Existen unas 18 reclamaciones de expropiación forzosa para un total de unos $51.6 millones y otras 31 reclamaciones que alegan “expropiación a la inversa”, es decir, donde el propietario del inmueble, busca recuperar su propiedad para recuperar lo adeudado por el gobierno, dado que este no ha iniciado procedimiento judicial alguno ni ha pagado una justa compensación.​​ El abogado de la Junta de Supervisión Fiscal, Martin Bienenstock indicó que en la eventualidad de que el organismo fiscal no pueda rechazar las reclamaciones de expropiación forzosa, el gobierno tendría dinero para pagarlas y como resultado, ello no afectaría la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda. .