Los años que toma el litigio, la remuneración y el nivel de especificidad que requieren las demandas por impericia médica limitan la cantidad de médicos, que pudieran servir como peritos en estos pleitos. A ese problemas, se suma el éxodo de médicos en búsqueda de mejores condiciones de vida. Una demanda de impericia médica a nivel estatal puede extenderse de cuatro a ocho años, mientras que el pago de un perito en un caso sencillo oscila entre $15,000 y $30,000. Además de resultar oneroso, esto afecta el acceso a la justicia de las personas que demandan en búsqueda de resarcir un daño.