La posición del gobierno federal es que se opone a que se le otorgue a Puerto Rico este derecho porque le corresponde al Congreso y no a los tribunales otorgar esos fondos. El Circuito de Apelaciones federal resolvió que a Puerto Rico le debían dar estos fondos porque no hay razonabilidad válida para no darle este dinero que aplica a personas discapacitadas y bajo niveles de pobreza y por tanto no depende de que se paguen impuestos federales (en PR no se pagan impuestos federales sobre ingresos). El gobierno de Trump y luego Biden decidieron llevarlo al Supremo federal quienes hoy verán los argumentos a favor y en contra.