleabilidad, hay dinero para carpas y banners y photobooth para que la gente se grabe videos, hay dinero para orquestas. Hay dinero para todo eso. Lo que no hay es dinero para que un fiscal tenga un contador que lo ayude cuando alguien viene a robar o a estafar.

El dinero detrás de la pelea

La reforma judicial de Rivera Schatz, que el Senado aprobó y que ahora considera la gobernadora, no es sobre justicia. Es sobre contratos. Porque la jueza presidenta nombra al administrador de la rama, y el administrador de la rama es el que firma los contratos.

Es un asunto de control político también. Cuando tú decides quién es juez administrador de una región, tú controlas qué casos le tocan a quién, a qué juez flojo o a qué juez riguroso, cuántos recursos se le da a los asesores jurídicos que ayudan a los jueces a procesar documentos. Todas esas decisiones aparentemente técnicas tienen consecuencias reales en cómo se resuelven los casos.

Y nadie, nadie en esos restaurantes de la Avenida Roosevelt está haciendo esas llamadas para pedir favores. Eso nunca ocurre. Los jueces nunca reciben instrucciones de arriba sobre a quién favorecen. Eso es imaginación nuestra. Claro que pasó con Wanda Vázquez y su esposo, pero ese fue un caso aislado, excepcional, que el Tribunal Supremo resolvió dándole una multa de regalo. Eso sí fue el sistema funcionando.

La percepción vale más que la realidad

Hay un billete de $20 en la mano derecha y un pedazo de papel en la mano izquierda. ¿Cuál es la diferencia? Solo que el público piensa que el billete vale y el papel no. Son literalmente lo mismo. Sirven para lo mismo. Pero la noción, la impresión, la forma en que el pueblo ve una cosa es infinitamente más importante que la realidad técnica.

En cuestión de justicia, eso es aún más cierto. La percepción de que los tribunales son justos es más importante que si realmente lo son. Porque si la gente no cree que lo son, entonces no importa si técnicamente el sistema funciona conforme a las reglas. La gente no va a confiar. Y cuando no confía, toma la justicia en sus manos.

Ese es el mensaje que está mandando toda esta reforma, aunque no sea la intención. Que en vez de ser Popular quien controla, va a ser PNP. Y eso es politización. Eso es exactamente lo opuesto a lo que Puerto Rico necesita en este momento.

¿El sistema funcionó?

Algunos defensores del sistema dicen que el problema no son los tribunales. Que el problema es que William Rivera es un asesino. Que este caso apenas estaba empezando, que apenas era julio cuando fue presentado y ahora estamos en octubre.

Pero Rivera había hecho gestiones antes, en junio, y el año anterior había otra demanda también en junio. Había estado tratando de cobrar desde el 2021. Así que no fue un caso que acaba de empezar. Fue un caso que el sistema dejó languidecer, que se tranzó, que se manejó con la lentitud que caracteriza a la administración de justicia en Puerto Rico.

¿Y la respuesta de la clase política a todo esto? Que hay que mejorar quién nombra a los jueces. Que el problema es que hace falta que el PNP tenga el control en vez del Popular. Eso no es respuesta. Eso es politización aún más extrema. El sistema no funcionó. El sistema es el que llevó a que un vigilante confiese haber matado a dos personas y que el país le llame héroe.

Mira el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=ioUqPRXvfsk

Fuentes

• Encuesta de YouTube sobre el caso de William Rivera (Canal de Jay Fonseca)

Uno de cada tres contratos del gobierno en ciertos municipios, agencias y oficinas legislativas nunca se registra ante la Contraloría, según un muestreo que hizo esa oficina. Aunque la ley establece que los contratos no registrados no son válidos, en la práctica nadie se entera porque requeriría una demanda judicial, y difícilmente alguien demanda cuando tanto el contratista como la agencia tienen incentivos para mantener todo en secreto.

Puerto Rico no permite que los ciudadanos demanden al gobierno por mal gasto de fondos públicos, una restricción que existe desde 1957. Mientras tanto, proyectos de ley para transparencia siguen engavetados, y los mecanismos de fiscalización —que incluyen la Contraloría, ética gubernamental y múltiples inspectorías— no tienen poder real para recuperar dinero robado o mal gastado. El resultado es un sistema donde la escasez de luz, educación especial y servicios a veteranos persisten mientras decenas de miles de millones en contratos se mueven sin supervisión.

Lo importante

• Un muestreo de la Contraloría encontró que 30% de los contratos en ciertos municipios, agencias y legisladores no estaban registrados en su página oficial.
• Aunque la ley dice que contratos no registrados no son válidos, solo el alcalde o contratista pueden argumentar su nulidad, y nadie demanda si hay acuerdo de silencio.
• Desde 1957, los ciudadanos puertorriqueños no pueden demandar al gobierno por mal gasto, a diferencia de la ley federal que permite denunciantes cobrar hasta 30% de lo recuperado.
• La Contraloría pide legislación para obligar que todos los contratos se firmen en su plataforma y que ella pueda hacer gestión de cobro, pero los proyectos no se aprueban.
• Mientras contratos fantasmas desangran al gobierno, 220 millones en fondos para educación especial no llegan, veteranos esperan servicios sin registrar, y la administración habla de transparencia pero no actúa.

Treinta por ciento de los contratos, desaparecidos

No exagero cuando digo que la Contraloría hizo un muestreo y encontró que 30% de los contratos en ese muestreo no estaban registrados en su página. Eso en cualquier lugar del mundo sería un escándalo. Francamente, yo tampoco lo creía al principio. Pensaba que era una historia exagerada.

Lo que ocurre es que aunque la ley establece que los contratos tienen que estar registrados ante la Contraloría o se da por no pagado, en la práctica hay un quid pro quo para no tener que registrarlo. Si quiero darle un contrato a alguien y no quiero que nadie se entere, llego a un acuerdo: no lo registramos nunca ante la Contraloría y mientras tú no me demandes, yo te sigo pagando. Nadie se entera porque la única forma en que alguien se entera es si me demanda, pero ¿quién va a demandar si él y yo estamos de acuerdo en mantenerlo callado?

La trampa desde 1957

Los contratos no registrados son ilegales, pero no son un delito. El que hizo la ley hizo la trampa. El violador principal de las leyes, obligaciones y contratos en Puerto Rico es el gobierno. Pero lo difícil es probar la violación porque es una cuestión ministerial que le compete a la agencia o alcaldía, y se trata como un simple deber que se olvidó radicar a tiempo.

Aquí está lo crucial: aunque los contratos que no sean escritos, firmados y radicados ante la Contraloría no son válidos, solo el alcalde o el contratista pueden argumentar su nulidad. En Puerto Rico no existe el pleito de contribuyente. A nosotros nos quitaron esa facultad en 1957. No podemos demandar a nadie a nombre del pueblo para evitar un mal gasto. Así que aunque un contrato sea ilegal, si tú y yo estamos de acuerdo en que no se registre, ¿quién va a ir al tribunal?

Lo que hacen en Estados Unidos y aquí no

En el gobierno federal existe una acción que se llama "Qui tam". Un ciudadano puede demandar a nombre del gobierno federal cuando hay fraude y obtener compensación. Según he leído, puede llegar a 30% en casos millonarios. Si el caso es lo suficientemente bueno, el gobierno federal puede adueñarse del caso y continuarlo a través de la Fiscalía Federal y tú recibes la compensación.

En Puerto Rico eso está prohibido. El ciudadano no puede demandar. Solo el gobierno puede demandar a nombre del pueblo. Así que como yo no puedo demandar al gobierno por mal gasto, el gobierno puede gastar sin límite.

Proyectos atascados en la legislatura

La Contraloría está pidiendo que se cree obligatoriamente una plataforma donde todos los contratos del gobierno tengan que registrarse desde el inicio. Ella pagaría esa plataforma del presupuesto de la Contraloría. No debería haber obstáculo alguno. El proyecto tiene informe positivo pero no se aprueba.

Uno esperaría que una administración que habla de transparencia, que habla de ser cristiana, que habla de ser conservadora, cuando se enterara de que 30% de los contratos en municipios, alcaldías, legislatura y ejecutivo no están registrados, fuera de inmediato a enmendar la situación. No lo hizo. Están durmiendo el sueño de los justos mientras escuchan hablar de fiscalización.

Quién paga la factura

Mientras todo esto sucede, 220 millones en fondos de educación especial no llegan a los niños. No hay hogares sustitutos. El contrato de las damas de llave no se firma o está firmado pero no se ejecuta. Servicios para veteranos que deberían darse a través de la Procuraduría del Veterano se atascan porque no está registrado.

Esto demuestra el nivel de lucha libre en el que hemos llegado. Es peor esconder la verdad que mentir. Mentir es un acto que cualquiera puede hacer saliendo del paso. Pero la estrategia para esconder la verdad requiere un acto voluntario, consciente, deliberado de maldad. Tiene un nivel de elucubración, pensamiento, meditación para engañar. Esconder los contratos de esta forma es la demostración más obvia de que hay un quid pro quo.

Ética gubernamental: más de un año para un caso claro

El director de Ética Gubernamental dice que el caso de Baby, que implica un supuesto amigo que recibió un contrato de $60,000 pesos mensuales con acuerdo de pasar $30,000 a una tercera persona, estará listo para el segundo trimestre del año próximo. Más de un año de investigación cuando hay una persona bajo juramento diciendo exactamente lo que pasó.

Eso es lo que llaman fiscalización en Puerto Rico. Eso son los entes de fiscalización de los que se habla. El Inspector General, el Secretario de Justicia, toda esa estructura. Todo es escogido por la gobernadora. Y uno se pregunta, ¿para qué existe toda esta estructura?

Un pacto de agresión controlada

Lo que existe aquí es un pacto de agresión controlada. Vamos a matarnos, pero no vamos a pasar esta raya. Hay reglas. En la guerra hay reglas. La regla aquí es: vamos a tener una pelea, pero en la práctica nadie va a ir preso porque los federales no tienen jurisdicción y a nivel estatal nos aseguramos de que quien fiscalice sea gente que depende de que yo la nombre y confirme.

Esto no es una guerra política. Es una guerra de contrato y de cabildeo. Es una lucha por cómo se van a dividir los guisos de un gobierno que maneja billones de dólares en contratos. El problema principal es que el ingreso y el botín que representa el gobierno de Puerto Rico es el mayor enemigo para el desarrollo del pueblo. Lo que hay es una lucha por el botín. Son cabilderos contra cabilderos, pero no es una lucha a muerte. Hay que magullarse, pero no mucho, porque no se puede acabar el guiso.

Trescientos mil analistas y ninguna acción

Mientras tanto aquí hay 300,000 analistas políticos, 300,000 comentaristas, 300,000 programas de radio. Todos entretenidos mientras en la práctica todo es una guerra por el control del punto. La legislatura dice que va a investigar a Josué Colón, cuando Josué Colón nunca firmó el contrato, por tanto no hay quid pro quo. Todo es entretenimiento.

Se creó el 3PPO y se creó Lap Consulting precisamente para no tener que firmar directamente. Para que otro tenga la responsabilidad. Y eso es tan evidente que nos da en la cara. Mientras tanto seguimos bailando con los problemas, bailando, bailando. No resolvemos ninguno.

Lo que podrían hacer hoy y no hacen

Hoy pudiera la gobernadora y la legislatura obligar que todos los contratos estén registrados en la página del Contralor antes de que sean vigentes. Podrían firmar directamente en la plataforma de la Contraloría como ella está proponiendo. No han aprobado la ley. Hoy podrían obligar también a que se renuncie el privilegio abogado-cliente en los casos donde hay conflicto de interés. No lo hacen tampoco.

La Contraloría encontró fraude y chanchullos pero no puede ir en gestión de cobro para que devuelvan el dinero. Solo puede hacerlo el alcalde, el funcionario, el secretario o el legislador. La legislatura no le ha dado legitimación activa al Contralor para demandar en los tribunales. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia del proceso de legitimación del movimiento de riquezas de una parte de la sociedad a otra.

República Dominicana y Haití: mientras nosotros retrocedemos

Puerto Rico puede tener una relevancia regional enorme. Tenemos acceso exclusivo al mercado más grande del mundo, ciudadanía, acceso a las mejores tecnologías. República Dominicana no está comiendo los dulces. Los países del Caribe progresan mientras nosotros nos quedamos atrás.

Bukele está expandiendo y regionalizando su poder en Haití, buscando crecimiento económico. Aunque sea a través del narcotráfico, está moviéndose. Nosotros aquí simplemente se consume en Estados Unidos pero a nivel de negocio no hay movimiento. Casi toda gran riqueza provino de una gran corrupción. Pero aquí ni robamos bien. Si robáramos bien, por lo menos creceríamos. Aquí es la barrida, se lo comen todo.

El sistema es un embuste

La fiscalización y todo ese andamiaje de Ética Gubernamental, la Inspectora General, el Panel Fiscal Especial Independiente, la división de asuntos monopolísticos, todo eso es un embuste. Mira, el Contralor puede hacer excelente trabajo. Pueden tener gente con las manos en la masa. Hacen 20,000 informes al año sobre dónde va el dinero. Y en la isla del pirata, nada va a pasar porque la legitimación del tumbe es parte de la clase política.

Aquí todo el mundo va de la mano de otra gente. La gobernadora va de la mano con sus jefes de agencia. Los representantes y senadores van de la mano de los alcaldes. Los alcaldes van de la mano de sus representantes y senadores. Muchos se benefician de los guisos. Es un baile de gallina uno contra uno alrededor del otro, tratando de pretender que cuando se acabe la música uno no se quede sin sillita. Los alcaldes le dan guiso a legisladores o familiares de legisladores. Y al revés. Así es que se mueve.

El caso de Cataño: 75,000 que nadie reclama

Hay una gestión del alcalde de Cataño que supuestamente tiene que hacer una gestión de cobro de un abogado que supuestamente facturó 75,000 pesos por servicios que no se hicieron. El alcalde no le da la gana de llevar el pleito para recobrar. Se perdieron los chavos. Pero ¿por qué el Contralor no puede ir en acción? El Contralor encontró, auditó y encontró el problema. Pero la Contraloría no puede llevar un pleito.

Eso es cuestión de enmendar la ley y darle la jurisdicción al Contralor. Podremos hacer un argumento constitucional ante el Tribunal Supremo y que el Tribunal decida. Pero ¿por qué no puede la Asamblea Legislativa tener un funcionario que haga gestión de cobro a nombre del pueblo de Puerto Rico? Debería ser la rama electa la más interesada en recuperar ese dinero.

Mira el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=KA6O-FUPjuw

Fuentes

• Contralora de Puerto Rico (Contralora de Puerto Rico)

La muerte de Félix Plaud ha puesto al desnudo una industria de timos que funciona con impunidad en Puerto Rico. Desde músicos de reggaetón hasta profesionales, decenas de personas reportan haber sido defraudadas por abogados, contables y otros supuestos negocios que nunca llegaron a buen puerto. Lo más grave no es que los timos ocurran, sino que aunque alguien gane un caso en los tribunales, la sentencia le sirve de poco: no hay mecanismo para cobrar lo que se le debe, y el estafador simplemente se declara en quiebra y sigue con su vida.

Este vacío legal crea un sistema perverso donde la justicia existe en el papel pero no en la práctica. Los tribunales tardan años, los abogados cobran honorarios minúsculos por frivolidad, y los timadores reinciden sin temor a consecuencias reales. Mientras eso ocurre, la gente pierde la fe en las instituciones y algunos, como William Noel Rivera Sánchez, toman justicia por mano propia. La pregunta que queda es si nuestro sistema de justicia puede arreglarse o si está irremediablemente podrido.

Lo importante

• Joel y Randy, músicos de reggaetón, denunciaron que una contable de Río Grande les desapareció medio millón de dólares en un proyecto que no llegó a abrir.
• Félix Plaud presuntamente defraudó al abogado Luis Antonio Quiñones González con 166,000 pesos en un proyecto de dispensarios de cannabis medicinal.
• Un 5K del departamento de Vivienda costó 165,000 pesos solo en carpas, mientras que un evento privado similar cuesta unos 15,000 pesos.
• En Puerto Rico se condenan casos pero se cobran honorarios de apenas 200 a 600 pesos, mientras que en Florida por el mismo trabajo se otorgan hasta 8,000 dólares en costas.
• Plaud había acumulado al menos 20 casos en los tribunales sin que se hubiera ejecutado una sentencia real contra él antes de su muerte.

La industria del timo entre figuras públicas

Varios músicos de reggaetón y empresarios han denunciado ser víctimas de fraudes coordinados por abogados y contables sofisticados. Joel y Randy reportan que una contable de Río Grande desapareció medio millón de dólares que les habían confiado para un proyecto empresarial. Cuando la situación llegó a los tribunales, la contable y su empresa se declararon en quiebra y ella siguió adelante sin consecuencias. Según reportan en redes sociales, la misma contable ha estafado a múltiples clientes con el mismo modus operandi.

El caso de Félix Plaud amplificó estas denuncias. Presuntamente, Plaud y el abogado Luis Antonio Quiñones González ofrecían oportunidades de inversión en dispensarios de cannabis medicinal. William Noel Rivera Sánchez afirmó haber entregado sus ahorros para dos proyectos que nunca llegaron a abrir, uno supuestamente en Culebra. Los fondos desaparecieron y, cuando Rivera Sánchez intentó recuperarlos por la vía legal, enfrentó los mismos obstáculos que Joel y Randy: un sistema que no ejecuta sentencias reales.

Cuando ganar en corte no significa cobrar

El problema fundamental en Puerto Rico es que una sentencia final y firme no garantiza que alguien recupere su dinero. Aunque un juez declare a favor del demandante, este debe entonces intentar confiscar bienes del deudor, lo cual es prácticamente imposible. La mayoría de estafadores se declaran en quiebra o transfieren activos para quedar insolventes legalmente, y las leyes protegen la vivienda principal del deudor incluso cuando hay fraude demostrado.

Los embargos preventivos casi nunca se otorgan en Puerto Rico, lo que significa que el dinero del estafador permanece intacto mientras dura el proceso. No existen mecanismos de retención equivalentes a los que usa la industria automotriz, donde un mecánico puede quedarse con un vehículo hasta recibir pago. Los tribunales tampoco imponen castigos por litigios frívolo de manera consistente, lo que permite que los estafadores y sus abogados alarguen procesos sin riesgo real.

Los gastos de abogado: 200 pesos por un caso de un año

La disparidad entre Puerto Rico y Florida illustra el colapso de nuestro sistema de incentivos legales. En un caso frívolo que duró un año con múltiples apelaciones, los tribunales de Puerto Rico otorgaron 200 pesos en costas al abogado. Ese monto no cubre ni una pequeña fracción de lo que se gastó defendiendo al cliente.

En Florida, un caso de apenas seis meses en el que un cliente estaba siendo demandado injustamente resultó en una orden de 8,000 dólares en costas que se ejecutó inmediatamente. Si no se pagaba al viernes, el tribunal amenazaba con bloquear fondos federales. Esa diferencia de magnitud hace que en Florida los litigantes sean cautos antes de demandar sin fundamento, mientras que en Puerto Rico nadie piensa dos veces antes de radicar una demanda sin merits.

El juez como puertas giratorias de timadores

Félix Plaud tenía al menos 20 casos en los tribunales de Puerto Rico antes de ser asesinado. No se trata de un cliente ocasional sino de una persona con un patrón evidente de conducta delictiva. Sin embargo, nada detuvo sus operaciones. Los timadores no defraudan una sola vez; reinciden sistemáticamente porque saben que las sentencias no se ejecutan.

Si un juez viera un patrón claro de fraude recurrente —como ocurre en estos casos donde hay contratos, documentos y pruebas directas— podría remitir directamente a fiscalía para que radique cargos criminales. La diferencia entre una mala inversión y un timo es que el segundo tiene intención de defraudar y un patrón de repetición. Pero en Puerto Rico, esa distinción nunca se hace.

Mira el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=oPazjK0gwmc

Fuentes

• El Vocero: Hallazgo de bultos en apartamento de Plaud (El Vocero)