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La ex primera dama y ex representante Luisa “Piti” Gándara está “delicada pero estable”, aclaró el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.
Gándara está desde 2016 bajo tratamiento de cáncer en el seno y luego en el colón y más recientemente está hospitalizada en San Juan debido, principalmente, a los efectos secundarios de las quimioterapias.
Acevedo Vilá hizo las declaraciones en su podcast diario esta mañana.
El exgobernador dijo que aunque la ex primera dama ha experimentado “mucho dolor” está en las mejores manos médicas y el cuidado de su familia. Agregó que todos los tratamientos de cáncer se le han administrado en Puerto Rico.
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La Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes continuó hoy, jueves con el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 764, que busca limitar la participación de personas trans en las categorías del género con el que se identifican.
La medida, de la autoría de la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, dispone que todo equipo deportivo que pertenezca a una escuela pública o institución universitaria pública, o que compita contra estas, solo pueden establecer: equipos compuestos por personas del sexo femenino, equipos compuestos por personas del sexo masculino y equipos mixtos.
De igual forma, la llamada “Ley para salvar el deporte femenino”; establece explícitamente que “ninguna escuela o institución académica admitirá como miembro de un equipo deportivo compuesto exclusivamente por personas del sexo femenino, a personas del sexo masculino”.
‘’Seguiremos trabajando en consecuencia para proteger los espacios y los derechos de las mujeres. No vamos a ceder de ninguna manera con miras a seguir defendiendo y abogando en favor de estas personas’’, expresó Burgos Muñiz, presidenta de la Comisión.
Durante los trabajos, compareció la Dra. María de los Ángeles González, el periodista y cronista deportivo, David Colón, el secretario auxiliar de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública del Departamento de Educación (DE), el Lcdo. Félix Ángel Pérez Rivera y el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones Vázquez.
En tanto, Quiñones Vázquez expuso que el DRD entiende oportuno y loable la aprobación de esta medida con el compromiso de exaltar la dignidad e igualdad de la mujer en el deporte.
De igual manera, el Secretario detalló que permitiendo la participación de atletas de sexo biológico masculino en eventos junto a atletas de sexo biológico femenino, se dejaría de cumplir con el objetivo de garantiza una competencia en igualdad de condiciones.
‘’No tenemos objeción a la aprobación de este proyecto sujeto a que no se alteren las reglas deportivas generales y técnicas formuladas por los organismos reguladores del deporte a nivel internacional’’, enfatizó Quiñones Vázquez.
‘’No cabe duda de que las diferencias que se manifiestan entre los hombres y mujeres que participan en actividades deportivas influyen en el nivel de rendimiento deportivo. Las diferencias físicas y biológicas de carácter natural entre hombres y mujeres son la base sobre la cual se sustenta la división de la mayoría de las disciplinas deportivas. Esta distinción ha permitido que ambos sexos se enfrenten con adversarios en condiciones similares, lo cual brinda la oportunidad de competir de manera equitativa y justa’’, añadió.
Pérez Rivera del DE también avaló la legislación.
‘’Este tema es uno, que, a pesar de ser novel, ha provocado discusiones apasionadas de personas que apoyan una medida o la otra. Inclusive, personas transgénero y exmedallistas olímpicos, se han expresado a favor de mantener las categorías por las que se rigen la mayor parte de los deportes’’, indicó.
‘’En la medida que ya el Departamento ha establecido y mantenido, las categorías de edad y sexo en los eventos deportivos y competencias escolares, no tenemos objeción en que se apruebe la medida’’, añadió Pérez Rivera.
Tanto Ángeles González y Colón endosaron la legislación y destacaron su rechazo a la participación de mujeres trans en eventos deportivos que deseen competir contra mujeres.
COPUR RECHAZA LA MEDIDA
La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, indicó que la situación planteada en el proyecto no es significativa numéricamente en el deporte ya que la población transgéneros a nivel mundial no es muy grande.
‘’De esta población, los que llegan al deporte son una mínima parte. En los Juegos Olímpicos de Tokio por primera vez se aceptó la participación de las atletas transgéneros y del total de 6,700 atletas que participaron, solo cuatro fueron atletas trangéneros, lo que redunda en un 0.0006 por ciento’’, dijo Rosario.
De igual forma, la Presidenta del COPUR informó que al momento que el proyecto se evalúa, no han tenido acercamiento alguno, en ninguna de las federaciones deportivas de atletas trans que deseen participar en competencias de alto rendimiento.
‘’Cuando surja un asunto que atender en el futuro y siendo miembros del movimiento internacional, tendríamos que cumplir con la reglamentación internacional que en ese momento esté vigente en el COI y Federaciones Internacionales’’, indicó durante la vista pública.
Rosario informó que las probabilidades que esto ocurra en el deporte escolar, ya sea en escuelas públicas o privadas del país, deben de igual forma ser muy escasas, siendo alguna mínima probabilidad, si alguna, en el deporte universitario, cuando los atletas alcanzan una mayoría de edad.
‘’Para poder hacer un serio análisis sobre esta pieza legislativa, debemos reconocer que no todos somos iguales, que pudiera validarse una desventaja en algunos deportes la participación de personas trans en el deporte femenino, que la evidencia médico y científica no es concluyente y que esta prohibición estaría en contra de la inclusión de un sector de la población. La forma en la que está presentado este proyecto, dejaría fuera la participación de una posible población minoritaria que no debe ser discriminada y merece tener una participación en el deporte’’, puntualizó la Presidenta del COPUR.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó un caso del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero, que originó tras un referido de su sucesor Edward O’Neill Rosa.
De esta forma, el Panel acogió una recomendación del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
A través de un comunicado de prensa, el ente investigador explicó que O’Neill Rosa envió una comunicación al Departamento de Justicia el 22 de julio de 2022. En esa misiva solicitó investigar si el exalcalde Pérez Otero actuó ilegalmente al llegar a un acuerdo colaborativo con la entidad privada I Love Dogs.
El convenio conllevaba el desembolso de fondos públicos para la construcción y desarrollo de un parque para perros en terrenos de dicha corporación. Esto sin que, alegadamente, rindiera beneficios para el municipio ni para la ciudadanía.
La División de Integridad Publica y Asuntos del Contralor de Justicia realizó Ia investigación preliminar de este caso. Como parte de ese proceso analizó el contrato del municipio con la organización I Love Dogs, las ordenanzas municipales relacionadas con dicho acuerdo, y entrevistas a varios funcionarios municipales de Guaynabo, incluyendo al alcalde O’Neill Rosa y a María Santini Marrero, presidenta de la entidad privada.
Al presentar su informe preliminar, Integridad Pública concluyó que el contrato entre el municipio y I Love Dogs, Inc. fue suscrito de conformidad con las normas vigentes aplicables, con Ia autorización de la Legislatura Municipal de Guaynabo y cumpliendo con el fin público consagrado en Ia Ley 154 del 2008 (Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales).
Agregó, que no existe causa suficiente para creer que el exalcalde Pérez Otero, incurrió en conducta delictiva por los hechos investigados.
“Particularmente, no hubo prueba de infracción a los Artículos 252, 262, y 263 del Código Penal, y al Artículo 4.2 de Ia Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, sustentó Integridad Pública.
El informe indicó que, conforme el Artículo 1.008 del Código Municipal, el exalcalde Pérez Otero contaba con la autoridad legal, mediante la correspondiente autorización de la Legislatura Municipal, para contratar con las personas naturales y jurídicas y, en este caso en particular, tenía la autorización de los legisladores municipales para firmar el acuerdo de
colaboración con I Love Dogs, Inc., en cuanto a la construcción del parque para perros en los terrenos de la empresa.
Integridad Pública también expuso que tampoco existe prueba que establezca que el exalcalde Pérez Otero utilizó los deberes y las facultades de su cargo o la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para el o para I Love Dogs, Inc., algún beneficio que no estuviese autorizado por ley.
A tenor con los resultados de su investigación, Integridad Pública le aconsejó al secretario Emanuelli Hernández, que en este caso no recomendara al Panel la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI). Así lo acogió el secretario.
El Panel dispuso en su resolución que: “Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del Secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo de este asunto”.
Queda pendiente ante el Panel otro referido con recomendación para designar un fiscal especial independiente relacionado a un alegado incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. Según la querella del actual alcalde, Pérez Otero cedió el uso de algunas facilidades del edificio Guaynabo Medical Mall a la empresa Provider Network Solutions of Puerto Rico, LLC, por 19 meses.
De acuerdo al comunicado que Justicia emitió al recomendar la ampliación de la investigación, “esta cesión se concedió sin el pago de los correspondientes cánones de arrendamiento, sin la debida autorización de la Legislatura Municipal de Guaynabo y contrario a las disposiciones legales pertinentes. Por esta razón, la compañía de referencia generó una deuda con el ayuntamiento ascendente a $1,452,149.00, por concepto de cánones de arrendamiento”.
El pasado 22 de marzo, un jurado federal encontró a Pérez Otero culpable de recibir sobornos del ahora convicto contratista Oscar Santamaría a cambio de extenderle a sus empresas contratos municipales.
Ante un repunte en los casos de COVID-19, el secretario de Salud, Carlos Mellado López, instó a la población a continuar acciones de prevención y a recurrir a la vacunación como mejor herramienta para prevenir la propagación del virus.
Hoy, la tasa de positividad se encuentra en el 24%, según los datos del Departamento de Salud.
“El COVID-19 persiste y no podemos bajar la guardia. Recientemente hemos visto una tendencia de aumento de casos. Por lo que las medidas de aislamiento son esenciales para poder minimizar la transmisión del virus. Las personas con resultado positivo deben estar en aislamiento por cinco días. Aquellas personas que al 5to día no presenten fiebre pueden reincorporarse a sus tareas utilizando mascarillas hasta el día 10 luego de su resultado positivo”, mencionó Mellado López en declaraciones escritas al destacar que no hace falta un resultado negativo para retornar al trabajo.
El galeno exhortó a la ciudadanía a “mantener su vacunación al día con la vacuna actualizada bivalente. La vacuna reduce la posibilidad de contagio y ayuda a frenar la propagación del virus. Las medidas de prevención siguen siendo igual de importantes”, agregó.
Mencionó que el Departamento de Salud mantiene el centro de evaluación y tratamiento antiviral en el Hospital Universitario Ramón Ruíz Arnau (HURRA), en Bayamón. También hay centros de tratamiento alrededor de la Isla. El directorio está disponible en: https://www.salud.gov.pr/CMS/DOWNLOAD/7028.
Señaló que continúan los centros para la detección temprana en la mayoría de los municipios y que todas las semanas se realizan sobre 90 eventos con pruebas de antígeno certificadas. Además, en el centro de detección frente al Departamento de Salud se realizan pruebas moleculares.
Recientemente los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, en inglés) actualizaron el grupo poblacional al que le corresponde la administración de la vacuna bivalente. Toda persona mayor de seis años que no haya recibido ninguna dosis contra el COVID-19, son elegibles para recibir una dosis única de la vacuna bivalente. Mientras que, toda persona mayor de seis años o más que haya recibido alguna de las vacunas previas o hayan completado su esquema de vacunación son elegibles para recibir la dosis actualizada de la vacuna bivalente.
Pacientes inmunocomprometidos que han recibido una vacuna actualizada contra el COVID-19 pueden recibir una dosis adicional única de una vacuna actualizada al menos dos meses después de una dosis de una vacuna actualizada contra el virus, y se pueden administrar dosis adicionales a criterio del proveedor de atención médica y en intervalos determinados por el proveedor. Igualmente, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, la recomendación es vacunarse con la dosis bivalente.
Para más información, aclarar dudas sobre las vacunas, localizar el centro de vacunación más cercano, puede llamar al 787-522-3985 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde o visitar la página https://www.salud.gov.pr/CMS/107
El mes pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia de salud pública. Advirtió, sin embargo, que el COVID-19 seguía siendo “una amenaza para la salud mundial” y recomendó continuar con las medidas de prevención establecidas por la organización.
Tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía, el licenciado Juan Enrique Catalá Suárez se declaró culpable esta mañana de cargos de conspiración, tentativa de amenaza o intimidación de testigos y persuasión de incomparecencia a una testigo para que no llegara a declarar a la vista preliminar relacionada a un doble asesinato ocurrido el 19 de marzo de 2022, en el complejo de vivienda pública Dr. Pedro Palou en Humacao.
El mes pasado, luego de que renunció a la vista preliminar, Cuarto Poder (WAPA-TV) anticipó que el también exfiscal haría alegación de culpa.
Originalmente el ministerio público acusó a Catalá Suárez de un cargo de oferta de soborno que contemplaba una pena fija de ocho años de prisión, pero como parte del acuerdo ese delito se reclasificó a la tentativa de amenaza a la testigo. También se enmendaron las acusaciones para eliminar la referencia al soborno.
De esta forma, Catalá Suárez se expone a una sentencia suspendida de cuatro años siempre y cuando el informe presentencia no revele algún hallazgo.
El acuerdo no contempla colaboración con las autoridades, ni declarar en contra de la licenciada Ana Luisa González Cabrera, la otra coacusada.
Catalá Suárez llegó a la sala 304 que preside el juez Daniel López González del Tribunal de Caguas acompañado de familiares y de su abogado Frank Torres Viada. Después de firmar los documentos de rigor, el togado celebró la vista que se extendió unos 10 minutos.
La lectura de sentencia quedó pautada para el 4 de agosto.
El pasado 22 de mayo de 2023, el juez Elmer Rodríguez Díaz encontró causa probable para juicio en contra de la licenciada González Cabrera. El ministerio público los acusó por pagarle dinero a la testigo Jazmín Gómez Reyes para que no compareciera a declarar en contra de su entonces compañero George Opio Serrano, acusado por el doble asesinato en Humacao.
González Cabrera y Catalá Suárez eran los abogados de Opio Serrano.
Según la prueba presentada en la vista preliminar, la abogada entregó $1,200 entre otras cantidades, para el alquiler de una propiedad en Ceiba o Fajardo, donde la testigo pernoctó por más de una semana. Catalá Suárez, por su parte, envió $100 por ATH Móvil a Gianka Cuadrado, amiga de la testigo de cargo, para reemplazar una goma a su vehículo y así poder transportar a Gómez Reyes a la oficina de un abogado que le tomó una declaración jurada. En esa declaración jurada, Gómez Serrano consignó que había sido presionada por las autoridades para declarar pese a que no había visto el crimen.
Las fiscales también presentaron dos grabaciones, una de una llamada telefónica entre la testigo y González Cabrera y otra de una reunión en la oficina de la abogada en Caguas, donde se escucha a los dos abogados decirle a la testigo que la van a proteger y que diga la verdad. Pero también le piden que no hable con nadie y que “no se deje citar”.
Los abogados defensores aseguran que la licenciada González Cabrera no violó la ley al hablar con la testigo de cargo y que siempre pidió a la testigo decir la verdad. Insisten en que el testimonio de Gómez Serrano no es confiable porque ofreció versiones contradictorias a las autoridades y que la abogada es una víctima de la mujer.
Adelantaron también que procuraran suprimir las dos grabaciones porque se obtuvieron violando disposiciones constitucionales. Pero el ministerio público ha argumentado que existen excepciones y que en este caso la testigo grabó a la abogada sin intervención del estado y en medio de la comisión de un delito.
La lectura de acusación de la licenciada González Cabrera está pautada para el 26 de junio y el inicio del juicio para el 19 de julio.
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Durante una vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, varias agencias del gobierno relacionadas con los recursos humanos mostraron reservas con el Proyecto del Senado 1143 y la Resolución del Senado 394, que proponen reducir la jornada laboral de los empleados públicos, sin que esto conlleve a una reducción salarial.
“El propósito de la medida es que veamos la posibilidad de ofrecerle a nuestros empleados una jornada de cuatro días sin reducción de salario. Lo que tiene el gobierno actualmente es reducción de jornada y reducción de salario. Esta medida habla de un plan piloto que le tocaría a la OATRH ver la viabilidad y conveniencia no de lo que está, sino de lo que podría ser…esto se está viendo en muchas partes del mundo y al parecer está dando buenos resultados”, destacó la presidenta de la comisión, Ana Irma Rivera Lassén.
Durante su ponencia, Diocelyn Rivera de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) expresó que “en el área del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, aún cuando la base legal bajo la que se propone elaboremos un Plan Piloto para que ciertos empleados puedan trabajar y completar una jornada laboral de cuatro días y 32 horas sin reducción salarial, no es cónsona con el ordenamiento jurídico vigente, por afectar la uniformidad en la implementación del Plan de Clasificación y Retribución Uniforme y los principios constitucionales de igual protección de las leyes y de igual paga por igual trabajo, no favorecemos el Proyecto”.
Ante esto, Rivera Lassén preguntó cuáles serían las preocupaciones específicas en torno a la implementación de un plan piloto para evaluar cuáles serían los beneficios, si alguno, de una jornada reducida sin reducir salarios. La deponente expresó que “no estamos rechazando lo propuesto, pero estamos en ánimo de que se evalúe la propuesta porque, como está radicada, hay que evaluarla para poder implementar algún tipo de análisis. Nos reiteramos en la ayuda para hacer ese análisis”. De igual forma, Gustavo Cartagena, de la OATRH dijo que están abiertos al análisis de la medida, pero hizo hincapié en que hay que auscultar la posibilidad de que esto conlleve a un aumento. También, estableció que otro análisis que debe realizarse son los servicios a la ciudadanía, los cuáles podrían verse afectados.
En su turno, el licenciado Heriam Martínez de la Oficina de Gerencia y Presupuesto dijo que la “medida como está redactada en el plan piloto no tiene impacto presupuestario, pero el análisis no puede ser aislado”.
En la misma línea, Naiomy Álamo en representación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos mostró reservas por su impacto fiscal. “La propuesta de este proyecto reduce la jornada en el servicio público sin reducción de salario, lo cual podría tener un impacto fiscal. El Artículo 204 l de la “Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés), requiere se certifique el impacto fiscal de cada ley y su consistencia con el Plan Fiscal”.
Además, la deponente explicó que la Ley 8-2017 contempla medidas de reducción de jornada como acción para evitar cesantías ya que, de ordinario, representan un ahorro para el Gobierno de Puerto Rico. “Asimismo, se permiten las reducciones de jornada voluntarias a solicitud del empleado público mediante acuerdo con su patrono en las cuales el empleado puede acogerse a una jornada semanal cuatro días y devengar el ochenta por ciento 80 por ciento de su retribución bruta”, detalló. De igual manera, Álamo aclaró que el DTRH administra la legislación laboral pertinente al sector privado de Puerto Rico, “por lo que este proyecto no se encuentra dentro de los asuntos bajo la jurisdicción de peritaje de nuestra agencia”.
Por su parte, Javier Flores de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres expresó que. “respaldamos la intención legislativa que enmarca este proyecto. Ello, puesto que considerando que gran parte de la fuerza laboral de Puerto Rico está integrada por mujeres, al tiempo que son nuestras mujeres quienes también llevan la carga mayoritaria del trabajo no remunerado en nuestro país”.
Igualmente, Josué González, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), manifestó su respaldo al proyecto. “Nos parece, que en momentos en que el Gobernador hace un llamado a que nuestra juventud procrea lo que serán las y los trabajadores del futuro, que si de verdad desea lograr dicho objetivo es menester crear las condiciones para ello. Por tanto, nos unimos en apoyo al presente proyecto”, dijo.
A su vez, Raúl González en representación de la Asociación de Maestros mencionó que “aún cuando el personal docente, a quienes con orgullo representamos no se encuentra incluído en este grupo de trabajadores, cuya jornada oficial sobrepasa las 37 horas semanales y que se reduciría su jornada a 32, entendemos apropiado realizar el plan piloto de manera que podamos recopilar, analizar y por ende, interpretar resultados desde nuestra perspectiva como sociedad y no necesariamente adoptar, sin mayor estudio, los planes y estrategias de otros países”.
Igualmente, se expresó a favor del proyecto la licenciada Ariadna Godreau de Ayuda Legal Puerto Rico. “Estamos a favor de la medida como patrono que estamos experimentando este proceso dentro de la organización sin afectar los servicios que ofrecemos”. En la misma línea, se manifestó en apoyo Veronika Banuchi de la organización One Fare Wage, al mencionar que “respaldar un proyecto de ley que reduzca la jornada laboral sin reducir el salario es una medida justa y necesaria. No solo mejoraría la calidad de vida de las personas que trabajan al permitirles disfrutar de más tiempo libre, sino que también promovería la productividad, el bienestar y la equidad de género”.
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El director de finanzas de American Management and Administration Corporation, David Vélez Hernández, se declaró culpable esta tarde de formar parte de un esquema liderado por los primos del gobernador Pedro Pierluisi para desfalcar $3.7 millones en fondos federales que debieron ir a la administración de vivienda pública.
Ya Walter y Eduardo Pierluisi Isern y AMAC habían hecho alegación de culpa el mes pasado.
La admisión de culpabilidad de Vélez Hernández y la renuncia a una acusación emitida por un Gran Jurado Federal ocurrió ante la jueza federal Camille Vélez Rivé.
Según la acusación estipulada con la fiscal Marie Christine Amy, Vélez Hernández se apropió de $876,639 al cobrar por servicios que nunca ofreció e inflar las facturas de servicios de los subcontratistas FiveStar Pest Control y CoolBreeze Air Conditioning entre el 2014 y el 2022. La acusación detalla que los presidentes de FiveStar y de CoolBreeze Air abrieron cuentas personal para depositar cheques de sus empresas que se emitían a sus nombres, pero luego le entregaron la tarjeta de débito a Vélez Hernández para que accediera al dinero para su beneficio personal.
“Sí, su señoría”, respondió el hombre de 60 años cuando la jueza Vélez Rivé le preguntó si la declaración de hechos que leyó la fiscal era correcta.
¿Cómo se declara?, indagó la togada.
“Culpable”, indicó en español Vélez Hernández, quien estuvo acompañado de su abogado Juan Ramón Acevedo Cruz.
Como parte del acuerdo, la fiscal Amy recomendó una sentencia de 37-46 meses de prisión siempre y cuando no surja del informe presentencia que el acusado tiene un historial criminal previo. Vélez Hernández también acordó que no apelará la sentencia final impuesta por la jueza si la misma no excede los 46 meses. Además, tendrá que restituir la totalidad del dinero malversado.
La vista para imponer sentencia fue señalada para el 28 de agosto, mientras que la vista de sentencia de Walter y Eduardo Pierluisi está pautada para el 11 de julio de 2023.
Conforme a los acuerdos de culpabilidad alcanzados, Walter Pierluisi se expone a tres años y 10 meses de cárcel. Eduardo Pierluisi enfrenta una sentencia de tres años, pero su acuerdo permite solicitar una rebaja a dos años por razones de enfermedad.
Tras la alegación de culpa, los tres funcionarios quedaron libres bajo fianza.