El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, extendió hasta el 30 de junio de 2023 el Estado de Emergencia ante los casos de violencia de género e informó las directrices que deberán continuar implementando las agencias y a las cuales la Oficial de Cumplimiento dará seguimiento. “La obra que comenzamos el 25 de enero de 2021 con la Declaración de Emergencia y nuestro compromiso inquebrantable con erradicar la violencia no ha concluido. Por ello, reiteramos la política pública articulada en el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-013 y nos comprometemos a dar continuidad a las iniciativas y proyectos comenzados e implementados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate, Educación (PARE). Además, partiendo de lo alcanzado hasta el momento, es meritorio trascender hacia las siguientes etapas de la lucha contra la violencia de género”, estableció Pierluisi en la Orden Ejecutiva 2022-035. “Desafortunadamente, aún es palpable el hecho de que la violencia de género sigue causando demasiado daño y no puede encontrar espacio ni tolerancia en un Puerto Rico moderno. Por ello, es necesario continuar trabajando para lograr una sociedad libre de conductas que causan daño físico, sexual o psicológico motivado por los estereotipos de género”, añadió el gobernador. En la Orden Ejecutiva el primer ejecutivo instruyó a que las agencias consideren como del más alto interés público la prevención, apoyo, rescate y educación para combatir la violencia de género. Por lo tanto, deberán dar continuidad y seguimiento a las iniciativas y proyectos implementados a base de la Declaración de Estado de Emergencia presentada el año pasado y en lo establecido en la Orden Ejecutiva recién firmada, incluyendo la identificación de recursos presupuestarios. Del mismo modo, el gobernador aclaró que la oficial de cumplimiento, la licenciada Ileana Espada, continuará ejerciendo como enlace del Ejecutivo con las agencias y las organizaciones sin fines de lucro y de bases de fe que formaron parte de los 12 subcomités multisectoriales de PARE. Esto para dar celeridad a los trabajos iniciados, así como establecer y dirigir iniciativas enfocadas en atender el problema de la violencia de género. La Orden Ejecutiva establece que a partir de su creación, el Comité PARE logró identificar y recomendar varias iniciativas y proyectos para lograr la erradicación de la violencia de género, así como elaborar un Plan de Acción para la Ejecución e Implantación del Estado de Emergencia. El Comité cumplió con los propósitos de su creación establecidos en el Boletín Administrativo Núm. 2021-013. Por lo que procede en estos momentos la continuación de la ejecución e implementación de las iniciativas y proyectos identificados que se establecieron como la política pública del Gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, el Comité concluirá sus labores tan pronto presente un informe final sobre sus gestiones. Dicho informe será presentado en el término de 60 días contados a partir de la firma de hoy y contendrá el estatus de las iniciativas, proyectos y planes trabajados por el Comité PARE. “Agradezco la labor encomiable y el gran esfuerzo del Comité PARE, especialmente a las organizaciones, Fundación Alas a la Mujer, Coordinadora Paz para la Mujer, Proyecto Matria, Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico y el Centro de la Mujer Dominicana por todos los logros que son resultado del trabajo arduo y en equipo. Vamos a continuar asegurándonos que las tareas por cumplir se lleven a cabo y daremos seguimiento a lo que ya hemos encaminado”, añadió el gobernador. A continuación un resumen de los trabajos realizados por el Comité PARE. Desde que se constituyó el Comité PARE en enero de 2021 se han logrado, entre otras, las siguientes iniciativas que han sido ejecutadas con éxito o se encuentran en una etapa avanzada de implementación: La revisión exhaustiva del Protocolo de Acción para Combatir la Violencia hacia las Mujeres y se presentaron recomendaciones puntuales en un Plan de Acción para la Ejecución e Implantación del Estado de Emergencia. La implementación y ejecución del Plan Alerta Rosa, dando cumplimiento a la legislación habilitadora y su reglamentación. El análisis de los presupuestos vigentes de distintas agencias a los fines de identificar fondos para implementar iniciativas dirigidas a combatir la violencia de género y mejorar los servicios. Asimismo, se revisó la legislación y los procedimientos vigentes sobre violencia de género, con un énfasis en aquella que es de aplicación al Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Instituto de Estadísticas, el Negociado de la Policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses. Como resultado, se logró la asignación de $2.6 millones a las agencias gubernamentales para iniciativas y proyectos relacionados al cumplimiento del Boletín Administrativo Núm. OE-2021-013. La asignación de $3,967,000 millones a organizaciones no gubernamentales para fortalecer y ampliar servicios directos a víctimas sobrevivientes, a través de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y el Departamento de Justicia. La implementación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (“COPOP”), adscrito al Negociado de la Policía que ejecutó el proyecto de contar con el primer depositario electrónico de órdenes de protección con el fin de ejecutar las acciones concertadas para el procesamiento y diligenciamiento de tales órdenes. Este a su vez, tiene el propósito de desarrollar planes de seguimiento y patrullaje preventivo en conjunto e integrando a los municipios, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 3-2022, conocida como la “Ley del Programa de Prevención y Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género”. La celebración de siete vistas públicas en regiones que agruparon los 78 municipios. Esto tuvo un alcance e impacto en sobre 70 mil personas y se recibieron 95 ponencias. El diseño y la ejecución de la primera fase de un Plan de Capacitación dirigido al personal de los Departamentos de Seguridad Pública, Justicia, Salud, Corrección y Rehabilitación y Familia. El establecimiento de mecanismos para el desarrollo de los sistemas de recopilación de datos y estadísticas sobre violencia de género. El inventario de kits de agresión sexual que estaba en retraso. También, se desarrollaron en el Instituto de Ciencias Forenses los mecanismos para el manejo rápido y efectivo de los kits de agresión sexual, implementando un sistema denominado Rapid DNA testing. El diseño y la firma de las guías para el desarrollo e implementación del proyecto de notificación a sobrevivientes de violencia sexual sobre el resultado del análisis del kit de recolección de evidencia forense en casos de violencia sexual. El diseño y lanzamiento de una campaña mediática de prevención y educación en el sector público y privado (), que incluye una página web con motor de búsqueda de registros de convictos por violencia doméstica y ofensores sexuales, un directorio sobre servicios, podcasts, entre otras herramientas de difusión y educación. Como parte de esa iniciativa, se coordinó y lanzó una campaña de concienciación en agencias y expresiones públicas semanales. La firma del “Protocolo de Investigación de Feminicidios”, por medio de la cual se creó un Comité Intergubernamental que integra a organizaciones no gubernamentales para aportar a la ejecución de políticas de investigación y procesamiento de los delitos de “feminicidios” y “transfeminicidios”. El trabajo de someter para revisión, desarrollo e implementación recomendaciones concretas sobre educación en temas de equidad y respeto. El requisito de que la presencia de los fiscales fuese obligatoria en todos los procedimientos de determinación de causa para arresto o citación por la Regla 6 de Procedimiento Criminal relacionados con violencia de género. Asimismo, se logró que se provea el acompañamiento de un intercesor legal. Por otra parte, se establecieron Unidades Especializadas en Violencia de Género en las 13 fiscalías de Distrito. El logro de alianzas estratégicas y de colaboración multisectorial con la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Administradores de Servicios de Salud, la Alianza de los Centros 330, Liberty Puerto Rico y L'Oreal Caribe. La asignación de $200 mil para el desarrollo inicial y cumplimiento de la Ley Núm. 81-2018, sobre desarrollo económico dirigidos a las mujeres (“Maletín Empresarial”). La presentación del Plan de Colaboración Municipal, que incluye modelos de políticas públicas y herramientas de acuerdos colaborativos, y la recomendación de desarrollar e implementar un protocolo o guías uniformes en los municipios. El diseño de un flujograma descriptivo de las puertas de entrada y servicios para las personas sobrevivientes, en atención a las áreas principales de orientación, apoyo, servicios en función de los ejes de detección y acogida, protección, apoyo psicosocial y el acceso a la justicia, en el Departamento de la Familia, Departamento de Salud, Negociado de la Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia, Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. La coordinación de la revisión y actualización del Protocolo Intergubernamental de 2013 a fin de ser suscrito, siendo un esfuerzo colaborativo entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.