De acuerdo con Louis Feliciano, supervisor del Equipo de Lavado de Dinero del FBI en San Juan, Puerto Rico es vulnerable al lavado de dinero porque se aprobaron las Leyes 20 y 22, ahora incorporadas en el Código de Incentivos Contributivos conocido como la Ley 60. López explicó que cuando se habla de actividades monetarias ilícitas no se trata exclusivamente de actividades criminales sino también actividades dirigidas a evadir el pago de impuestos. Agregó que en Puerto Rico siguen el rastro a actividades de lavado de dinero y criptomonedas e incluso, fraudes en inversiones utilizando la llamada Ley 22 de 2012.