El Departamento de Justicia confirmó hoy, viernes, que la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor realiza una investigación relacionada con el Municipio de Ponce. “Por tratarse de una investigación en curso, no se ofrecerá información adicional, ya que se podría afectar el proceso investigativo”, lee la comunicación enviada a Cuarto Poder (Wapa-TV) Específicamente, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor ausculta denuncias que apuntan a que el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, obligó a empleados municipales a que aportaran al pago de un préstamo personal de $50,000 que obtuvo y que no reportó además al Contralor Electoral, aun cuando utilizó gran parte del dinero para gastos relacionados con la campaña electoral. Fuentes de Cuarto Poder aseguran que el ejecutivo municipal realizó los pagos correspondientes a los primeros 12 meses, a partir de los cuales entregó “la libreta” del préstamo a un empleado de confianza para que “se encargara de saldar el préstamo a como de lugar”; incluso, el alcalde “pidió que solicitáramos dinero a los empleados” bajo la amenaza de perder el empleo si no cooperaban. Según informaron las fuentes, como parte de la investigación, Justicia ha citado o interrogado a cerca de 18 empleados y ex empleados municipales, incluyendo a dos a quienes ya les fue otorgada la inmunidad por parte no tan solo del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), sino también del Contralor Electoral y de la Oficina de Ética Gubernamental. Añaden las fuentes que el fiscal Pedro Juan Mateo Casado está al frente de la investigación y que ayer jueves comparecieron a la Oficina 601 en el 6to piso del Departamento de Justicia la señora Marlesse Sifre, vicealcaldesa de Ponce, y el señor Francisco Rodríguez, administrador de la ciudad; además, están citados para la próxima semana el chofer del alcalde, un ayudante especial y el secretario municipal. Las fuentes aseguran que Irizarry Pabón “se siente confiado” en que la pesquisa no lo involucra pues “quienes cometieron un acto ilegal fueron ustedes”, en referencia a los empleados y ex empleados municipales que accedieron a cooperar con el pago del préstamo. El alcalde ponceño también está bajo la lupa sobre otros asuntos relacionados con concesiones de parte de la Asamblea Municipal no tan solo al propio ejecutivo, sino también a empresa privadas que parecen haber participado de un “quid pro quo”.