Sí, hablaremos de droguerías y fármacos, pero esto no se trata de pepas, ni mucho menos de agua pa’ la seca. Se trata de farmacéuticos y farmacéuticas, dueñas y dueños de farmacias de la comunidad, que intentan salvar el futuro de lo que muchas veces es la primera respuesta cuando llega la emergencia a tu barrio o pueblo.
En Puerto Rico, los dueños de las farmacias de la comunidad reclaman que no les toca una pelea justa en el mundo farmacéutico, ante el poder opulento que han acaparado los Administradores de Beneficios de Farmacia (PBM, pro sus siglas en inglés), entidades y personalidades que bucean dentro del mar de la poca fiscalización gubernamental y del exceso de contactos.
Irónicamente, el sentimiento de que estas tres letrecitas equivalen a un monstruito chupador de salud parece ser universal.
Con un tuit desde Texas, el magnate Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas y pana de José Juan Barea, resumió el sentimiento que rume por Estados Unidos, en cuánto al negocio de la salud se refiere, en especial con los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés). Y son cosas que farmacéuticos y farmacéuticas en Villalba, Trujillo Alto, Ponce o Hatillo pudieran entender.
“Odiamos los PBM. ¿Quieres ayudarnos a construir uno mejor? Estamos buscando un líder de ventas de PBM para unirse a nuestro equipo de rápido crecimiento”, tuitió en octubre de 2021 la cuenta oficial de la Mark Cuban Cost Plus Drug Company, un intento de parte de este gigante financiero para decentralizar el negocio de las PBM.
Junto al tuit, se postean enlaces para solicitar empleo en su nueva compañía. El postulado que propone Cuban es simple: ofrecer las medicinas más baratas a la población sin el obstáculo intermediario, en muchas ocasiones opulento y oneroso, que proponen las PBMs y las aseguradoras.
Los estadounidenses gastan alrededor de $365 mil millones al año en medicamentos recetados y los precios son mucho más altos que en muchos otros países. Una encuesta de Gallup de 2021 encontró que 18 millones de estadounidenses, o el 7 % de los adultos de EE. UU., no pueden pagar los medicamentos que necesitan. Cuban, quien se desenvuelve en un mercado en el que ya las grandes cadenas le pasaron el rolo a las farmacias de la comunidad, se enrolló las mangas para convertirse en un intermediario más justo para los pacientes.
Ahora bien, eso es allá en Estados Unidos, porque Puerto Rico tiene otras particularidades. Aquí, la farmacia de la comunidad todavía sale a flote. Mientras Cuban divide su tiempo entre su nueva gesta farmacéutica y echarle porras a Luka Doncic, en Villalba, para mencionar uno de muchos pueblos, hay una farmacia de la comunidad que aún brilla.
Ante la pichaera de los Gobiernos que rigen la colonia cuando llega una emergencia, a la Farmacia Aliada Villalba le ha tocado en mas de una ocasión ser la primera respuesta. La licenciada Lali Bonilla Colón maneja este taller de trabajo boricua, establecido en 1987. Cuenta con 30 empleados. Pero la inflación y la carencia de escrúpulos de los gobiernos que obligan al puertorriqueño a pagar más en luz, agua y utilidades, le arroja encima un manto de incertidumbre.
“Fuimos la primera linea de servicio temblores, huracan, pandemia. Por ejemplo en el huracan, los vacunabamos contra el tetano, nunca me olvido cuando abrimos la farmacia bajo agua y nos dijeron nunca me olvido cuando abrimos la farmacia, estaba bajo agua muchas partes de ellas, nos decian gracias porque nos ha dado esperanzas. Tu no sabes el impacto que hace esa farmacia de la comunidad hasta que lo vives en carne propia”, articuló la farmacéutica en entrevista con Cuarto Poder.
“Hemos aprendido a establecer prioridades y los ajustes han sido en horarios de servicio, hemos llevado medicamento al hogar, nos quedábamos horas extras por la pandemia, ayudábamos al paciente que no pudiera llegar. Primero pensamos en la salud y el negocio a segundo plano. Para nosotros el paciente sera lo primero y todas las decisiones las tomamos alrededor de los pacientes”, puntualizó Bonilla Colón, quien además preside el Colegio de Farmacéticos de Puerto Rico.
Bonilla Colón recordó cuán distinta era la reforma de Salud en sus inicios y cómo los PBMs comenzaron a acaparar poder hasta controlar de forma unilateral el despacho de medicinas en Puerto Rico.
“La reforma de Salud empezó muy bien, pero se complicó ante una demanda de servicio. Ahí es que comenzó esto de los manejadores de servicios de farmacia, donde surgen como intermediarios. Pero esa relación no siempre es trasparente ni hacia la farmacia ni hacia las aseguradoras. Ellos estipulan y nosotros estamos en el jamón del sandwich”, apostilló.
El sentimiento de que están en desventaja ante las PBM se extiende alrededor de Puerto Rico dentro de la clase farmacéutica. El presidente de la Asociación de Farmacias Aliadas, Carlos Torrado, resaltó que “esto se fue complicando con el tiempo” cuando “los PBMs vieron que podían lograr mucho”.
“Una cosa que comenzaron a hacer fue ir a los manufactureros para decirles: ‘tu medicamento lo pongo preferido, pero dame un rebate, devuélveme 20 dólares a fin de año’. Es una práctica, no hay problema, pero cuando afecta al paciente, ahí es el problema. Ya se sale de la libre competencia. Si el cliente llega con una receta para otro medicamento, el PBM y el plan dicen ‘no, ese no, te puedo cubrir este, que es el medicamento preferido’”, apuntó, recalcando que Phay veces ese medicamento no es el que realmente necesita el paciente.
“Entonces hay farmacias que también adquieren PBMs, están en Puerto Rico. Así que cuando tú empiezas a decir para este medicamento tienes que ir a esta farmacia, para este a otra farmacia, pues ahí yo tengo un problema. Estamos para competir, pero cuando la competencia es obligándote a ir a un sitio que no quieres ir, pues ahí hay problema”, agregó.
Torrado recordó un caso de “un viejito de 90 años, que no guiaba mucho, visitaba frecuentemente la farmacia, porque es a lo que está acostumbrado. Pero de repente tenía que salir a otra farmacia porque no teníamos sus medicamentos”.
“Para su primer despacho, aquí pudo conseguirlas, pero para el segundo despacho era de forma mandatoria por correo o en una farmacia de una cadena, que también es la dueña del PBM (CVS Caremark). Él llega acá y nos dice: ‘mira yo no puedo llegar alla manejanando allá, yo quisiera que fuese aquí, y hay que decirle: ‘no, su plan y su PBM no se lo permite’. Todos los meses tenía que venir su hija de otro pueblo a buscar la receta, hasta hace seis meses que regresó porque el PBM en un plan nuevo que sacó se le permitía. Y así hay otros casos”, relató.
El farmacéutico ponceño Ricardo Cintrón R. Ph. puntualizó que “entre los mayores retos, está el de los Advantadge, porque tienen procesos burocráticos que alargan y complican las cosas”.
“Hay muchos casos de servicios que no se pueden dar a tiempo, de medicamentos que mínimo tardan 72 horas en aprobarse cuando hay veces que esos mismos pacientes ni llegan en las 72 horas”, indicó a Cuarto Poder el licenciado en farmacia, quien mantiene la farmacia El Apotecario en Ponce y forma parte de la Asociación de Farmacias de la Comunidad.
¿Acciones monopolísticas en Borinquen?
En los Estados Unidos, tres entidades tipo PBM se reparten el grueso de las medicinas de las farmacéuticas: 1. CVS Caremark, con 34 %, Express Scripts, con 24 % y OptumRx/UnitedHealth con 21 %.
En Puerto Rico, sin embargo, es ABARCA, empresa que administra Jason, el hijo mayor del polémico Jon Borshow, la que anda guillá de che che de la película entre los PBM. Según el portal de la Administración de Seguros de Salud, el plan vital de la reforma le da servicios a 1,571,843 vidas, además se estiman que en la empresa privada tienen 850 mil, para un total 2,387,000.
De hecho, sabemos de al menos dos querellas que desde octubre de 2018 figuran en la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, desde que fueron recibidas allí por la entonces Secretaria Auxiliar Denise Maldonado Rosa. Una es de parte de COOPHARMA, con fecha del 3 de octubre de 2018. Otras dos fueron radicadas por la Asociación de Farmacias de la Comunidad, el 12 de octubre de 2018: una ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos y la otra ante el Buró de Competencia de la Comisión Federal de Comercio. Según nos informan, nunca se les respondió al respecto.
En todas estas querellas de 2018, las organizaciones le imputan a Abarca Health violaciones a la Ley Núm 77, del 25 de junio de 1964 “para prohibir las prácticas monopolísticas y proteger la justa y libre competencia en los negocios y el comercio”.
Querellas que desde 2018 están en la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y el Buró de Competencia (federal):
Desde la Oficina de Asuntos Monopolísticos en Justicia, el licenciado Garionex Díaz Martínez, director de esa dependencia, envió la siguiente comunicación por escrito: “La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia lleva a cabo varias investigaciones sobre el asunto al que se hace referencia, enfocadas en el ámbito que recae nuestra jurisdicción. Tenemos comunicación directa con otras agencias y entidades para apoyar el proceso investigativo, mediante requerimientos de información, reuniones y grupos de trabajo; además de la evaluación de referidos”.
“Recibimos una petición de información por parte del periodista de Cuarto Poder, la cual estamos evaluando y responderemos oportunamente con la responsabilidad que nos caracteriza”, añade en su misiva.
La Oficina de Asuntos Monopolísticos puntualizó que, aunque esa querella contra Therapy Networks fue radicada el 12 de noviembre de 2015 por Cooperativas de Proveedores de
Servicios de Salud, y hay otras, como dos radicadas contra Abarca en 2018 por
distintos gremios de farmacia resaltadas en otro reportaje, el licenciado Díaz
Martínez entró en función durante el 2021.
El comisionado de seguros, el licenciado Alexander Adams, indicó en conversación con este medio que mantiene comunicación con la Oficina de Asuntos Monopolísticos de Justicia, pero “en cuanto a querellas no”, señalando que los intercambios con ese cuerpo tienen que ver más con “la participación de Asuntos Monopolísticos en el esquema de regulación para posibilitar la negociación colectiva entre los proveedores y compañías de seguros”.
“Ahí se le hizo una invitación para que formen parte del equipo de trabajo”, subrayó Adams
¿Pero salió de ustedes hacia ellos?, le preguntó Cuarto Poder.
“Correcto, porque [Asuntos Monopolísticos] tiene regulación que no está en manos nuestras”, agregó.
A pesar de estas querellas, el Gobierno beneficia bastante a Abarca Health. Y es que, desde 2018, la empresa ha logrado conseguir decenas de millones de dólares en contratos con el Gobierno, en especial con la Administración de Seguros de Salud (ASES) y el Departamento de Salud.
Desde 2018, contabilizamos que Abarca Health LLC y Abarca Technology han recibido casi $11 millones en distintos contratos, donde se destaca uno de $10 millones por ocho meses con ASES por “seguros médicos”, que empezó el 1ro. de mayo de este año y está supuesto a durar hasta el 31 de diciembre.
También, desde 2018 han adquirido cinco contratos de $129,600 por “servicios relacionados con los sistemas de información”, que ascienden a $648,000, correspondientes a labores con la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Además, hay otro de $36,000 otorgado en 2019 por la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, representanda en ese acuerdo por su entonces Director Ejecutivo, Manuel A. Laboy Rivera, quien, según expuso el diario Noticel en 2018, trabajó con Abarca antes de su entrada al Gobierno.
Y eso es solo durante estos últimos cuatro años. Según los récords digitales de la Oficina del Contralor, desde 2011 hasta el 2022, Abarca Health LLC ha recibido la friolera de $68,314,046 en contratos. Ya destacamos los contratos correspondentes al período desde el 2018, cuando se radicaron las querellas ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, hasta ahora. Pero previo a eso, sobresale un contrato por $30,000,000 con la Universidad de Puerto Rico (UPR), que tuvo vigencia desde el 1ro de junio de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013, además de otro también con la UPR en 2016, de $23,929,646.
Llamamos a Jason Borschow, para ver qué hay con respecto a estas querellas en contra de Abarca. Sorprendido, y como que asustao’, Borschow no quiso hablar para camara y dijo que me referiría a su equipo de medios. Luego de que la firma que maneja las comunicaciones de Abarca declinara que Borschow fuese entrevistado e indicaran que enviarían declaraciones escritas, el equipo de Cuarto Poder mandó una lista de varias interrogantes que surgen de nuestra investigación, incluyendo preguntas sobre la posible incursión de esta empresa o allegados de Borschow al híbrido mundo de las farmacias en cadena que también cuentan con sus propios PBMs, mediante el conglomerado Alivia Health. Pero no contestaron ninguna pregunta, ni siquiera las correspondientes a las estadísticas de vidas cuyas medicinas controlan, según nuestra investigación. Simplemente, emitieron declaraciones resaltando las supuestas virtudes de esa empresa.
“Abarca es una empresa netamente puertorriqueña dedicada al manejo de beneficios de farmacia a través de una plataforma tecnológica propietaria que desarrolló y mantiene. A lo largo de su trayectoria, Abarca ha logrado competir exitosamente, tanto en Puerto Rico como en el mercado nacional de los Estados Unidos, gracias al talento de sus más de 600 profesionales, incluyendo farmacéuticos, ingenieros, enfermeros y técnicos de farmacia, entre otros. Nuestro talento es lo que nos permite competir efectivamente con empresas más grandes basadas en los Estados Unidos continentales”, destaca la principal oficial de operaciones de Abarca, Adriana Ramírez, en el primer párrafo de la comunicación enviada por la firma de consultoría de comunicaciones Duarte-Pino.
“Abarca se ha destacado por sus estrictos niveles de cumplimiento, su compromiso con sus clientes, su plataforma tecnológica desarrollada en casa, su misión de mejorar la experiencia del paciente, y el respeto a la importante labor de todas las farmacias en y fuera de Puerto Rico, con las que contamos para dar el mejor servicio al paciente. En Abarca nos regimos estrictamente por todas las leyes y reglamentos aplicables, lo cual nos permite servir a miles de puertorriqueños y a millones de personas en múltiples estados, llevando el nombre de Puerto Rico en alto dentro de una industria sumamente regulada y competitiva”, prosigue Ramírez.
“Los temas relacionados al Plan Vital, los referimos respetuosamente a la ASES. En Abarca nos enorgullece haber competido y haber sido seleccionados como el postor de más bajo costo y con la calificación técnica más alta, entre múltiples postores a nivel local y nacional, y de poder servir a los beneficiarios de Vital en Puerto Rico”, acotó.
Le hicimos una petición a ASES para que explicara cómo es que en cuatro años se le puede dar un contrato tan oneroso a una empresa que tiene múltiples querellas de distintas organizaciones correspondientes a posibles violaciones de la Ley Antimonopolios.
“Recibido”, fue la única respuesta al respecto vía email de la oficina de prensa de ASES, dependencia del Departamento de Salud que también es el eje de una demanda por información por parte del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), según corresponde a la Ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública), ante la pobre ejecución de su oficina de comunicaciones. Al momento de publicar esta historia en web ya había pasado casi tres semanas desde nuestra exigencia inicial de información a ASES.
Mientras, según recoge la colega Marga Parés Arroyo en un artículo reciente en El Nuevo Día, en los comités creados por la Oficina del Comisionado de Seguros para dicha negociación colectiva entre proveedores y compañías aseguradoras figuran la Asociación de Laboratorios Clínicos, el Colegio de Médicos, el Departamento de Salud, varios hospitales y hasta la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, además de la Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR), entre otros. Linda Ayala, directora ejecutiva de la AFCPR, señaló en entrevista con ese medio que su entidad forma parte del comité de contratación de proveedores, y confía en que las reuniones rindan fruto para todas las partes. Sostuvo que su entidad aboga para que se establezca un sistema uniforme de solicitud para los proveedores de salud de las aseguradoras, ya que ahora cada compañía pide distintos requisitos.
Pero es difícil que estos esfuerzos recientes que provienen desde el Comisionado de Seguros ayuden a curar un mal progresivo. Las fisuras hace rato que se ven, con respecto al aparente despliegue de influencias en el Gobierno por parte de las PBMs, en especial Abarca. Jon Borshow, papá de Jason y expresidente de Foundation of Puerto Rico, ya pagó multas por irse al garete donándole a Pedro Rosselló durante finales de los ’90. Aún cuando el tope era $2,500, la empresa del papá de Jason, la Borschow Medical and Hospital Supplies Corporation, le donó $25 mil a la candidatura del papá de Ricky, justo cuando cogía fuerza la privatización de la Salud en Puerto Rico y Estados Unidos. La empresa se declaró culpable en 2001 de un delito grave de violación a la Ley Electoral.
El diario NotiCel resaltó en 2018 que, como castigo, la compañía de mister Borshow pagó una multa de $5,000 en un proceso legal en el que figuró como uno de sus abogados el ahora juez superior y esposo de Wandy Vázquez, Jorge Díaz Reverón.
Mientras, en 2004, la oficina del Contralor señaló irregularidades en un contrato que aquel kiosko de Jon Borschow obtuvo con el Municipio de San Juan que administraba Jorge Santini. Se les investigó por supuestamente adquirir un contrato tras excederse en el pago de la subasta y obligar al municipio a pagarle no menos de $20 millones al año en productos médicos.
Los contactos e influencias que Jon logró parece haberlas heredado Jason, pues hace más de una década que Abarca, tremendo nombre no, tiene contratos con el Gobierno.
En la industria de la salud rentada, igual que en otros campos de la empresa privada, aparece a veces una puerta giratoria con el Gobierno, con personajes como José Carrión III, quien, tras marcharse de la Junta de Control Fiscal, fungió de febrero a abril de 2021 como presidente de MCS Health Care Holdings. En septiembre de ese mismo año, la Junta que durante un lustro lideró el apodado Tres Palitos ordenó que se anulara la ley 142 que fiscaliza a los planes médicos y a los PBM.
En junio, el Tribunal apelativo federal de Boston determinó que se dejarán sin efecto varias leyes relacionadas a proveedores de la salud entre las que se encuentra la Ley 142 y la ley 82 del 2019, conocida como la Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia.
“¿Por qué se juntaron aquí con la Junta de Control Fiscal a decir: ‘no vamos a contratar a los médicos, o a retar el criterio médico cuando se le de una receta a un paciente? Les dan 72 horas a veces para aprobar una medicina y los pacientes tienen que esperar a ver si les cubre cuando en eso puede tener un derrame cerebral, un ataque cardiaco o alguna otra complicació. Para ellos lo secundairo ahora es la salud. Necesitamos que se le haga frente a esta Junta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos donde [Raúl] Grijalva? En Puerto Rico nos hicieron la legislacion y despues la Junta y la jueza Swayne nos cerraron las puertas”, señaló mientras tanto la veterana doctora Norma Devarie, quien presiden la Asociación de Cardiólogos de Puerto Rico.
Está esperanzada en que su voz de auxilio llegue a los oídos del congresista demócrata por Arizona Raúl Grijalva, quien preside el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal. Devarie sabe que es allí donde se juega pinball con los efectos nefastos que la austeridad de la Ley PROMESA ha tenido en la salud y la siquis del pueblo de Puerto Rico en favor del bolsillo de los acreedores de la deuda fiscal.
En específico, Devarie aludió a cinco leyes que han sido obstucalizadas por la Junta de Control Fiscal y la jueza Swayne, en procesos matizados por el empuje de los planes médicos. Estas son: la Ley 138-2019, que limitaba capacidad de los planes médicos para excluir a proveedores de sus redes; la Ley 8-2019 para regular Manejadores Servicios Farmacia (PMB, por sus siglas en inglés); la Ley 47-2020, que ampliaba elegibilidad para crédito contributivo de profesionales de la salud; la Ley 142-2019, para que se respete el criterio médico en la receta; y la Ley 90-2019, que establecía el Medicare Fee Schedule como pago mínimo y prohibía la terminación injusta.
Claro, que Carrión III e igual forma, el exdirector del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, se fue de consultor independiente de las aseguradoras MMM y PMC. Hay casos, incluso, que parecen burdos, como el del exdirector ejecutivo de ASES, Ricardo Rivera Cardona, que conoce al dedillo las relaciones que las aseguradoras tienen con el Gobierno, y que recientemente entró en un alto puesto gerencial con Medicare y Mucho Más (MMM) y MMM MultiHealth. Rivera Cardona, que también dirigió la Compañía de Fomento Industrial y la Cooperativa de Seguros de Vida (COSVI), tomará las riendas de MMM y MMM MultiHealth luego de que Orlando González quedase al mando de Anthem, INC. en la costa este de Estados Unidos. Antes del nombramiento en MMM, Rivera Cardona laboraba para Refulgent Strategies, una compañía de consultoría para organizaciones de salud en Nueva York, cuya cartera de clientes representa sobre $12,500 millones en primas, según reseñó el Nuevo Día.
Cositas que pasan en el negocio de la Salud. Hay que facturar, gente, y si estás conectao’, como Tres Palitos, Rivera Cardona y Fraticelli, pues estás en las papas.
Para quienes operan farmacias de la comunidad, el horno no está pa’ pastelillos. La dueña de farmacia Chavely Vellón López, quien administra farmacias de la comunidad en distintos puntos de la isla, nos hizo llegar esta gráfica, en la que se puede apreciar la dinámica entre los pacientes, las farmacias y las PBMs.
Esta dinámica empieza con el paciente que llega donde su médico para que le ayude cont al o cual condición. El médico, que es doctor y no economista, le recomienda lo mejor que haya disponible para tratar esa enfermedad.
De ahí, se pasa a ver cuáles recetas autoriza o no el plan, y de ser autorizada, lo que indica nuestra fuente es que si on medicamentos caros, se da la autorizacion con deducibles difíciles de pagar. Según un ejemplo, un paciente epiléptico pagó como deducible $389.97 por dos medicamentos.
Entre las condiciones pre-existentes están la epilepsia, el cáncer, la distrofia muscular, entre otras, y las autorizaciones para estos tratamientos demoran semanas. Las farmacias deciden si adelantan medicamentos y tratamientos a riesgo de que no sean autorizados. El compromiso de parte de las farmacias de la comunidad, empero, los obliga a inclinarse hacia adelantar medicamentos y tratamientos a riesgo de que no sean autorizados y muchas veces salen perdiendo. Por otro lado, las PBMs y las aseguradoras en la mayor parte de las ocasiones autorizan medicamentos bio-equivalentes o genéricos a un costo mucho menor.
De ser denegadas las autorizaciones, se les devuelve la receta al paciente para que regrese donde el médico a ver si el PBM tiene otro medicamento para tal o cual condición.
Mientras, en esta próxima gráfica vemos cómo han empeorado los márgenes de ganancia para las farmacias durante los pasados 10 años. Según los datos ofrecidos por nuestra fuente, en tan solo una década se ha visto un bajón de casi 12 porciento en los márgenes de ganancia bruto.
Y, finalmente, en la cuota de despacho que ahora mismo reciben, llamado en inglés como el dispensing fee, también ha habido una reducción considerable, en comparación con el precio mayorista promedio. Ahí podemos ver cómo de cuatro dólares por despacho ahora cobran cero, nada, zip, finito.
Y así las cosas, la existencia de la farmacia de la esquina se ve asediada por gente con vastos contactos, mucho poder y aún más tolta. ¿Habrá la voluntad para enderezar la historia y darle aire a las farmacias de la Comunidad?
Mira a continuación los reportajes televisivos de Cuarto Poder sobre este tema
