Luego de un extenso análisis del Informe de Investigación Preliminar realizado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DLJPR), junto a la prueba que se acompañó con el mismo, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determino designar un fiscal especial independiente, a fin de investigar alegadas violaciones de ley cometidas por el alcalde del municipio de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón. La designación de FEI concurre con una recomendación en ese sentido sometida por el Domingo Emanuelli Hernández, Secretario de Justicia, tras recibir el informe correspondiente de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de ese departamento. Los fiscales Manuel E. Núñez Corrada y Miguel A. Colón Ortiz fueron designados por el Panel en calidad de fiscal especial independiente y fiscal delegado, respectivamente. La pesquisa contará con un término de 90 días para realizarse, según dispone la Ley 2-1988. El informe de la DIPAC recibido por el PFEI detalla que el alcalde Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal; los artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el artículo 13.005 de Ia Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos. El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a Yesmín M. Valdivieso, contralora de Puerto Rico, que a su vez fue referida por la funcionaria al Secretario de Justicia. Mediante dicha comunicación se informó, que el alcalde ponceño le había asignado a dos funcionarios municipales solicitar aportaciones de dinero a los empleados de confianza. Igualmente, a empleados adeptos al Partido Popular que laboraban en el municipio. En la comunicación con la cual se originó Ia querella sobre este caso se argumenta que el dinero recaudado sería para pagar un préstamo de Irizarry Pabón que fue utilizado para cubrir gastos de su campaña electoral, así como otros gastos. Además, se alega la existencia de un esquema de “kick back”, mediante el cual el alcalde le asignó a otros dos funcionarios la tarea de pedir dinero a los empleados que habían sido nombrados en el municipio. Tales aseveraciones encontraron peso en la investigación realizada por la DIPAC que fue referida al PFEI, que justipreció el informe y aceptó la recomendación de designar FEI.