El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vetó una medida que buscaba garantizar el pago de las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), fortalecer la estabilidad financiera de la corporación pública y establecer los términos para futuras emisiones de bonos.
Pierluisi Urrutia vetó la medida el pasado 13 de enero, dos días antes de que iniciara el veloz proceso de aprobación del polémico contrato que privatizará los activos de generación de energía, que actualmente opera la AEE.
El contrato avalado por rojos y azules no contiene una cláusula de patrono sucesor para proteger a los empleados de la corporación pública que pasarían al nuevo operador, entre otros señalamientos. Aunque oficialmente no se ha anunciado al proponente seleccionado, ha trascendido que se trata de Genera PR, un consorcio de nueva creación vinculado a New Fortress Energy, una empresa con una cuestionada trayectoria de desempeño en Puerto Rico.
La carta dirigida al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago e incluida en la agenda o el orden de los asuntos de la sesión de hoy, plantea que el proyecto del Senado 906 choca con los objetivos de la ley federal Promesa.
“Reconozco la meritoria intención del P. del S. 906 al procurar proteger las pensiones de nuestros servidores públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Sin embargo, la pieza legislativa resulta contraria a PROMESA y el Plan Fiscal Certificado de la AEE. El Plan Fiscal Certificado de la AEE reconoce que el fideicomiso del Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE (SRE) enfrenta una significativa escasez de fondos. Específicamente, la AEE acumuló $4 mil millones en pasivos de pensiones, por lo que el Plan Fiscal Certificado de la AEE contempla la adopción de una reforma sostenible para respaldar de forma estructural el pago de las pensiones de los empleados pasados y presentes de la AEE”, apuntó el primer ejecutivo.
“La política pública de mi administración es que ningún jubilado actual del gobierno o cualquiera de sus instrumentalidades debe sufrir un recorte en el pago de su pensión. Aunque esta política pública le aplica a los pensionados de la AEE, el PS 906 impide que se reforme el SRE según establecido en el Plan Fiscal Certificado de la AEE. Por otro lado, la medida podría violar la orden de paralización automática de toda reclamación en contra de la AEE y su propiedad mientras la corporación pública se encuentre en el proceso federal de reestructuración de deuda bajo el Título III de PROMESA”, añadió.
El pasado 16 de diciembre la Junta de Control Fiscal sometió al Tribunal Federal un Plan de Ajuste a la Deuda de la AEE, que contempla dos cargos nuevos a los clientes que se extenderían más de tres décadas y propone cambios al actual sistema de retiro de los empleados de la corporación pública.
