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La defensa del cantante de música Urbana Cosculluela se allanó esta mañana a la determinación de causa probable en todos los cargos contra el imputado.
Se espera que el cantante llegue a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable a cambio de no cumplir cárcel y recibir tratamiento sicológico.
Cosculluela dijo esta mañana que está “cansado” del proceso judicial y que quiere retomar su carrera y su vida.
Se pautó la Lectura de Acusación y Juicio para hoy a las 3:00 p.m. ante la Jueza Marieli Rosario Figueroa en el Centro Judicial de Humacao.
La Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia presentó 15 cargos contra José Fernando Cosculluela Suárez, conocido en el ámbito artístico como Cosculluela, por un patrón de violencia doméstica contra su expareja.
El exponente de música urbana enfrenta 13 cargos bajo la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.
“Conforme a la investigación, los delitos están relacionados con actos de violencia física, verbal y sicológica que ocurrieron entre el año 2017 hasta el pasado mes de agosto de 2022, previo a la solicitud de una orden de protección por parte de la víctima, que fue diligenciada en el día de hoy. Se radicaron cinco cargos de maltrato (Art. 3.1), tres cargos de maltrato agravado (Art. 3.2) y cinco por el delito de maltrato mediante amenaza (Art. 3.3) al amparo de la Ley 54, además, dos violaciones a los artículos 6.09 y 6.14 de la Ley de Armas, por portar y disparar ilegalmente un arma de fuego automática”, indicó el Ministerio Público.
FDIC considera, según reporta Bloomberg, todos los depósitos de todos los bancos por encima del seguro de los 250 mil en lo que continúa la crisis bancaria que ha creado pánico en el sistema internacional tras la caída de Sillicon Valley Bank, Signature Bank, la venta de Credit Suisse y First Republic.
El periódico El Nuevo Día reportó hoy como 9,991 retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se quedarían desprovistos del pago de sus pensiones si el Sistema de Retiro de la AEE (SRAEE) no recibe los fondos adeudados de la Autoridad para pagarles a los pensionados. La SRAEE envió una carta, el 24 de febrero, en la que informaba la insolvencia de fondos a partir de abril para pagarles a las miles de familias beneficiadas del plan de retiro.
El periódico Metro reporta hoy que las oficinas de servicio al cliente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se mantienen operando a medias desde que hackearon los sistemas de la AAA. Los clientes tienen que hacer largar filas con dinero en mano ya que en las oficinas los empleados solo pueden recibir efectivo o cheque.
“Es como si la agencia hubiera retrocedido varios años donde las cosas se hacían manual”, dijo una fuente de este diario.
“Ahora mismo todos los pagos que se han cobrado en las oficinas están en el aire, esperando que haya sistema para poder sincronizar esa información y que se refleje en las cuentas de los clientes”, apuntó.
Tampoco los empleados han podido salir a leer los contadores porque la herramienta que utilizan para hacerlos no ha podido ser conectada al sistema que le permite entrar la información a la cuenta del abonado.
Incluso, el depósito directo a la cuenta de los empleados no será una alternativa. Los empleados se podrían ver en la obligación de recibir un cheque de manera tradicional para luego ir al banco para cambiarlo.
Según el más reciente Conteo de Personas Sin Hogar del Programa de Cuidado Continuo COC PR-503-Sur-Sureste del 2022, donde colabora la organización sin fines de lucro Coordinadora Moriviví para contabilizar a las personas sin hogar, el 35.4% de esta población en municipios de la zona sur, central, este y oeste y las islas municipios de Vieques y Culebra pernoctan en una casa o edificio abandonado. Este tipo de refugio es el que alberga la mayor cantidad de personas sin hogar de estas regiones, pues el 19.3% dijo dormir en una calle o acera.
La senadora Ana Irma Rivera Lassén fue reconocida como Mujer del Año por el prestigioso diario USA TODAY.
Rivera Lassen es la primera legisladora abiertamente gay del Senado de Puerto Rico. También fue la primera presidenta negra y primera mujer abiertamente gay del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Además, cofundó la primera organización de derechos LGBTQ de la isla llamada Orgullo Gay. Es poeta y autora, y sus obras han sido publicadas en revistas, antologías y periódicos locales e internacionales.
Por “no querer cumplir con las leyes que regulan los negocios en Puerto Rico”, el Municipio Autónomo de Aguadilla solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordene la paralización inmediata de las actividades comerciales que se han continuado celebrando en La Casa Herdz, propiedad del convicto federal Anaudi Hernández Pérez y su esposa Verónica Ponce Peña.
Así lo pide una demanda presentada por el alcalde, Julio Roldán Concepción, en la Sala Superior de Aguadilla el pasado 22 de febrero de 2023.
Según el documento, en la casa, que sirve como centro de fiestas y hospedería, se han llevado a cabo “varias actividades sin solicitar las debidas autorizaciones” al municipio, a pesar de una Orden de Cese y Desiste que constaba en contra de los propietarios.
A raíz de esto, las partes fueron citadas para una vista de Injuction Preliminar y Permanente el próximo 28 de marzo y los demandados tienen hasta el día 24 de este mes para comparecer por escrito ante el tribunal.
A estos hechos le anteceden otra Orden de Cese y Desista y una multa de $42 mil, que el mismo municipio había presentado el año pasado y luego retiró tras acordar con los demandados que se volvería a presentar el recurso sin los defectos que estos señalaron que contenía la primera demanda.
Según el recurso presentado el pasado 22 de febrero, los días 28 de enero, 4 y 18 de febrero de 2023 se llevaron a cabo actividades en La Casa Herdz en violación a la Orden de Cese y Desista presentada el 19 de enero de 2023.
El municipio también solicitó al tribunal que, si los demandados no comparecen, se ordene la paralización permanente de las actividades y que si esta orden se incumple, se les sancione con una multa no mayor de $500 o cárcel por al menos 10 días.
Sobre el uso que se le da a la propiedad, específicamente menciona el documento que las actividades “se celebran sin los debidos permisos para operar Hospedería, Salón de Actividades, Música en Vivo y Venta de Bebidas Alcohólicas. Además del sistema de permisos, Single Business Portal, se desprende que la parte demandada no goza de ninguna autorización como hospedería, hospedaje, alquiler corto a plazo y patente debidamente registrado en el municipio y con los respectivos permisos”.
Adicional a esto, no se encontró una patente de Casa Herdz. Corp. en la Oficina de Rentas Públicas de dicho municipio.
Cuando el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, recibía miles en efectivo de manos del empresario Oscar Santamaría, se reunía en un “coffee shop” cercano a la Alcaldía y tenía conversaciones sobre la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, los mensajes que la entonces primera dama Beatriz Rosselló le enviaba a su esposa Liza Fernández y la lucha por la presidencia de la Federación de Alcaldes.
En la mesa había café, pan de maíz y chocolate caliente mientras Santamaría grababa para el FBI al entonces alcalde cogiendo la paca de billetes por debajo de la mesa.
¿Quién te va retar? ¿Gaby con las nalgas nuevas?, se escucha en el vídeo a Santamaría increpar a Pérez Otero en referencia a Gabriel Hernández, actual alcalde de Camuy y quién asumió la presidencia de la Federación de Alcaldes tras la renuncia del hoy acusado.
Santamaría, quien declara en inglés, indicó a preguntas del fiscal federal que sus contratos con el Municipio de Cidra fueron legítimos que cobraba $9 mientras la competencia $15 por el recogido de basura.
Aseguró que los contratos con Aguas Buenas y Luis Arroyo Chiqués si eran gracias a que le daba $1 al entonces alcalde por cada casa se que recogía la basura.
Indicó que los contratos con Trujillo Alto eran corruptos también y que se pagaban los sobornos a través de JR Asphalt. Dijo que conoció a la gente de JR Asphalt por el exalcalde de Naguabo, Noé Marcano.
Sobre el exalcalde de Cataño, Félix “Cano” Delgado dijo que lo conoció cuando el ex ejecutivo municipal tenía apenas 23 años. Aseguró que es un hombre honesto, pero luego se corrompió en 2018 cuando le dijo que el sueldo de Alcalde no le daba para vivir y mantener a su hijo.
En la tarde continúa el testimonio de Santamaría quien no ha cruzado miradas con el acusado Pérez Otero.
Cynthia López Cabán reporta desde el Tribunal Federal y colaboró en esta historia
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al alcalde del Municipio Autónomo de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, por solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza en violación de distintas disposiciones legales.
La determinación es el resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales.
La prueba recopilada demostró que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener que sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar, parcialmente, los gastos de su campaña política. Asimismo, la evidencia estableció que, previo a asumir el cargo de alcalde de Ponce, este recibió donaciones ilegales que no reportó en los informes trimestrales que presentó en la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico, entre otras.
“Finalizada la investigación, luego de evaluar la prueba recopilada y tras analizar todo el derecho aplicable, la DIPAC determinó que existe causa suficiente para creer que el alcalde de Ponce incurrió en los delitos de extorsión y enriquecimiento injustificado, artículos 191 y 251 del Código Penal, respectivamente. Igualmente, existe causa suficiente para creer que el alcalde Irizarry Pabón cometió los delitos graves, tipificados en el artículo 4.2 (b) y (m) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico y en el artículo 13.005 de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas”, establece el informe emitido por la DIPAC al titular de Justicia.
Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la DIPAC, y envió a la OPFEI el informe sobre la investigación preliminar y el expediente. “En el Departamento de Justicia continuamos combatiendo la corrupción pública que afecta tanto las operaciones gubernamentales como a los ciudadanos. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor se encuentra muy activa investigando en todos los niveles. Todo aquel que le robe al pueblo o vulnere su confianza tendrá que rendir cuentas”, expresó el secretario de Justicia.
La investigación preliminar del Departamento de Justicia se inició con una comunicación recibida en la Oficina de Contralor de Puerto Rico, que fue referida al secretario de Justicia. Por ser Irizarry Pabón un funcionario a quien le aplica la Ley Núm. 2-1988, conocida como Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el secretario de Justicia la refirió ala DIPAC para el desarrollo de la investigación correspondiente.
Debido a que la investigación continúa, ahora ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso.