A veces, las relaciones del Gobierno con la empresa privada son un tiro. Y a veces ese tiro puede terminar saliendo por la culata. Mientras Aguadilla Pier Corp esta siendo cuestionada por una construcción sin permisos en el área de La Cueva de las Golondrinas en este municipio, el Gobierno de Puerto Rico le otorgó incentivos contributivos para operar maquinaria y equipo, según confirmó Cuarto Poder (WAPA-TV) con el propio Departamento de Desarrollo Económico (DDEC). A la corporación Aguadilla Pier Corp. se le otorgaron dos contratos de incentivos, uno para maquinaria, equipo y la construcción de un tanque, y otro para la creación de empleos. Como concesionario, la empresa aparece ubicada en carretera # 111, intersección carretera # 4458 (interior), en el Barrio Borinquen, en Aguadilla, Puerto Rico. Activistas ecológicos han identificado maquinaria pesada en la zona de la Cueva de las Golondrinas al menos desde abril del año pasado y en mayo alertaron de la existencia de estos contratos. Según confirmó la oficina de prensa del DDEC, al momento de firmar los contratos no estaba vigente el Código de Incentivos, y, por lo tanto, los fondos inicialmente estaban asignados a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. Al momento de entrar en vigencia el Código de Incentivos, los contratos migraron al DDEC, cambió la numeración y por tal razón aparecen cuatro contratos en vez de dos. “A este momento no se ha hecho ningún desembolso para ninguno de los contratos”, se destaca en una comunicación que recibimos de la oficina de prensa del DDEC. Aguadilla Pier Corp., empresa envuelta en una pugna con el Municipio de Aguadilla y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por una construcción ilegal encima de la emblemática Cueva de las Golondrinas, mantiene estos contratos de incentivos con el Gobierno hasta el año 2025, pactos que deberán generarle más de tres millones de dólares a la compañía. Manifestantes exigen que se demuelan de inmediato las estructuras encima de La Cueva de las Golondrinas, luego de que, en agosto pasado, el DRNA ordenara la paralización de la construcción y demolición de estas estructuras, y la restauración de las condiciones naturales en que se encontraba antes de ser impactado por esa actividad. Fue en mayo del pasado año, cuando miembros del sector ecologista comenzaron a denunciar la presencia de máquinaria pesada en la zona. Además, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, radicó un “injuction” en el Tribunal de Aguadilla para ordenar dicha demolición. En videos que recorren las redes sociales, empleados de la empresa de seguridad SJA Security Police, Inc., supuestamente subcontratada por Aguadilla Pier Corp., aparentan tirotear a manifestantes en hechos registrados durante la tarde del domingo. En los audiovisuales se aprecia también un hombre herido en la pierna y sangrando. La Policía arrestó ayer a un guardia privado y a seis manifestantes por obstrucción a la escena que investigan luego que un manifestante resultara herido supuestamente por un miembro de la seguridad privada en los predios de la construcción en cuestión. Los incentivos En el contrato más cuantioso de incentivos, Aguadilla Pier Corp. muestra entre sus responsabilidades “operar y/o administrar Puertos y propiedades portuarias para llevar a cabo actividades industriales y comerciales que incluyen, pero no se limitan a: almacenaje, transportación, consolidación de mercancía y despacho de ésta, entrada y salida de bienes, eeempaque de productos consolidados para el embarque desde el puerto, terminación de productos semiprocesados para envío a mercados regionales, cualquier otra actividad comercial o de servicio relacionada con la administración y manejo de bienes o productos terminados, semiprocesados o manufacturados que estén asociados con, o sean parte de o discurran por el puerto y realizar cualquier otra actividad permitida”. Este contrato es de $2,943,750.00. En el otro contrato, Aguadilla Pier Corp. – que presenta al desarrollador Carlos Román González como agente residente – recibe fondos para pagar salarios de empleomanía, aplicables a “los incentivos especiales por importancia de Proyecto para la creación de empleos”. Este contrato es de $66,000.00. Ambos contratos de incentivos los puedes encontrar al final de esta nota. Por otro lado, Román González, desarrollador y principal agente de la Aguadilla Pier Corp., es además un copioso donante político, tanto para el Partido Popular Democrático (PPD) como para el Partido Nuevo Progresista (PNP). Este desarrollador parece estar tan conectado en el mundo bipartita y el exlegislador Antonio “Tony” Soto le funge como contacto para la prensa, según expone un reportaje del medio independiente Bonita Radio. Cuarto Poder llamó a Soto, quien no respondió, y también le envió mensajes de texto que al momento de esta publicación no habían sido respondidos. De hecho, el propio alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, quien el domingo roncó de mantener un litigio en contra de Aguadilla Pier Corp., recibió su chaucha de parte de Román González y no precisamente durante tiempo eleccionario, mediante un donativo de $2,000.00 en julio de 2021 y otro de $800.00 en diciembre del mismo año. Y esto no es un asunto ilegal, pero ahora decora un escenario particular: efectivos de seguridad de una empresa supuestamente subcontratada por Aguadilla Pier Corp. aparentan haber disparado a mansalva contra manifestantes durante una protesta encima de la Cueva de las Golondrinas, dejando al menos un herido. Los videos del incidente van a las millas y sin jockey a través de las redes sociales. Roldán y otros candidatos del PPD y el PNP recibieron más de $11,000 de parte de Román González, en distintas donaciones, en el periodo de abril de 2019 a diciembre del 2021. El Comité de Amigos de Carlos Delgado Altieri, excandidato a la gobernación por la Pava, recibió tres donaciones de parte de Román González: una el 24 de julio de 2020, de $1,000.00, otra el 16 de septiembre de 2020, de $1,199.47 y otra de 20 pesitos registrada el 10 de abril de 2019. Además de Delgado Altieri, la exgobernadora y ahora acusada federal Wanda Vázquez, recibió $2,500.00 en julio de 2020, durante su fallida campaña primarista por la candidatura a la Gobernación del PNP. De igual forma, el ahora alcalde de San Juan, Miguel Romero, recibió $2,800.00 para su campaña de 2020 y José Luis Rivera Guerra, cuyas intenciones de alcanzar la alcaldía de Aguadilla se escocotaron en primarias ante Yanitsia Itizarry, recibió $600 de parte de Román González para ese esfuerzo. Machargo hizo las cosas mal Por otro lado, una investigación publicada hoy por el medio Bonita Radio indica que el exsecretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado certificó el proceso de deslinde de la Zona Marítimo Terrestre en el área del desarrollo The Cliff a pasos de la Cueva Las Golondrinas en barrio Borinquen de Aguadilla, aún cuado no se cumplió con los requisitos de notificarlo a los propietarios de una de las firmas colindantes. Además, se incluyó una localización incorrecta donde se ubicaría el proyecto residencial y que no tiene línea costera. Según el reportaje, Vilmasor LLC, propietario de una de las fincas colindantes impugnó el deslinde de la zona marítima terrestre que hizo el DRNA en septiembre del 2020. El documento que cuestiona la legalidad del deslinde tiene dos fechas de entrada como tramitados ante el DRNA: una del 16 de diciembre 2022 y otra del pasado viernes 27 de enero. La impugnación radicada por voz del licenciado Miguel Sarriera, establece que "el Reglamento es claro en cuanto a los requisitos procesales aplicables a una solicitud de deslinde. No estamos ante un simple o aislado error procesal. Resulta evidente de todo lo anterior que el procedimiento de deslinde que la querellada llevó acabo fue totalmente ilegal y privó a la querellante y al público de su oportunidad de participar en el proceso. Se trata de una actitud displicente y temeraria manifestada a través de un inconcebible cúmulo de violaciones. Por tal razón es forzoso concluir que el objetivo en todo momento fue ocultarle al público y a la colindante el procedimiento de deslinde y la verdadera razón de la solicitud con la expectativa de engañar y así evitar el escrutinio público". Machargo Maldonado hizo la determinación - favor del contratista Carlos R Roman González y Julio López Vicente, propietarios de The Cliff, en septiembre del 2020, a un mes de celebrarse las elecciones generales. Renunció hace unos meses, en medio de conflictos ambientales en la zona protegida de Bahía de Jobos en Salinas.