Luis Pérez Vargas, jefe de Ética Gubernamental, dice que el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa han limitado el campo de acción que su agencia pueda tener para penalizar los casos de nepotismo en el gobierno. El funcionario también expresó que se les hace difícil probar que la contratación de un familiar a un puesto se debió por la intervención de ese allegado en el poder, a menos que se admita que hubo presión para que se diera el acuerdo.
Fuente: El Nuevo Día
