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La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aprobó hoy el polémico contrato que cede la generación eléctrica del país a un operador privado, que tiene una cuestionada trayectoria de desempeño en Puerto Rico.
La decisión no fue unánime.
El representante de los consumidores, Tomás Torres Placa, votó en contra, mientras que los otros miembros: el presidente del cuerpo Fernando Gil Enseñat, Carlos Yamín Rivera, Gerardo Lorán-Butrón y Memphis Cabán Rodríguez avalaron el contrato para que el consorcio Genera PR, administre las plantas generatrices de la AEE por un término de 10 años en una movida que crearía un monopolio en la producción de energía.
Torres Placa emitió un voto disidente explicativo, que pidió que se divulgara públicamente.
“Este contrato aunque es a 10 años contiene cláusulas que a partir del sexto año, a partir del quinto, se pueden revisar los ‘fees'”, indicó Gil Enseñat antes de la votación.
Añadió que el contrato contenía bonificaciones y penalidades atadas a seis criterios de cumplimientos, que van desde la eficiencia operacional hasta el ahorro en el combustible. Planteó también que el acuerdo “era la mejor opción para los empleados existentes de la AEE” porque ofrecía mayores garantías que contratos similares y que atendía muchas de las preocupaciones expuestas en los medios de comunicación en los pasados días.
La aprobación se realizó con premura, luego de que la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) se convocó el domingo en la mañana para aprobar de forma unánime la transacción. En esa votación, los llamados representantes del interés público, Liza Ortiz Camacho y Eduardo Ferrer Ríos, avalaron el contrato tras incorporar “enmiendas” al acuerdo de administración y operación solicitadas por los líderes legislativos.
Pese a que se les conoce como representantes del interés público, ambos abogados fueron recomendados y representan al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. Es decir, que esta transacción cuenta con la bendición de la Pava, aunque su reglamento interno rechaza la privatización de servicios esenciales.
Inicialmente el presidente cameral y el presidente del Senado expresaron reparos ante la transacción, pero la semana pasada informaron sorpresivamente que darían su aval al contrato si se acogían sus recomendaciones.
La reunión de la Junta de Gobierno de la AEE estaba pautada para la semana entrante, pero ayer a última hora se calendarizó para la tarde de hoy.
Hoy, Gil Enseñat indicó que el Negociado de Energía emitió una certificación de cumplimiento aprobando la transacción el pasado domingo, pero el documento no colgó en el portal de la agencia para conocimiento público. La Junta de Control Fiscal también había ofrecido su endoso al acuerdo aunque revisaría las enmiendas incorporadas al borrador original.
Todavía no se conocen los pormenores del acuerdo porque se trata de un proceso confidencial, pero ya trascendió que cede la flota de plantas de la AEE al consorcio Genera PR, que incluye a New Fortress Energy, la empresa que construyó el terminal de gas en San Juan sin los permisos de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, en inglés). El contrato no contiene una cláusula de patrono sucesor. Por tanto, no otorgaría garantías a los empleados de la AEE y abriendo la puerta a que se repitan los desplazamientos que dieron al inicio del contrato de LUMA Energy, que administra la red de transmisión y distribución. Tampoco exigirá al operador privado invertir de su capital en la operación y administración de las generatrices.
Además, New Fortress Energy mantiene una disputa con la AEE por incumplimiento con un contrato para proveer gas a la corporación pública. Pese a que New Fortress señaló ayer al periódico El Vocero que ha cumplido con ese acuerdo, la AEE reclama una deuda de $35 millones. Esa relación contractual con la AEE plantea un posible conflicto de interés porque otorga el acuerdo a un contratista, que mantiene un contrato por $1,500 millones con la corporación pública. También ha surgido preocupación porque la transacción daría a la empresa acceso a información de competidores.
El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, y los líderes legislativos dijeron el martes pasado en el programa Cuarto Poder (WAPA-TV), que estos asuntos se habían atendido en el contrato.
Organizaciones ambientales como Queremos Sol y Cambio han rechazado la transacción, mientras que algunos legisladores del PPD han pedido cuentas a sus líderes por apoyar el contrato. El Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Proyecto Dignidad y el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz también se oponen al contrato, que técnicamente liquidaría la AEE.
Actualmente la AEE produce el 80% de la generación a través de combustibles fósiles e hidroeléctricas, la empresa AES produce el 7.3% a través de carbón, EcoEléctrica 8.5% con gas natural y un 4.2% se produce a través de alternativas renovables.