El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, se rehusó a confeccionar y poner en vigor un plan fiscal y presupuesto que vaya a tono con las directrices de la Junta. Ante esto contrató un bufete de abogados que de ser necesario acudirá a los tribunales para impugnar la Ley Promesa. El ejecutivo municipal dice que la Ley Promesa es inconstitucional y que “está basada en racismo y en el discrimen ilegal”.